Por Sebastián Chavarría Domínguez

En relación al espinoso tema de la observación electoral, en Junio del 2016, durante la realización del congreso del FSLN, Daniel Ortega pronunció un severo discurso, donde dijo tajantemente: “Aquí no hay observación, ni Unión Europea ni OEA, que se vaya a pronunciar… Ellos saben que en Nicaragua se enfrentan a un pueblo que tiene vocación antimperialista (…) Observadores sinvergüenzas. Aquí se acabó la observación, que vayan a observar a otros países” (La Prensa 04/06/2016)

Y se produjo un periodo de endurecimiento que duró hasta las elecciones de noviembre del 2016, que fueron ganadas por el FSLN, siendo electos Daniel Ortega como Presidente y Rosario Murillo, su esposa, como vicepresidente.

A como estaba contemplado, el día 28 de febrero, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Daniel Ortega, dieron a conocer el resultado de tres meses de negociaciones secretas: el memorando de entendimiento que permitirá a la OEA desplegar una misión de observación electoral en las próximas elecciones municipales de noviembre de 2017.

Días antes de las elecciones, el FSLN realizó un brusco viraje político, echando por la borda el discurso de rechazo a la observación electoral e iniciando un coqueto con la OEA. Estos sigs-zags del FSLN desnudan una clara tendencia a maniobrar políticamente en aras de mantenerse en el poder a cualquier costo. Así lo hicieron cuando se produjeron las negociaciones con la contra en 1989-1990, aceptando la observación electoral de la OEA. Lo mismo ocurrió con el proceso de desarme de la contra, con la Comisión de Apoyo y Verificación (CIAV), que funcionó entre 1990-1996. Y ahora nuevamente el FSLN en el gobierno, en momentos de apuro, vuelve a recurrir a la OEA, ese ministerio de colonias del imperialismo norteamericano, como decía el Che Guevara.

El FSLN recuperó el poder en el año 2006, por una combinación de factores nacionales (desgaste y división de la oposición burguesa) e internacionales (resurgimiento del nacionalismo burgués en América Latina y crisis del imperialismo norteamericano), pero estos factores han comenzado a cambiar. Si bien es cierto que a nivel nacional prevalece la división y fragmentación de la oposición burguesa, en el plano internacional hay cambios importantes, como es el surgimiento del fenómeno que llevo a Donald Trump a ser presidente de Estados Unidos, y el declive de los países del ALBA.

El FSLN no tiene interlocutores válidos con quien negociar a nivel interno, la alianza con las cámaras empresariales del COSEP ha dejado huérfana a la oposición burguesa. Por ello, en una maniobra envolvente, prefiere negociar directamente con la OEA cualquier reforma al régimen político bonapartista instaurado en 2007, al mismo tiempo que desactiva cualquier medida del gobierno de Estados Unidos en su contra, al menor para el periodo inmediato.

Pese a las protestas de la maltrecha oposición burguesa, el gobierno de Daniel Ortega ha hecho concesiones unilaterales: aceptar la misión de acompañamiento (entiéndase observación electoral), la que tendrá acceso a todo el proceso de las elecciones municipales, con inmunidades y privilegios para desarrollar su labor, etc.

En la oposición burguesa, hay tres alas: La primera es abiertamente colaboracionista con el gobierno, entre estas fuerzas están pequeños partidos satélites que participaron en las elecciones del 2016, incluido el PLC de Arnoldo Alemán.

La segunda está conformada por las fuerzas excluidas, siendo la más importante de estas el movimiento de Ciudadanos por la Libertad (CxL), dirigido por Eduardo Montealegtre, que está tramitando su personalidad jurídica y se prepara para las próximas elecciones municipales. Kitty Monterrey, dirigente de CXL manifestó su aceptación al Memorando de Entendimiento con la OEA, al declarar ““Si hubiera otra alternativa para sacar a Daniel Ortega del poder hoy, yo te apuesto que nosotros Ciudadanos por la Libertad estaríamos en esa opción, pero mientras yo no vea (otra opción), y aquí todos coincidimos en eso, de que a la vía cívica sólo se puede ir a través de un proceso electoral”. (La Prensa, 01/03/2017)

