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COSTA RICA.- Gobierno de Carlos Alvarado: neoliberal, anti-trabajador y anti-popular

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Por José René Tamariz

El gobierno de Carlos Alvarado debe ser caracterizado con base a los hombres y mujeres que los conforman, así como por sus políticas que ejecuta e impulsa tanto a nivel del poder Ejecutivo como desde el poder Legislativo. Por otra parte, debido a su composición social y política, el gobierno de Alvarado es un como una especie de gobierno de coalición informal, dado que constitucionalmente ese tipo de gobierno no existe, principalmente, entre el PAC (44,4%), el PUSC (24,4%), algunos personajes del PLN (11,1%), gente sin partidos políticos (15,5%) y minoritariamente por el FA (2,2%) y Curridabat Siglo XXI (2,2%).

El carácter burgués neoliberal del autodenominado gobierno de “unidad nacional" está determinado, en gran parte, por los personajes del equipo económico que lo integran, tales como, Edna Camacho Mejía, coordinadora del equipo económico la cual es una neoliberal ortodoxa, proveniente de la academia centroamericana, centro de investigación neoliberal, de la cual fue miembro de junta directiva en los periodos 2002-2003 y 2013-2017; Rocío Aguilar Montoya, ministra de Hacienda, fue directora de la junta directiva de la academia centroamericana, vicepresidenta de la Asociación Bancaria Costarricense, trabajó en la corporación Banex y otras instituciones privadas, fue ex contralora de la República y superintendente de entidades financieras; Rodrigo Cubero-Brealey, conferencista de la academia centroamericana, es agente y empleado del FMI, presidirá el Banco Central a partir del 1 de agosto de 2018. Estas figuras del gobierno tienen un factor en común el cual consiste en que, de una u otra forma, han estado vinculado a la escuela del pensamiento ideológico neoliberal de la academia centroamericana.

Asimismo, el ministro de coordinación con el sector privada, André Garnier Kruse, es un empresario con participación en 123 juntas directivas de empresas, tales como, zona franca La Lima, la zona franca Coyol, el parque Global y Cafetal, conglomerado de negocios Garnier & Garnier, Marriott Hotel, Hotel Fiesta, dirigió el banco de comercio y de la corporación BCT, Cinde y otras empresas. Tanto Garnier como Camacho fueron vocales de la junta directiva de la empresa Florida And Farm Company (FIFCO), mejor conocida como Cervecería de Costa Rica. Todos estos personajes, entre otros más, indican y marcan el rumbo económico actual y el carácter burgués neoliberal y anti-trabajador del nuevo gobierno, encabezado por Carlos Alvarado.

Por otro lado, para mantener ese tipo de gobierno de coalición o de “unidad nacional” y de que en la Asamblea Legislativa le aprueben el proyecto de “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, conocido popularmente como “combo fiscal”, Carlos Alvarado y el PAC, ha realizado una serie de concesiones y mancuerna con los expresidentes de la República, así como haber incorporado en la comisión de la reforma del Estado al cuestionado personaje del PLN, Kevin Casas, también sancionó la controversial “Ley de Justicia Restaurativa”, la cual fue impugnada por la Fiscalía General de la República, la oficina de atención y protección a la víctima del Ministerio Público, el Instituto Nacional de la Mujer y distintas organizaciones no gubernamentales.

Algunas personas creen ingenuamente que Carlos Alvarado no es neoliberal, lo cual es una apreciación incorrecta. Otras personas consideran que Alvarado es manipulado o controlado por Rodolfo Piza, ministro de la presidencia, y otros personajes políticos. La confusión creada por la imagen de Alvarado entre muchas personas se debe a la apariencia y la esencia o el contenido real de las políticas que ejecuta el presidente de la República. En apariencia, Carlos Alvarado, es “progresista” ya que pide perdón a la amplia comunidad LGBTI por la represión pasada que el Estado realizó contra sus integrantes, asimismo llama a la población en general a asistir a la marcha de la diversidad sexual y otros gestos simbólicos de un aparente "progresismo". Sin embargo, sus políticas económicas representan a las más rancias políticas de la ideología neoliberal. Y, esto último, constituye el núcleo duro o contenido real del verdadero Carlos Alvarado. Todo lo demás es apariencia. Carlos Alvarado representa y encarna el ala otonista, sector encabezado por Ottón Solís que es un enemigo acérrimo de los trabajadores del sector público a los cuales acusa públicamente de forma despectiva de “vagabundos”.

