Por Leónidas Moreno.

Desde los anales históricos del Estado Nicaragüense, la tradición política de nuestro país ha sido estrictamente caudillista acompañada de un sistema político corrupto, en el cual, el saqueo de los bienes del Estado es la norma en que los gobernantes y sus empresarios se enriquecen a costillas del pueblo trabajador. En nuestra memoria están frescos los juicios en contra de Arnoldo Alemán, quien al fin y al cabo terminó impune, libre y disfrutando de todo el dinero que malversó.

Nuevamente, solo que en un gobierno sandinista, se escuchan denuncias sintomáticas sobre malversación de fondos en varias instituciones del Estado, la diferencia es, que en esta ocasión estamos cerca del inicio de la futura campaña electoral en la que el Presidente Daniel Ortega pretende reelegirse.

La DGI, COMMEMA y ALMA.

Cosa normal en nuestro país son las constantes denuncias de corrupción, y desde que tomó la administración del Estado el FSLN los medios de comunicación denuncian constantes anomalías en la administración pública. Casos sonados son la denuncia a Alcides Altamirano director de la Corporación de Mercados de Managua (COMMEMA) en la que: “lo acusaban de efectuar malas gestiones en su administración, como el incremento ilegal de los cánones de arriendo y el despojo de tramos para otorgárselos a otras personas.” (El Nuevo Diario 12/05/2011).

Asimismo La Prensa y El Nuevo Diario publicaron días atrás la defraudación por más de 67 millones de córdobas que se habría realizado durante la administración de Walter Porras en la Dirección General de Ingresos (DGI), sin contar, las acusaciones que versan sobre Fidel Moreno, Secretario General de la Alcaldía de Managua (ALMA) y Jefe de campaña capitalino del partido de gobierno. En el caso de la DGI: “Los investigados, supuestamente, ofrecían a diferentes empresas la devolución de Impuestos al Valor Agregado (IVA) sin tener que cumplir con el procedimiento debido, pero solo le iban a entregar al contribuyente beneficiado el 40% del monto, ya que el 60% sería para “el pago de los contactos en la DGI”, de la cual Porras era el titular.” (El Nuevo Diario 07/05/2011)

Ante las constantes acusaciones que se han vertido en los medios de comunicación, la reacción de la cúpula del Frente no se ha hecho esperar, pero la balanza no mide igual a todos. En el caso de Moreno, la propia Rosario Murillo ha salido a la defensa del funcionario, acusando a las publicaciones de los medios de comunicación como: “campañas de difamación y desprestigio, que pretenden dañar la buena imagen de la gestión de la Alcaldía del Poder Ciudadano de la Ciudad de Managua”. (El Nuevo Diario 08/05/2011)

No así en el caso de Walter Porras, a quien la policía nacional le abrió investigación por órdenes del mismísimo Daniel Ortega, según Fernando Borges, portavoz de la policía nacional: "La Policía Nacional ha recibido órdenes del presidente Daniel Ortega, en su carácter de jefe supremo de Policía Nacional, para realizar trabajos preventivos investigativos (...) en todas las instituciones del Estado" (El Nuevo Diario 12/05/2011)

El propio Bayardo Arce admitió las anomalías que se estaban dando en la DGI: "Está claro que hay algo anómalo ahí (en la DGI), por eso el presidente de la República mandó a hacer una investigación" (Ídem)

Castigo y cárcel para los culpables.

A pesar de que el mismo Daniel Ortega ordenó pesquisas policiales y de la Contraloría General de la República, está claro que la impunidad es un fantasma que ronda en nuestro sistema político. En el caso de la DGI el fantasma está a la vista, según el portavoz de la policía: “Nosotros nos mantenemos siempre trabajando en la dirección que dio el comandante Ortega y vamos a desarrollar el trabajo investigativo-preventivo, y en el momento que corresponda se pasarán los resultados al ente correspondiente” (Ídem)

El solo hecho que la investigación no sea dirigida por la fiscalía llama a muchas suspicacias. Debemos llamar a una comisión de notables para que junto a los trabajadores investiguen las acusaciones de corrupción en contra de los funcionarios del gobierno.

