Por José René Tamariz

De forma solapada y descarada, algunas y otras veces, los neoliberales, ya sean del poder Ejecutivo y Legislativo y sus diversas pandillas pretenden introducir profundo cambios en la arquitectura y funcionamiento del Estado social y derecho, sin que medie ninguna reforma constitucional o Constituyente que haga posibles esas modificaciones. Mediante la eventual aprobación de leyes ordinarias, la jauría neoliberal pretende realizar cambios regresivos y retrógrados en cuanto a cuestiones sociales, laborales, institucionales y derecho. Veamos y analicemos.

Proyecto de Empleo Público e Invasión a la Autonomía e Independencia de las Instituciones

Ese proyecto no es un plan que modifica solamente el sistema de los salarios y el empleo público en el sector público, sino que es un plan de gran calado en la reconfiguración de la institucionalidad. El gobierno bajo el pretexto o subterfugio de resolver desigualdades salariales entre los empleados públicos y, por otro lado, de eliminar disparadores del gasto público que incrementa, supuestamente, el déficit fiscal, intenta invadir y destruir la autonomía e independencia funcional, contempladas en la Constitución, de la caja costarricense de seguro social, las municipalidades, las universidades públicas y otras instituciones. El gobierno somete a su control político, bajo el pretexto del déficit fiscal, a todas las instituciones autónomas e independiente funcional como las universidades públicas. Esto constituye una regresión a los tiempos antes del 48.

Proyecto de Empleo Público y Destrucción del Derecho Colectivo

La eventual aprobación del proyecto de empleo público con algunas de las propuestas y mociones presentadas por los diputados neoliberales destruye uno de los pilares del derecho colectivo como es el derecho a la negociación de convenciones colectivas por parte de las organizaciones sindicales. Por simple lógica formal se sabe que, si se permite la existencia de los sindicatos en el sector público, por ende y extensión, se deduce el derecho al ejercicio tanto de la huelga como de las convenciones colectivas. Formalmente la tríada del derecho colectivo sindicatos → huelga → convenciones colectivas es indivisible, aunque puede ser mutilada o destruida esa relación por manotazos neoliberales y autoritarios mediante el asalto al derecho constitucional.

El proyecto de empleo público pretende eliminar el derecho a las negociaciones de las convenciones colectivas por parte de las organizaciones sindicales. Y si no se elimina ese "derecho" quedaría castrado, puesto que los sindicatos no podrían negociar nada relativo a aumentos de los salarios, pluses salariales, ni ninguna conquista laboral, social y económica. En síntesis, dejarán de existir las convenciones colectivas como tales y sólo servirán para reglamentar las relaciones de trabajo. Nada más. Esta es una propuesta retrograda del derecho. Elimina el derecho constitucional a la existencia de las convenciones colectivas.

Ese proyecto también pretende eliminar la comisión nacional de los salarios, órgano tripartito que en teoría negociaba los reajustes y políticas salariales, quitándole a los sindicatos y ministerio de trabajo esa función y se la transfieren al ministerio de hacienda, ministerio de planificación y servicio civil. Estos presentarían su "propuesta" de reajuste salarial al gobierno. Es una cuestión absurda y demencial, ya que el gobierno estaría auto presentándose su propuesta para auto aprobarla, ya que no tendría ninguna contraparte ni oposición. Esto refleja el contenido antidemocrático y, por ende, autoritario de esas pretensiones de ley.

Po otra parte, es necesario señalar que ya el derecho a huelga fue cercenado y mutilado por el Gobierno con el apoyo de las burocracias sindicales. Ahora las huelgas tienen fechas límites y de expiración, así como prohibición total en una serie de "servicios esenciales" inventados por los legisladores neoliberales.

Proyecto de Empleo Público y Salario Único

La eventual aprobación del salario global o único a todos los empleados públicos, ya sean los actuales o nuevos, y de sus ocho familias de puestos constituye a todas luces la imposición de un sistema autoritario del salario y empleo en el sector público. No es cierto que en el capitalismo exista la igualdad de los salarios para una misma clase de puestos, ya que va en contra de la ley de los mercados. Los salarios son una mercancía que se rigen por la ley de la oferta, demanda y otros factores. Tratar de imponer y uniformar los salarios para puestos similares y diferentes en diferentes ministerios, instituciones, municipalidades y otras, se asemejan a pretensiones de un Estado totalitario no aun Estado democrático.