La tercera es el Frente Amplio por la Democracia (FAD) conformado por el MRS y algunos aliados provenientes del liberalismo. Elíseo Núñez Morales, dirigente del FAD, manifestó su rechazo a los acuerdo con la OEA, declarando   “Nosotros creemos que la llave para poder discutir ideas de fondo en el país es el tema electoral, debemos seguir ejerciendo la presión adecuada en los siguientes tres años, que es la única visión optimista de los acuerdos con la OEA, empujar por más reformas de las que se ofrecen hasta ahora que son insuficiente y solo maquillaje”… “Somos los nicaragüenses los que vamos a forzar los cambios y para eso necesitamos tener una organización”, (Informe Pastran 06/03/2017)

La reforma del régimen bonapartista está en marcha, lo que garantiza la sobrevivencia del gobierno sandinista en el periodo inmediato.

Por Diego Lynch

El conflicto de aprobar una Ley de Tercerización en Nicaragua lleva años, y a sabiendas que este tipo de prácticas a quienes afecta es a los trabajadores, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) era el principal abanderado en promover y aprobar dicha práctica a través de una Ley en la Asamblea Nacional.

La propuesta de Ley General de Regulación y Ordenamiento de la Tercerización, Subcontratación e Intermediación del Empleo fue introducida en 2009 por la entonces legisladora sandinista Alba Palacios; pero fue respaldada por los sindicatos oficialistas y los independientes. (La Prensa; 16 de Febrero del 2017).

En Nicaragua esta práctica se implementó en los años 90, cuando los gobiernos de derecha y sus grandes empresarios crearon empresas de subcontratación, con el fin de que no existiera un vínculo directo entre los trabajadores y el verdadero empleador. El objetivo era que este no tuviera ningún tipo de responsabilidad sobre sus empleados. Año con año se volvió una costumbre y ha permitido que se les cercenen a los trabajadores un sinnúmero de derechos laborales contemplados dentro del Código del Trabajo (El Socialista Centroamericano; 12 de Abril del 2012).

Gobierno se amarra con Liberales

El Gobierno del Frente Sandinista, a sabiendas de que esta práctica ya hecha costumbre en Nicaragua solo beneficia a los empresarios, entre ellos los grandes dirigentes sandinistas, se amarraron con los liberales para descartar el proyecto de Ley que trataba de “regular” esta práctica y proteger algunos derechos laborales.

La Ley de Tercerización Laboral murió antes de nacer. Los diputados sandinistas y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional ordenaron la caducidad de la propuesta de la Ley, bajo el argumento de que existe en el país suficiente base jurídica para proteger los derechos de los trabajadores. (La Prensa; 16 de Febrero del 2017).

Sandinistas Divididos

Gustavo Porras, eterno dirigente Sindical y fiel sabueso del Frente, quien actualmente es empresario y presidente de la Asamblea Nacional, mando a sepultar el proyecto de Ley que buscaba regular la tercerización en el país. Con esto una vez demuestra que el mal llamado dirigente sindical defiende los intereses de sus negocios y de la burguesía, traicionando de nuevo a los trabajadores.

Por su parte, Roberto González, Dirigente Sindical Sandinista pero opuesto a Porras, ha reaccionado inconforme con el actuar de sus compañeros sandinistas.

Los representantes de los principales sindicatos, sandinistas e independientes, reaccionaron molestos por la decisión de la Comisión Laboral de archivar la Ley de Tercerización aboral.

Antonio Jarquín, secretario general de la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN), exigió a los diputados sandinistas y del PLC revertir la decisión… “Es un acto de irresponsabilidad, con esto los diputados se convierten en cómplices de las tropelías que cometen los empleadores con los trabajadores, le dan la espalda a la clase obrera y nos dicen que los legisladores están para permitir los abusos que cometen los empleadores”, criticó Jarquín. Roberto González, dirigente de la Central Sandinista de Trabajadores (CST), también reaccionó inconforme con que se desista de aprobar la Ley de Tercerización, “porque con ello se están negando los derechos de los trabajadores que están en el sistema de subcontrataciones”… Roberto González, de la CST, y Antonio Jarquín, de la ATN Autónoma, negaron que hayan respaldado a la Comisión Laboral para que se archive la propuesta de la Ley de Tercerización Laboral. Ambos sindicalistas pedirán ser notificados de esa decisión para proceder en contra de la medida. (La Prensa; 16 de Febrero del 2017).

