Por Ricardo Velásquez

En el 2004 se dio la gran huelga del magisterio en contra de las políticas neoliberales del gobierno de Ricardo Maduro. Ese año fue la primera vez que los docentes realizaron una movilización paralela al desfile del 15 de septiembre; sin embargo, en esa ocasión la movilización contó con la nutrida participación del magisterio y los alumnos. Esa experiencia ganada en el 2004 se desaprovechó y en los años siguientes nuevamente los centros educativos se sumaron al desfile oficial del 15 de septiembre.

Luego, con el golpe de 2009, nuevamente se retomó el día del desfile oficial para rechazar y condenar al régimen de turno. Con la llegada de Porfirio Lobo a la administración del Estado, se inició una brutal destrucción de las conquistas económicas y sociales del magisterio, el cual fue derrotado en esta lucha, primero en las calles y luego en el campo administrativo, a tal punto que lo que el actual ministro ha hecho con el magisterio es una completa "cacería de brujas". Por eso, los docentes llevan 5 años consecutivos sumándose a la movilización paralela al desfile oficial.

Marlon Escoto pretendió boicotear la movilización del FNRP

Ante los ridículos desfiles oficiales que se dan desde 2009, donde solo desfilan los centros privados, el ejército y la policía nacional, Marlon Escoto emitió un comunicado que prohibía a docentes y alumnos que se movilizaran alternamente, amenazando con despedir a los directores y expulsar a los alumnos. Esto no afectó al magisterio, que finalmente se hizo presente en la movilización convocada por el FNRP; los alumnos hicieron lo mismo sin llevar estandarte ni uniforme.

El enojo del ministro ante la decisión del magisterio se ha reflejado con el anuncio que ha hecho la directora departamental de Francisco Morazán, anunciando la suspensión por un mes del director del Instituto Central, Roberto Ordoñez; este instituto es el más emblemático del país y el más grande.

El pueblo avanza en su nivel de conciencia

El solo hecho de que una movilización como la del 15 de septiembre cuente con una gran participación de la población para condenar a los responsables de la fatal crisis económica y de los altos índices de violencia que abaten al país, ya es progresivo en el pensamiento del hondureño.

Sin duda alguna que el partido Libre, a través del FNRP, ha canalizado ese descontento popular hacia del proceso electoral del 24 de noviembre, día de las elecciones generales en que se elegirán a los alcaldes, diputados y presidenta o presidente para los próximos 4 años, creando ilusiones en el mismo. Es así que la movilización estuvo atiborrada de propaganda electoral de los candidatos y candidatas de Libre. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que todas las organizaciones de izquierda, incluyendo las que no forman parte de Libre, se sumaran a condenar y rechazar al régimen de Lobo-Hernández. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) también estuvo presente en esta movilización.

El circo debe ser reemplazado por una jornada de lucha nacional

Las 5 movilizaciones que se han realizado el 15 de septiembre, durante los últimos 4 años nos muestran que la población ya no cree en el circo de civismo con el que pretenden engañarle, como lo hacen desde hace 192 años. Estos desfiles no son más que una excusa para despilfarrar el dinero del Estado.

Debe ser obligación de la dirigencia de todos los sectores declarar el 15 de septiembre como una jornada de lucha con paro cívico nacional, en que se reivindiquen los derechos del pueblo a la tierra, al medio ambiente, a la educación, a la salud y a la justicia. Sin importar quién gane las elecciones del 24 de noviembre, esta tradición de cinco años de movilización debe proseguir para que el pueblo adquiera un verdadero sentido de independencia y lucha.

Movilización nacional en defensa de directores sancionados

Finalmente, el Partido Socialista Centroamericano llama a las dirigencias del FNRP, de las centrales obreras y del gremio magisterial que preparen una movilización nacional en respaldo a los directores que han sido amenazados con suspensión por un mes, como es el caso del maestro Roberto Ordóñez. El FNRP no debe tener puestas sus esperanzas solo en el proceso electoral; la lucha para exigir y condenar al régimen heredero del golpe debe mantenerse en las calles.  

Por Justo Severo Izquierdo

El presente gobierno ha mantenido una actitud perjudicial contra todos los sectores que laboran en las distintas dependencias del Estado. La administración de Porfirio Lobo se ha caracterizado por incumplir con cada uno de los acuerdos suscritos entre empleados públicos y gobierno. La lucha que sostienen los trabajadores de la salud para que se les cumpla y se les respete sus conquistas laborales, los ha llevado a utilizar las medidas de presión habituales. En estos últimos días, las enfermeras, los médicos, los empleados por contrato y los pasantes de medicina, han realizado plantones, paros de brazos caídos, asambleas informativas y paros de labores a nivel local, regional y nacional, para exigir que se les cancele salarios atrasados, bonos y otros beneficios que el gobierno no ha honrado todavía.

