Por José René Tamariz

Actualmente, está a la orden del día la discusión de un eventual préstamo y acuerdo “stand by” del gobierno de Carlos Alvarado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las diferentes bancadas de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa le exigen al gobierno transparencia y dar a conocer los acuerdos que el poder Ejecutivo tiene con el FMI.

El primer préstamo rápido con el FMI aprobado por el congreso de la República fue por $508 millones y el segundo denominado de “stand by” con ese organismo sería por $1.750 millones para un total de $2.258 millones. Según muchos personajes, ahora el FMI no impone condiciones a los gobiernos que les presta. Sin embargo, eso no es tan cierto, ya que ese organismo le dicta a los gobiernos las supuestas metas que los gobiernos se deben autoimpone para cumplir y poder otorgar dichos préstamos. En el caso de Costa Rica es evidente que el gobierno tendrá que comprometerse a reducir el déficit fiscal que se ubicará en casi el 12% y el nivel de endeudamiento que, en este año, llegará al 70% del PIB.

El neoliberal, Rodrigo Arias, hermano del expresidente Osar Arias, con la más grande desfachatez declaró, recientemente, que con los acuerdos del gobierno con el FMI "... sabemos que el país tiene que tomarse una medicina dura y amarga...". (La Nación, 2 de septiembre de 2020).

En realidad, esa "medicina dura y amarga" no se la va a tragar el "país", sino que serán los trabajadores privados y públicos, los sectores populares y algunos sectores de clases medias los que van a hacer atragantados con las salvajes medidas de ajuste fiscal que el gobierno de Alvarado tendrá que aplicar con el acuerdo fondomonetarista. Los capitalistas como los Arias, los grandes empresarios y los super ricos no se van a tragar nada, sino que van a salir ganando, ya que probablemente compren las empresas estatales que se vendan como parte de ese acuerdo y sigan enriqueciéndose a manos llenas.

La política gemela de endeudamiento y déficit fiscal crecientes de los últimos años, por parte de los gobiernos del PLN, PUSC y PAC, debido a la reducción de los impuestos directos, ha llevado a Costa Rica a una profunda crisis económica, acentuada por la pandemia de la covid-19.

Después de endeudar al país y someterlo a los altos déficits fiscales, las corruptas jaurías del PLN, PUSC y PAC, pretenden hacer pagar esa gigantesca deuda y déficits fiscales sobre las espaldas y bolsillos de los trabajadores y sectores populares, reduciendo los salarios, así como con la venta de activos, privatización de servicios y la reducción del Estado, mediante la fusión de instituciones, mediante despidos masivos.

Por otra parte, el problema socioeconómico del desempleo es gravísimo. Por lo tanto, un eventual acuerdo con el FMI va a profundizar el desempleo, en este caso, en el sector público, puesto que el gobierno para cumplir con las metas del FMI tendrá que vender algunas empresas estatales, así como eliminar o cerrar algunas instituciones públicas. Existen otras fuentes de financiamiento menos draconianas que el FMI. Por ejemplo, el mismo BCIE, los bancos chinos y otros países. Los trabajadores y las organizaciones sindicales deben oponerse y rechazar cualquier acuerdo con el FMI que signifique la venta de las empresas estatales y la privatización de servicios, así como despidos en el sector público.

Frente a la profunda recesión económica que atraviesa el país y desempleo masivo que golpea duramente a miles de trabajadores se requiere de una política que resuelva el grave problema de la desocupación. Como sostiene un trabajador desempleado en una entrevista lo que necesita es que el gobierno le garantice un trabajo, no migajas de comida, una o dos bolsas de alimentos que les da el MEP a sus hijos y que sólo le sirven para tres días. En realidad, esta es una demanda correcta. El profundo y grave problema de la desocupación debe ser resuelto a lo inmediato.

Para resolver esa situación desesperante para miles de miles de trabajadores desempleados planteamos las siguientes medidas.

