Por José René Tamariz

El gobierno de Carlos Alvarado en conjunto con los diputados neoliberales y las cámaras empresariales ha venido aplicando una política de choque contra los trabajadores privados, públicos y, en general, hacia el pueblo trabajador. Ha utilizado de forma consciente y perversa la pandemia de la Covid-19 para implementar planes siniestros que han empobrecido de forma masiva y generalizada a los trabajadores, sectores populares y clases medias. Veamos.

En el sector privado en contubernio con los diputados y sectores empresariales aprobaron y autorizaron, mediante proyectos de ley suspender miles de contratos de trabajo, lanzando a al desempleo a miles de trabajadores, al grado tal que la desocupación llegó en el año 2020 hasta un 24% y, actualmente, ronda el 19%. Asimismo, aprobaron y autorizaron la suspensión de jornadas laborales y de salarios hasta en un 75%, reduciendo de forma sensible y muy grande la capacidad de compra de los trabajadores del sector privado que, ya de por sí, devengan miserables salarios de hambre. Toda esa situación ha conducido a que la absoluta mayoría de la población esté ahogada económicamente, concretamente, el 83% de la población sostiene vivir en esas condiciones de vida.

Por el lado de los trabajadores del sector público, el gobierno se ha empeñado y empecinado en hacer creer a la opinión pública que este sector de trabajadores son los responsables del gigantesco déficit fiscal. Acusa a los empleados que sus altos salarios y componentes salariales son disparadores del gasto público y, por ende, de provocar dicho déficit.

Entonces, ha aplicado una política de choque violento contra los salarios del sector público, decretando la suspensión por dos años el pago de las anualidades y, ejecutando por la vía de la regla fiscal del combo fiscal, el congelamiento por dos décadas años 20 y 30 de los salarios negando incluso, cualquier reajuste salarial por el costo de la vida o la inflación. Ya anteriormente con la aprobación del combo fiscal había aprobado la reducción de los componentes salariales, mediante la eliminación del pago porcentual a pago nominalizado. Es decir que, los salarios devengados en el año 2020 se mantendrán iguales hasta los años 30.  Lo anterior quiere decir que, cada año que pase, esos salarios se irán devaluando y, prácticamente, en unos 10 o 15 años esos salarios se habrían devaluado notablemente y reducido su capacidad de compra. Es decir, que mediante esos mecanismos se irán empobreciendo miles de empleado públicos.

Para rematar esa política de choque contra los trabajadores del sector público se encuentra en proceso de discusión y eventual aprobación, el proyecto de empleo público que despojará de todos los pluses salariales a ese gran sector de trabajadores. El poder ejecutivo para acelerar esa aprobación ha retirado todos los proyectos, ya que él tiene en este período el control de la agenda parlamentaria, dejando solamente en la corriente legislativa el nefasto proyecto empleo público.

Por otra parte, ha venido ejecutando una política de endeudamiento público creciente, ya sea mediante la deuda interna y externa, que hipoteca el futuro del país por décadas enteras, comprometiendo cualquier posibilidad de desarrollo económico y social. El acuerdo de préstamo por $1.700 millones de dólares firmado por el gobierno de Carlos Alvarado con el FMI contempla la aprobación y ejecución de un conjunto de draconianos proyectos que profundizarán aún más la pobreza, miseria y hambre de la mayoría de la población costarricense. Por ejemplo, el proyecto de renta global será otro gran golpe violento contra los salarios de empleados públicos y privados, ya que hará pagar impuesto por salarios a sueldos que actualmente no lo pagan. Toda una política voraz de recaudación fiscal.  En realidad, toda esa política de choque violento contra los salarios y condiciones de vida del pueblo trabajadora por parte del gobierno de Alvarado lo que está haciendo es homologar hacia abajo al país con el resto de los países centroamericanos. La tan cacareada “excepcionalidad” del desarrollo de Costa Rica pregonada por los burgueses e historiadores se ha desenmascarado y desaparecido.

¿Alerta Roja con Apertura?

Ocho gerentes médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) han solicitado decretar el estado de alerta roja debido a los altos niveles de contagio por la pandemia, incremento de los muertos y desbordamiento de la infraestructura hospitalaria pública. Los datos son claros. Mientras sólo hay 359 camas de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) hay 435 pacientes que la necesitan, es decir, 76 enfermos por Covid-19 ya no pueden acceder a ese servicio. La ocupación llegó al121% y, en los próximos días, podría superar el 200%. La CCSS fue desbordada. El gobierno de Carlos Alvarado y el ministro de salud con la apertura en medio de la gravedad de la pandemia decidieron con las cámaras empresariales no decretar ningún estado de alerta roja y más bien decidieron abrir todas las actividades económicas el lunes 10 de mayo. Lo único que hicieron fue generalizar a tdo el país la restricción vehicular y reducir el aforo en diversos lugares como bares, restaurantes, parque y otros sitios.

