Por Melchor Banavente

Después de un periodo de incertidumbre, donde se tejieron todo tipo de especulaciones, finalmente la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció el  envió de la esperada delegación de observación de las elecciones municipales a realizarse en noviembre de este año 2017, a cargo del cuestionado Wilfredo Penco.

Para entender lo que pasa en Nicaragua, debemos apretarnos fuertemente el cráneo, ya que las oscilaciones políticas tienden a hacer saltar abruptamente nuestros sesos. En el año 2016, Daniel Ortega había declarado, ante el Congreso del FSLN, que jamás volverían los observadores internacionales pisar el suelo nicaragüense, y mucho menos observar las elecciones. Después, ante la presión de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos, que aprobó la primera versión de la llamada Nicaact, Ortega tuvo que retroceder, y en un giro inesperado firmó un Acuerdo con la OEA, no solo para supervisar las elecciones municipales del 2017, sino también ayudar a democratizar el régimen político, haciendo cambios en el sistema electoral y en otras instituciones.

En el año 2017, al calor de la crisis venezolana, se produjeron tensiones y desacuerdos entre el gobierno de Ortega y la OEA, y la misión de observación parecía destinada al fracaso. Se habló de la falta de recursos económicos y hasta de la posibilidad que Estados Unidos financiara la misión de observación, pero ambos aspectos se diluyeron.

En el ínterin, la oposición burguesa se rasgó las vestiduras. El régimen de Daniel Ortega ha logrado atomizar y dividir a la oposición, haciendo negociaciones directas con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Ortega comprendió, al igual que el somocismo, que era mejor hacer concesiones directamente a la cúpula empresarial, en vez de hacerlo a través de sus agentes políticos, los partidos de derecha.

La oposición burguesa, debilitada al extremo, estaba en vilo, ante el dilema de participar o no participar en las elecciones municipales. Siempre hay dos bloques: los que se adaptan a las condiciones impuestas por Daniel Ortega, y aquellos que libran una lucha frontal, y cuya consecuencia es la reducción de los espacios políticos y la casi desaparición.

En el primer bloque tenemos al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Arnoldo Alemán, que se resiste a morir. El PLC ha hecho todo tipo de maniobra y alianzas con tal de superar el estado de postración en que se encuentra. También tenemos a los pequeños partidos “zancudos” (ALN, PLI y Partido Conservador) que consideran que deben aprovechar cualquier espacio político, léase aprovechar los cargos y las prebendas. El debilitamiento de estos partidos también es parte de un proceso de desencanto y desilusión de las masas con el sistema político.

En el centro, completamente solo, se encuentra el nuevo partido de Eduardo Montealegre, dirigido y administrado por su alter ego, Kitty Monterrey, y que se denomina Ciudadanos por la Libertad (CxL). Este partido acaba de obtener su personalidad jurídica, y no la va arriesgar con una política abstencionista, ya que la Ley Electoral castiga a los partidos que no participan en los procesos electorales.

CxL estaba desgarrado internamente por el dilema de no participar, ante la falta de observación electoral. Las sucesivas denuncias de fraude electoral se han convertido en un boomerang contra la oposición burguesa, porque hasta sus propias bases se niegan a participar en procesos electorales en los que al final el Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por el sandinismo, impone las cuotas de candidatos ganadores a cada partido.

En el extremo de este abanico de fuerzas dispersas se encuentra el Frente Amplio por la Democracia (FAD), una alianza entre el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) con los chingastes de las divisiones de todos los partidos. En el FAD hay gente que fue del PLC, que fueron del grupo de Montealegre, y otros organismos de la sociedad civil.

El FAD tiene una posición tajante: no se puede participar en las elecciones mientras no haya garantías mínimas. Incluso, el FAD ha criticado la designación de Wilfredo Penco como coordinador de la delegación de observadores de la OEA, debido a que ya ha participado en otras delegaciones y ha avalado los fraudes electorales.

En ese ambiente de denuncias anticipadas, y sin la posibilidad que los trabajadores y la izquierda presenten sus candidatos, no hay duda de que la abstención se impondrá, y con ello Daniel Ortega habrá capeado nuevamente el temporal.

Por Victoriano Sánchez

En guerra anunciada no hay muertos, dice el sabio refrán popular. Nuevamente se ha constituido un consenso bipartidista, entre los representantes demócratas y republico, al seno del Congreso de los Estados Unidos, contra el gobierno de Daniel Ortega. El primer intento de aprobar la Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), conocido como NICA ACT, se produjo a finales del 2016, cuando fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Representantes, pero la candente campaña electoral presidencial impidió su aprobación en el Senado.