1. Elaboración y ejecución de un Plan de Obras Públicas que le de trabajo a los desempleados. Mediante este plan se podría construir nuevos hospitales y clínicas públicas, hacer escuelas y colegios, ya sean nuevos o reconstruir los viejos edificios educativos, construcción de carreteras nacionales y cantonales, construcción de alcantarillas y acueductos; destrucción de cuarterías y precarios y la construcción de vivienda dignas para miles de familias que viven hacinadas.  

2. Exigir que todas las empresas que han suspendido miles de contratos de trabajo a miles de trabajadores, los recontraten de inmediato. Asimismo, las empresas que han reducido las jornadas de trabajo y los salarios de miles de trabajadores les garanticen de inmediato sus trabajos y sus salarios completos.

3. Exigir al gobierno que, de inmediato, realice la apertura de todas las actividades económicas, productivas y de otro tipo que se encuentran cerradas por la emergencia sanitaria, obviamente, garantizando todas las medidas sanitarias y de protección para los trabajadores y usuarios.

4. Implementar una escala móvil de salarios y escala móvil de horas de trabajo para los trabajadores en las diferentes actividades económicas para impedir, ya sea la suspensión de contratos, la reducción de jornadas y de los salarios. Esa escala móvil de los salarios sería para garantizar el empleo a todos los trabajadores en las empresas, dándoles trabajo a todos los trabajadores y distribuir las horas de trabajo entre los todos, pero garantizando los mismos salarios para todos los trabajadores. Retomamos las palabras de Trotsky del programa de transición que plantea que “El proletariado, bajo la amenaza de su propia desintegración, no puede permitir la transformación de un sector creciente de obreros en desempleados crónicos, en indigentes viviendo de los desechos de una sociedad que se desmorona. El derecho al empleo es el único derecho serio dejado a los obreros en una sociedad basada en la explotación. Hoy este derecho les está siendo recortado a cada paso. Es el momento de levantar contra el desempleo, tanto “estructural” como “coyuntural”, junto con la consigna de trabajos públicos, la de escala móvil de horas de trabajo… Los sindicatos… deben vincular a los que trabajan y a los desempleados con lazos solidarios de responsabilidad reciproca. Sobre esta base, todo el trabajo disponible se dividiría entre todos los obreros de acuerdo con la forma en que se determine la duración de la semana laboral. El salario medio del obrero sigue siendo el mismo que con la vieja semana laboral…”.

Los fondos para ejecutar ese plan de obras públicas, así como las demás medidas para garantizar los trabajos a los miles de desempleados, al sector informal y a los trabajadores con contratos de trabajos suspendidos y jornadas reducidas, deberá de salir de la aplicación de medidas de emergencia económica, tales como:

A. Incrementar el impuesto de renta, utilidades o ganancias de las grandes empresas nacionales y transnacionales.

B. Eliminar las exoneraciones fiscales a las empresas de zonas francas y otras de regímenes especiales. 

C. Impuesto a las riquezas de los superricos.

D. Combate a la evasión y elusión fiscal.

Por José René Tamariz

Se supone que los diputados fueron electos para legislar. Por ejercer esa función el pueblo les paga millonarias dietas que rondan casi los 5 millones de colones al mes más el pago de 8 a 10 asesores por cada diputado más pago gratuito de gasolina, tarifa de teléfono celular, automóvil, pago de chófer y otros que desconocemos.

Ahora bien, estos flamantes "legisladores" son tan audaces que discuten y votan en leyes "pruebas de idoneidad" para los educadores, pero resulta que si a ellos se les hiciera una "prueba de idoneidad" para ser legisladores no llegarían a calificar ni siquiera como aprendices de legisladores. Esta contradicción se llama ser “carebarros”. Veamos las pruebas.

1. Aprobaron la "Ley de Usura" que dejó sin acceso al crédito en el sistema financiero nacional a los trabajadores que devengan salarios mínimos o que tienen un salario neto menor a 200.000 colones. Prácticamente dejaron sin acceso al crédito a la mayoría de trabajadores del país que ganan esa miseria de salarios.

