Por Sebastián Chavarría Domínguez
El año pasado, casi al terminar el periodo de sesiones del Congreso de los Estados Unidos, los representantes de las bancadas del Partido Demócrata y el Partido Republicano se pusieron de acuerdo en impulsar un proyecto de ley conocido como Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), conocido como NICA ACT. Esta fue una repuesta calculada al progresivo endurecimiento del régimen bonapartista de Daniel Ortega, que había liquidado las opciones electorales de la oposición burguesa y destituido a los diputados críticos antes de las elecciones generales de Nicaragua en Noviembre del 2016
Al no haber discrepancias entre las bancadas republicana y demócrata, el proyecto fue aprobado automáticamente, sin discusión en la cámara de representantes y del Senado, y solo quedaba pendiente la promulgación por parte del presidente Barack Obama, algo que no ocurrió porque este se encontraba sumamente debilitado al final de su segundo mandato y por la misma dinámica de la campaña electoral en Estados Unidos, cuya polarización relegó el debate sobre las denuncias de instauración de un régimen dictatorial en Nicaragua. El triunfo electoral de Trump cambió radicalmente el panorama político a nivel internacional y anunció una redefinición de las relaciones “amistosas” entre el gobierno de Ortega y la nueva administración en Estados Unidos.
Daniel Ortega, un astuto viejo zorro de la política, adelantándose a los acontecimientos, hizo varias maniobras y concesiones, como aceptar la observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en aras de lograr una renegociación aceptable con Estados Unidos, restableció las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel, condenó el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte, etc, pero la reciente introducción de un nuevo proyecto de NICA ACT II nos indica que el imperialismo norteamericano ha endurecido su posición en torno al régimen político bonapartista de Daniel Ortega.
1.- Consolidación y crisis del régimen bonapartista
Después de su retorno al gobierno en enero del 2007, Daniel Ortega inició un rápido proceso de concentración de poder, primero apoyándose en las omisiones del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y las vacilaciones del Partido Liberal Independiente (PLI) en manos de Eduardo Montealegre. Jugando a discreción con la división del liberalismo, Ortega instauró un régimen bonapartista sin necesidad de reformar la Constitución, sino hasta el año 2014 cuando ya estaba consolidado su control absoluto sobre todas las instituciones del Estado, incluido, por supuesto, el Ejercito Nacional (EN) y la Policía Nacional (PN)
Este proceso fue posible, como ya hemos explicado con anterioridad, por una combinación de factores nacionales e internacionales. A nivel interno, la derrota de la revolución produjo un cansancio en las masas, sedientas de orden, tranquilidad y necesidad de trabajo. La polarización política de 1990, que condujo al posterior triunfo de Arnoldo Alemán en 1996, se disolvió en la medida en que avanzó la reconstrucción de la economía capitalista. En el periodo 1990-2006 se aplicaron durísimos planes de ajuste que provocaron descontento social y ansias de cambio. La conducción del FSLN, de manera astuta, supo aprovechar todas estas contradicciones hasta recuperar finalmente el gobierno en 2007.
La estrategia de “diálogo y consenso” entre el FSLN y los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) dejo huérfanos a los partidos de la oposición burguesa: se quedaron sin discurso político, sin programa económico (Ortega ha aplicado al pie de la letra los planes del FMI) y sin el vital financiamiento para las campañas electorales.
A nivel internacional, influyó la crisis del imperialismo norteamericano y el ascenso de los gobiernos populistas de izquierda en América Latina. No se puede comprender la consolidación del régimen bonapartista en Nicaragua sin la copiosa ayuda petrolera venezolana, aportada por el chavismo, que ascendía a un promedio de 500 millones de dólares. Pero este dinero no era gratis, eran prestamos muy blandos, que le aportaron al gobierno de Ortega el dinero necesario para montar planes de asistencia social, para consolidar el voto entre los sectores sociales más pobres, al mismo tiempo que iniciaba un extraordinario proceso de acumulación originaria de capital.