Solo hasta que los trabajadores estén en control de los altos funcionarios y fiscalicen su actuar, es que los actos de corrupción dejaran de ser la nota diaria de nuestro sistema político.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Es la tercera ocasión que en Nicaragua no se celebra el día internacional de los trabajadores el 1 de mayo, a como corresponde. En el año 2009, utilizando el pretexto de combatir la epidemia de gripe H1N1, el presidente Daniel Ortega, mediante el Decreto de “Emergencia Sanitaria” prohibió la marcha del 1 de Mayo.

En el año 2010 el acto oficial del 1 de Mayo se celebró el día viernes 30 de abril, en la llamada “Plaza de las Victorias”. Las centrales obreras controladas por la derecha, fueron incapaces de protestar y salir a la calle. Este año 2011, el sandinismo celebró nuevamente el día internacional de los trabajadores, no el 1 de Mayo, sino el 29 de abril.

Debilidad de la clase trabajadora

Este inusual comportamiento de cambiar las fechas tiene una explicación. Desde la derrota de revolución (1979-1990) la clase obrera industrial ha disminuido en número y las tradiciones se han perdido. La nueva clase obrera que labora en las maquilas en su mayoría no está organizada en sindicatos.

Los únicos trabajadores que todavía conservan algún grado de cohesión social y organizativa son los empleados públicos, que han pasado a constituirse como el sector social que el FSLN controla férreamente en el sector urbano. Por esta razón, ante la debilidad y dispersión de la clase obrera de las maquilas, los actos relacionados con el 1 de Mayo se realizan el ultimo día laborable antes del 1 de Mayo, cuando este cae en fin de semana, como ha ocurrido en los dos últimos años.

Ampliación del subsidio a la energía

Debido a que el año 2011 es un año electoral, donde está en juego la reelección de Daniel Ortega, el gobierno sandinista ha intensificado su política de asistencia social a los sectores más vulnerables, utilizando los cuantiosos recursos de la ayuda venezolana, con el objetivo político de consolidar y ampliar su base electoral, en un desesperado esfuerzo por hacer sentir la diferencia practica en relación a los gobiernos “neoliberales” precedentes.

Un tema muy sensible, por los altos precios de los combustibles, ha sido la gradual pero constante alza de la energía eléctrica, que afecta a todos los sectores sociales. En esta ocasión, el presidente Ortega apostó fuerte, incrementando el segmento que será beneficiado con el subsidio al precio de la energía eléctrica.

En su discurso, el presidente Ortega dijo: “En el mes de Febrero nosotros hablamos de no elevar la tarifa de la energía durante todo este año (...) En ese momento, las tendencias del precio de los combustibles, eran mucho menores que las que tenemos actualmente. Actualmente, así como están las cosas, habría que aplicar un incremento en la tarifa a partir del mes de Mayo, en un 27% (…) no podemos afectar a las familias trabajadoras (…) vamos a ampliar, no solamente proteger a los que están de los 150 para abajo, sino de los 500 kilowatts para abajo, en cuanto al uso de energía”.

El gobierno sandinista no solo aumentará el subsidio a la energía eléctrica sino que ampliara los beneficios a la clase media que consume entre 150 y 500 Kw. Esta medida pretende reconciliar al FSLN con los sectores de la clase media urbana, muy golpeados por el alza de los precios del petróleo.

Aumento del Bono Solidario

No solo trata de recuperar terreno en la clase media, sino consolidar su influencia en los trabajadores que ganan menos de 5,000 córdobas. Ante su seguidores, el presidente Ortega, hizo otro anuncio espectacular: “Hoy, cumplimos un año de haber lanzado el Bono Cristiano, Socialista y Solidario (…) es una garantía de 530 córdobas para cada trabajador (…) más de 155 mil familias se ven beneficiadas, incluyendo hermanos de los grupos de jubilados (…) ese Bono Cristiano, Socialista y Solidario que se encuentra en 530 córdobas hasta el día de hoy, a partir del mes de Mayo será de 700 córdobas”.

Con el aumento del monto del “Bono Cristiano, Solidario y Socialista”, los trabajadores públicos beneficiados obtienen alrededor de 30 dólares más, lo que realmente viene a mitigar el alza del costo de la vida, pero resulta insuficiente para cubrir la canasta básica.