Réquiem Para los Sindicatos

La probable aprobación del proyecto de empleo público con varias de las mociones propuestas por los diputados neoliberales entierra a las organizaciones sindicales. Serán como lo zombies: muertos vivientes. Es doloroso decirlo, pero desgraciadamente es así y por culpa de las burocracias sindicales hacia eso vamos, ya que esas dirigencias de escritorios no hacen nada ni siquiera para defender sus aparatos sindicales de los cuales viven. Entonces, hacemos las siguientes preguntas.

Entonces, ¿cuáles serán las funciones y roles de las organizaciones sindicales? Bueno las que le asigne el Estado y gobierno de turno. Las burocracias sindicales tendrán la función de ir a lloriquear y pedir a sus autoridades respectivas favores para sus asociados.

¿Cuál es el futuro de las organizaciones sindicales? Convertirse en organizaciones paraestatales, sindicatos blancos, al servicio del Estado y del gobierno de turno. Algunas burocracias sindicales ya juegan ese triste papel. Otras terminarán como clubes sociales y casas comerciales en donde se reunirán sus asociados para hacer fiestas o bien para ir a comprar electrodomésticos y otros productos.

¿Las organizaciones sindicales van a aceptar o combatir el proyecto de empleo público que las liquida como sindicatos? APSE se acerca al 20% de desafiliación por su política de colaboración con el gobierno de Carlos Alvarado. En los otros sindicatos que no son del magisterio nacional la desafiliación ronda el 30%.

Los sindicatos son una conquista histórica del movimiento obrero que costaron la lucha y muerte de miles de trabajadores para que existan. Sin embargo, esa gran conquista estructural de la clase trabajadora está por perderse.

¿Qué podemos hacer para rescatar a los sindicatos? Es necesario y urgente reconstruir el sindicalismo independiente, clasista y de lucha. Echar de los sindicatos a todos los burócratas sindicales malolientes y entregados a la patronal estatal para dotar a esas organizaciones de los trabajadores de dirigentes luchadores, clasistas e independientes del Estado y del gobierno para que defiendan los derechos de todo tipo de sus afiliados. Asimismo, dirigentes sindicales que retomen los métodos de lucha del movimiento obrero para lograr conquistas laborales, salariales y sociales. Esa es la tarea actual.

Urge y es una necesidad salvar a las organizaciones sindicales de su desaparición que quieren los neoliberales. Sólo la movilización y lucha callejera puede salvar a nuestras organizaciones.

Crítica a la Directiva Nacional de APSE

Recientemente, el sindicato APSE publicó un comunicado en el que plantea su “oposición contra el nefasto proyecto de ley marco de empleo público”, sin embargo, no existe en ese miserable pronunciamiento de la burocracia sindical de APSE ningún llamado a combatir y derrotar el proyecto de empleo público mediante la movilización y lucha callejera despojador plan. Para qué sirve la "oposición" en el papel al proyecto de empleo público sino se combate en las calles. ¡Para nada! La burocracia sindical de APSE, encabezada por Zaray Esquivel, es la peor y pérfida dirigencia sindical que ha existido en nuestro sindicato. Merece el repudio de todas las bases.

Esa posición de la burocracia sindical de APSE, en los hechos, al no llamar a combatir en las calles ese nefasto proyecto de empleo público, le hace el juego al gobierno de Alvarado y todos los neoliberales de la Asamblea Legislativa y lo peor sirven de quintacolumnistas dentro del sindicato. Por tanto, es urgente sacar de la directiva nacional del sindicato APSE a los traidores de la tendencia honestidad que dirigen nuestro sindicato.

¡Abajo el Programa de Ajuste Fiscal FMI-Gobierno!

El plan de ajuste fiscal del gobierno-FMI contiene una serie de medidas que tendrán serias y brutales consecuencias para los trabajadores, sectores populares y clases medias. Es un plan recesivo que, lejos de reactivar la economía, la va a hundir en una mayor recesión económica.

Esas medidas son un ataque histórico a las condiciones salariales y vida de los empleados del sector público en particular y, en general, contra los trabajadores del sector privado. El proyecto de empleo y su supuesto "ahorro", eufemismo de la gigantesca expropiación salarial de los trabajadores públicos, será después de la reducción del gasto público o aplicación de la regla fiscal el que más aporte al plan de ajuste y por ende el más reventado del ajuste. La gran expropiación de los salarios será de 133 mil millones de colones en el año 2021 y para el año 2025 la expropiación sería de 546 mil millones de colones.