Están, sin decirlo de forma pública y abierta, aplicando la política de inmunidad de rebaño, al estilo del régimen de Ortega, que se infecten los que tienen que infectarse y morir los que tengan que morirse. Sálvese quien pueda. Es una política totalmente irresponsable y criminal. En realidad, esa política contra la salud pública y la vida demuestra que Carlos Alvarado gobierna en conjunto con las cámaras empresariales acatando fielmente las propuestas y dictados de los capitalistas.

Debido a la gravedad de la situación de la pandemia, se requieren tomar medidas de emergencia nacional.  Aunque el gobierno no lo quiere reconocer existe en los hechos un estado de alerta roja. Esa una situación contradictoria terrible que puede conducir no solo a una crisis sanitaria sino a una catástrofe nacional económica, contagio y cientos de muertos.

1. Decretar la utilización obligatoria de la infraestructura hospitalaria y clínicas privadas al servicio de la emergencia sanitaria.

2. Impuesto del 10% de emergencia al gran capital para financiar la crisis sanitaria.

3. Que el gobierno le solicite una donación de vacunas a los gobiernos de China y Rusia para realizar una vacunación masiva.

4. Cierre de escuelas y colegios durante del I semestre del curso, pasando a modo totalmente a distancia.

5. Que el MEP les pague un reconocimiento salarial a los docentes por la utilización de sus equipos de cómputo e Internet.

6. Cierre temporal de las actividades no esenciales. No a la apertura.

7. Por una renta básica en forma de subsidio para todos los desempleados y trabajadores con jornadas reducidas, así como también para todos aquellos sectores informales afectados por la crisis

Por la Suspensión de las Clases Presenciales en el Primer Semestre

El demógrafo, Luis Rosero, aunque es un gran salubrista público y especialista, hoy con su política de plantear que no hay que cerrar escuela y colegios públicos, está al servicio del gobierno. Plantea, correctamente que, por ahora, las clases presenciales no son fuente de contagio de la Covid-19. Pero eso es circunstancial por algunas razones que se ocultan oficialmente. Veamos. En muchos colegios existe un gran ausentismo de estudiantes por temor al contagio. Si a un grupo A, B o C deben asistir 8, 9 o 10 estudiantes sólo asisten 2, 3 o 5 alumnos. Entonces, no es cierto que la mayoría de los estudiantes van a clases presenciales, sino que es una minoría. Las clases presenciales son una farsa.

En otros colegios existe una asistencia un poco mayor de estudiantes, pero igual hay un gran ausentismo. Sin embargo, si sumamos la circulación de esos miles de estudiantes, padres de familias, transporte de estudiantes, pese al ausentismo, es grande y, en algún aumento del gran contagio, los centros educativos se van a convertir en focos de infección.

¿Son seguros los centros educativos por el cumplimiento de los protocolos? Es totalmente falso. En los recreos los estudiantes tienen artimañas para evadir las medidas. En algunas partes los estudiantes se quitan las mascarillas y burlan los controles y protocolos e inclusos en los recreos usan mal las mascarillas, pese al esfuerzo de los docentes y personal administrativo. Hay muchos estudiantes que en sus comunidades y barrios que están por la libre y después llegan a los colegios y, quizás son asintomáticos, contaminan a los docentes. Además, en muchos colegios no reportan correctamente los contagios para no cerrarlos porque el MEP presiona en esa dirección. Así que todo es un engaño y falsedad.

Por tanto, es urgente exigirle al MEP la suspensión por este primer semestre de las clases presenciales y pasar a la modalidad total de clases a distancia. Esto con el objetivo de contribuir a aplanar la curva del contagio y evitar un desastre sanitario y de más muertos entre los docentes. Y también requiere disminuir el contagio entre los estudiantes, ya que a cada rato y de forma constante el ministerio de salud ha estado girando ordenes sanitarias por infección directa o nexo epidemiológico a miles de estudiantes.


Por José René Tamariz

Nuevamente, la situación de la pandemia del coronavirus se ha agudizado y empeorado. En las últimas semanas el nivel de contagio se ha incrementado de forma significativa. El día 24 de abril hubo 1.830 personas contagiadas. El sistema de salud está al borde de la saturación y el colapso por el número de casos y hospitalizaciones. Las unidades de cuidado intensivo (UCI) llamadas críticas se encontraban al 94% de ocupación para ese día. Si se llega a rebasar ese nivel más allá del 100%, simple y sencillamente no se podría atender a todos los pacientes y, por ende, morirían muchas más personas, ya sea por coronavirus, accidentes y otras enfermedades, por falta de infraestructura y de médicos.