Déficit fiscal agudiza la crisis en el sistema de salud  

El conflicto abarca y afecta a los empleados de todos los niveles. En estas dos últimas semanas las protestas y paros se han intensificado. Un total de 257 pasantes de medicina protestaron frente a la Secretaría de Salud exigiendo el pago atrasado de cuatro meses del salario-beca que se les prometió, el cual consiste en 6,800 lempiras. Más de 385 empleados por contrato también protestaron en la Secretaría de Salud exigiendo el pago de salarios atrasados desde el mes de octubre del año pasado; mientras a 212 trabajadores por contrato del Hospital San Felipe se les debe el aguinaldo del año anterior y el décimo cuarto de este año. Unos 110 médicos por contrato también permanecen sin salario desde inicios de este año, al igual que 85 doctores bajo interinato que no reciben su sueldo desde enero de 2013 (La Prensa, 17/9/2013).

Esto no es todo, las enfermeras auxiliares paralizaron sus labores en las principales ciudades de país exigiendo el pago de salarios y bonos atrasados. Además, exigen otras demandas que el gobierno se comprometió a cumplir a través de la Secretaría de Salud que dirige Salvador Pineda, como el nombramiento del personal de “Auxiliar” a “Técnico en Enfermería”; la cobertura de las plazas vacantes por cesantía, abandono y muerte; pagos pendientes y mora con el Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (INJUPEMP) e Instituto Hondureño de Seguridad Social, IHSS (El Tiempo, 18/9/2013).

Luchemos por más presupuesto para la salud publica

Lo anterior es originado por el déficit fiscal imperante en la administración de Pepe Lobo. El excesivo gasto corriente, la utilización de fondos del Estado para favorecer a sectores económicos ligados al Partido Nacional, la creación de una base social que obliga a generar medidas populistas (bono diez mil), han dilapidado todos estos recursos. La estrategia de aplicar ocho paquetes fiscales, con el propósito de recaudar los fondos necesarios no ha sido la mejor idea, sino todo lo contrario. Los ingresos han caído drásticamente, por lo tanto, el gobierno ha recurrido al endeudamiento interno y externo, para subsanar los compromisos estatales, siendo el endeudamiento interno el de mayor uso y el que más afecta las arcas del Estado, porque al negociar con la banca privada, estos empresarios avorazados adoptan compromisos de corto plazo y obliga al gobierno a cancelar elevadas sumas de dinero por conceptos de intereses.

Este desorden en el manejo de las finanzas de Porfirio Lobo Sosa lo ha obligado a sacrificar el pago puntual del salario y otros beneficios de vital importancia para los trabajadores, poniendo en detrimento la seguridad de los mismos. Ante tales circunstancias, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) siempre ha propuesto que los trabajadores tengan en sus manos el control sobre la recolección de impuestos y que sean ellos quienes verifiquen sobre el destino de los mismos. Además, que sean los insaciables empresarios capitalistas quienes paguen más impuestos como la única manera de lograr que los pagos se ejecuten de manera puntual. Se requiere la más amplia unidad entre todos los trabajadores de la salud y al mismo tiempo llamamos a todos los sectores obreros, campesinos y populares a que acompañemos este proceso de lucha de todos los empleados de la salud.  

Por Maximiliano Fuentes

A casi dos meses de celebrarse las elecciones generales que definirán los nuevos funcionarios del Estado de Honduras, el candidato nacionalista y actual Presidente de la cámara legislativa, Juan Orlando Hernández, junto al Presidente Porfirio Lobo, también miembro de su partido, anunciaron la creación de la Policía Militar. Es evidente que el propósito de tal anuncio persigue un objetivo estrictamente político, en cuanto intenta presentar como un logro el nuevo cuerpo de elementos policiales altamente calificados y equipados, para recuperar parte del prestigio perdido ante la mala gestión administrativa del gobierno nacionalista. Aunque las críticas se han hecho sentir, dado que en Honduras, un país de amplia tradición en violaciones de derechos, las Fuerzas Militares realizan las labores de la Policía Nacional.