Ahora, los "famosos legisladores" se golpean el pecho diciendo que a ellos los embarcaron en la aprobación de los artículos 44 bis y 44 ter de la ley 9.859 que establece esa prohibición. El "legislador" David Gourzong señaló que "... he solicitado el apoyo a los 56 restantes congresistas para dispensar de todo trámite el Expediente 22.109 que presentamos para corregir el error, en el cual con la venia del BCCR y la Superintendencia general de entidades financieras (SUGEF), contaminó de manera perversa la Ley que define el delito de la usura en Costa Rica".

Resulta ahora que su incapacidad para "legislar" se la achacan al Banco Central y a la SUGEF, se sacuden y sostienen que eso es responsabilidad de los "legisladores". En realidad, los tres (BCCR, SUGEF y diputados) son los responsables de ese engendro de ley.

Entonces, ¿para qué tienen los diputados ese montón de asesores? ¡Para nada, solo para obtener un jugoso salario! Para que sirven los diputados si ellos son especialistas en "hacer leyes" si se dejaron "contaminar" de forma "perversa" por el BCCR y SUGEF. ¡No sirven para nada esos diputados! ¡Jodieron a miles sino millones de trabajadores por su ignorancia!

2. Aprobaron una reforma de ley para aumentar las multas a conductores por determinadas faltas que ahora resultan impagables por sus exagerados montos, pero también aprobaron bajar las placas de los vehículos. Hecho que ahora resulta a todas luces incorrecto. Esto fue otro monstruito de reforma a la ley. Ahora están haciendo cirugía al monstruo que crearon.

3. Aprobaron una dispensa de la aplicación de la regla fiscal a todas las municipalidades que, posteriormente, se tradujo en que las tales calificadoras de riesgos le bajaran el grado de calificación a Costa Rica.

Entonces, estos son apenas tres hechos que demuestran que estos "legisladores" son una estafa y engaño. Debería existir o exigirse una ley que permita destituir a los diputados por incapacidad. Una elección de diputados a medio periodo para eliminar a todos los diputados incapaces, ineptos y sin idoneidad para ejercer el cargo de "legislador".

Por Jose René Tamariz

La situación actual de Costa Rica es grave. Todos los datos indican que nos aproximamos a una verdadera catástrofe y bancarrota económica y, por ende, social. Los indicadores económicos tanto de los organismos nacionales como internacionales han fracasado en sus previsiones. El Banco Central de Costa Rica no la ha pegado, ya van por la segunda modificación de su programa económico y probablemente deba hacer una o dos más. El estudio de la OCDE de julio fue rebasado. Igual sucede con los demás estudios de otros organismos internacionales. ¿Por qué han fracasado los pronósticos? Porque es una situación inédita y no tiene comparación con ninguna otra.

Desigualdad y pandemia

El desarrollo y profundización de la pandemia ha hecho pública y evidentes las grandes desigualdades económicas y sociales que existen en Costa Rica. Primero se desnudaron las condiciones infrahumanas en que viven miles de trabajadores agrícolas, así como la despiadada superexplotación a que son sometidos, tanto por los contratistas como por los empresarios. También se revelaron y ventilaron públicamente las condiciones miserables, insalubres e inhumanas en viven miles de personas que habitan cuarterías y precarios.

El 60% de los contagiado y muertos por la covid-19 pertenecen a los sectores informales o desempleados y trabajadores de bajos ingresos. El denominado como inactivos laboralmente representa el 40%;  el 11,6% son personas y trabajadores del sector agrícola, de la construcción, trabajadoras domésticas, guardas y misceláneos; otro 6% pertenece a oficiales, operarios y artesanos y así sucesivamente. La desigualdad medida por el coeficiente de Gini en Costa Rica era del 0,5 en el año 2019, ubicándose como un país más desigual que Chile y México en Latinoamérica y que el promedio de los países de la OCDE. Pues bien, eso que sólo constituye un dato, ahora sus consecuencias y repercusiones reales, con la pandemia, se han traducido en infectados y muertos.  Miles de esos contagiados no tienen acceso a la seguridad social y tampoco atención por sus enfermedades crónicas, lo cual las convierten en personas descompensadas, requiriendo hospitalización y teniendo una mayor tasa de mortalidad. La desigualdad económica y social ha adquirido corporeidad.