El Centro Centroamericano de Población de la Universidad de Costa Rica (CCP-UCR) en un reciente análisis de la situación de la pandemia plantea que si se mantiene el nivel de contagio actual en el mes de mayo se podría alcanzar el colapso hospitalario. Según Luis Rosero Bixby, salubrista público “El panorama es sombrío, estamos entrando en el crecimiento exponencial. Ya superamos las 600 camas de hospital y dentro de un mes bien podemos tener una demanda que sea el triple de eso: 1.800 camas”. (La Nación, 25 de abril de 2021). Actualmente la tasa R es de 1,22 lo cual quiere decir que cada 100 contagiados infectaría a 122 personas. Lo ideal es una tasa R igual a 1 o menor a 1.

Ese centro de población contempla tres posibles escenarios de desenlace del contagio: 1) escenario pesimista si la tasa R llega 1,30. 2) escenario neutro si la tasa R llega 1,21 y 3) escenario optimista si la tasa R es igual a 1. Con el primer escenario el número de contagio superaría los 4.000 diarios y más de 2.000 personas necesitarían de UCI; en el segundo escenario el contagio llegaría a 3.300, en este caso se ocuparían de 1.800 camas y de esas 800 para las UCI que no existen y en el tercer escenario se producirían 1.800 contagiados, 1200 hospitalizaciones y 500 pacientes de UCI. Como se puede observar, incluso con el escenario más optimista, la situación sería más grave que la del año anterior en el pico mayor de contagio.

¿Cuál es la política del gobierno, frente a esta tercera ola de contagio? No cerrar ninguna actividad económica, no cerrar ni escuelas ni colegios ni disminuir la cantidad de pasajeros en los buses. Solamente endurecieron la restricción vehicular, pasando la circulación de automóviles de 11 pm a 9 pm, de tal modo que los vehículos no podrán circular de 9 pm a 5 am. Es necesario señalar que esta tercera ola de contagio es mucho más grave que las anteriores. Y siendo la situación de mayor peligro para la salud y muertes de las personas hace lo contrario de lo que hizo cuando los niveles de contagios y de muertes eran mucho menores que las de este momento. 

Por otro lado, ¿es contradictoria la relación entre situación económica con la pandemia del coronavirus? No. El gran problema ha sido que muchas de las decisiones de fondo tomadas por el gobierno de Carlos Alvarado han sido realizadas por gente ignorante y, lejos de resolver la problemática pandémica y económica, más bien la profundizaron. El cierre generalizado de las actividades económicas el año pasado realizado por el gobierno produjeron hasta un 24% de desempleo, así como suspensión de miles de contratos de trabajos y la reducción de jornadas y de salarios hasta de un 75% para miles de trabajadores. Esos cierres de distintas actividades económicas condujeron al cierre de miles de pequeñas y medianas empresas. Es decir que, esas políticas equivocadas del gobierno lanzaron a la ruina, miseria y hambre a miles de familias. Grave error. Ese desastre económico se pudo haber evitado con cierres puntuales y esporádicos y no generalizados ni por largo tiempo.

Los neófitos funcionarios del gobierno, incluido el presidente de la República, Carlos Alvarado, en todos los campos han experimentado con la gente.  Ahora cuando se necesita cerrar, aunque sea de forma esporádica y puntual algunos sectores económicos y de servicios, no lo hacen porque el sistema económico está agotado. El gobierno produjo la crisis y recesión económica y la ruina de miles de familias. Si la pandemia hubiera sido bien dirigida y su combate mejor organizado y planificado el desastre económico actual se habría evitado y se estaría en mejores condiciones para enfrentar la tercera ola de contagio.

Por otra parte, una gran parte del contagio de coronavirus actual es responsabilidad del gobierno de Carlos Alvarado y algunos jerarcas de diferentes ministerios, incluido el de salud, Daniel Salas, por permitir abrir de par en par las puertas de las fiestas en semana santa. Ahora se golpean el pecho y les achacan la responsabilidad a las personas. Es cierto que muchas personas Entonces ¿qué hacer?

1. Incrementar el ritmo de vacunación contra el coronavirus para que haya más personas inmunizadas y de esa forma se infecten menos gente. Pero ¿cuál es la situación de la vacunación? Ese proceso va a paso de tortuga. A mediados del mes de abril, apenas se había vacunado al 10% de la población con la primera dosis de la vacuna y el 5% con las dos dosis, aunque según personeros de la farmacéutica Pfizer se requeriría una tercera dosis. A ese ritmo se podría tardar hasta más de año para que la población esté vacunada. ¿Por qué es tan lento el proceso de vacunación? Porque el gobierno de Carlos Alvarado se ha confiado en el mecanismo del Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax) de la OMS. Sin embargo, ese mecanismo ha demostrado que no sirve para un abastecimiento eficiente y oportuno de las vacunas para los países subdesarrollado. El gran y grave problema de las vacunas es que los países llamados desarrollados e imperialistas han acaparado la producción de las diferentes vacunas, excepto, aquellas que son producidas por los gobiernos como es el caso de las vacunas rusa y china y, la más reciente, Soberana 02 de Cuba.

