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COSTA RICA.- Desigualdad, bancarrota económica y crisis del gobierno de Alvarado

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Por Jose René Tamariz

La situación actual de Costa Rica es grave. Todos los datos indican que nos aproximamos a una verdadera catástrofe y bancarrota económica y, por ende, social. Los indicadores económicos tanto de los organismos nacionales como internacionales han fracasado en sus previsiones. El Banco Central de Costa Rica no la ha pegado, ya van por la segunda modificación de su programa económico y probablemente deba hacer una o dos más. El estudio de la OCDE de julio fue rebasado. Igual sucede con los demás estudios de otros organismos internacionales. ¿Por qué han fracasado los pronósticos? Porque es una situación inédita y no tiene comparación con ninguna otra.

Desigualdad y pandemia

El desarrollo y profundización de la pandemia ha hecho pública y evidentes las grandes desigualdades económicas y sociales que existen en Costa Rica. Primero se desnudaron las condiciones infrahumanas en que viven miles de trabajadores agrícolas, así como la despiadada superexplotación a que son sometidos, tanto por los contratistas como por los empresarios. También se revelaron y ventilaron públicamente las condiciones miserables, insalubres e inhumanas en viven miles de personas que habitan cuarterías y precarios.

El 60% de los contagiado y muertos por la covid-19 pertenecen a los sectores informales o desempleados y trabajadores de bajos ingresos. El denominado como inactivos laboralmente representa el 40%;  el 11,6% son personas y trabajadores del sector agrícola, de la construcción, trabajadoras domésticas, guardas y misceláneos; otro 6% pertenece a oficiales, operarios y artesanos y así sucesivamente. La desigualdad medida por el coeficiente de Gini en Costa Rica era del 0,5 en el año 2019, ubicándose como un país más desigual que Chile y México en Latinoamérica y que el promedio de los países de la OCDE. Pues bien, eso que sólo constituye un dato, ahora sus consecuencias y repercusiones reales, con la pandemia, se han traducido en infectados y muertos.  Miles de esos contagiados no tienen acceso a la seguridad social y tampoco atención por sus enfermedades crónicas, lo cual las convierten en personas descompensadas, requiriendo hospitalización y teniendo una mayor tasa de mortalidad. La desigualdad económica y social ha adquirido corporeidad.

La crisis sanitaria con los cierres de diversas actividades económicas, han conducido a la suspensión de miles de contratos de trabajo (62.600) y a la reducción de las jornadas laborales y los salarios (145.000). A su vez, la tasa de desempleo pasó del 11,9% antes de la pandemia al 24% en el mes de junio de 2020. Es decir, que la desocupación aumentó en 101,7%. En cifras absolutas las personas desempleadas pasaron de 256.000 a 551.000, o sea, un incremento absoluto de 295.000 nuevos desempleados. Los sectores de trabajadores más afectados son los de comercio (71.000), trabajadoras domésticas (69.000), hoteles y restaurantes (66.000), construcción (61.000) y otros (28.000).

Ahora, si sumamos los trabajadores con contratos suspendidos, jornadas y salarios reducidos y los desempleados nos da un total de 758.000 personas con graves problemas en su capacidad de consumo de productos básicos, así como con problemas de pagos de los servicios básicos, alquileres, deudas y otros. A lo anterior habría que sumarles a otros miles de personas que se encuentran desalentadas por buscar trabajo y no encuentran y más de un millón de personas que viven en la informalidad, pero que con la pandemia no pueden trabajar. Al final, si sumamos a los desempleados, desalentados, suspendidos de jornadas, reducidos de jornadas y salarios e informales, nos estamos refiriendo a más de dos millones de personas en estado crítico.

Realmente, la situación es gravísima para miles de personas. La crisis sanitaria y las equivocadas políticas del gobierno ha conllevado a una segunda gran pandemia: el aumento del desempleo, el incremento del hambre y la pauperización creciente, conllevando a miles de personas a convertirse en menesterosos. Si actualmente se midieran los índices de pobreza y pobreza extrema, probablemente, éstos habrán subido notablemente.

Recesión económica y pandemia

La recesión económica que vive Costa Rica es bien fuerte. Recientemente, el Banco Central, en su nueva revisión del programa económico planteó que en “Este año la economía nacional va a sufrir la contracción más fuerte desde 1982”. (La Nación, 31 de julio de 2020).  En el año 1982, fecha en que produjo la más grande crisis económica de Costa Rica, la producción nacional cayó a -7,3%. Según la OCDE la recesión económica en el año 2020 con un segundo brote de covid-19, en el cual estamos, llegaría a un -4,9% pronostico que se acerca al del Banco Central. Sin embargo, aún faltan varios meses para que termine el año y, por ende, eventualmente la depresión económica para finales de año ronde un 6% o 7% del PIB.

La bancarrota y cierre de micro, pequeñas y medianas empresas, producto de los cierres de actividades por la pandemia, es grande. Por ejemplo, antes de la pandemia había 19.000 restaurantes y otros negocios afines, pero actualmente a cinco meses de la covid-19 un tercio de esos negocios cerraron definitivamente, lo cual representan unas 6.333 empresas. Es muy probable que cifras similares existan en otras actividades económicas.