La crisis sanitaria con los cierres de diversas actividades económicas, han conducido a la suspensión de miles de contratos de trabajo (62.600) y a la reducción de las jornadas laborales y los salarios (145.000). A su vez, la tasa de desempleo pasó del 11,9% antes de la pandemia al 24% en el mes de junio de 2020. Es decir, que la desocupación aumentó en 101,7%. En cifras absolutas las personas desempleadas pasaron de 256.000 a 551.000, o sea, un incremento absoluto de 295.000 nuevos desempleados. Los sectores de trabajadores más afectados son los de comercio (71.000), trabajadoras domésticas (69.000), hoteles y restaurantes (66.000), construcción (61.000) y otros (28.000).

Ahora, si sumamos los trabajadores con contratos suspendidos, jornadas y salarios reducidos y los desempleados nos da un total de 758.000 personas con graves problemas en su capacidad de consumo de productos básicos, así como con problemas de pagos de los servicios básicos, alquileres, deudas y otros. A lo anterior habría que sumarles a otros miles de personas que se encuentran desalentadas por buscar trabajo y no encuentran y más de un millón de personas que viven en la informalidad, pero que con la pandemia no pueden trabajar. Al final, si sumamos a los desempleados, desalentados, suspendidos de jornadas, reducidos de jornadas y salarios e informales, nos estamos refiriendo a más de dos millones de personas en estado crítico.

Realmente, la situación es gravísima para miles de personas. La crisis sanitaria y las equivocadas políticas del gobierno ha conllevado a una segunda gran pandemia: el aumento del desempleo, el incremento del hambre y la pauperización creciente, conllevando a miles de personas a convertirse en menesterosos. Si actualmente se midieran los índices de pobreza y pobreza extrema, probablemente, éstos habrán subido notablemente.

Recesión económica y pandemia

La recesión económica que vive Costa Rica es bien fuerte. Recientemente, el Banco Central, en su nueva revisión del programa económico planteó que en “Este año la economía nacional va a sufrir la contracción más fuerte desde 1982”. (La Nación, 31 de julio de 2020).  En el año 1982, fecha en que produjo la más grande crisis económica de Costa Rica, la producción nacional cayó a -7,3%. Según la OCDE la recesión económica en el año 2020 con un segundo brote de covid-19, en el cual estamos, llegaría a un -4,9% pronostico que se acerca al del Banco Central. Sin embargo, aún faltan varios meses para que termine el año y, por ende, eventualmente la depresión económica para finales de año ronde un 6% o 7% del PIB.

La bancarrota y cierre de micro, pequeñas y medianas empresas, producto de los cierres de actividades por la pandemia, es grande. Por ejemplo, antes de la pandemia había 19.000 restaurantes y otros negocios afines, pero actualmente a cinco meses de la covid-19 un tercio de esos negocios cerraron definitivamente, lo cual representan unas 6.333 empresas. Es muy probable que cifras similares existan en otras actividades económicas.

Es importante destacar que la recesión económica actual no es una crisis clásica del capitalismo, sea a nivel nacional o internacional. Esta depresión no es el producto de sobreproducción, caída de los precios generalizada y otras manifestaciones. Obviamente, dado que es una depresión económica existen la quiebra de empresas, la contracción del consumo producto del altísimo desempleo, suspensión de jornadas y reducción de jornadas y salarios. Aunque previo a la pandemia existían síntomas de las posibilidades de una nueva recesión económica internacional, tal depresión no se había producido. La pandemia con el confinamiento en algunos países y cierres temporales en otros, han precipitado y conducido a la recesión global y, en particular, en Costa Rica.