Es urgente y necesario que el gobierno de Carlos Alvarado negocie con los gobiernos de China, Rusia y Cuba la adquisición de millones de vacunas contra la Covid-19 para enfrentar de una mejor manera la tercera ola. Ya los gobiernos de Venezuela, Irán y Argentina han adquirido la vacuna de Rusia y Cuba. El gobierno de Costa Rica tiene relaciones con esos gobiernos y, por ende, ellos estarían en la disposición de dotar al país de sus vacunas y eso sería de gran apoyo en esta situación de emergencia sanitaria. El gobierno de Carlos Alvarado debe abandonar su posición rastrera al imperialismo y su ilusa confianza en el mecanismo Covax que no sirve en la inminente catástrofe hospitalaria y sanitaria.

Es falto que la privatización del proceso de vacunación a manos del sector privado vaya a disminuir el contagio. Eso más bien podría encarecer las vacunas a diferentes sectores y reducir el abastecimiento al sector de salud pública.

2. De otro lado ¿Dónde está el mayor nivel de contagio? En lugares públicos. Por tanto, hay que reducir la cantidad de gente en esos lugares. En el trasporte públicos como los buses se debe prohibir que vayan personas de pie, tal como ha autorizado el gobierno, ya que el encierro y cercanía entre las personas incrementa el contagio. Los bares son los lugares de mayor contagio del coronavirus, pues no se respetan los protocolos ni las medidas de seguridad, las personas en estado de ebriedad tienden a romper cualquier medida o protocolo. 

El Ministerio de Educación Pública (MEP) debe suspender las clases presenciales de forma temporal en escuelas y colegios hasta tanto la tercera ola del contagio de la pandemia no se reduzca. Es decir, el tiempo que hace falta para completar el primer semestre del curso lectivo debe ser pasado a la forma de distancia. Ya existe una experiencia acumulada del año pasado y del año 2021 en la modalidad a distancia. Lo que se necesita es que el gobierno obligue a FONATEL a que ponga el millonario fondo que tiene para dotar a los estudiantes de una buena conexión a Internet de forma gratuita, así como de que el gobierno y el MEP les garanticen a los estudiantes en los escenarios 3 y 4 de buenos y modernos aparatos para que puedan acceder a las clases en línea. La suspensión temporal de las clases presenciales a la modalidad a distancia puede evitar a tiempo un mayor contagio y catástrofe en la educación y la salud pública.

3. De último, el ministerio de salud debe ejercer una mayor supervisión y control en las diferentes actividades económicas y de servicios para que se cumplan las medidas y protocolos. En muchas fábricas, empresas y otros negocios se han relajado las medidas contra la infección del virus y, además, han ocultado a sus empleados contagiado enviándolos  a hacerse las pruebas a laboratorios privados que muchas veces no reportan a las autoridades de salud.


Por José René Tamariz

La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) no necesita presentación, pues ha sido una organización históricamente combativa. Ha estado presente en las grandes luchas sociales en el país. El movimiento estudiantil universitario, encabezado por la FEUCR jugó un rol protagónico en las grandes jornadas de lucha en el histórico movimiento social, mejor conocido como “Combo del ICE”. 

El desgaste relativo del PAC

Sin embargo, en los últimos años la FEUCR ha sido controlada tanto por el partido de gobierno, PAC y el Frente Amplio (FA) que ha formado gobierno con el PAC y, por ende, ha tenido una política colaboracionista con los dos gobiernos del PAC, tanto el de Guillermo Solís como el de Carlos Alvarado. Ese control político por parte del PAC y el FA de la FEUCR ha tenido como consecuencia una profunda desmovilización del movimiento estudiantil y el apoyo de las dirigencias estudiantiles universitarias de las políticas de esos dos gobiernos. La desmovilización y pasividad del movimiento estudiantil de la UCR ha sido una política consciente de las dirigencias estudiantiles del PAC y FA para hacer posible la implementación de la agenda neoliberal de dichos gobiernos.

Es importante mencionar que, previo al control de la FEUCR a manos del PAC y FA, esa federación estudiantil estuvo controlada por ocho años por el Partido de los Trabajadores (PT). Luego en diversos años, algunas veces alternados, pasó a controlar esa federación el PAC y FA, ya sea, bajo la forma de alianza, entre esos dos partidos o bien, de forma individual por cada uno de ellos. Es necesario destacar que una gran parte de los dirigentes estudiantiles del partido Progre del PAC han pasado a engrosar las filas en puestos del gobierno, como funcionarios importantes de Casa Presidencial y de diferentes ministerios. Tales son los casos de expresidente de la FEUCR de Progre-PAC como Camilo Saldarriaga que es asesor personal e incondicional del presidente Carlos Alvarado.