Clientelismo político

Tanto el anuncio de la ampliación del subsidio a la energía eléctrica, como el aumento del monto del “Bono Cristiano, Solidario y Socialista”, así como mantener la tarifa del transporte urbano en 2,50 córdobas y aumentar los programas de titulación urbana y rural, demuestran que el gobierno sandinista tiene una política social para sostener y ampliar su base electoral, en un año en donde se decide la reelección de Daniel Ortega.

Pero también nos muestra la tragedia de la derrota de la revolución en 1990, y el enorme debilitamiento de la clase trabajadora, que ya no celebra con sus propias banderas el día internacional de los trabajadores el 1 de Mayo, a como realmente corresponde.

Por Diego Lynch

Nicaragua no escapa a la realidad mundial en relación a los altos precios del petróleo y sus derivados; semana a semana la gasolina ha venido registrando un incremento que está afectando a toda la población, inclusive a quienes no poseen vehículos ya que el incremento en el combustible conlleva a un incremento en los alimentos, granos básicos y todo producto básico y esencial en un hogar.

Si bien es cierto que la problemática del incremento en el petróleo es una crisis internacional, los pobladores nicaragüenses se sienten más afectados ya que Nicaragua es el único país centroamericano que goza de los privilegios de Venezuela al ser beneficiado con el abastecimiento del crudo a un menor precio, sin embargo, el precio de la gasolina en el país, es el más alto en toda Centroamérica, algo totalmente irónico.

Los precios más altos

En Nicaragua, el precio de la gasolina súper se encuentra en $4.76 dólares norteamericanos por galón (equivalente a C$105.32 Córdobas/galón), ocupando el 1°. Lugar de los precios más altos en Centroamérica (8 centavos dólar más con respecto al 2º. lugar, Costa Rica); El Precio de la Gasolina Súper con descuento es de $4.04 dólares norteamericanos por galón (equivalente a C$ 89.32 Córdobas/galón. El precio de la gasolina regular es de $4.56 dólares norteamericanos por galón (equivalente a C$ 100.89 Córdobas/galón), compartiendo con Costa Rica el 1º Lugar de los precios más altos en Centroamérica. (13 centavos dólar más con respecto al 2º. lugar, Guatemala); El Precio de la Gasolina Regular con descuento es de $3.84 dólares norteamericanos por galón (equivalente a C$ 84.89 Córdobas/galón).

El precio del Diesel es de $4.36 dólares norteamericanos por galón (equivalente a C$96.53 Córdobas/galón), ocupando el 1° Lugar de los precios más altos de Centroamérica (22 centavo dólar más con respecto al 2º lugar, Guatemala); El Precio del Diesel con descuento es de $ 3.46 dólares norteamericanos por galón (equivalente a C$ 76.53 Córdobas/galón). (estadísticas del comportamiento de precios de combustibles de Nicaragua en relación a los precios centroamericanos en el periodo comprendido del 21 al 26 de marzo del año 2011, emitido por la Secretaria de Transporte del Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI). Cabe señalar que de la fecha en que se emitieron estos datos a la actualidad, los precios han venido en aumento.

“Subsidio”: otra farsa

Ante la amenaza de los transportistas (transporte colectivo y de carga) de irse a huelga, cerrar las fronteras y paralizar el país, el Gobierno del Frente Sandinista acordó otorgar un subsidio a los transportistas y venderles la gasolina más barata, sin embargo, este subsidio no es suficiente y los transportistas continúan sin ver ganancias. La clase media también se ha visto afectada ya que al otorgárseles este subsidio a los transportistas, la gasolina incremento para los dueños de vehículos particulares, quienes son los que realmente están pagando el subsidio.

Nacionalización de la importación de hidrocarburos

Ante esta crítica y lamentable situación, donde el Gobierno de Daniel Ortega ha sacado provecho de la crisis internacional del precio del petróleo para montar un negocio familiar financiado por Venezuela y el Gobierno de Hugo Chávez, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a luchar por la nacionalización de la importación de hidrocarburos, bajo la administración y el control obrero.