La errática política sanitaria del gobierno

Las políticas del gobierno de Alvarado para enfrentar tanto la crisis sanitaria como la grave recesión económica y sus consecuencias y secuelas sociales han sido globalmente equivocadas. Los hechos y datos anteriores lo demuestran con creces. Al inicio de la pandemia, la fase I de la pandemia en Costa Rica fue como la etapa "feliz". Incluso Costa Rica se ponía como ejemplo internacional en el manejo y combate de la infección. En ese momento, el apoyo a Carlos Alvarado aumentó porque la población consideraba que estaba gestionando bien la crisis sanitaria. Sin embargo, eso fue una ilusión temporal porque se había contenido, episódicamente, la propagación de la infección por el encierro. Además, en esa primera etapa, los infectados fueron turistas y nacionales repatriados.

Aunque las autoridades sanitarias hablaban de la “segunda ola” no lograron prever por donde explotaría la infección y mortandad. El poder ejecutivo y las autoridades de salud no se prepararon para el contagio comunitario. Cuando la transmisión comunitaria era un hecho, lo negaban. Tal fue el caso de Pavas. Tardíamente volvieron obligatorio el uso de las mascarillas, cuando desde el inicio de la pandemia se debía hacer. Entonces, la fase II del contagio en Costa Rica se transformó como la fase I de los países europeos y otros: miles de contagios y docenas de muertos. Obviamente, todo esto es relativo debido a la cantidad poblacional. Con reapertura de los aeropuertos a partir del 1 de agosto y el relajamiento de las medidas en la etapa de cierre en el mes de agosto, es muy probable que avancemos en los siguientes meses al tercer brote u ola de la infección por la covid-19, aumentando la cantidad de infectados y de muertos.

Por otra parte, la política de rastreo y testeo de la infección ha sido sumamente conservadora. Se anunciaron test, aparentemente, masivos en Pavas, Alajuelita y Desamparados, focos de infección comunitaria. Sin embargo, eso sólo sucedió en Pavas. En Alajuelita se habían anunciado 1800 pruebas, número que era muy bajo respecto a la cantidad de población y se terminaron haciendo apenas 1300. En Desamparados nunca se hizo tal testeo “masivo”.  De otro lado, la OMS recomienda que por cada persona positiva debe haber 10 personas con resultados negativos, pero en Costa Rica por cada caso positivo solamente hay 3 negativos. Entonces, lo anterior es un indicador de que existe un nivel de muestreo muy bajo que, realmente, no logra detectar la magnitud del contagio.

Asimismo, tampoco se utiliza la tecnología, como el sistema GPS u otros, para rastrear y testear a los contactos de los infectados.

Desgaste y crisis del gobierno de Alvarado

En las últimas semanas se han producido, de forma cotidiana, manifestaciones y concentraciones tanto en la casa presidencial como en la casa de habitación de Carlos Alvarado. Los sectores sociales que se movilizan son diversos y combinados.

Microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios y trabajadores demandan la apertura de todos los negocios cerrados y, por ende, la recuperación de sus trabajos. La realidad es asfixiante y desesperada para miles de personas sin trabajo y sin salarios. Hay miles de personas que sufren hambre y que solo hacen un tiempo de comida o no comen nada.

El manejo equivocado tanto de la crisis sanitaria como de la recesión económica por parte del gobierno de Alvarado ha conducido, de forma acelerada, a su desgaste, agotamiento y crisis política. En ese proceso de crisis, lejos de gravar con impuesto a los sectores económicos ganadores de la crisis sanitaria, suspender o eliminar las gigantescas exoneraciones fiscales a las zonas francas o gravar las riquezas de los superricos, el gobierno ha descargado el peso de la crisis sanitaria y económica sobre los trabajadores.

Al mismo tiempo, para intentar aplacar los reclamos, cada vez más agresivos de las cámaras empresariales agrupadas en la UCCAEP y otras asociaciones empresariales, el gobierno de Alvarado se ha lanzado a los brazos y regazo de los empresarios, al grado tal que, de forma conjunta el poder ejecutivo y las cámaras empresariales, deciden y modifican las políticas para enfrentar la pandemia. Se ha producido, en los hechos, una especie de gobierno corporativo (PAC y cámaras empresariales). El flamante gobierno de “unidad nacional” desapareció. Ahora, la política pantomima del “baile y el martillo” desapareció, ahora es una política de total relajamiento.

