Por: Justo Severo Izquierdo

El pasado 15 de julio se cometió un crimen más en contra de dirigentes campesinos; esta vez le tocó al compañero Tomás García, miembro del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). El dirigente fue atacado por efectivos militares cuando se dirigía junto a su hijo Alan García, quien salió gravemente herido, a una toma pacífica por la defensa del río Gualcarque en el sector de Achotal, Río Blanco, Intibucá.

Comunidad Lenca se opone a la construcción de proyecto hidroeléctrico

“Agua Zarca”, es el nombre del proyecto hidroeléctrico que se pretende construir en un espacio territorial que atenta contra el patrimonio cultural del pueblo Lenca. Estos son un grupo étnico con una población cercana a los cien mil habitantes y viven aproximadamente en cien comunidades entre los departamentos de Lempira, Intibucá y La Paz. Históricamente, es el grupo más importante y numeroso de Honduras. Los Lencas opusieron una larga resistencia en el occidente y el centro del país contra la conquista española en 1536, siendo su máxima figura el cacique Lempira, que con su gallardía y tenacidad mantuvo a los soldados españoles en vilo, hasta que finalmente en 1537 y 1539 fue vencido junto a sus guerreros por las argucias en el arte de la guerra de los Iberos.

Asesinato de Tomas García

La muerte de Tomás García, está ligada por la oposición que sostiene este grupo étnico contra la construcción de la represa “Agua Zarca”, que lejos de beneficiar a los intereses de la población, va en menoscabo de los bienes comunes como el agua, suelos, bosques etcétera, que están en consonancia con la vida espiritual del pueblo Lenca. El conflicto se da a raíz de la concesión que le brindó el Estado de Honduras a la empresa Desarrollo Energético Sociedad Anónima, DESA y la transnacional China SINOHYDRO, de construir una represa hidroeléctrica.

Como es de esperarse en este tipo de negocios capitalistas, cuyo afán es arrasar con todos los recursos naturales, sin percatarse de los enormes estragos que esto conlleva en la cultura de los pueblos, las autoridades agilizaron un trámite amañado y en un santiamén aprobaron los permisos para la explotación de la zona, sin previa consulta y participación de la comunidad Lenca, que por cientos de años han ocupado esos territorios como legados ancestrales. Los empresarios capitalistas, con el fin de monopolizar y privatizar los servicios de energía y el agua para generar exorbitantes sumas de dinero, pretenden despojar a los pueblos indígenas de sus bienes comunes.

El gobierno, lejos de solventar la crisis, más bien la ha agudizado al confabularse con los ejecutivos de la empresa transnacional, al respaldarlos mediante el envío de fuertes contingentes militares y policiales, para sumarse a los grupos de seguridad privada de la empresa con el propósito de reprimir y asesinar a cuantos se opongan y pretendan desbaratar un negocio lucrativo para unos pocos, que traerá miseria y explotación para muchos. La comunidad de Río Blanco mantiene una lucha de más de 120 días con protestas en las afueras de la empresa, marchas y el cierre del paso a maquinarias y técnicos de la compañía constructora. Esto ha permitido que los ejecutivos militaricen la zona en conflicto, como estrategia para instaurar el terror y miedo en los pobladores, a través de las amenazas, represión y asesinatos selectivos de dirigentes. En el mismo conflicto han sido amenazados a muerte y persecución política y judicial, los miembros del COPINH Berta Cáceres, Aureliano Molina y Tomás Gómez Membreño.

Unidad contra la represion

Ante tales acontecimientos, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), repudia los actos represivos en contra de la comunidad Lenca y dirigentes del COPINH, quienes libran una heroica lucha de resistencia por la defensa de los recursos naturales y nos unimos a clamor de todas las instituciones combativas y de lucha para que se castigue a los hechores y autores intelectuales del vil asesinato del compañero Tomás García.

Al gobierno le exigimos que retire tropas y policía de la zona y al Congreso Nacional le exigimos que suspenda definitivamente las concesiones a la empresa DESA-SINOHYDRO. El gobierno debe de garantizar el derecho de los pueblos de elegir su propio modelo de desarrollo y de implementar como política gubernamental la protección de la biodiversidad y fuentes de agua.