Solo bajo el control de los trabajadores es que acabaran las malas administraciones y los robos al Estado, robos de los cuales el gobierno en este año electoral trata de limpiarse la cara con investigaciones como las que se están dando dentro de la Alcaldía de Managua (ALMA) y en la Dirección General de Ingresos (DGI), en las cuales enjuician a personas que reciben órdenes y no a los cerebros y artífices de los robos, quienes salen impunes y con la mayor cantidad de dinero, dinero que en muchas ocasiones son utilizados para financiar la misma campaña del Frente Sandinista, a como sucedió en otros años con las quiebras bancarias.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

A pesar del escándalo de la oposición burguesa, el presidente Daniel Ortega logró inscribir recientemente su candidatura presidencial en base a la sentencia No 6 del 30 de septiembre del 2010, dictada por la Sala Constitucional, la que después fue ratificada en Corte Plena, con la ausencia colaboracionista de los magistrados liberales.

La oposición burguesa se ha encerrado en un debate jurídico inentendible para las masas populares, sobre la validez o no el artículo 147 de la Constitución, relacionado con la prohibición de la reelección inmediata y de aquellos que ya fueron presidentes en dos periodos.

Quien se ha encargado de rebatir los argumentos jurídicos de la oposición burguesa en contra de la validez de la sentencia No 6, ha sido Alba Luz Ramos, presidente de la Corte Suprema de Justicia: “La oposición ha tomado la Carta Magna como si fuera verdad absoluta, un axioma, algo sagrado, palabra de Dios que es irrebatible, que no se puede declarar inconstitucional la Constitución. La Corte Suprema ha sentado precedentes porque ha dirimido conflictos entre dos preceptos constitucionales, años atrás. En este polémico caso, la resolución judicial está amparada en antecedentes judiciales en Colombia y Costa Rica que mediante actos legislativos modificaron la Constitución de sus respectivos países, para permitir la reelección de Alvaro Uribe (2006) y Oscar Arias (2005)”. (Notimex 22/03/2011)

A decir verdad, la oposición burguesa está en serios aprietos, porque el sistema legal nicaragüense permite que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) interprete la Constitución, lo que la convierte en los hechos en el supremo legislador. Las sentencias de la CSJ terminan reescribiendo las leyes y la propia Constitución.

El poder judicial es controlado desde hace años por el FSLN. Sin necesidad de reformar la Constitución, desde el control absoluto de todas las instituciones el Estado, pero con la complaciente y necesaria omisión del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Daniel Ortega obtuvo una sentencia que le permite inscribirse nuevamente como candidato presidencial.

El problema de la reelección

En Nicaragua, tradicionalmente no hemos opuesto a reelección, pero contradictoriamente es un país en donde han predominado los regímenes fuertes y las dictaduras militares y familiares. Son las dos facetas de nuestra historia.

En diferentes oportunidades hemos expresado que la reelección presidencial no es un problema de principios para los socialistas centroamericanos. La escogencia y permanencia en los cargos públicos debe estar sujeta a la voluntad popular, expresada democráticamente. En ese sentido, si la mayoría del pueblo quiere que alguien permanezca en el poder, esta voluntad debe ser respetada. Si la mayoría del pueblo decide que Daniel Ortega continúe en la presidencia, esta voluntad soberana debe ser respetada, nos guste o no.

El problema es que en Nicaragua actualmente no existen condiciones democráticas para que el pueblo se exprese libremente, ya que desde las instituciones del Estado se limitan lo más elementales derechos democráticos de reunión, organización y manifestación. La Ley Electoral del año 2000 está diseñada para perpetuar un sistema político bipartidista, ahora con hegemonía del FSLN. Al prohibir la pluralidad, al establecer condiciones restrictivas para la formación y desarrollo de los partidos políticos, la actual Ley Electoral es el candado que aprisiona las libertades políticas y democráticas.

La oposición burguesa no cuestiona las reglas del juego electoral, no critica la Ley Electoral, reculó en sus exigencias de cambiar a los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), porque cree que puede derrotar electoralmente a Daniel Ortega, como ocurrió en 1990, confiando en el rechazo automático de la psiquis popular, sin necesidad de hacer la más mínima reforma electoral

La campaña contra la reelección

Por la debilidad de la oposición burguesa, y por su avanzado proceso de canibalismo político, algunas fracciones como la alianza GANA (conservadores -PLC) y la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), ahora dirigida por el diputado Enrique Quiñonez, no se atreven a enfrentar abierta y directamente al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el poder, por miedo a perder los espacios políticos y las negociaciones de poder que se desprenden de las elecciones.