Nueva versión del proyecto de ley

Ahora, en la legislatura del 2017, nuevamente la representante republicana y recalcitrante Ileana Ross-Lehtinen, junto al representante demócrata Albio Sires, volvieron a introducir el proyecto de NICA ACT, con algunos cambios importantes. Como era de esperarse, el Sub Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, aprobó el proyecto por unanimidad, pasando a debate. Los procedimientos legislativos de Estados Unidos establecen que si no hay oposición, al ser presentada por unanimidad por republicanos y demócratas, el proyecto de ley es automáticamente aprobado, pasado a aprobación del Senado, antes de convertirse en una ley.

El consenso bipartidista sobre Centroamérica

Es un error creer que el consenso bipartidista es solo contra el gobierno de Daniel Ortega. En los últimos años, Estados Unidos se ha dotado de una estrategia para hacer frente al proceso de desintegración de los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), que pasa por el CARSI, el Pla de Alianza para la Prosperidad (PAP) y la aprobación, entre otras, de la Consolidated Appropiations Act de Diciembre del 2016. Esta ley es la que provee los fondos necesarios para implementar la estrategia de Estados Unidos en relación a Centroamérica. La nueva versión de la NICA ACT debe verse como un aspecto muy particular dentro de esta estrategia

Lo que dijeron Lehtinen y Sires

Ileana Ros-Lehtinen, durante el mes de abril, justificó explicó en qué consistía el nuevo proyecto: “Debemos continuar con el  sostenimiento de estándares para todos los gobiernos de  Centroamérica en temas de derechos humanos, corrupción y transparencia mientras examinamos dónde usar el dinero de contribuyentes estadounidenses ya que el régimen de Ortega en Nicaragua no es la excepción”.

“Esta versión de la Ley NICA va un paso más allá de la versión anterior que Albio y yo presentamos en el último Congreso, pide que el régimen de Ortega combata activamente la corrupción y tome las medidas significativas para proteger a defensores y activistas de los derechos humanos. Estas son preocupaciones bipartidistas, y como muchos de nosotros hemos presenciado durante más de una década, el poder de Ortega que ha llevado a Nicaragua a una continua espiral descendente. El momento de actuar es ahora - para el pueblo de Nicaragua y para su futuro democrático - antes de que sea demasiado tarde. La Ley NICA será una herramienta poderosa que puede ayudar a poner un fin a las atrocidades que se producen en Nicaragua y revertir su trayectoria destructiva actual”.

Por su parte, el representante Sires, justificó el nuevo proyecto de la siguiente manera: “Daniel Ortega y su familia continúan acumulando gran cantidad de riquezas, mientras que Nicaragua sigue siendo el segundo país más pobre del Hemisferio Occidental. Él ha pasado años reprimiendo a la oposición política y ha creado una monarquía de facto haciendo que su esposa asuma el papel de vicepresidente. Continuaré luchando por el pueblo nicaragüense hasta que sus voces sean escuchadas. Esta importante legislación deja claro que Estados Unidos no está de acuerdo y no dejara a Ortega oprimir a los defensores de los derechos humanos y sofocar la democracia mientras se llenen los bolsillos con dinero a expensas del pueblo nicaragüense”.

Apretando las clavijas

El 3 de Octubre la Cámara de Representantes, al no existir oposición, fue aprobado el nuevo proyecto de ley, y posteriormente enviado al Senado.

La NICA ACT persigue el objetivo central de “oponerse a los préstamos en instituciones financieras internacionales a favor del Gobierno de Nicaragua a menos que este adopte medidas eficaces para celebrar elecciones libres, justas y transparentes, y otros fines”.

La NICA ACT autorizaría al Presidente de Estados Unidos “oponerse a cualquier préstamo en beneficio del Gobierno de Nicaragua, con excepción de dirigirse a necesidades humanas básicas o promover la democracia, a menos que el Secretario de Estado certifique e informe a los comités del Congreso pertinentes que el Gobierno de Nicaragua está tomando medidas efectivas para: (1) celebrar elecciones libres, justas y transparentes supervisadas por observadores electorales nacionales e internacionales creíbles; (2) promover la democracia, así como un sistema judicial

y consejo electoral independientes; (3) fortalecer el estado de derecho; (4) respetar el derecho a la libertad de asociación y expresión; (5) combatir la corrupción, incluyendo la investigación y perseguir a los funcionarios gubernamentales que se atribuyen ser corruptos; y (6) proteger el derecho de los partidos políticos de oposición, periodistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos y activistas de la sociedad civil para operar sin interferencia”.