Por otro lado, el denominado proyecto de "Renta global dual" constituye un asalto a los salarios de los trabajadores en general. Actualmente el impuesto de renta a los salarios se aplica después de los 840 mil colones, pero con ese proyecto se disminuye la base impositiva a 684 mil colones. Es decir que a los trabajadores que ganen más de 684 mil colones tendrán que pagar impuesto de renta, pero también a los trabajadores que ya pagan ese impuesto tendrán que pagar más, ya que su base salarial para el impuesto sería reducida y sobre 157 mil colones más tendrán un impuesto adicional.

El ajuste fiscal será una política de doble tenaza salvaje: por un lado, se reducirán los salarios con el proyecto de empleo público, de otro lado, se congelan los salarios por tiempo indefinido y por el otro, a los salarios reducidos y congelados se les impondrán más impuesto. Entonces, todo ello lleva al deterioro y disminución galopante a las condiciones de vida de los trabajadores, a una disminución de la capacidad de consumo y, por ende, a una profundización de la recesión económica, puesto que los trabajadores tendrán menos dinero para comprar y consumir mercancías, alimentos y servicios en general.

De otro lado, apenas los patrones y otros sectores neoliberales comenzaron a criticar y presionar, en aquellos aspectos que el proyecto de renta global los afectaba, el gobierno retrocedió. Es así que, eliminaron de ese proyecto la imposición a rentas provenientes del extranjero, se reafirma la exoneración de impuestos a empresas de zonas francas y se centra en personas físicas, excluyendo del todo a las empresas. Pero se mantiene intacto el impuesto a los salarios a partir de los 684 mil a los trabajadores.

Por José René Tamariz

Actualmente, el gobierno neoliberal de Carlos Alvarado está negociando un “acuerdo de estabilidad económica” con el FMI denominado “Servicio Ampliado de Fondos” (SAF) el cual consiste en el otorgamiento, por parte de ese organismo internacional de un préstamo por $1.750 millones. A su vez, el gobierno para ser sujeto de ese crédito debe presentar y aplicar un salvaje programa de ajuste fiscal contra los trabajadores y sectores populares.

Según la jefa de la misión del FMI, Manuela Goretti, que negocia dicho empréstito con el poder Ejecutivo, el plan hambreador propuesto por Carlos Alvarado y su equipo económico “… es el programa de Costa Rica; entonces, ¿cuál es nuestro rol? Somos expertos técnicos; aprendemos de la experiencia internacional de muchos países del mundo que puede o no usarse en Costa Rica… Estamos analizando cuáles son las posiciones macro; vemos cuáles son las medidas que presentan las autoridades y que están siendo debatidas y evaluamos si todo el paquete general, digamos cierra…”. (La Nación, 17 de enero de 2021). De acuerdo con esas declaraciones, en apariencia, el FMI y sus “expertos técnicos” no propone ni impone las medidas para realizar el ajuste fiscal, sino que es el propio gobierno quien se las propone a esa garrotera financiera internacional. Sin embargo, en una carta de “aclaración” emitida por el FMI señalo que “Los compromisos asumidos por un país de adoptar determinadas medidas de política -conocidos como condicionalidad de política económica- son un elemento esencial de los préstamos del FMI”. (La Nación, 20 de enero de 2021).

Entonces, al final ese préstamo que el FMI le otorgará al gobierno de Alvarado está “condicionado por una política económica” que somete a hambre, miseria, pobreza y reducción de los niveles de vida a los trabajadores, sectores populares y clases medias, pero que para no quemarse el FMI no la diseña directamente, sino que se las deja a la “creatividad” del gobierno cipayo y entreguista de Carlos Alvarado. Veamos de forma sintética las “medidas” hambreadoras del gobierno-FMI.

1. Proyecto de ley de empleo público que se encuentra en la corriente legislativa y está cerca de ser aprobado. Ese proyecto impondrá el salario único o global a todos los empleados públicos, sean actual o futuros, lo cual significa que se eliminarán de un solo golpe todos los incentivos o componentes salariales, mejor conocidos como pluses, entre los cuales, podemos citar las anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva, incentivo didáctico. Es decir, solamente existirá el salario base.

Además, los diputados neoliberales de la comisión de gobierno y administración que dictamina el proyecto de empleo público pretenden mutilar el derecho colectivo a la negociación de las convenciones colectivas en el sector público, ya que van a prohibir que en las convenciones se puedan negociar y acordar aumentos de salarios, mejoras u otros componentes salariales. Es decir, esos miserables neoliberales van a permitir la existencia de las convenciones colectivas en el sector público, pero serían convenciones colectivas de mentirillas, inservibles.