La convocatoria al proceso de diálogo anunciado por el gobierno el 9 de agosto fue un show mediático y propagandístico, que intenta contener su desprestigio creciente, agotamiento y crisis. En realidad, el gobierno de Alvarado ya tiene montado sus negociaciones y diálogo con las cámaras empresarial con las cuales está comprometido a hacer lo que le digan.

En este proceso de movilizaciones y lucha el gran ausente es el movimiento de los trabajadores organizado en sindicatos. Las dirigencias sindicales burocráticas de casi todas organizaciones sindicales, en medio de la crisis sanitaria y económica, se han lanzado a los brazos del gobierno en una política criminal de conciliación de clases y de traición a sus bases. Es urgente echar de esas organizaciones sindicales a los burócratas sindicales.

Por José René Tamariz

La situación actual de Costa Rica es grave. Todos los datos indican que nos aproximamos a una verdadera catástrofe y bancarrota económica y, por ende, social. Los indicadores económicos tanto de los organismos nacionales como internacionales han fracasado en sus previsiones. El Banco Central de Costa Rica no la ha pegado, ya van por la segunda modificación de su programa económico y probablemente deba hacer una o dos más. El estudio de la OCDE de julio fue rebasado. Igual sucede con los demás estudios de otros organismos internacionales. ¿Por qué han fracasado los pronósticos? Porque es una situación inédita y no tiene comparación con ninguna otra.

Según el Banco Central, en su nueva revisión del programa económico “Este año la economía nacional va a sufrir la contracción más fuerte desde 1982”. (La Nación, 31 de julio de 2020).  En el año 1982, fecha en que produjo la más grande crisis económica de Costa Rica, la producción nacional cayó a -7,3%. Según la OCDE la recesión económica en el año 2020 con un segundo brote de covid-19, en el cual estamos, llegaría a un -4,9% pronostico que se acerca al del Banco Central. Sin embargo, aún faltan 5 meses para que termine el año y, por ende, eventualmente la caída económica se acerque para finales de año al 6% o 7%.

Por otro lado, según el ministerio de hacienda el déficit fiscal para el presente año terminaría en 9,3% de la producción nacional. Es decir, que ese déficit será mayor que el que se produjo con la crisis de los años 80 el cual pasó del 8% en 1982 al 15% en 1983. Existen algunos pronósticos que sostienen que ese déficit podría llegar al 11% o 12%. Por otra parte, la deuda pública es probable que se ubique a finales de año en el 70,2% del PIB, muy por arriba del 61% previsto inicialmente. Con la crisis sanitaria y económica el proceso de endeudamiento, por parte del gobierno, ha sido vertiginoso y masivo. Actualmente, el gobierno de Alvarado está llamando a un diálogo nacional para negociar dos préstamos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual le pondrá las llamadas metas que, en el fondo, son condiciones para poder prestarle. Entre otras condiciones o metas el FMI pondría la venta de activos, incremento de impuestos, congelamiento salarial por varios años y otras aún desconocidas. Con el alto nivel de endeudamiento público actual, el gobierno de Alvarado, así como los anteriores gobiernos, han comprometido el futuro del país sometiendo a la Nación a brutales desajustes económicos y estructurales