Es tan íntima la relación de Saldarriaga y Alvarado que el presidente lo destacó en la exposición y negociación con diputados del proyecto de ley de empleo público. Como se puede observar, Saldarriaga paso de exdirigente estudiantil “progresista” a verdugo de los trabajadores del sector público al ser uno de los principales defensores del supuesto “ahorro” del proyecto de empleo público que no es más que el despojo, a manos del gobierno y diputados, de los componentes o pluses salariales de los trabajadores público.

Otro personaje que fue expresidente de la FEUCR y, por ende, del partido Progre-PAC es Alejandro Madrigal que es uno de los sujetos cuestionado e investigado por el caso de la denominada Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), una especie de oficina de espionaje político de los movimientos sociales y sociedad civil, disfrazada de oficina de análisis de datos. Es necesario recordar que los tipos a cargos de esa oficina de espionaje de le dieron seguimiento, persecución y caza a muchos docentes que salieron del país durante la huelga contra el combo fiscal para que, posteriormente, fueran despedidos por el Ministerio de Educación (MEP).

Así sucesivamente han terminado muchos exdirigentes estudiantiles universitarios de la FEUCR, siendo promotores e impulsores de políticas neoliberales contra los trabajadores y de espías del gobierno de Carlos Alvarado.

Una FEUCR cada vez menos representativa

Entonces, ¿por qué triunfó el PLN en las elecciones de la FEUCR? En las elecciones estudiantiles de la FEUCR realizada en el mes de marzo ganó el partido estudiantil, ligado al Partido Liberación Nacional (PLN), U Factorial. Este agrupamiento obtuvo 1406 votos, para un 43,30%, mientras que el partido Alternativa, vinculado al Frente Amplio (FA) tuvo 1397 votos, o sea, un 45.01% lo cual produce una ínfima diferencia de 9 votos. Es decir, fue una elección bien ajustada. El agrupamiento de izquierda Organízate, vinculado a la corriente internacional Izquierda Diario, logró sacar un poco más de 200 votos para un 6,5%. En esas elecciones votaron 3.157 estudiantes de un padrón electoral de 43.074 estudiantes. Es decir, que solamente votó un 7,33% de estudiantes para una abstención de 92,67%.  En los hechos, la actual directiva de la FEUCR no es representativa de las bases estudiantil, ya que refleja una súper minoría.

Por otra parte, es importante señalar que las elecciones a la federación fueron en modo virtual, lo cual contribuyó de forma significativa a desestimular las votaciones. De ahí la gigantesca abstención de casi el 93%. De otra parte, no hubo una campaña electoral real y debates reales que permitieran que las bases estudiantiles pudieran determinar y definir la mejor propuesta. Pese a lo anterior, se debe mencionar que, aunque el PLN, tenía 18 largos años de no ganar las elecciones a la FEUCR, siempre se ha presentado a los procesos electorales y ha obtenido importantes votaciones, aunque no hay ganado. De tal modo, que no es un triunfo surgido de la nada, sino que tiene antecedentes de tener alguna base de apoyo en el medio estudiantil universitario.

Sin embargo, más allá del carácter antidemocrático del proceso electoral para elegir la FEUCR, la realidad es que el triunfo en las elecciones de la juventud liberacionista en la federación estudiantil de la UCR es un retroceso histórico del movimiento estudiantil universitario nacional. Existen algunos factores que explican ese triunfo de la juventud del PLN. En primer lugar, las políticas de desmovilización y pasividad, así como la vinculación de las dirigencias estudiantiles de la FEUCR a los gobiernos del PAC y, por ende, la pérdida de independencia de esas dirigencias de los gobiernos de turno, allanaron el camino para que un sector de estudiantes terminara votando por el PLN. De otro lado, el movimiento estudiantil hizo una larga experiencia, por varios años, con dirigencias estudiantiles progubernamentales o colaboracionista del gobierno y ello, condujo al desencanto, desilusión y ruptura con esas dirigencias burocráticas.

Debilidad de la izquierda

Otro factor que explica, en parte, el triunfo de la derecha del PLN es la debilidad de la izquierda universitaria. Ni el agrupamiento Convergencia del PT y Ya Basta del NPS fueron incapaces, ya no solo de presentar su papeleta y propuesta sino de realizar la alianza con el único grupo de izquierda Organízate que participó en el proceso electoral. Aunque, esos grupos llamaran a votar por Organízate eso no era suficiente para ganar al menos una buena posición en las votaciones. Entonces, lo correcto de una política revolucionaria estudiantil electoral era que la izquierda fuera en alianza y con un programa de lucha conjunta para cerrarle el espacio a la derecha. ¿Por qué se produce esa victoria de la derecha y la derrota de la izquierda? Se puede explicar que las elecciones fueron antidemocráticas, producto de la pandemia, sin participación presencial; elecciones virtuales, abstención del 90% y otras anomalías.