Es más, esas convenciones colectivas serán refrendada por la contraloría general de la República (CGR). Esa barbaridad que van a aprobar estos legisladores neoliberales va en contra de lo que actualmente estipula el código de trabajo en su artículo 58 inciso c). Dice ese artículo e inciso que "En la convención colectiva se especificará todo lo relativo a: … c. Los salarios;"

Pero lo más grave y pernicioso es que las burocracias sindicales de todo pelaje, incluida la de APSE, haya o estén negociando, a espaldas de sus bases, con esos diputados neoliberales ese nefasto y anti obrero proyecto de empleo público. Sencillamente, desde cualquier punto de vista que se analice ese fatídico proyecto, no es negociable. Negociar ese proyecto es traicionar a miles de sus afiliados. Lo único que se debe hacer con ese monstruoso proyecto es combatirlo en la calle mediante la movilización, la huelga y otros métodos de lucha del movimiento obrero.

El gobierno neoliberal de Carlos Alvarado, la jauría neoliberal de los diputados y sus "asesores", como el abogado canalla de Rubén Hernández, están yendo demasiado lejos y extralimitando en sus ataques y arremetida contra los empleados del sector público, en particular y, en términos generales, contra los trabajadores del sector privado.

La ofensiva contra los trabajadores públicos es brutal. Prácticamente con la eventual aprobación del proyecto de empleo público se pretende concluir con la eliminación del derecho colectivo. Ya se mutiló y cercenó el derecho a la huelga, con el apoyo de las burocracias sindicales, ahora, con la "asesoría" del abogado Rubén Hernández, se pretende eliminar y, en el mal menor, castrar el derecho a las convenciones colectivas. De tal modo, que con esas restricciones severas y/o eliminación, los sindicatos quedarían como figuras decorativas, ya que no podrían ni ejercer el derecho a la huelga ni tampoco negociar convenciones colectivas. En pocas palabras, los sindicatos serían como monigotes del gobierno.

Por otra parte, la eventual aprobación de ese proyecto de empleo público representará el desmontaje total del sistema salarial con la imposición del salario único y la reducción forzosa y significativa de la planilla estatal. Por otra parte, ese anti obrero proyecto va a congelar los salarios por unos 12 o 15 años, no reconociendo siquiera el aumento del costo de la vida en los salarios de los trabajadores público. Lo anterior, significaría y conllevaría a un deterioro y reducción continua de los salarios en el sector público y, por ende, a la disminución de los niveles de consumo y de vida de miles de empleados públicos.

2. Proyecto de eliminación de exoneraciones de impuestos. Cualquier persona ingenua creería que se trata de eliminar las exoneraciones a las empresas de zonas francas y al gran capital.  Sin embargo, ese proyecto lo que busca es eliminar la exoneración del impuesto al salario escolar que se paga en el mes de enero de cada año para que los trabajadores sufraguen los gastos escolares que tienen por la entrada a clases de sus hijos. Dentro de ese proyecto también se encuentra la propuesta de incrementar hasta un 15% el impuesto a los excedentes de las cooperativas, así como también a las asociaciones solidaristas.

3. Como si fuera poco lo anterior, el gobierno de Alvarado pretende tasar con un impuesto del 7,5% los rendimientos de las pensiones complementarias voluntarias y obligatorias y al Fondo de Capitalización Laboral (FCL). De concretarse ese proyecto, según la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), representaría una pérdida o expropiación de un 10% del monto final de las pensiones complementarias. Simple y sencillamente ese proyecto conlleva y apunta hacia el futuro próximo a un empobrecimiento galopante, así como una vida miserable de los futuros pensionados.

4. Asimismo, es una barbaridad que el gobierno de Carlos Alvarado pretenda tasar con impuestos las remesas de miles de peones del campo, la construcción, empleadas domésticas y otros sectores pobres nicaragüenses y de otros países como Colombia para generar ingresos para pagar el déficit fiscal, mientras un puñado de empresarios evaden los impuestos.

5. Otra medida planteada por el gobierno de Alvarado es congelar las pensiones con cargo al presupuesto nacional a partir de un monto de ₵462.200, es decir, que esos pensionados con ese monto y más no recibirían incremento por costo de vida. Esa medida se aplicaría por el tiempo en que el monto de la deuda púbica permanezca por arriba del 60% del PIB.

6. También existe la propuesta en proyecto de ley de tasar con impuesto del 25% a los premios de lotería superiores a los ₵225.000 colones.