Este es el programa de reformas democráticas que Estados Unidos pretende, a través del chantaje económico, que el gobierno de Daniel Ortega inicie un proceso de reformar que suavicen el actual régimen autoritario, bonapartista. A diferencia del resto de países de Centroamérica, donde Estados Unidos presionan para una lucha efectiva contra los carteles del narcotráfico, las pandillas o el crimen organizados, el gobierno de Daniel Ortega aparece como un excelente alumno y firme aliado a favor de la seguridad y el combate al narcotráfico. El programa de reformas es esencialmente político, para cortar las garras al gobierno de Ortega

La nueva arma: la lucha contra la corrupción.

Este componente de lucha contra la corrupción es uno de los principales cambios en la nueva versión de la NICA ACT. El punto 7 es un acápite dedicado a elaborar un informe sobre la corrupción en Nicaragua. “No más de 90 días después de la fecha de la promulgación de esta Ley, el Secretario de Estado, en consulta con la comunidad de inteligencia (tal como se define en la sección 3 (4) de la Ley de Seguridad de 1947 (50 USC 3003 (4)), presentará al Congreso un informe sobre la participación de altos funcionarios del gobierno nicaragüense, miembros del Consejo Supremo Electoral, la Asamblea Nacional y el sistema judicial, en actos de corrupción pública o violaciones de los derechos humanos en Nicaragua (…) El informe requerido en la subsección (a) deberá ser presentado en forma no clasificada, pero puede contener un anexo clasificado. La parte no clasificada del informe se pondrá a disposición del público”.

Con esta disposición legal, el gobierno de Estados Unidos se prepara para atacar a la cúpula sandinista, incluyendo la familia presidencial Ortega Murillo. Es un secreto a voces que a partir del año 2007, cuando el FSLN recupero el poder, la alta cúpula sandinista inició un proceso de acumulación originaria y extraordinaria de capitales, especialmente con el uso privado y discrecional del convenio petrolero con Venezuela, que le permitió al gobierno de Ortega disponer, hasta hace poco, de más de 500 millones de dólares en efectivo cada año, durante casi una década.

El proyecto de NICA ACT también contempla que “A más tardar 180 días después de la fecha de la presente Ley, el Secretario de Hacienda de Estados Unidos, someterá a los comités del Congreso apropiados un informe escrito evaluando:  (1) la efectividad del sistema financiero instituciones en la aplicación de las salvaguardias aplicables a Nicaragua (…)”.

Lo anterior implica que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos hará inspecciones sobre el sistema bancario y financiero de Nicaragua, y con el pretexto de cumplir esta parte de la ley, recolectará la información de inteligencia necesaria para elaborar los listados, clasificados o no, de posibles actos de corrupción. Todos los bancos nicaragüenses tienen relaciones con bancos norteamericanos, y solo por este hecho, para no caer en listas negras, están obligados a brindar la información que solicite el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Albanisa en la mira

A raíz de las sanciones económicas de la administración Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, el consejero económico de la embajada de Estados Unidos en Managua, William Muntean, lanzó la primera gran advertencia a los empresarios norteamericanos con inversiones en Nicaragua, de no realizar transacciones comerciales con la empresa Alba de Nicaragua S.A. (Albanisa), que es una empresa venezolana-nicaragüense. PDVSA es dueña de más del 50 por ciento de las acciones de Albanisa. Si bien cierto que el objetivo de las sanciones es el gobierno venezolano, a partir de este hilo los ataques rebotaran contra el gobierno de Nicaragua.

Tocando el bolsillo

La estrategia del gobierno de Estados Unidos es simple. Con la NICAACT están creando los mecanismos legales, no solo para parar cualquier préstamo internacional favorable para el gobierno de Ortega, sino que tienen el objetivo central de revisar el bolsillo de la burguesía sandinista, revisar sus transacciones, sus procesos de acumulación de capital, y con ello tienen una enorme arma económica y política contra el gobierno de Daniel Ortega, por si acaso se resiste a realiza los cambios democráticos en el régimen político bonapartista. Con ello, la administración Trump ha creado un compás de espera para negociar con Daniel Ortega. Todo dependerá de lo que se negocie.