Por otra parte, la crisis sanitaria y económica han conllevado al cierre de cientos de empresas, así como a las reducciones de jornadas laborales y de los salarios de miles de trabajadores hasta en un 75% y la suspensión masiva de contratos laborales. Toda esa situación ha producido una alta tasa de desempleo del 20,1%, es decir, casi a medio millón de trabajadores. Esta tasa superó a la prevista por la OCDE, con el segundo brote de coronavirus, que era del 17%. Ahora bien, es muy probable que esa tasa de desempleo siga creciendo y llegue a ubicarse a finales de año hasta en un 25% o más. Ni siquiera en la más grave crisis económica que tuvo Costa Rica en la época de los años 80, el desempleo llegó a semejante porcentaje. En aquella época “El desempleo en los 4 años siguientes se duplicó, quiere decir que se pasó de 4,4% de julio 79 a un 9,4% en julio de 1982”. (Garita, Gabriela, Ureña Lisette y González Kattia: Crisis en Costa Rica en los años 80. Maestría en Administración de Negocios, UNED, 2006). Asimismo, se ha incrementado la informalidad que se ubica actualmente en casi el 50%

Toda esa situación de crisis económica está aumentando el profundo proceso de desigualdad que existía previo a la pandemia. La desigualdad, medido por el coeficiente de Gini, en Costa Rica para el año 2019 fue del 0,5 superando a países desiguales de Latinoamérica México, Chile y países miembros de la OCDE.

Entonces, para lograr una reactivación económica a corto, mediano y largo plazo se deben resolver problemas estructurales e implementar, entre otras, las siguientes medidas:

1. Para reducir drásticamente el alto desempleo e informalidad se debe formular e impulsar un Plan de Obras Públicas que le garantice trabajo a los sectores desempleados de bajo nivel educativo, el cual es el más golpeado por la desocupación. Este plan puede incluir la construcción de carreteras, escuelas y colegios deteriorados o que están en lugares insalubres, eliminación de las cuarterías y tugurios, que han sido foco de la infección por el covid-19, por vivienda digna y social, construcción de hospitales modernos y otras obras de construcción que estén identificadas por las instituciones a cargos. La capacitación de los sectores desempleados propuesta por el gobierno de Alvarado no resuelve el desempleo, ya que la gente necesita el empleo de forma inmediata no a futuro.

2. La demanda se encuentra fuertemente deprimida y reducida por el altísimo desempleo e informalidad, reducciones de jornadas laborales y de los salarios, así como por la fuerte recesión económica. Por tanto, se requiere medidas para estimular el consumo. Por tanto, se propone impulsar una política de salarios mínimos reales crecientes, es decir, ya que estos salarios se han mantenido congelados por mucho tiempo. A su vez, debemos luchar para que no se aplique el IVA a los productos de la canasta básica, servicios básicos como agua, luz, salud y educación. Combatir el proyecto de ley de empleo público porque reduce aún más los salarios en el sector público, ya de por si reducidos con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.

3. Cambiar la matriz productiva del país. Esto requiere impulsar la industrialización, incorporando nuevas tecnologías y métodos de trabajo en la industria nacional, tales como industrializar los productos agrícolas, industrializar la agricultura con equipos y maquinarias modernos. Crear y desarrollar polos productivos en las regiones donde existe mucho desempleo. Según la OCDE “El potencial de crecimiento ha disminuido debido a la baja productividad. Los mayores avances en el nivel de vida dependerán del aumento en la productividad al establecer las condiciones adecuadas para que las empresas nacionales prosperen”.

4. Cambiar la matriz energética, impulsando el desarrollo de proyectos de producción de energía solar, geotérmica y otras. Estas tendrían dos objetivos centrales, reducir el gasto millonario en compra de combustibles fósiles y, al mismo tiempo, descarbonizar la economía, evitando o reduciendo sensiblemente la contaminación ambiental, contribuyendo con la atenuación del cambio climático.

5. Desarrollar e impulsar un tren centroamericano veloz a través del cual se puedan transportar las mercancías en toda América Central e incluso, hasta México. Este proyecto podría ser financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El desarrollo e impulso de este tipo de proyecto, no solo garantizará trabajo en todos los países de Centroamérica, sino también que permitirá que el tráfico en las carreteras disminuya y haya fluidez en los intercambios comerciales, así como el desarrollo social en ciertas zonas de los países centroamericano

6. Frente a la crisis sanitaria y económica, urge que el gobierno y los bancos públicos condonen las deudas que tienen los micros, pequeños y medianos empresarios de diferentes actividades económicas.