En síntesis, como se puede observar, la mayoría de las medidas propuesta por el gobierno de Carlos Alvarado y la jauría neoliberal al FMI para que le otorgue el préstamo por $1.750 millones van dirigidas contra los trabajadores del sector público y privado, los sectores populares y clases medias. Es decir, el gobierno de Alvarado y las pandillas neoliberales pretenden hacer pagar a los trabajadores y sectores populares el abultado déficit fiscal y la deuda pública realizados por los gobiernos del PLN y el PAC. Tales medidas conllevan a un despojo total de los trabajadores en general y al empobrecimiento galopante de esos sectores. Solamente existen dos propuestas que, de forma timorata, aumentan de un 15% al 16,5% el impuesto a las ganancias y renta de capital, pero solamente por dos años! También existe la propuesta de imponer la renta global, pero no así la renta mundial en los impuestos.

Mientras los neoliberales realizan esa salvaje ofensiva y arremetida contra los salarios, trabajo y demás condiciones de vida de trabajadores en general las burocracias sindicales permanecen en la inacción y desmovilización de sus bases, haciéndole el juego a los neoliberales y haciendo el papel de quintacolumnista dentro del movimiento obrero.

Consideramos que llegó el momento propicio para generar una fuerte y amplia unidad de acción entre los trabajadores del sector público y privado. Además, ahora es urgente y necesaria la unidad sindical de todas las organizaciones sindicales, el movimiento rescate nacional y todas aquellas fuerzas sociales que estén dispuestas a enfrentar y derrotar la ofensiva neoliberal. De lo contrario, el gobierno de Alvarado y la jauría neoliberal nos impondrán sus planes de hambre, miseria y despojo. Llegó la hora y el momento de lanzar la movilización callejera y la huelga general contra el programa anti obrero y anti popular del gobierno y el FMI.

Por José René Tamariz

Según el Ministerio de Planificación con la aprobación del proyecto de empleo público el gobierno se va a "ahorrar" en promedio, anualmente, el 1,1% del PIB. Lo anterior significaría que para el año 2021 dicho "ahorro" sería de 400 mil millones de colones. En realidad, bajo el eufemismo del ahorro, lo que se esconde es una brutal y gigantesca expropiación de los componentes salariales (anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva y otros) de miles de trabajadores públicos.

El gobierno neoliberal de Carlos Alvarado y la jauría neoliberal de los diferentes partidos parlamentarios van a financiar el abultado déficit fiscal mediante la confiscación de los pluses salariales de los trabajadores públicos. Eso constituye una salvaje medida para pagar los graves errores de la ineficiente administración del Estado. Desde el gobierno de Oscar Arias hasta el actual de Carlos Alvarado, han incrementado el déficit fiscal y, a su vez, han endeudado al país para financiar dicho déficit.

Ahora, de forma abusiva, bandida y miserable, el gobierno descarga sobre las espaldas de los trabajadores el financiamiento de esos problemas ocasionados por esos gobiernos y sus partidos políticos, el PLN y el PAC. Todo ese despojo que se realizará sobre los trabajadores públicos es para mantener las gigantescas exoneraciones a las zonas francas y el no combate de la gigantesca evasión y elusión fiscal.

Por otro lado, mientras en impuesto de renta global a los empresarios sólo se les impondría un pírrico 0,16% del PIB, a los trabajadores públicos se le impone el 1,1% del PIB. Es evidente la diferencia, desproporción y arremetida salvaje contra los empleados públicos.

De otro lado, la propuesta de empleo público del gobierno es terrible y draconiana, ya que les imponen a todos los trabajadores del sector público el denominado salario global o salario único. Asimismo, plantea que cuando los salarios compuestos (salario base más pluses) de los trabajadores públicos sean mayores a los salarios globales, aquellos salarios serían congelados por varios años, sin reconocer siquiera los incrementos de costo de vida o índice de precio al consumidor (IPC), hasta que se equiparen con los sueldos globales. Todo lo anterior representaría un deterioro continuo y galopante de los salarios compuestos de los empleados públicos. ¿Cuándo los salarios compuestos se van a equiparar con los globales? No se sabe, puede ser en 10 años, 12 años o 15 años. Ese proyecto de empleo público es a todas luces ilegal y macabro. Hay que salir a derrotarlo en las calles.