Por Victoriano Sánchez

La reelección es una maldición en la vida política de Nicaragua. El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) creció y se desarrolló en la lucha contra el reeleccionismo de la dictadura somocista. La reelección es proporcional a la debilidad de las instituciones del Estado burgués. En otros países, por ejemplo, a la burguesía como clase, o como fracción de clase, le interesan más el buen funcionamiento de las instituciones del Estado burgués, que la presencia constante de determinados individuos.

Nicaragua pareciera marchar en sentido contrario a los demás países de la nación Centroamericana. Ha habido muchos casos de reelección en Centroamérica, pero son raros y contados los casos de intento de dinastías en los países de Centroamérica. En El Salvador hubo una corta dinastía Meléndez-Quiñonez, de muy corta duración (1915-1923). Honduras es otro país que presenta muchos casos de reelección presidencial, pero no casos de dinastías.

Como siempre, Nicaragua parece ser la excepción de la regla. La dinastía somocista (1934-1979) fue destruida por la revolución popular encabezada por los comandantes guerrilleros del FSLN, apoyados por la mayoría del pueblo. Pero, como ha ocurrido en muchos casos en la historia, los vencedores terminan absorbiendo los males de los vencidos. Después de un largo camino, Daniel Ortega terminó controlando esa fabulosa máquina de poder que es el FSLN, y con ello ha iniciado periodos de reelección continua, y últimamente al colocar a su esposa Rosario Murillo en la vicepresidencia, ha iniciado un casi seguro camino hacia la construcción de una nueva dinastía. Su hijo Laureano Ortega es entrenado apresuradamente en las artes de la maniobra política y de la lucha por mantener el poder de la familia Ortega-Murillo

El panorama es aterrador, la historia parece repetirse de manera constante en Nicaragua. El surgimiento de la dinastía somocista fue posible por la debilidad extrema de las oligarquías y de la burguesía en Nicaragua, las cuales se acostumbraron a dirimir sus conflictos ante el gran árbitro, el gobierno de los Estados Unidos. Por eso Somoza García se apoderó del control de la Guardia Nacional (GN), y con ello estableció pactos y acuerdos con la débil burguesía, llegando a incorporar al Partido Conservador en la repartición de cargos y prebendas dentro de las instituciones del Estado. Desde entonces la burguesía nicaragüense no está acostumbrada a pelar por el buen funcionamiento de las instituciones del Estado, no por la democracia. Todo lo ha resuelto en oscuras negociaciones de familias y cúpulas. El resultado fue que mientras el somocismo aprovechó la estabilidad económica del periodo posterior a la segunda guerra mundial, para darle concesiones a sus contrapartes al mismo tiempo que creaba una repartición del 50% del poder político.

Ahora la burguesía nicaragüense, agrupada en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), sigue el mismo esquema histórico, con una particularidad: ha creado a su propio “dictador”, José Adán Aguerri, ha sido reelecto por más de 13 años de manera consecutiva como presidente de esa cámara empresarial. Incluso, para evitarse molestias y críticas, el COSEP reformó sus Estatutos y en el futuro los periodos presidenciales pasaran de uno a tres años. De la misma manera que Daniel Ortega reformó la Constitución en 2014 para imponer la reelección indefinida, en el COSEP la reelección es también indefinida y ahora por periodos trianuales.

¿A que se debe este fenómeno? Refleja de manera dramática que la burguesía nicaragüense, igual que el periodo del somocismo, no le importa el poder político siempre y cuando sus negocios marchen bien. No le interesa pelear la llamada institucionalidad, para eso tiene a José Adán Aguerri, que es una especia de super ministro sin cartera, que opina y negocio todos los temas económicos, y que defiende velada y abiertamente al gobierno de Ortega y a la llamada políticos de diálogos y consensos.

Y en cierta medida tenemos una pequeña dinastía empresaria en ciernes. Carlos José Aguerri, hermano de José Adán, fue electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en supuesta representación del sector privado.

Si algo refleja la construcción acelerada de una nueva dinastía Ortega-Murillo, es la desaparición del viejo partido FSLN, una guerrilla donde a pesar de todo se discutían los problemas. De igual manera, la reelección continua y la elevación de José Adán Aguerri como héroe empresarial refleja la ruina de la burguesía nicaragüense, la repetición del mismo error cometido durante el somocismo, y el anuncio claro que la democratización de Nicaragua solo puede ser hecha por los trabajadores.