 
Por Ricardo Velásquez
El día jueves 4 de julio, el Congreso Nacional aprobó 22 reglamentos que vienen a dictar las pautas con las que se implementará la Ley Fundamental de Educación, a partir del 2014. En menos de dos años la oligarquía, burguesía, y los políticos enemigos del magisterio han sepultado el Estatuto del Docente.
Dentro de las represivas y ridículas medidas adoptadas para mejorar los indicadores educativos están: el no reprobar alumnos en el primer grado, y que a estos les dé seguimiento un mismo maestro en los dos años siguientes; aumentar el índice de aprobación de los educandos a 70 % y abolir las dos recuperaciones de final de año lectivo; ampliación de la jornada de trabajo de 5 a 6 horas reloj; se eliminan los bachilleratos en Ciencias y Letras (era una carrera de preparación para ingresar a la universidad), Perito Mercantil y Contador Público, los promotores de salud y maestros de educación primaria, se abren 21 nuevos bachilleratos; se endurecen los castigos para los maestros; los concursos para optar a una plaza serán rectorados por la Secretaría de Educación.
Andamiaje ilegal para domesticar a la “Columna Vertebral de la Resistencia”
Sin duda alguna, que el sector de vanguardia de las luchas populares en los últimos 13 años ha sido el magisterio, por algo en la lucha contra el golpe de estado se le llamó “La columna vertebral de la resistencia”. Por ello, una vez que se firmó el Acuerdo de Cartagena en mayo del 2011 y que se inmovilizó al FNRP, se inició una escalada represiva contra el magisterio a todos los niveles. Por un lado se le apaleó, se le torturó y en última instancia se le asesinó para atemorizarlo y amoldarlo, mientras por el otro lado se aprobaban leyes totalmente lesivas a los derechos laborales y sociales del magisterio.
Ante esta estrategia impuesta por el régimen Lobo-Hernández, el resultado era más que evidente: ¡la eliminación del Estatuto del Docente! El objetivo principal, sacar de las calles a ese sector de vanguardia que venía encabezando las luchas en los últimos años hasta el 2011. Elia del Cid, vice ministra de Educación y una de las peores enemigas del magisterio, declaró  “se vienen las sanciones por ausencia y por el incumplimiento de horarios y jornadas” (EH 05/07/2013).
Todas las medidas aprobadas en los 22 reglamentos son estrictamente para disminuir el presupuesto que gasta el estado en Educación y para doblegar al docente ante las políticas nefastas del Estado. Ninguno de estos reglamentos nos da un indicio de que sea para mejorar la calidad educativa del país; el mismo representante de las instituciones educativas privadas, Carlos Sabillón, ha expresado su oposición a ciertas de estas medidas porque señala que solo buscan mejorar los indicadores educativos, pero se sacrifica la calidad educativa (EH 04/07/2013).
El padre-madre de familia, alumnos y maestros cargan con crisis financiera del país
Pero mientras aprueban los 22 reglamentos para domesticar al docente, le siguen pasando la factura del costo económico de la crisis al pueblo hondureño. Las becas a los estudiantes con excelencia académica del sistema educativo han sido canceladas por la Secretaría de Educación por falta de recursos (EH 07/07/2013); la matrícula gratis de las instituciones públicas fue desaparecida desde el año 2012; el pago puntual de los salarios de los maestros es retrasado mes a mes y se deben planillas complementarias que se vienen arrastrando desde el año 2008.
El Ministro de Educación, Marlon Escoto, ha reconocido que hay dificultades económicas, sin embargo, afirma que se hacen los esfuerzos para enfrentar los compromisos que tiene la secretaría que él rectora (EH 07/07/2013). Lo cierto es que ya pasó año y medio desde que Escoto asumió las riendas en Educación y no soluciona el pago puntual de los docentes.
¿Elecciones de noviembre devolverán al magisterio sus conquistas perdidas?
Es una ilusión creer que con las elecciones de noviembre se solucionará todo ante un eventual triunfo de Libre; lo único cierto es que solo la unidad y una estrategia de lucha que proteja al docente hará que se genere nuevamente la confianza y la esperanza perdida. Es el momento de bajar a discutir con las bases la forma de luchar y salir vivos y victoriosos.