Traición y Dialogo

Mientras el gobierno de Carlos Alvarado tenía entretenidas en el cacareado “diálogo multisectorial” a las distintas burocracias sindicales del Bloque Unitario Sindical y Social (BUSCCO), UNDECA, ANDE, APSE, SEC y otros, éste negociaba de forma paralela con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el préstamo por $1.750 millones de dólares. Según Alvarado, en la pantomima de dicho “diálogo” no se mencionó nada sobre el préstamo con el FMI por razones “ideológicas” y no provocar discusiones que “entorpecieran” los acuerdos que se tomaron en ese circo mediático. Frente a algunas propuestas en ese circo de las organizaciones sindicales y otras populares como, por ejemplo, el uso de las reservas monetarias internacionales (RMI) del Banco Central, Alvarado sostuvo que era "riesgosa" y "peligrosa". Ante la propuesta de esas organizaciones de renegociación de la deuda pública, el ministro de Hacienda, Elián Villegas, también sostuvo que era "peligrosa". En otras palabras, no se aceptaron ni pasaron dichas propuestas en el circo mediático del "diálogo multisectorial".

Por otra parte, al final en esa pantomima de dialogo multisectorial se aprobaron propuestas que ya están en proceso de aprobación y recortes al presupuesto de la República del año 2021 y 2022. Realmente, las nuevas propuestas que se aprobaron en ese circo mediático fueron pocas, tales como, la venta al Banco Popular de la cartera de créditos de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (CONAPE) que, por cierto, más bien va a encarecer los préstamos a miles de estudiantes que solamente por esa vía, del crédito, pueden financiar sus carreras universitarias.

De otro lado, mientras el gobierno de Alvarado y la jauría neoliberal aprueban en la comisión parlamentaria el proyecto de ley de empleo público que despoja de los componentes salariales a miles de trabajadores públicos, así como congelaría por más de una década los salarios del sector público, las dirigencias sindicales del magisterio nacional como la APSE, ANDE y SEC con su participación en el circo del dialogo multisectorial le hacía el juego al gobierno y le daba legitimidad a un gobierno anti obrero y anti popular. Todo lo anterior son actos despreciables de esas dirigencias sindicales burocráticas de la APSE, ANDE y SEC. La participación en ese dialogo multisectorial de esas dirigencias sindicales, mientras el gobierno arremete de forma violente contra los salarios de sus miles de afiliados y de que el gobierno negociaba, por debajo con el FMI, constituye una grave y profunda traición contra sus miles de afiliados.

También es importante y necesario denunciar que la directiva nacional sindical burocrática de APSE y sus serviles del consejo nacional votaron en contra de la propuesta de la tendencia sindical Cambiemos de realizar un plantón en contra del proyecto de empleo público. Esta era una propuesta tímida, en relación, al grave problema que enfrentamos, la imposición del salario único y la congelación por más de una década de los salarios de los trabajadores del sector público. En realidad, lo que se necesita es realizar una huelga general de 48 como el inicio de un movimiento de más larga duración y de fuertes protestas callejeras para evitar que semejante plan de despojo de los empleados públicos sea aprobado en los próximos días en el plenario legislativo. Es importante destacar que ese miserable proyecto despoja de los componentes salariales a todos los empleados públicos sin distinción, sean nuevos o viejos.

El nivel de entreguismo de la actual directiva nacional burocrática de APSE, encabezada por Zaray Esquivel, ha llegado a la degeneración total. No quieren saber nada de movilización y lucha. Se han convertido en una directiva sindical pro patronal y paraestatal al servicio de los interese pérfidos del gobierno de Carlos Alvarado en contra de los empleados públicos. Esta posición política de los burócratas sindicales de la directiva nacional de APSE los ubica en el bando del enemigo de clase y, por ende, hay que tratarlos como tales.

Por esas consideraciones, llamamos a todas/os los afiliados del sindicato APSE a romper la política de desmovilización y entrega al gobierno de Alvarado de los burócratas sindicales y movilizarse de forma independiente en contra del proyecto de empleo público. El poder ejecutivo en la persona de Carlos Alvarado ya tiene definida la ruta, las propuestas y medidas para negociar con el FMI.

El PLN como fracción parlamentaria mayoritaria le impone condiciones, políticas y propuestas, así como modificaciones a los proyectos enviados por el gobierno. De tal forma, que ese partido es el principal responsable de la eventual aprobación del salvaje y draconiano proyecto de ley de empleo público. Ese partido se mueve entre su debacle histórica al perder otra eventual contienda electoral. Debido a esa decadencia total del PLN están solicitan los buenos oficios y la presencia de Óscar Arias para que les dé consejos políticos. Este es un tipo decrépito que, acusado de abuso sexual por varias mujeres, igual que su hermano, recomienda reventar a los empleados públicos para disminuir el déficit fiscal y la deuda pública que ellos crearon por su ineficiencia e incapacidad.