2.- Una acumulación originaria y extraordinaria de capital
La burguesía sandinista emergió de la derrota de la revolución, privatizando de manera rápida y discrecional los bienes confiscados al somocismo, que eran propiedad estatal. Muchos sectores de esta nueva burguesía quebraron en el periodo 1990-2006, otros estaban exhaustos, pero un reducido grupo logró desarrollarse y mezclarse con sectores tradicionales, como el grupo AGRICORP ligado a Bayardo Arce. Dentro de la burguesía sandinista se produjo un proceso de concentración de capital, en manos de altos mandos del EN y la PN.
Por su parte, los sectores tradicionales, confiscados o no, que regresaron o se mantuvieron en Nicaragua, después de la apertura de 1990 se concentraron en desarrollar un capital financiero. Nicaragua es el único país donde, mientras la población se empobrece, surgen nuevos y poderosos grupos financieros como LAFISE, BANPRO y BAC, que tienen ramificaciones regionales. Ahora la oligarquía en Nicaragua no es terrateniente sino financiera. Los grupos financieros nicaragüenses tienen las más altas tasas de ganancias de toda la región centroamericana.
Detrás del endurecimiento del régimen bonapartista de Ortega se oculta el proceso de enriquecimiento de la familia Ortega, y sus allegados (altos mandos del EN y la PN). La concentración del poder es la otra cara del proceso intenso de acumulación y concentración de capitales, cuya base económica es la generación y distribución de energía eléctrica y la comercialización de los hidrocarburos. Esto fue posible por la instauración de un monopolio en materia energética, a partir del control absoluto de la cooperación petrolera venezolana
La privatización parcial del sector energético se produjo en el periodo 1990-2006, dejo un enorme vacío. Actualmente el sector energético es uno de los sectores más dinámicos de la economía. Nicaragua es el país que vende el combustible más caro y tiene la más alta tarifa de energía en Centroamérica. Las ganancias son fabulosas. DISNORTE y DISSUR fueron comprados por el consorcio español TSK-MELFOSUR, ligado a la nueva burguesía sandinista.
Otra de las características de este proceso de acumulación originaria y extraordinaria de capital, es que está basado en el comercio. Este sector de la burguesía sandinista se ha convertido en el gran intermediario de la venta de carne, frijoles, café, etc., explotando con una política de precios a la masa de pequeños y medianos productores agropecuarios, y también se ha convertido en el principal abastecedor de la red de pequeños y medianos comerciantes, formales o informales, lo que se puede lograr precisamente a partir del control absoluto de las instituciones del Estado.
3.- La crisis del modelo y la crisis del régimen bonapartista
Pero este modelo de acumulación originaria y extraordinaria de capital está entrando en crisis, con el desplome de la cooperación venezolana. Actualmente Nicaragua compra el petróleo a Estados Unidos y debe pagarlo de manera inmediata, lo que se traduce en una disminución lenta pero paulatina de las divisas. Está pendiente el candente tema de quién pagará esta deuda, que es estatal pero que en los hechos ha sido utilizada de manera privada por la familia Ortega-Murillo.
La desaparición de gobiernos populistas de izquierda en Argentina y Brasil, el débil triunfo del correismo en Ecuador, y la aguda crisis de Venezuela, es un contexto internacional que incide en la evolución del régimen bonapartista de Nicaragua.
Este modelo había funcionado, en parte, no solo por los beneficios de la anterior ayuda petrolera venezolana, sino también porque hasta el momento no se han producido roces con los sectores tradicionales de la burguesía, porque hasta el momento la burguesía sandinista ha respetado las fronteras entre los distintos grupos económicos, pero en la medida que la crisis se agudice la crisis económica, como ya está ocurriendo, las tentaciones de fagocitar a los sectores más débiles será una realidad cada vez más cercana, como ocurrió durante la crisis del somocismo.
4.- La nueva NICA ACT: énfasis en la lucha contra la corrupción.
Aunque el gobierno de Daniel Ortega mantiene el control absoluto de la situación en Nicaragua, ya existen síntomas de resquebrajamiento del régimen político, pero sobre todo un creciente deterioro de la relación del FSLN con el movimiento de masas. Las concesiones políticas de Ortega al permitir la observación electoral de la OEA en las próximas elecciones municipales, y autorizar la creación de nuevos partidos políticos, no calma las inquietudes de los legisladores norteamericanos.