 El Partido Nacional se muestra unido y maniobra desesperadamente para conservar el poder
Por Justo Severo Izquierdo
Recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió conceder los derechos de participación en las elecciones generales a todos aquellos políticos que aspiraron a una candidatura en las elecciones internas y que no gozaron del respaldo popular, para que logren nuevamente postularse en los comicios de noviembre y puedan ocupar los cargos vacantes o por renuncias, siempre y cuando estén acreditados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Veredicto de la CSJ obedece a necesidades políticas del régimen
El fallo emitido por la sala de lo constitucional, dejó en suspenso los artículos 116 y 131 de la ley electoral. El artículo 116  le prohíbe a un candidato que haya participado en las primarias, aspirar a un cargo en las generales si fueron vencidos en las internas. El dictamen de la sala obedece a la petición inicial de Andrés Pavón,  candidato presidencial del Frente Amplio Político Electoral en Resistencia (FAPER), quien presentó al TSE una solicitud en la cual pedía que se inscribiera a 16 candidatos de su partido, que en las internas participaron como representantes de otras instituciones políticas.
El Tribunal le denegó la demanda y el caso se trasladó a la Corte Suprema. Esto bastó para que el Partido Nacional aprovechara y se montara en la petición de Pavón e impusiera la candidatura de Ricardo Álvarez como designado presidencial en la planilla de Juan Orlando Hernández, en sustitución de Alden Rivera, quien dimitió por estrategia de la dirigencia del mismo Partido Nacional. Las medidas de presión ejercidas por el candidato del PN y toda su cúpula, tanto en las calles como en los medios de comunicación por la inscripción de Ricardo Álvarez -que meses atrás acusaba a Juan Orlando de fraudulento, corrupto y que nunca pactaría con él por sus altos principios morales-, fue un circo más en la vil e ignominiosa política burguesa al estilo Honduras.
Melvin Duarte, vocero del poder judicial afirmó que “Los togados tomaron en consideración, para emitir su fallo, que la Constitución de la República en su artículo 37 de la constitución dice que los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser electos, optar a cargos de elección popular, asociarse para constituir partidos políticos y otros reconocidos por la ley fundamental. La resolución está amparada en convenios internacionales, así como en los tratados de derechos humanos de los que Honduras es signataria” (El Heraldo, 28/6/2013).
Repentina “democratización”
La decisión de la Corte fue eficientemente cumplida esta vez, sin importar los miles de casos que duermen en los archivos de otros ciudadanos que por años han esperado una resolución. Además, las miles de solicitudes que se le vendrán encima de candidatos perdedores y otros ciudadanos que exijan en su momento una resolución en su participación política, amparados en convenios internacionales y de derechos humanos. Un caso reciente es la petición de Romeo Vásquez, candidato presidencial por el partido Alianza Patriótica, de exigir que policías y militares realicen el sufragio.
La estrategia en los círculos de poder derechista y toda la clase oligarca, de conceder espacios que parezcan democráticos a las clases que históricamente han sido relegadas, conlleva la ampliación de los espacios políticos a otros nuevos partidos, incluso hasta la inusual inscripción de 12 candidaturas independientes (2 para diputados y 10 para alcaldes) para que participen en este proceso electoral. Independientemente del esfuerzo de reunir firmas, esta repentina “democratización” del régimen bipartidista es aparente, no es más que una argucia de estos círculos para consolidarse en el poder.
Desde el golpe de Estado del 2009, los grupos que perpetraron el golpe, vienen preparando el terreno ante un eventual triunfo de Libre, partido de reciente creación que vino a despertar las esperanzas de un amplio sector popular y que mantiene en alerta a los grupos de poder aglutinados dentro del bipartidismo. La preocupación ante un posible triunfo de Xiomara Castro en las próximas elecciones, ha obligado a los sectores oligárquicos y al Partido Nacional a redoblar preventivamente el control político en instituciones claves como el CN, CSJ y la Fiscalía, para desde ahí bloquear y debilitar cualquier acción que pretenda emprender  cualquier otro gobierno, o fuerza beligerante dentro del Congreso Nacional. La trampa ya está montada.
Sigamos luchando por la Asamblea Constitiyente
El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) denuncia la burda maniobra de la oligarquía y los partidos de la burguesía y sus partidos, para copar las instituciones en la perspectiva de amarrar a un eventual gobierno de Libre. Demandamos la democratización de las instituciones estatales, no como producto de artimañas de la derecha, sino por medio de una Asamblea Nacional Constituyente, libre y democrática, que imponga desde abajo la voluntad mayoritaria de los trabajadores, campesinos y sectores populares.