El PLN cree que a ellos le toca asumir el próximo gobierno. Por eso, como fracción parlamentaria mayoritaria, le imponen al miserable gobierno de Alvarado condiciones para autorizarle préstamos. Y así quieren imponer a los empleados públicos el salvaje proyecto de empleo público y responsabilizar al PAC, pero ambos son responsables y deberán pagar, tarde o temprano, por su arremetida contra los trabajadores públicos.

Sin embargo, las burocracias sindicales que no hacen nada para enfrentar esas políticas de despojo del gobierno y las pandillas neoliberales son responsables de las salvajes medidas contra sus miles de afiliados. Deberán rendir cuentas por sus traiciones.

Por José René Tamariz

La comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa aprobó el 3 de noviembre imponer el salario único a todos los trabajadores del sector público, sean nuevos o los actuales. Sin embargo, por un problema de tipo técnico con la falta de sonido, esa aprobación se anuló. Al día siguiente, una vez corregido ese problema, se aprobó nuevamente, en esa comisión, 16 mociones de ese proyecto. Para el día 10 de noviembre, dicha comisión se apresta a darle dictamen de mayoría al proyecto de Ley Marco de Empleo Público, expediente N°21.336. Posteriormente, pasará al plenario legislativo para su aprobación definitiva.

Con la eventual aprobación definitiva de ese proyecto de empleo público todos los trabajadores del sector público perderán sus componentes o pluses salariales, tales como, anualidades, carrera profesional, dedicación exclusiva, disponibilidad y otros. Aunque, el salario actualmente devengado no podrá ser disminuido, sin embargo, no crecerá más. En la ley se plantea que sólo se reconocerá los reajustes salariales por costo de vida, pero en los últimos años y para el 2021 y 2022 no habrá incrementos salariales. Prácticamente, los salarios quedan congelados casi de por vida. La aprobación de ese proyecto de ley conlleva a la eliminación total del sistema de salarios que existe en el Estado.

Por otra parte, ese proyecto de ley facilitará el despido de los empleados públicos, mediante la denominada “evaluación de desempeño”, ya que con dos calificaciones inferiores a la nota de 70 el trabajador podrá ser despedido sin responsabilidad patronal. Asimismo, en el artículo 19, inciso f) se señalan dos aspectos por los cuales se podrían darse la llamada “desvinculación” o despidos masivos en el sector público. Esos casos serían: 1) Reducción forzosa de servicios o de labores por falta absoluta de fondo; y 2) Reducción forzosa de servicios para conseguir una más eficaz y económica reorganización de los mismos, siempre que esa reorganización afecte por lo menos al sesenta por ciento de los empleados de la respectiva dependencia pública.  Estos dos últimos puntos fueron tomados del capítulo sobre el servicio civil que aparece en la Constitución Política, pero fueron ampliados. Probablemente, se ampliaron pensando en el denominado “rediseño institucional” que se encuentra en curso como parte de la “reformas estructurales” del Estado y la cual pretende eliminar un conjunto de instituciones públicas, unificándolas en una sola lo que conllevaría a los despidos de cientos, sino de miles, de empleados públicos.

De otro lado, abogados neoliberales como Rubén Hernández y medio de comunicación como “La Nación” demandan a los diputados que eliminen el artículo de esa ley en donde se acepta que el Estado negocie y firme convenciones colectivas con las organizaciones sindicales. Sostienen estos neoliberales que la negociación de convenciones colectivas dentro del Estado es prohibida por la OIT y que, además, la aceptación de la existencia de convenios colectivas en el sector público podría volver a conducir a incorporar dentro de ellas diversas conquistas y beneficios laborales y salariales. En realidad, lo que se pretende con esas propuestas es eliminar de raíz el derecho colectivo en el sector público. Ya se prohibió y limitó el derecho a la huelga, ahora se pretende rematar, eliminando el derecho a negociar convenciones colectivas.

Mientras, los neoliberales del Congreso aprueban el salario único y 16 reformas al texto de empleo público en Comisión, las dirigencias sindicales de los grandes sindicatos del Magisterio Nacional APSE, ANDE y SEC permanecen participando en las sesiones del circo del denominado "diálogo multisectorial", haciéndole el juego al gobierno, como que no pasara nada ni afectara a sus miles de afiliados. Las dirigencias sindicales de APSE, ANDE y SEC deben de romper de forma inmediata y pública con la farsa del "diálogo multisectorial".