No a la Tercerización

Desde el Partido Socialista Centroamericano instamos a todos los obreros y trabajadores a unir fuerzas y luchar en contra de la tercerización, ya que esta práctica laboral deja en indefensión a los trabajadores; si bien es cierto sería sano regularla para evitar más atropellos a los derechos laborales, lo más sano es que desaparezca esa práctica de subcontratación, ya que es una práctica burguesa que los empresarios utilizan para enriquecerse más a costilla de la clase obrera.

Por Diego Lynch

La lucha salarial en Nicaragua sigue siendo una historia de nunca acabar. Durante la época de los gobiernos de Derecha (1990-2006) los trabajadores protestaban arduamente y luchaban por incrementos salariales justos. Sin embargo, jamás se dio un incremento salarial apegado a la realidad económica del país o que lograra cubrir las necesidades mínimas de la población.

Durante esa época, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como oposición pretendía ganar votos apoyando dichas luchas, y era nada menos que Gustavo Porras quien trataba de sacar provecho a favor del FSLN, como dirigente sindical del Frente Nacional de los Trabajadores (FNT). Cuando el FSLN volvió al poder al ganar las elecciones en el 2006, Porras se acomodó y se olvidó de la defensa de los trabajadores, paso a controlar el llamado “gabinete social” (MINSA: MITRAB e INSS) respondiendo a los intereses de la nueva burguesía, incluso se volvió empresario y desde su posición de diputado y super ministro en las sombras, veló por sus propios intereses, los de las empresas del gobierno y traicionó a los trabajadores.

Negociación es Ilegal

Nuestra Legislación establece una negociación entre el gobierno, los patrones y los sindicatos, para proceder a incrementar el salario mínimo cada seis meses. Sin embargo, el gobierno con el acuerdo de los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), y sin la más mínima resistencia de los sindicatos, ha optado por hacerla anual, lo que es completamente ilegal.

El sector privado, por medio del COSEP, confirmó que se reunirán con el Gobierno y los representantes de los trabajadores del país para la negociación del nuevo salario mínimo en Nicaragua, que tendrá vigencia por un año. (El Nuevo Diario; 4 de Enero del 2017).

Estas negociaciones además de ser ilegales son infructuosas porque no es posible determinar las necesidades económicas de la población cada 12 meses, ya que la devaluación de la moneda es al menos del 6% anual, sin incluir los efectos de la inflación internacional, y los incrementos de alimentos y bienes básicos varían constantemente.

Incrementos de un solo digito

Además de pretender hacer los incrementos anuales, estos no llegan ni siquiera a los dos dígitos. Desde que el FSLN recuperó el poder en el 2006, los sindicatos controlados por el sandinismo, han traicionado a todos los trabajadores, mientras sus allegados se recetan grandes salarios, dándole algunas prebendas a los mal llamados dirigentes sindicales, quienes utilizan sus cargos para negociar a cambio de migajas.

La Mesa Tripartita del Salario Mínimo aprobó el año pasado un 9% de incremento en el salario mínimo para nueve sectores económicos del país y de 8% para la pequeña y mediana empresa del país… de acuerdo con la ley, las partes tienen hasta ocho sesiones para negociar un salario mínimo y si no hay acuerdo, el gobierno podrá aprobar el reajuste. (El Nuevo Diario; 4 de Enero del 2017).

Negociaciones estancadas y gobierno receta aumentos conforme sus planes

Mientras las negociaciones se encuentran estancadas y no se llega a ningún acuerdo, el único que sufre y paga las consecuencias es la clase obrera. En el ínterin, presionado por el descontento de los trabajadores públicos que sienten que el salario se les esfuma, el gobierno recetó un aumento unilateral para los trabajadores del Estado de aproximadamente el 10%.

Las negociaciones sobre el salario mínimo en Nicaragua terminaron están estancadas en la quinta ronda, informó la Mesa Tripartita, pero con el aumento unilateral del gobierno, ya está dicha la última palabra: el tope es el 9%.