No obstante, todo lo anterior, la realidad es que más allá de las críticas a las condiciones antidemocráticas en que se realizaron las elecciones, los participantes terminaron aceptando esas condiciones y otros ni siquiera la cuestionaron como el FA.

¿Se fortalece el PLN?

Es un hecho que la juventud del PLN ganó la directiva de la FEUCR y otros puestos del consejo universitario. Hay que tomarse ese trago amargo. A futuro es necesario y urgente que las organizaciones estudiantiles de izquierda como Convergencia, Ya Basta y Organízate desarrollen un proceso de unidad en diversos temas para preparar la recuperación de la FEUCR y del movimiento estudiantil. Las políticas del gobierno de Carlos Alvarado y de las diferentes fracciones parlamentarias de los partidos políticos en contra de las universidades públicas puede contribuir, teniendo una política correcta de movilización y lucha contra el gobierno de turno, a dinamizar al movimiento estudiantil con la lucha callejera y recuperar ese bastión del movimiento de masas nacional.

De último, ¿es el triunfo de la juventud liberacionista un termómetro de los resultados de las próximas elecciones nacionales? No necesariamente. La cantidad de votantes en las elecciones de la FEUCR y de un segmento muy pequeño de la población no permite hacer una extensión de ese triunfo con un eventual gane del PLN en las elecciones nacionales. En esas elecciones juegan otros factores que se analizarán en otro artículo.

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Por José René Tamariz

El presidente de la República, Carlos Alvarado, retiro todos los proyectos de ley de la corriente legislativa, excepto el expediente N°21.336, con el propósito de que los diputados se dediquen a tramitar solamente el proyecto de ley de empleo público. Eso constituye una maniobra del poder Ejecutivo para que ese nefasto proyecto de ley contra los empleados públicos sea aprobado lo más pronto posible, ya sea para inicios del mes de abril, después de semana santa. Por su parte el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank, se ha dedicado a agrupar un conjunto de mociones parecidas para agilizar la discusión de 352 mociones que existen sobre ese proyecto de ley. Es importante destacar que ese proyecto fue presentado como fundamental en el acuerdo que el gobierno de Alvarado suscribió con el FMI para acceder a un préstamo de $1.750 millones. Es decir, que la eliminación de los componentes salariales (pluses), la imposición del salario único, el congelamiento salarial por décadas, la castración de las convenciones colectivas y otras medidas lesivas contra los trabajadores del sector público fueron entregados al FMI a cambio de ese crédito.

Es necesario e importante destacar que el gobierno ha comenzado a inventar un conjunto de 11 factores para la elaboración o determinación del salario global o único. Esos factores son niveles de conocimiento y experiencia; peso del trabajo en la consecución de metas institucionales; discrecionalidad para tomar decisiones; planificación y organización del trabajo; complejidad del trabajo; disponibilidad; peligrosidad que conlleva la labor; responsabilidad en el manejo de recursos público; libertad para planificar y cumplir con el cargo; restricción al ejercicio liberal de la profesión; desarraigo del lugar de residencia, para los trabajos fuera de la GAM. A esos 11 factores, la comisión de gobierno de la Asamblea Legislativa le agregó la dedicación exclusiva y el zonaje. Es decir, se van poniendo parches tras parches a la ocurrencia del salario global.

El proyecto de ley de empleo púbico fue presentado desde el mes de abril del año 2019 por el poder Ejecutivo sin tener claridad ni definido como se crearía el salario único. Es hasta un año después que, de forma irresponsable, el MIDEPLAN ha comenzado a proponer la forma en que se va a calcular el salario global. De esa manera se observan los graves errores que este gobierno realiza al proponer proyectos de ley sin claridad, ni planificación y sin el conocimiento necesario para crear un “nuevo” sistema salarial. Si se revisan detenidamente los once factores propuestos por el ministerio de planificación para imponer el salario único se notan que son factores generales y algunos particulares para una que otra profesión, pero en realidad muchos de ellos no aplican a una o varias profesiones. Veamos un ejemplo.

¿Cómo se va a determinar el salario único o global para los docentes? Sencillamente, el MIDEPLAN no sabe. Se supone que “En el caso del personal docente del título II del Estatuto de Servicio Civil… también se tomaría en cuenta los lineamientos y políticas para la evaluación del desempeño dispuesto por Consejo Superior de Educación”. (La Nación, 9 de marzo de 2021). Actualmente, para la evaluación del desempeño a los docentes se les evalúa en dos partes: 1) la evaluación de la personalidad con 8 factores. 2) la evaluación del trabajo con 7 factores. En total se evalúan 15 factores. Sin embargo, se supone que esos factores serían modificados o cambiados totalmente porque con el salario único se trabajaría, supuestamente, por desempeño y rendimiento.