Asimismo, deben de convocar a una huelga de 48 horas contra ese proyecto de ley de empleo público. Esa huelga debe ser el inicio de una huelga general de más larga duración.

Para que el movimiento huelguístico y de lucha sea más fuerte y numeroso se debe hacer en unidad de acción con los demás sindicatos del sector público. También se debe negociar con el movimiento rescate nacional (MRN) para que participe en esta huelga general con sus propias reivindicaciones. ¡La Lucha es ahora!

Es urgente y necesario que las dirigencias sindicales de ANDE, APSE y SEC, junto con otras organizaciones sindicales del sector público, lancen la huelga general de 48 contra el proyecto de ley de empleo público.

Esa huelga de 48 horas podría ser el inicio de un movimiento más amplio y de larga duración para detener ese proyecto.

Para que el movimiento tome fuerza se debe negociar con el movimiento rescate nacional (MRN) estableciendo una alianza, utilizando todos los métodos de luchas posibles, para evitar que los neoliberales aprueben ese miserable proyecto que desmonta el sistema de salario y empleo en el sector público. ¡No hay otro camino!

¡Que la APSE, ANDE, SEC, bloques sindicales como BUSSCO y otros rompan esa trampa de diálogo multisectorial y pasen a la pelea a las calles!.

De último es importante criticar y denunciar la decadencia en que ha caído la directiva nacional del sindicato APSE con el inofensivo, inservible y calamitoso comunicado que publicó, recientemente en su página “Apse Informa”, sobre el proyecto de empleo público.

En ese comunicado no existe ninguna crítica al gobierno de Carlos Alvarado. ¿Por qué será? Porque sencillamente esa directiva sindical burocrática y conservadora, encabezada por Zaray Esquivel, le ha claudicado y capitulado al gobierno neoliberal porque los incluyó en la convención colectiva y les dio algunas migajas en esa convención. A los directivos nacionales del sindicato APSE parece que le encanta estar en las sesiones del "diálogo", el "lobby" y la "negociaciones" y nada de lucha o pelea callejera para defender a sus afiliados de los ataques contra sus salarios y condiciones de vida a manos del gobierno y los neoliberales del Congreso.

En el último párrafo de ese inocuo comunicado se dice que "Es lamentable ver como los diputados se vuelven a equivocar siendo cómplices de las medidas que afectan a la clase trabajadora...". Sostener lo anterior es una ingenuidad y estupidez. Los diputados no se "equivocan" ya que esa es su política neoliberal: despojar a los trabajadores del sector público de sus componentes salariales o pluses para disminuir déficit fiscal. Es falso que esos diputados neoliberales sean "cómplices" de esas medidas, sino que son los autores de esa política de despojo del sistema salarial en el sector público.

De último, en ese desdichado comunicado la directiva burocrática de APSE no menciona para nada que vaya a dar la lucha contra el despojo a sus afiliados de los componentes salariales o pluses a manos de los diputados y del gobierno Alvarado.

La reforma del sistema de pensiones

La tal "reforma" de la ley de protección al trabajador para la entrega de los dineros del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), régimen complementario de pensiones, es un engaño. Van a entregar los dineros acumulados en el ROP solo a las personas que se pensionen hasta diciembre del año 2020, pero en el lapso de dos años y medio, es decir, 30 meses, ya sea de forma mensual o en desembolsos cada 9 meses. Asimismo, se les entregará a las personas que ya están pensionadas.

El peor engaño y estafa es para los trabajadores que se pensionen a partir del año 2021, ya que sus dineros del ROP serán entregados de acuerdo con la cantidad de años cotizados. Por ejemplo, si una persona cotizó durante 20 años, ¡entonces su dinero acumulado será entregado en 240 cuotas! Suponiendo que esa persona tenga acumulados 20 millones de colones, entonces recibiría la miseria mensual de 83.000 colones y así sucesivamente. Además, probablemente, esa persona pensionada muera antes de esos 20 años y de nada le habría servido ese dinero a acumulado a lo largo de sus años trabajados.

En otras palabras, la tal "reforma" que se hizo es peor que la ley original. Es una basura de reforma. Tampoco se eliminó el paseo o robo que hace el Banco Popular con los dineros del ROP y Fondo Capitalización Laboral (FCL).