Los sindicatos acordaron aglutinar sus distintas propuestas en una sola, que consistió en un aumento del 9,5 %, refirió la Confederación General de Trabajadores (CGT Independiente)…Por su parte, el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Conimipyme), propuso un aumento diferenciado, entre el 8,5 % y el 10 %, en dependencia del sector productivo…La mesa tripartita tiene cuatro sesiones más para llegar a un acuerdo, de lo contrario, el Gobierno decidirá el monto, según la legislación nicaragüense. Actualmente el salario mínimo promedio en Nicaragua equivale a 180,70 dólares, menos del 50 % de lo que cuesta la canasta básica…El Gobierno de Nicaragua decretó el pasado 30 de enero un alza salarial de entre un 5 % y un 12,8 % para el sector público, que entró en vigor el miércoles 1 de febrero. (El Nuevo Diario; 2 de febrero del 2017).

FNT traiciona a sus afiliados, la CST aprovecha

Gustavo Porras es ahora presidente de la Asamblea Nacional y al mismo tiempo sigue siendo el Secretario General del FNT. Con ello, el FNT muestra su verdadera naturaleza de central sindical controlada por el Estado.

Esta situación es aprovechada por Roberto González, secretario general de la Central Sandinista de los Trabajadores (CST), organización rival del FNT, y que tiene la mayoría de sindicatos en el sector industrial de las maquilas y en la construcción. González sale ahora dando declaraciones beligerantes en los medios de comunicación, pero no rompe con los topes salariales impuestos por el gobierno de Daniel Ortega.

Por un salario mínimo promedio al de toda Centroamérica

Ya no podemos seguir pagando los platos rotos de la mala administración del Gobierno, mientras ellos se recetan grandes salarios y quiebran las instituciones del Estado, los trabajadores reciben migajas, el salario mínimo no cubre ni siquiera la canasta básica. El salario mínimo promedio es de 500 dólares en los países de Centroamérica, por lo tanto, eso debemos exigir, ya que tenemos los precios dolarizados. Otra reivindicación importante es la indexación de los salarios conforme el deslizamiento del dólar cada año.

Es hora de exigir un salario mínimo equitativo, igualitario y proporcional al salario mínimo en Centroamérica. Exijamos la renuncia de los mal llamados dirigentes sindicales y que sean los mismos trabajadores quienes a través de asambleas designen a sus representantes que irán a discutir el incremento salarial. Justicia para la clase obrera, es hora de salarios justos.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Después que Daniel Ortega dio un manotazo mortal a la oposición parlamentaria, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que presentaría un informe sobre el sistema electoral en Nicaragua. Este anuncio creo expectativas entre los partidos de oposición, creyendo que a última hora el régimen bonapartista de Ortega haría algunas concesiones, y permitiría la participación de los partidos y fuerzas políticas excluidas, en el proceso electoral de noviembre de 2016. Pero no fue así.

Daniel Ortega necesitaba apurar el trago amargo de un proceso electoral cuestionado, pero que al mismo tiempo le permitía colocar a su esposa, Rosario Murillo, en la vicepresidencia de la Republica. Por ello, con el olfato político que le caracteriza, inició en octubre del 2016 un dialogo político de alto nivel con Luis Almagro, secretario general de la OEA.

La maniobra funcionó perfectamente. La OEA nunca dio a conocer el publicitado informe sobre el sistema electoral, y se enfrascó en un diálogo que prometía reformas en el futuro, dando por un hecho la realización de las elecciones tal a como las había planificado el régimen de Daniel Ortega. Se acordó instalar una “Mesa de conversación e intercambio constructivo” a menos de un mes de la realización de las elecciones. Y para remate, una delegación de alto nivel de la OEA visitó el país, y con ello las cuestionadas elecciones de noviembre del 2016 le fueron aplicadas los santos oleos.

La visita de Luis Almagro

A inicios de diciembre del 2016, después de algunas vacilaciones, Luis Almagro, secretario general de la OEA, visitó Managua por espacio de dos días, reuniéndose con el gobierno, la iglesia y la oposición burguesa.