Los docentes de secundaria trabajamos por lecciones, es decir, realizamos el trabajo a destajo no por jornada. De forma arbitraria y mañosa el Ministerio de Educación Pública (MEP) mantiene para los docentes un salario base calculado con 30 lecciones, sin embargo, ese cálculo es antojadizo y tiene claramente el objetivo de mantener un salario base bajo para efectos de calcular a la baja algunos incentivos, tales como el zonaje, la zona de menor desarrollo y otros. Lo correcto y justo sería calcular el salario base con 40 lecciones que es el máximo que se puede trabajar en propiedad y no con base a 30 lecciones que era el máximo de lecciones que se podía trabajar antes del año 2005. En síntesis, existe una incertidumbre de cómo se realizaría el cálculo para la imposición del denominado salario único entre los docentes.

Es evidente que el proyecto de ley de empleo público se elaboró y se envío al Congreso con el claro objetivo fiscalista, o sea, de disminuir el gasto público, principalmente, mediante la reducción de los salarios del sector público, eliminando los pluses salariales y congelando los sueldos por años. A ese objetivo fiscalista, se le pueden agregar otros objetivos de tipo político como sería el centralizar y controlar de forma rigurosa el rol y papel del poder Ejecutivo sobre las instituciones descentralizadas y autónomas como las municipalidades, universidades públicas y otras.

El proyecto de ley de empleo público ha sido calificado de diversas formas, tales como un monstruo de dos cabezas y Frankenstein, debido a que es un rejuntado de múltiples ocurrencias tanto de personajes del poder Ejecutivo como de mociones de los diputados de diferentes fracciones legislativas. En realidad, ese proyecto de ley constituye un mamotreto plagado de violaciones a diversos artículos de la Constitución Política, así como de invasiones a funciones de algunos ministerios (eliminación de la comisión de los salarios), instituciones autónomas y al derecho colectivo (restricciones y mutilaciones groseras de la negociación de la convención colectiva) y así sucesivamente. Lo mejor y más correcto sería no aprobar ese Frankenstein de proyecto de ley.

Mientras el poder Ejecutivo y Legislativo avanzan a pasos raudos con el proceso de aprobación del proyecto de ley de empleo público, las dirigencias sindicales de todos los sindicatos y los bloques sindicales se dedican sólo a sacar comunicados contra ese proyecto y realizar marchitas, ya sean los viernes a la 5 pm o sábados por la mañana, a las cuales generalmente sólo asisten los dirigentes sindicales y los empleados de los sindicatos. En otras palabras, en tanto el gobierno pretende reventar y derrotar a los trabajadores del sector público, las dirigencias sindicales burocráticas dan lástima y risa con sus “manifestaciones” en contra de ese Frankenstein de proyecto de ley.

Es urgente y necesario que las dirigencias sindicales de todos los sindicatos y bloques sindicales abandonen esos tipos de “protestas” y “manifestaciones” que no le hacen ni cosquillas al gobierno de Alvarado. Es importante señalar que ese tipo de marchas, fuera de horario de la jornada de trabajo, no promueven la participación beligerante de las bases de las organizaciones sindicales. Es falso que los trabajadores del sector público no quieran realizar ni participar en una huelga contra ese proyecto de ley. Es más bien todo lo contrario, están dispuesto ir a la lucha, pero con unas dirigencias sindicales que estén dispuestas a enfrentar hasta las últimas consecuencias al gobierno de Alvarado y la Asamblea Legislativa. Si es necesario realizar Asambleas nacionales de los sindicatos para votar la huelga contra ese proyecto de ley, entonces que las dirigencias convoquen a esas Asamblea nacionales. Aunque hay limitación legal para hacer solamente dos días de huelga contra proyecto de ley de políticas públicas, sin embargo, ese proyecto afecta directamente los salarios, el empleo público y el derecho colectivo, por ende, una huelga de más días se justifica por esas razones. De ahí que se necesita lanzar la huelga general.

Así como va el proceso de discusión de ese proyecto de ley de empleo público lo más probable es que se apruebe a golpes de tambor en el mes de abril. Por tanto, las dirigencias sindicales, bloques sindicales y otras organizaciones populares y sociales deben de convocar a una amplia y democrática Asamblea Sindical y Popular para la última semana del mes de marzo y en ella discutir la situación de ese proyecto de ley, así como votar un Plan de Lucha que incluya movilizaciones, marchas lentas, concentraciones y otras iniciativas para concluir en el lanzamiento conjunto de una Huelga General contra ese proyecto de ley. Las dirigencias sindicales deben unir todas sus organizaciones, así como realizar la unidad de acción con el Movimiento Rescate Nacional (MRN) para darle mayor fuerza al movimiento de protesta y a la huelga nacional.

tercera

Por José René Tamariz

Actualmente la tercera convención colectiva de trabajo del Ministerio de Educación Pública (MEP) se encuentra en el Ministerio del Trabajo para ser homologada. Sin embargo, es importante destacar que esa convención ha sido totalmente mutilada por ese ministerio, ya que mandó a sus suscriptores los sindicatos ANDE, SEC, APSE y SITRACOME y a la patronal del MEP a modificar varios artículos. La modificación de diferentes artículos de ese instrumento ha conllevado a que instrumento haya sido vaciado y mutilado de algunos aspectos importantes y progresivos.