Es importante destacar que la recesión económica actual no es una crisis clásica del capitalismo, sea a nivel nacional o internacional. Esta depresión no es el producto de sobreproducción, caída de los precios generalizada y otras manifestaciones. Obviamente, dado que es una depresión económica existen la quiebra de empresas, la contracción del consumo producto del altísimo desempleo, suspensión de jornadas y reducción de jornadas y salarios. Aunque previo a la pandemia existían síntomas de las posibilidades de una nueva recesión económica internacional, tal depresión no se había producido. La pandemia con el confinamiento en algunos países y cierres temporales en otros, han precipitado y conducido a la recesión global y, en particular, en Costa Rica.

La errática política sanitaria del gobierno

Las políticas del gobierno de Alvarado para enfrentar tanto la crisis sanitaria como la grave recesión económica y sus consecuencias y secuelas sociales han sido globalmente equivocadas. Los hechos y datos anteriores lo demuestran con creces. Al inicio de la pandemia, la fase I de la pandemia en Costa Rica fue como la etapa "feliz". Incluso Costa Rica se ponía como ejemplo internacional en el manejo y combate de la infección. En ese momento, el apoyo a Carlos Alvarado aumentó porque la población consideraba que estaba gestionando bien la crisis sanitaria. Sin embargo, eso fue una ilusión temporal porque se había contenido, episódicamente, la propagación de la infección por el encierro. Además, en esa primera etapa, los infectados fueron turistas y nacionales repatriados.

Aunque las autoridades sanitarias hablaban de la “segunda ola” no lograron prever por donde explotaría la infección y mortandad. El poder ejecutivo y las autoridades de salud no se prepararon para el contagio comunitario. Cuando la transmisión comunitaria era un hecho, lo negaban. Tal fue el caso de Pavas. Tardíamente volvieron obligatorio el uso de las mascarillas, cuando desde el inicio de la pandemia se debía hacer. Entonces, la fase II del contagio en Costa Rica se transformó como la fase I de los países europeos y otros: miles de contagios y docenas de muertos. Obviamente, todo esto es relativo debido a la cantidad poblacional. Con reapertura de los aeropuertos a partir del 1 de agosto y el relajamiento de las medidas en la etapa de cierre en el mes de agosto, es muy probable que avancemos en los siguientes meses al tercer brote u ola de la infección por la covid-19, aumentando la cantidad de infectados y de muertos.

Por otra parte, la política de rastreo y testeo de la infección ha sido sumamente conservadora. Se anunciaron test, aparentemente, masivos en Pavas, Alajuelita y Desamparados, focos de infección comunitaria. Sin embargo, eso sólo sucedió en Pavas. En Alajuelita se habían anunciado 1800 pruebas, número que era muy bajo respecto a la cantidad de población y se terminaron haciendo apenas 1300. En Desamparados nunca se hizo tal testeo “masivo”.  De otro lado, la OMS recomienda que por cada persona positiva debe haber 10 personas con resultados negativos, pero en Costa Rica por cada caso positivo solamente hay 3 negativos. Entonces, lo anterior es un indicador de que existe un nivel de muestreo muy bajo que, realmente, no logra detectar la magnitud del contagio.

Asimismo, tampoco se utiliza la tecnología, como el sistema GPS u otros, para rastrear y testear a los contactos de los infectados.

Desgaste y crisis del gobierno de Alvarado

En las últimas semanas se han producido, de forma cotidiana, manifestaciones y concentraciones tanto en la casa presidencial como en la casa de habitación de Carlos Alvarado. Los sectores sociales que se movilizan son diversos y combinados.

Microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios y trabajadores demandan la apertura de todos los negocios cerrados y, por ende, la recuperación de sus trabajos. La realidad es asfixiante y desesperada para miles de personas sin trabajo y sin salarios. Hay miles de personas que sufren hambre y que solo hacen un tiempo de comida o no comen nada.

El manejo equivocado tanto de la crisis sanitaria como de la recesión económica por parte del gobierno de Alvarado ha conducido, de forma acelerada, a su desgaste, agotamiento y crisis política. En ese proceso de crisis, lejos de gravar con impuesto a los sectores económicos ganadores de la crisis sanitaria, suspender o eliminar las gigantescas exoneraciones fiscales a las zonas francas o gravar las riquezas de los superricos, el gobierno ha descargado el peso de la crisis sanitaria y económica sobre los trabajadores.

Al mismo tiempo, para intentar aplacar los reclamos, cada vez más agresivos de las cámaras empresariales agrupadas en la UCCAEP y otras asociaciones empresariales, el gobierno de Alvarado se ha lanzado a los brazos y regazo de los empresarios, al grado tal que, de forma conjunta el poder ejecutivo y las cámaras empresariales, deciden y modifican las políticas para enfrentar la pandemia. Se ha producido, en los hechos, una especie de gobierno corporativo (PAC y cámaras empresariales). El flamante gobierno de “unidad nacional” desapareció. Ahora, la política pantomima del “baile y el martillo” desapareció, ahora es una política de total relajamiento.

La convocatoria al proceso de diálogo anunciado por el gobierno el 9 de agosto fue un show mediático y propagandístico, que intenta contener su desprestigio creciente, agotamiento y crisis. En realidad, el gobierno de Alvarado ya tiene montado sus negociaciones y diálogo con las cámaras empresarial con las cuales está comprometido a hacer lo que le digan.

En este proceso de movilizaciones y lucha el gran ausente es el movimiento de los trabajadores organizado en sindicatos. Las dirigencias sindicales burocráticas de casi todas organizaciones sindicales, en medio de la crisis sanitaria y económica, se han lanzado a los brazos del gobierno en una política criminal de conciliación de clases y de traición a sus bases. Es urgente echar de esas organizaciones sindicales a los burócratas sindicales.

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