Por Santiago Bustamante

El gobierno de Porfirio Lobo y el actual candidato a Presidente por parte del Partido Nacional Juan Orlando Hernández ha logrado asestar duros golpes al magisterio, empleados que cumplen funciones administrativas y a los estudiantes del sistema educativo nacional. La Ley Fundamental de Educación recientemente, aprobada elimina en gran medida una de las más grandes conquistas del magisterio nacional: el estatuto del docente.

Palo y más palo contra el magisterio

Paso a paso y de forma sistemática el régimen de Porfirio Lobo ha venido asfixiando al magisterio, desde la desindexación salarial, congelamiento de salarios, incumplimiento de pagos, la no apertura de plazas docentes hasta la aprobación de la ley del INPREMAH. Pero esto no ha sido todo, también han sido víctimas de las medidas de ajuste los estudiantes y el personal administrativo. Recientemente se han eliminado las becas para los estudiantes de excelencia académica; el incumplimiento en el pago del bono estudiantil, la eliminación de la matricula gratis y la precariedad en la infraestructura de las instituciones educativas son parte de la arremetida del actual gobierno contra el movimiento estudiantil.

Esta política cercenadora ha logrado eliminar grandes conquistas que fueron obtenidas a través de procesos de lucha contra los gobiernos burgueses y neoliberales. Desde que el actual ministro Marlon Escoto asumió la rectoría de la Secretaría de Educación, no han parado los ataques contra el magisterio nacional, pese de vinculársele con el Partido Libertad y Refundación (LIBRE).

Escoto ha sido uno de los cuadros más efectivos del actual gobierno y de los intereses de la burguesía y oligarquía hondureña, precisamente por haber doblegado a uno de los sectores más combativos del movimiento sindical y popular de Honduras: el magisterio nacional. Pero sobre todo por imponer los planes de ajuste en el sistema educativo nacional.

Ataques a conquistas en la UNAH

La ofensiva gubernamental no solo abarca al magisterio de primaria y secundaria, sino también el de nivel superior. La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos logró desarticular el Sindicato de Trabajadores de la UNAH (SITRAUNAH) y a la Asociación de Docentes de la UNAH (ADUNAH).

Si bien es cierto la rectora ha cobrado un enorme prestigio debido a la proyección de la Universidad y a su plan de mejoramiento en la infraestructura universitaria, los docentes y empleados administrativos han visto violentados sus derechos, dado que en la actual administración los aumentos han sido selectivos, solo al personal de confianza, se han eliminado las reclasificaciones, no se ha logrado firmar el XV Contrato Colectivo, se ha reformado la ley orgánica a su conveniencia a manera de lograr el control absoluto de los organismos de gobierno de la Universidad y de esa manera eliminar cualquier oposición y lograr la reelección sin la participación de docentes, estudiantes y trabajadores universitarios.

En la actual coyuntura se presentó el proyecto de Ley por parte de las autoridades universitarias al Congreso Nacional; la intención de dicho instrumento es reformar la Ley vigente y dar mayor apertura a las instituciones de capital privado, que ya no estarían sujetas al Consejo de Educación Superior, sino que formaría parte de esta estructura. El peligro de tal participación sería que se estaría dando apertura para la privatización de la educación, donde el Estado ya no sería el responsable de determinar las pautas que regirían el sistema educativo nacional. De igual manera, las instituciones de capital privado tendrían el derecho de participar en el presupuesto destinado por mandato constitucional a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, situación que pondría en peligro el desarrollo de proyectos y políticas públicas que favorecen a los trabajadores más necesitados.

La movilización y la democratización interna son las vías para frenar los trancazos

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado las bases de las organizaciones sindicales y gremiales del magisterio y del sistema educativo nacional, así como a las asociaciones y frentes estudiantiles para conformar un frente común por la defensa de la educación pública y el respeto a los derechos establecidos en Ley. Solo la movilización logrará frenar la política de reajuste y de privatización del actual gobierno.

De igual manera, se hace necesario rescatar las organizaciones obreras de las direcciones burocráticas, responsables indirectos de la actual situación y de la embestida del gobierno. La democratización de las organizaciones obreras y estudiantiles es la única forma de fortalecer y recuperar las relaciones de confianza y fortalecer la moral combativa.