Recientemente, 25 congresistas republicanos y demócratas introdujeron una nueva versión de la Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), pero esta vez haciendo énfasis en condicionar cualquier préstamo al gobierno de Nicaragua, a la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra la corrupción, lo que sería supervisado por el gobierno de Estados Unidos.
Al anunciar la nueva versión del proyecto de ley, la ultra derechista congresista republicana, Ileana Ros-Lehtinen, declaró que “debemos continuar con el sostenimiento de estándares para todos los gobiernos de Centroamérica en temas de derechos humanos, corrupción y transparencia mientras examinamos dónde usar el dinero de contribuyentes estadounidense (…) Esta versión de la Ley Nica va un paso más allá de la que Albio y yo presentamos en el último Congreso, pide que el régimen de Ortega combata activamente la corrupción y tome las medidas significativas para proteger a defensores y activistas de los derechos humanos. Estas son preocupaciones bipartidistas ”. (CNN, 07/04/2017)
El nuevo elemento introducido es la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, algo que en el fondo atenta o cuestiona directamente el actual proceso de acumulación originaria y extraordinaria de capital. Todo indica que hay un consenso bipartidista de extender el modelo de lucha contra la corrupción en toda Centroamérica. Estados Unidos impulsó, en una primera fase, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). El imperialismo norteamericano presiona y forcejea por la creación de una CICIES en El Salvador, y ahora impulsa la NICA ACT II contra el gobierno de Nicaragua.
La lucha contra la corrupción y contra el lavado de dinero se ha convertido en la punta de lanza del imperialismo norteamericano contra sectores burgueses emergentes, que no son le son incondicionales. Es obvio que estos sectores burgueses emergentes utilizan el poder político y el control del aparato del Estado para acumular capital, causando desorden e inestabilidad en relación a los grupos tradicionales.
5.- El debate en torno al nuevo proyecto de NICA ACT II
Si por la víspera se saca el día, todo indica que la administración Trump mantendrá, igual que en la época de Ronald Reagan (1981-1989), una doble política de presiones y negociaciones con el gobierno de Daniel Ortega. Estados Unidos ha reconocido públicamente el empeño y colaboración de Nicaragua en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que mantiene una sana política macro económica, que ha logrado crear un ambiente de seguridad, pero eso no es suficiente, ahora comienza a hacer énfasis en la lucha contra la corrupción.
Aunque el proyecto de NICA ACT II no ha sido aprobado, ya está surtiendo efectos. Luis Almagro, secretario general de la OEA, declaró recientemente que “el citado proyecto de ley, en el contexto de la presente legislatura, no constituye un aporte constructivo a los trabajos que el gobierno de Nicaragua y esta Secretaría General vienen realizando en materia de cooperación para el fortalecimiento democrático, electoral e institucional en el país, que tienen como referencia directa los principios y valores de la Carta Democrática Interamericana”. (El Nuevo Diario, 05/04/2017)
Luis Almagro no es antiimperialista, es todo lo contrario, un empleado de Estados Unidos, sus criticas obedecen a que representa el ala negociadora a nivel diplomático.
Las presiones iniciadas por el Congreso de Estados Unidos están destinadas a obtener más concesiones de parte de Ortega, a acelerar el proceso de reformas políticas a lo interno de Nicaragua. En este contexto, la OEA aparece como una mediadora, a diferencia de la agresividad que mantiene contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
La hipótesis de que el bloqueo de préstamos incida negativamente en la economía nicaragüense, aterra a la cúpula empresarial. José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), expresó su preocupación al declarar que “cualquier disposición que perjudique al país no debe ser aceptada, hay que seguir buscando el fortalecimiento de la institucionalidad por la vía del diálogo y el entendimiento, que no vaya en la dirección contraria a lo que ya se ha estado haciendo con la OEA”, (La Prensa, 06/04/2017)
Álvaro Rodríguez Zapata, presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), hizo un llamado a la “imperativa necesidad de la adopción de medidas pare evitar la aprobación (…) Respaldamos firmemente el proceso de diálogo promovido por la Organización de Estados Americanos y la necesidad impostergable de fortalecer la institucionalidad (…) Hacemos un llamado a las autoridades nacionales a acelerar el proceso de diálogo y sobre todo buscar las reformas necesarias con el fin de restar argumentos al congreso de Estados Unidos para la aprobación de esta Ley” (La Prensa, 07/04/2017)
Las cúpulas empresariales siempre son proclives a las negociaciones, donde ellos pueden incidir y garantizar la buena marcha de sus negocios. Las dos principales cámaras empresariales no defienden al gobierno de Ortega, sino que, como buenos oportunistas, piden más concesiones a través de un Dialogo Nacional y el fortalecimiento de la institucionalidad, que el fondo significa desmantelar gradualmente el régimen bonapartista.