Las Políticas Económicas Neoliberales

Las directrices administrativas emitidas el 1 de junio de 2018 por Carlos Alvarado contra los componentes salariales es un ataque violento contra las condiciones salariales y de vida de los trabajadores del gobierno central y sus órganos adscritos. Transforma los pagos de los pluses salariales de porcentajes a nominales, reduciéndolos de forma significativa; disminuye los porcentajes del pago en la dedicación exclusiva; elimina el pago de carrera profesional para los títulos o grados académicos que sean requisitos para los diferentes puestos, tales como los títulos de bachiller y licenciatura. Por otra parte, el decreto que impone un reajuste salarial anual, segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019, por un monto fijo de 3 750 colones, no reconociendo el índice de precios al consumidor (IPC) de 0,57% del semestre anterior enero-junio de 2018, constituye otro golpe mortal a las condiciones salariales y de vida de los trabajadores del gobierno central.

Por otra parte, al proyecto de ajuste fiscal, heredado de la administración anterior, denominado “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, el gobierno de Carlos Alvarado, le ha adicionado varios cambios contra todos los trabajadores del sector público, tales como que los pagos de los componentes salariales, conocidos como pluses (anualidad, carrera profesional y otros), sean realizados en forma nominal y no porcentual. Esto conllevaría, en los hechos, a una disminución continua y generalizada de los salarios del sector público. De otro lado, ese tipo de pagos tendría serias repercusiones sobre la negociación de las convenciones colectivas y el derecho colectivo. Estos se convertirían en letra muerta y perderían su importancia, prácticamente sería su desaparición y liquidación como derechos, ya que no se podrían negociar ni renegociar mejores condiciones salariales en todo el sector público, pues habría un techo infranqueable impuesto por el “combo fiscal”.

El impuesto del 2% a los productos de la canasta básica, así como a la medicina y educación privadas, constituye una medida, principalmente, contra los sectores populares que dedican gran parte de sus salarios a la compra de artículos de la canasta básica y también contra los trabajadores en general, ya que existen miles de personas que trabajan y financian sus estudios en las universidades privadas de sus propios salarios. Lo mismo sucede con el pago de los servicios privados de la salud.

De último hay que decir que el plan neoliberal siniestro del equipo económico, encabezado por Carlos Alvarado es reducir el tamaño del Estado, cerrando instituciones públicas, fusionando algunas y reduciendo otras. Toda esa eventual reconfiguración del Estado llevará al desempleo, mediante, mecanismos engañosos, tales como movilidad laboral, adelanto de jubilaciones y otros mecanismos amañados.

El Problema del Déficit Fiscal: ¿Cómo Resolverlo?

El crecimiento del déficit fiscal es una realidad que no se puede negar y el cual debe ser disminuido y resuelto. Sin embargo, el problema de los gobiernos burgueses neoliberales es que, ellos pretenden que los trabajadores y sectores populares paguen ese déficit fiscal, mediante las reducciones y eliminación de los componentes salariales, reajustes salariales nominales, congelación de plazas, impuesto a la canasta básica alimentaria (CBA), a la educación y salud privadas, al agua y la luz.

Entonces, es necesario que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se impongan a los sectores de los servicios más dinámicos y de mayor crecimiento del PIB en las últimas décadas, así como a las profesiones liberales que no pagan impuestos. También es necesario eliminar las grandes exoneraciones de impuestos que tienen las actividades productivas más dinámicas de la economía, tales como las zonas francas y otras en regímenes especiales. Asimismo, hay que combatir de forma eficiente y eficaz la altísima evasión fiscal, más del 8% del PIB, práctica corrupta que tiene múltiples modalidades para no pagar impuestos, tales como: incremento patrimonial no justificado, renta neta insuficiente, declaración de impuesto de renta cero, declaración de impuesto con pérdidas recurrentes, proveedores falsos, fraudes en importación, operaciones inusuales y muchas otras prácticas fraudulentas.

También se requiere aumentar los ingresos por impuesto sobre la renta y las utilidades que en Costa Rica son bien bajos, pues en el año 2017 apenas representó el 4,8% de la producción nacional, mientras que en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la cual aspira a ingresar Costa Rica, los ingresos por esos tipos de impuestos son de más del 11% de la producción nacional.

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