7.  Moratoria del pago de la deuda externa e interna privada, intereses y capital, para utilizar esos dineros en la reactivación económica y superación de la recesión económica. Que algunas empresas e instituciones estatales le condonen la deuda pública interna al gobierno, tales como el INS, los bancos públicos como el Banco Nacional (BN) y el Banco de Costa Rica (BCR) y que esos dineros sean utilizados en el desarrollo del plan de obras pública y otros procesos de modernización de la estructura del país.

8. Combate a la alta evasión de impuesto y elusión fiscal, mediante diversos mecanismos, ya sean tecnológicos, confiscatorios e incluso la cárcel a los evasores.

9. Eliminación de las grandes exoneraciones fiscales a las empresas de zonas francas, pues, solamente 19 empresas de 331 pagan impuesto, es decir, apenas un 3,4% y eso solo corresponde al 50% de impuesto de renta de ellas.

¡Basta de reducción de los Salarios de los Trabajadores del Sector Público!

El gobierno de Carlos Alvarado, cada vez más, demuestra su carácter anti obrero, impulsando y aplicando medidas contra los trabajadores del sector público. Es una ristra de golpe contra los salarios. Veamos.

1) Expropiación del miserable reajuste salarial de 7.500 colones del año 2020 y decreto de congelamiento salarial por cuatro largos años (2021 a 2024). 2) Proyecto de ley de expropiación de las anualidades por dos años (2021 y 2022). 3) Proyecto de ley para gravar con impuesto el salario escolar. 4) Proyecto de ley para reducir la jornada laboral en el sector público en un 15% y, por ende, de los salarios en un 15% por un año! 5) Propuesta de la OCDE, probablemente, secundada por el gobierno para gravar con impuesto el aguinaldo.  Prácticamente, con esa andanada de confiscación de los salarios de los trabajadores del sector público, por parte del gobierno, éstos engrosarían los nuevos segmentos de los pobres y la pobreza.

Toda esta arremetida contra los empleados público tiene como justificación y pretexto la crisis sanitaria.

Pero ¿cuáles son las medidas que el gobierno de Alvarado ha impulsado para que los grandes empresarios contribuyan con la crisis sanitaria? Ninguna medida. A pesar de que con la crisis sanitaria algunas actividades económicas están siendo ganadoras, a ellas el gobierno ni siquiera le ha solicitado de forma voluntaria, como en el Teletón, que donen parte de sus ganancias, mucho menos que se atreva a aumentarles el impuesto a sus ganancias.

De acuerdo con el último estudio de la OCDE “… Una cantidad relativamente pequeña de empresas grandes domina la economía (Gráfico 2.7), lo que indica la necesidad de mejorar las regulaciones para promover un entorno empresarial más competitivo. Los cálculos realizados para este Estudio indican que los márgenes de ganancias son más altos en Costa Rica que en la mayoría de los países de la OCDE”. (OECD 2020 Estudios Económicos de la OCDE: COSTA RICA 2020, OECD Publishing París, https://doi.org/10.1787/84cbb575-es. Página 80). Ojo con ese datos: un reducido número de grandes empresas tienen los más altos márgenes de ganancias que en la mayoría de los países de la OCDE.

Según ese reciente Estudio de la OCDE una cantidad “pequeñas de empresas grandes domina la economía” costarricense y sus “márgenes de ganancias son más altos en Costa Rica que en la mayoría de los países de la OCDE”, entonces, la pregunta es ¿por qué el gobierno de Alvarado no les aumenta los impuestos a esos altos márgenes de ganancias de esas grandes empresas? Debemos exigir al gobierno de Alvarado que grave de inmediato esos altos márgenes de ganancias de esas empresas y que deje de estar, reduciendo los salarios de los trabajadores con cada nuevo proyecto y medida en su contra.

¡Impuesto a los Altos Márgenes de Ganancias de las Grandes Empresas para Financiar la Crisis Sanitaria y el Déficit Fiscal!

¡Todos a la Calle a Defender los Salarios!