Nuevamente, Daniel Ortega impuso los temas de agenda: “Le hemos dicho al secretario general de la OEA que estamos en la mejor disposición de que se pueda mantener este diálogo, este intercambio, este acompañamiento, tomando en cuenta que este próximo año tenemos elecciones municipales (…) Los hemos invitado para que puedan llevar a cabo un acompañamiento, no el propio día de las elecciones, sino para estar visitando nuestro país, intercambiando con las fuerzas políticas que están dispuestas a participar, también con las autoridades electorales y con todas aquellas personas con las que desee intercambiar” (El Nuevo Diario, 03/12/2016)

Con ello, se estaba sepultando la polémica sobre la validez de las elecciones de noviembre del 2016. La oposición burguesa se halaba los cabellos. Almagro con sus declaraciones confirmó que, en relación a Nicaragua, el rol era de ayudar a reformar el régimen bonapartista, no para derrocarlo.

Luis Almagro insistió que “la Organización de Estados Americanos está para hacer un papel constructivo, hacer aportes que signifiquen apoyar a Nicaragua en los pasos importantes que ya ha dado en materia de seguridad, educación y energía". (El Nuevo Diario, 03/12/2016).

Esto último es un asunto muy importante. Tanto el gobierno de Estados Unidos, como su títere, la OEA, reconocen las políticas de Daniel Ortega en “seguridad, educación y energía”, les encanta la estabilidad macroeconómica y la contribución del sandinismo en la estabilidad política de Nicaragua y Centroamérica, y por ello sus planes inmediatos se limitan a reformar el sistema electoral, garantizando algún grado de transparencia y de participación de los partidos de oposición. Nada más!.

La marcha unificada de la oposición burguesa

Para demostrar fuerza ante la visita de Luis Almagro, los diferentes grupos de la oposición burguesa, con la excepción de los partidos que participaron en las pasadas elecciones de noviembre de 2016, convocaron a una marcha unificada de todas las fuerzas de la oposición, alentados por el alto índice de abstención electoral observada en esos comicios.

Para garantizar una asistencia masiva, los partidos de la oposición burguesa se camuflaron en la marcha de los campesinos que, con algún grado de justicia, temen a las expropiaciones que vendrían si el proyecto del Canal interoceánico llegase a concretarse. En realidad, fue una marcha campesina, con los activistas de derecha dentro. Para restarle convocatoria, el régimen de Daniel Ortega boicoteó abiertamente la marcha, creando tranques policiales en toda la carretera, destruyendo puentes, logrando una rala asistencia en Managua, cuyos dirigentes lograron reunirse con Almagro. En esta ocasión, el gobierno no utilizó a sus partidarios como fuerza de choque, sino que la represión fue institucional, a partir de las fuerzas de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.

La reunión de los políticos con Almagro

Luis Almagro logró reunir a todos los políticos de oposición en una sola sala, escuchó sus críticas, tomó nota y declaró a los periodistas que “es importante ajustar algunos temas que tienen que ver con el funcionamiento del sistema político (…)”.

Mientras Almagro hablaba de reformas, un sector de la oposición agrupado en el Frente Amplio por la Democracia (FAD) que agrupa al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y algunos grupos liberales minoritarios, exigían la anulación de las elecciones y la convocatoria a un nuevo proceso electoral, aprovechando que en noviembre del 2017 se realizarán las elecciones municipales. También exigieron a la OEA la invocación de la Carta Democrática, para sancionar al gobierno de Daniel Ortega

La Iglesia crítica pero paralizada

En relación a la Iglesia Católica, sigue clamando por que se cumplan los puntos incluidos en la Carta Pastoral del 21 de Mayo del 2014, pero por primera vez se muestra dividida y por ello guarda silencio. Al parecer los obispos no logran ponerse de acuerdo. Hay sectores de extrema derecha como el Obispo Silvio Báez que constantemente fustiga al gobierno de Daniel Ortega, pero también otros que simpatizan con el gobierno, como es el caso de Monseñor René Sándigo, obispo del departamento de Chontales y Río San Juan, de dónde provino el grueso de la marcha campesina, que han criticado duramente al “Movimiento Renovador Sandinista (MRS) que ha estado presente ahí manipulando a nuestros campesinos y organizaciones no gubernamentales, que cogen a nuestros campesinos por aquellas demandas, tal vez justas que ellos hacen, pues los lanzan como punta de lanza”. (La Prensa, 03/12/2016)

El informe conjunto de la OEA y el gobierno sandinista

Después de tres meses de negociaciones secretas, el esperado informe de la OEA fue dado a conocer el pasado 20 de enero, cayendo como un balde de agua helada en la madrugada.

