Por Melchor Benavente

La política en Nicaragua se ha vuelto aburrida. Debido al control total del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sobre las instituciones del Estado, nada transcurre sino es previamente conocido por el gobierno. De esta manera, no hay sorpresas políticas, ni declaraciones, ni sobre saltos, ni crisis, nada de nada, solo la rutina que esta previamente diseñada.

No obstante, en la última quincena de produjo un hecho político relevante, no en Nicaragua, sino en los Estados Unidos, cuando el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, volvió a presentar, por unanimidad, una versión del proyecto de Ley conocida como NICA ACT (Nicaraguan Investment Conditionality Act).

Este inusual consenso bipartidista indica que las dos alas del imperialismo (republicanos y demócratas) se han puesto de acuerdo para presionar al gobierno de Daniel Ortega a realizar cambios democráticos en el régimen político. Pero a diferencia del proyecto anterior, que no fue aprobado, este nuevo proyecto tiene un componente de lucha contra la corrupción, que puede causar serios problemas al gobierno sandinista.

Lo que se oculta detrás de la lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción se ha vuelto una bandera de lucha, por parte del gobierno de Estados Unidos, contra los gobiernos que se autodefinen de izquierda. Esto tiene una explicación muy sencilla: los gobiernos que se autodefinen de izquierda, y que tienen posturas progresistas, son utilizados por las fuerzas políticas de clase media que ascendieron al poder, como un mecanismo de acumulación originaria de capital.

Mientras las transnacionales pelean por expandirse en los mercados, a estos nuevos sectores de la burguesía lo único que les queda es acumular capital desde el poder, es decir, utilizando los recursos del Estado para conquistar un espacio mínimo en el mercado. En esta competencia, las transnacionales denuncian la corrupción, pero solo ven la paja en el ojo ajeno. Lo único que les interesa es sacar de la competencia a los sectores emergentes de la burguesía, por muy débiles que sean.

Presionar para conseguir la reforma del régimen

La congresista cubana-americana, Ileana Ros-Lehtinen, en una extensa entrevista publicada en el diario La Prensa, dio a conocer las verdaderas intenciones de la NICA ACT: “(…) en los Estados Unidos estamos observando de una manera muy dedicada los esfuerzos de países que luchan contra la corrupción. Algunos países lo están haciendo pero en el Gobierno de Nicaragua no vemos ningún movimiento para eliminar la corrupción y de esa manera recuperar la credibilidad. Pero Ortega sigue con su costumbre, ha instaurado una dictadura corrupta, no hace nada para limpiar su gobierno. Así que es un mensaje muy claro a Daniel Ortega y a sus cómplices que Estados Unidos está mirando muy de cerca las acciones que están tomando y lo que queremos es que el pueblo de Nicaragua tenga un gobierno y un país completamente libre donde tengan elecciones limpias, donde no haya corrupción, se respeten los derechos humanos (…) El objetivo de este proyecto no es afectar al pueblo de Nicaragua, queremos reformas en favor de la democracia y los derechos humanos” (La Prensa, 30/07/2017)

En realidad, el objetivo central de la NICA ACT es conseguir la reforma del régimen político, no el derrocamiento del gobierno de Ortega. Sin embargo, las presiones en determinado momento pueden provocar crisis y grandes enfrentamientos.

¿Nueva demanda ante la CIJ?

Hasta el momento, el gobierno sandinista ha respondido a la defensiva, no llama a la movilización de masas, como en los años 80, sino que pretende resucitar el juicio ganado en esa época, ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), y cobrar una indemnización millonaria a Estados Unidos.

Mientras los juristas discuten sobre si ese juicio ya estaba finalizado o si se trata de una nueva demanda ante la CIJ, el gobierno de Ortega confía que sean los propios empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), quienes se encarguen de convencer a la administración de Donald Trump y al Congreso de los Estados Unidos, que las políticas en favor del capitalismo, que aplica Ortega, estarían en peligro con la aprobación de la NICA ACT.

Una posible nueva demanda ante la CIJ, así como el proyecto de construcción del canal interoceánico, se convierten en ilusiones prefabricadas para mantener en vilo a las masas sandinistas.