Por Victoriano Sánchez

El 6 de noviembre del 2011 se realizaron las elecciones generales que permitieron la reelección de Daniel Ortega, después de haber asumido el control total del gobierno en el año 2007. Al año siguiente se realizaron las elecciones municipales, el 4 de noviembre del año 2012. Antes de la realización de estas elecciones, Ortega logró convencer a los partidos de oposición dentro de la Asamblea Nacional, con el argumento que era necesario depurar el padrón electoral, para reformar la Ley Electoral. Todos cayeron en la trampa.

Padrón electoral activo y pasivo

Ya es una costumbre que la Ley Electoral se reforma de acuerdo a las necesidades coyunturales de quienes controlan el poder político. Antes de cada elección, se realizan ajustes a la Ley Electoral antidemocrática, acordada después del pacto Alemán-Ortega en 1999.

La Ley No 790, publicada en La Gaceta No 95 del 23 de Mayo de 2012, reformó varios aspectos de la Ley Electoral, pero la reforma más importante consistió en crear el llamado padrón activo y padrón pasivo. Antes de la reforma del 2012, los ciudadanos estaban anotados o inscritos en un único padrón electoral, pero a partir de la vigencia de la Ley No 790 se crearon dos padrones

La reforma del artículo 33 estableció que “(…) El Consejo Supremo Electoral actualizará permanentemente el Padrón Electoral, excluyendo del mismo a las personas fallecidas y a quienes les sea cancelada o suspendida la cédula de acuerdo con las causales y procedimientos establecidos en la Ley No. 152, “Ley de Identificación Ciudadana” e incluyendo a los nuevos cedulados y los cambios de residencia debidamente tramitados (…)”.

Hasta aquí, la reforma de la Ley Electoral no parece causar ningún problema, pero el articulo 34 fue más allá: “(..) Para garantizar la depuración permanente del Padrón Electoral, este se constituirá por todos los ciudadanos nicaragüenses que han ejercido su derecho al voto al menos una vez en el periodo comprendido entre las dos últimas elecciones generales o cualquiera de los otros procesos electorales que se hayan producido entre ellas.(…)

De esta manera, desde 2012, se creó un padrón electoral activo y pasivo. Los partidos de oposición creyeron con esta forma se obtendría una depuración del padrón electoral, y se evitaría la múltiple votación a favor del FSLN, pero en realidad no estaban conscientes de las consecuencias de esta reforma

Altos niveles de abstención

El régimen bonapartista que Ortega impuso a partir del año 2007, ha provocado un rechazo pasivo ante las constantes denuncias de fraudes electorales. Este rechazo se manifiesta en la alta abstención electoral. La abstención es un fenómeno en alza a partir de las elecciones del año 2006, cuando Daniel Ortega logró retornar al gobierno. En las elecciones presidenciales del año 2006 la abstención fue calculada en 39%, en el año 2011 fue del 42% pero en el año 2016, cuando se produjo la segunda reelección y hubo boicot de la oposición burguesa fue mayor al 50% de los ciudadanos inscritos para votar.

Contra reforma en 2017

Para las elecciones municipales de noviembre del año 2017, no solo no hay ambiente electoral, no hay contienda, ni partidos capaces de enfrentar el aparato electoral clientelista que el FSLN ha reconstruido en la última década, sino que hay un nuevo fenómeno y es que el padrón pasivo es igual o más grande que el padrón activo, producto de los elevados índices de abstención electoral en las últimas dos elecciones.

Por eso es que ante una posible presencia de observadores de la OEA, algo que todavía no está claro, y ante la inminencia de un masivo rechazo al sistema electoral antidemocrático, Daniel Ortega ha tenido que echar marcha para atrás, en relación a la reforma del año 2012, enviando con carácter de urgencia una nueva iniciativa de reforma electoral, esta vez en sentido contrario.

La Ley No 958, publicada en La Gaceta No. 168 del 4 de Septiembre de 2017, creo el artículo 196 bis, de carácter transitorio: “En las próximas elecciones que se realizarán en el año 2017, se permitirá que cualquier persona que estando en la Lista de ciudadanos cedulados de la Junta Receptora de Votos y que no se encuentre en el Padrón Electoral de esa Junta Receptora de Votos, pueda solicitar en esa Junta Receptora de Votos su inclusión al Padrón Electoral presentando su Cédula de Identidad. La Junta Receptora de Votos lo registrará de inmediato sin más trámite, pudiendo el ciudadano ejercer el derecho a votar”.

Si bien es cierto que esta reforma garantiza el derecho al voto, también crea condiciones para que existe voto múltiple en las próximas elecciones. Esta es la manera que Ortega combate la abstención electoral.