Otro sector, dirigido por Eduardo Montealegre, que impulsa la candidatura presidencial de Fabio Gadea Mantilla, en la alianza Unión Nacional por la esperanza- Partido Liberal Independiente (PLI), UNE-PLI, al no mantener un solo cargo dentro de las instituciones y nada que perder, es más proclive a impulsar la movilización callejera como preámbulo electoral, pero sin enarbolar banderas partidarias, sino que utilizado como colchón social a los organismos de la “sociedad civil”. Así nos encontramos con la paradoja que los partidos políticos guardan silencio o bajan el perfil en el enfrentamiento contra el gobierno, mientras la llamada “sociedad civil”, levanta las banderas de lucha política contra la “ilegal e inconstitucional reelección de Daniel Ortega”.

Marcha y contra marcha el 2 de abril

El pasado 2 de abril se realizaron dos importantes marchas en Managua, cada una con consignas y objetivos diferentes, que anunciaron la intensa polarización de la campaña electoral que recién comienza, donde está en juego la reelección de Daniel Ortega y la continuidad del gobierno sandinista.

La primera marcha fue convocada con antelación por la llamada “sociedad civil”, es decir, por organizaciones no gubernamentales que normalmente han financiado sus actividades con recursos provenientes de los países donantes, casi siempre de Europa o los Estados Unidos, pero cada vez más escasos.

Desde las elecciones municipales del 2008, que fueron denunciadas fraudulentas por la oposición burguesa, el FSLN ha mantenido la política de evitar que los partidos de la oposición burguesa tomen las calles. Al inicio utilizó a las pandillas como fuerza de choque contra los intentos de reagrupamiento de la oposición. El objetivo fue cumplido y las fuerzas de la derecha se disolvieron.

Pero, ahora, en el marco de la campaña electoral, el FSLN utiliza el control de las instituciones para dificultar, ya que no las puede impedir, las marchas de la oposición burguesa. El Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) amenazó con cancelar concesiones de las unidades de transporte que trasladaran manifestantes de la derecha hacia Managua. La Policía Nacional cambia la ruta inicial de la manifestación, al mismo tiempo que autoriza ese mismo día otra marcha paralela, convocada por el FSLN, permitiendo que el temor a los tradicionales enfrentamientos callejeros se convierta en un disuasivo importante y reste afluencia de masas a la marcha de la derecha.

En fin, desde diferentes ángulos, el objetivo central era evitar una convocatoria masiva, que pudiera envalentonar a la derecha en las elecciones. Y como era de esperarse, se produjeron enfrentamientos con la Policía, pero no entre los manifestantes de ambas marchas.

Derecha incapaz y cavernícola

La derecha en Nicaragua es tan cavernícola, que es incapaz de proteger los principios de la democracia por la que dicen luchar. Eliseo Núñez Morales, vocero de la alianza UNE-PLI, en tono bravucón cayó en la provocación del FSLN: “(…) “Pase lo que pase vamos a asumir las consecuencias de lo que quiera el Frente Sandinista que suceda (…) pero si el Frente Sandinista empuja, nosotros vamos a asumir las consecuencias del empujón que dé el Frente” (El Nuevo Diario, 2/04/2011)

Ante la incapacidad mental de la derecha de defender su concepción de la democracia, le correspondió al embajador norteamericano Robert Callahan, defender los postulados de la democracia burguesa: “Los nicaragüenses que quieren manifestarse, que quieren expresarse públicamente, que quieren marchar, deben tener la oportunidad de hacerlo sin miedo, sin intimidación; y es la obligación del gobierno, de la Policía, proteger y garantizar este derecho... Esta es mi opinión y la opinión de mi gobierno” (La Prensa 6/04/2011)

Defender las libertades democráticas

Evidentemente, que el gobierno sandinista está restringiendo las libertades democráticas dentro del contexto de la campaña electoral, lo que puede convertirse en un boomerang.

En el marco de una sociedad burguesa, con una economía capitalista, los socialistas centroamericanos, peleamos por las más amplias libertades democráticas, aunque ello beneficie coyunturalmente a la derecha. En realidad, lo que defendemos es el derecho democrático de los trabajadores y del pueblo, a escoger el partido de su preferencia, aunque no sea el nuestro. Creemos que de esta forma se puede ganar a las amplias masas para la revolución, y no con maniobras. La batalla por ganar la conciencia de las masas es una pelea política, y para ello se requiere que el pueblo tenga la libertad de pensar y decidir.