Algunos de sus artículos modificados totalmente son los siguientes. El articulo 24 planteaba que “El MEP contratará gradualmente a partir del año 2021, cuatro mil cocineras que actualmente laboran en los servicios de comedores escolares, contratadas a plazo fijo por las juntas de educación y juntas administrativa con presupuesto público trasferido por el Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente (PANEA)”. Prácticamente ese artículo fue eliminado y sustituido por otro que plantea que el otorgamiento de esas plazas sea de forma paulatina, mediante concurso, por el Servicio Civil.

El artículo 37 decía que “El Ministerio de Educación Pública (MEP), acuerda convertir el reconocimiento del componente salarial pagado a las personas trabajadoras del Título II del Estatuto de Servicio Civil, denominado “Incentivo para el Desarrollo de la Docencia”, a partir del 2021, en un incremento a la base salarial del 2019 equivalente al 12,6% con el objeto de garantizar la gestión del servicio educativo…”. Aunque no se ha dado a conocer la nueva redacción de ese artículo, sin embargo, se sabe que fue eliminado el 12,6% de ajuste al salario base de ese plus conocido mejor como “incentivo didáctico” y será entregado, por una única vez, de forma nominal con base al año 2019 y eliminado totalmente en el futuro.

El artículo 38 que planteaba la “Irretroactividad de la nominalización” fue modificado totalmente. Ahora, las diferencias que existan entre el pago de incentivos de naturaleza porcentual y nominal serán determinadas por la Contraloría General de la República y, por ende, lo que imponga ese órgano será lo aplicado. Se eliminó la redacción que sostenía que esas diferencias “no serán atribuibles, ni imputable su reintegro a las personas trabajadoras del MEP y por consiguiente, no se considerarán sumas giradas de más”.  Ahora, si serán cobradas a los trabajadores.

El artículo 48 que brindaba durante semana santa descanso de tres días con goce salarial durante semana santa (lunes, martes y miércoles) al personal del Título I fue cambiado totalmente. Ahora esos tres días no serán con goce de salario sino a cuenta de vacaciones. Eso es un absurdo ya que los centros educativos se encuentran cerrados durante toda la semana santa. Además, es un hecho discriminatorio y una odiosa desigualdad, puesto que, al personal docente, técnico docente y otros se les otorgan esos tres días con goce salarial. El artículo 60 que otorgaba tres días de permiso por la muerte de abuelos/as fue reducido a un día. Y así sucesivamente fue mutilada esa tercera convención colectiva del MEP en otros artículos.

Es necesario mencionar que el sindicato APSE por primera vez es firmante de la tercera convención colectiva, ya que por graves errores de sus dirigencias no había sido incluida en la dos anteriores convenciones colectivas.

Es importante señalar que la presidenta conservadora del sindicato APSE, Zaray Esquivel, en un video que circula en las redes sociales sostiene con total desfachatez que la tercera convención colectiva que está siendo homologada en el ministerio de trabajo representa un "hito histórico" para el sector de trabajadores de la educación. Eso es una mentira monumental.

La tercera convención colectiva más bien fue mutilada y castrada en sus artículos más progresistas. El ministerio del trabajo les exigió eliminar todo aquel artículo que hacía referencia de incentivos salariales, plazas a trabajadores, vacaciones para el título I, permisos por la muerte de abuelos, aumentos de días por maternidad, días por cuidar a familiares por enfermedad. Entonces, ¿qué quedó de la convención colectiva?

Quedó un reglamento de trabajo. Esa convención colectiva del MEP ya no debe llamarse convención sino reglamento de trabajo del MEP.

Lo peor y más despreciable de ese audio es que Zaray Esquivel no realiza ninguna crítica al gobierno y a las autoridades del MEP por castrar a ese instrumento de sus aspectos más progresivos. Sino que ensalza un reglamento de trabajo que de poco les sirve a todos los trabajadores del magisterio nacional. Ese audio de Zaray Esquivel demuestra la capitulación, claudicación y entrega de la actual directiva nacional de APSE gobierno de Alvarado y a las autoridades del MEP a cambio de ser firmante de ese reglamento de trabajo.

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