En relación a la NICA ACT II, Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, declaró que "Realmente es lamentable que un país que se dice hermano pueda verdaderamente crear determinadas leyes que no afectan al gobernante, sino que afectan a la población. Se pretende que afectando al gobernante se afecte a la población, pero yo creo que la sensibilidad está en nuestra gente sencilla, en aquellos que no pueden gozar de los proyectos, no pueden gozar de los salarios, así que ojalá que esto sea solamente un proyecto, ojalá que no se llegue a aprobar". (El 19 Digital, 07/04/2017)
Pero la posición de Brenes no es todavía la posición de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de Nicaragua, la cual ha sido muy crítica al régimen bonapartista de Daniel Ortega.
Todos los partidos políticos con representación parlamentaria, incluidos liberales y conservadores, expresaron su condena, mediante una declaración oficial de la Asamblea Nacional.
6.- La derecha quiere recoger los frutos de la NICA ACT II
Como era de esperarse, como carroñeros, los partidos de derecha, apoyan veladamente el proyecto de NICA ACT II, y tratan de sacar el mayor provecho posible, a pesar que ellos han sido derrotados en la lucha política contra el bonapartismo de Ortega.
El Frente Amplio por la Democracia (FAD), constituido por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y grupos aliados de la sociedad civil, en un comunicado expresó que "Lamentamos que una vez más en nuestra historia, el empeño de grupos políticos aferrados al ejercicio dictatorial y corrupto del poder, en este caso, la Dictadura Ortega Murillo y sus aliados, haya creado las condiciones para que se restrinja la cooperación financiera internacional”. (Terra 06/04/2017)
Kitti Monterrey, presidente del nuevo Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), en una entrevista se pronunció sobre la NICA ACT II: “La “Nica Act” ayuda a presionar a este Gobierno. Y los Estados Unidos están en lo correcto en usarla como un mecanismo de presión”. (La Prensa 12/03/2017)
La algarabía no tiene límites. Lo que no han podido hacer en las calles, lo hacen los congresistas imperialistas. A partir de la introducción del nuevo proyecto de NICA ACT II han aumentado las peticiones de los partidos de la derecha. En un reciente editorial de La Prensa, se sintetizan las nuevas demandas: “(….) Ortega tiene que modificar el Memorándum de Entendimiento con la OEA e incluir en este un cronograma de reformas constitucionales e institucionales, para permitir que Nicaragua regrese a la senda de la democracia, comenzando por la celebración de elecciones libres, limpias y vigiladas por observadores independientes, nacionales y extranjeros”. (La Prensa, 07/04/2017)
Los partidos de derecha no se conformar con la prometida auto reforma del régimen político, sino que quieren repetir los Acuerdos de Esquipulas II bajo una nueva versión.
7. Rechazo a la injerencia imperialista y lucha por los derechos democráticos.
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rechazamos la NICA ACT II y cualquier proyecto de ley que se vaya a discutir en el Congreso de los Estados Unidos, que signifique una injerencia en los problemas y asuntos internos que los trabajadores nicaragüenses debemos resolver.
El régimen bonapartista de Daniel Ortega no ha restringido los derechos democráticos a los empresarios, sino que solamente ha reprimido a los trabajadores que hacen huelgas y a los campesinos que se movilizan contra el proyecto de construcción del canal interoceánico. Las masas trabajadoras y populares son las que han resentido en carne propia la restricción de los derechos democráticos. Debemos luchar por que estos sean respetados, incluidos el derecho a organziar nuevos partidos y la realización de elecciones justas, libres y democráticas, sin injerencias del imperialismo. La lucha por las libertades democráticas debe ser combinada con la lucha para obtener mejores salarios y un nivel de vida digno.