En sus partes medulares, el Informe Conjunto concluyó en una hoja de ruta que se resume así: “(…) El Estado de Nicaragua continuará fortaleciendo la institucionalidad electoral de acuerdo a los estándares regionales y buenas prácticas; elecciones incluyentes, limpias y competitivas. Estos estándares que describen el grado de democratización de una elección, incluyen: el voto universal y equitativo; la inscripción o registro civil; el registro electoral; el acceso al centro de votación; la emisión del voto; la integridad de las preferencias del votante; el registro exacto de las preferencias del volante; el derecho de postulación a cargos públicos; la igualdad en seguridad; la igualdad ele oportunidades tales como el financiamiento a los partidos políticos; el derecho a la libertad de prensa e información; la libertad de asociación, asamblea, expresión y movimiento; la frecuencia de las elecciones regulares para cargos electivos; y la accesibilidad de los resultados electorales. (…) No más tarde del 28 de febrero de 2017 la Delegación de Nicaragua y la Secretaría General ele la OEA firmarán un Memorándum de Entendimiento que incluirá los aspectos técnicos del trabajo conjunto a llevar a cabo. El mismo establecerá un plazo de 3 (tres) años para desarrollar los trabajos y detallará -en consonancia con el presente documento- las tareas específicas a llevar a cabo en materia de i) seguimiento de las elecciones municipales de noviembre de 2017, ii) continuación del proceso de perfeccionamiento del sistema de representación política y mecanismos que lo fortalezcan jurídicamente, iii) búsqueda de mecanismos y normativas que fortalezcan jurídicamente la aplicación de la norma constitucional sobre transfuguismo político, con determinación de la actuación y procedimientos de cada uno de los Poderes del Estado de Nicaragua. iv) apoyo técnico de la OEA en el proceso de depuración del padrón electoral de Nicaragua”.

Borrón y cuenta nueva

Los temores de la oposición burguesa se confirmaron. El gobierno sandinista había legitimado la última reelección presidencial de Daniel Ortega, junto a Rosario Murillo como vicepresidenta, con la promesa que habrían reformas al régimen político. La oposición burguesa criticó el Informe Conjunto a pesar que es el mismo plan de reformas que ellos han propuesto, con la salvedad que la negociación se produjo con la OEA y no con los debilitados partidos criollos.

Fabio Gadea, ex candidato presidencial de la oposición, criticó ásperamente el Informe Conjunto: “(Que Almagro) no diga que hay que seguir fortaleciendo la institucionalidad porque aquí nadie está fortaleciendo la institucionalidad, hay que crearla porque está perdida, pero (Almagro) tiene miedo decirlo (…) Que van a tratar de favorecer los mecanismos para el cumplimiento de la Carta Democrática, si todos esos mecanismos están rotos porque no hay elecciones libres, porque no hay observación internacional; no hay padrón electoral. Eso es ridículo, porque, además, no me explico por qué Almagro no tomó en cuenta los argumentos que presentaron los amplios sectores, sí parece haber tomado en cuenta lo que dijo el COSEP, el grupo de diputados que están allí, lo que le dijeron los partiditos zancudos”.

Criticas similares surgieron de los líderes del FAD, mientras Eduardo Montealegre, desde su aparente retiro, mantiene silencio mientras su agrupación, ahora denominada Ciudadanos por la Libertad (CxL) avanza aceleradamente en los trámites para la obtención de la personalidad jurídica como partido independiente de los sellos tradicionales del liberalismo.

Mucho cuidado con Mr. Trump

El sandinismo parece haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos, a través de la OEA, que permite la sobrevivencia del régimen bonapartista, y que garantiza la continuidad en el poder de la familia Ortega-Murillo, a cambio de algunas reformas democráticas, que el sandinismo parece dispuesto a ceder.

En relación a la administración Trump, el gobierno de Daniel Ortega ha mantenido un cauteloso silencio, enviando constantes señales de buen desempeño en la lucha contra el narcotráfico, estabilidad económica y política, y en materia de seguridad. Todo con el objetivo de evitar una nueva versión de la NicaAct, una ley norteamericana de efecto extraterritorial que amenaza la frágil economía.

En estas circunstancia, el gobierno de Daniel Ortega se ha convertido en el fiel guardián del capitalismo neoliberal, en el mal menor, es cuestión solo de enderezarlo.