Pese a las intenciones oscuras del candidato presidencial, una buena parte de la población percibe de buena forma la creación de la Policía Militar, dado que la Policía Nacional goza de un enorme desprestigio producto de la vinculación de algunos de sus elementos con el crimen organizado y el narcotráfico. Son varios los casos en que se vincula a elementos de la policía con una diversidad de delitos como asesinato, extorsión, asalto, secuestro y sicariato. Por si lo anterior fuera poco, la ola de criminalidad que azota a la sociedad hondureña ha aumentado de forma estrepitosa en los últimos años, sometiendo a los trabajadores a bandas de extorsionadores y de criminales comunes. Es lícito señalar que las políticas del Estado burgués han fracasado casi en su totalidad porque son cosméticas y no resuelven los problemas centrales: las enormes contradicciones y la desigualdad tejida por el sistema capitalista.

La administración central ha modificado en diversas ocasiones la alta jerarquía policial, así como a los distintos ministros de seguridad; no obstante los resultados obtenidos han sido los mismos. “En los tres años de gestión del presidente Porfirio Lobo han muerto 20,513 personas de forma violenta. Solo en 2012 las muertes por agresión fueron 7,172, según Observatorio de la Violencia. Los números no engañan: La tasa de homicidios de 2012 fue de 85.5 por cada 100 mil habitantes, ínfimamente menor a la tasa de 2011 que se contabilizó en 86.5 por cada 100 mil habitantes.” (elheraldo.hn con acceso el 21/09/2013).

La creación de la Policía Militar y sus verdaderas funciones

Los argumentos de los funcionarios del Estado, así como los del candidato nacionalista Juan Orlando Hernández se dirigen a fundamentar que con la creación de la Policía Militar se busca la eficiencia de la seguridad, que las investigaciones sean más efectivas y que disminuyan los índices delictivos del país. Sin embargo,  este nuevo cuerpo policial se encuentra altamente equipado y entrenado para la intervención en conflictos sociales; entre el costoso  equipo con el que cuentan se encuentran bombas lacrimógenas, escudos y cascos blindados, macanas, protectoras de piernas, gafas protectoras.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por distintas fuentes de información, el equipo tiene un costo aproximado de $10.000 por cada elemento. Lo que tiene un costo para las finanzas públicas de diez millones de dólares americanos -unos doscientos millones de Lempiras-. Esto está siendo financiado, de acuerdo con Oscar Alberto Martínez, asesor de seguridad y especialista en control de riesgos, con la Tasa de Seguridad. De acuerdo a sus declaraciones los fondos de la Tasa de Seguridad son suficientes para mantener la PM y abastecer de logística a los grupos que patrullarán las calles en las diferentes ciudades del territorio nacional.

Aumenta el aparato represivo

De acuerdo a la indumentaria, es evidente que este cuerpo de policías militares está siendo entrenado para desarticulas protestas y movilizaciones de los trabajadores de Honduras, y no necesariamente para combatir la delincuencia común y el crimen organizado.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado de alerta a los organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, gremiales, campesinas y populares a vigilar de forma sigilosa la estructuración de este nuevo aparato represivo y a emprender cualquier acción en aras de salvaguardar y proteger los derechos de libre sindicalización, organización y movilización. Basta revisar la historia política reciente, para lograr comprender el verdadero propósito de esta estructura del aparato represivo del Estado burgués, que desde luego es la de, a través del uso de la fuerza, salvaguardar y garantizar la perpetuación de la hegemonía de la burguesía y oligarquía hondureña.

Juramentación apresurada del nuevo Fiscal General y Adjunto

Por Maximiliano Fuentes

El fin de semana pasado se eligió al Fiscal General de la República y el Fiscal Adjunto. A pesar de la aparente oposición de las distintas bancadas, los nacionalistas lograron su propósito con la complicidad de algunos diputados del partido liberal. Así, en horas de la madrugada del domingo 1 de septiembre se estaba juramentando a Oscar Chinchilla y a Rigoberto Cuéllar, a quienes se les tilda de ser amplios seguidores del presidenciable nacionalista Juan Orlando Hernández, y quienes fueron electos con 92 votos favorables, ocho de ellos provenientes del partido liberal.

Vicios en el proceso de elección

Durante el proceso de selección y elección de los candidatos por la Junta proponente, existieron un sinnúmero de denuncias de actos excluyentes y falta de transparencia del mismo. Sin embargo, la denuncia de mayor polémica fue la realizada por el exmagistrado Ivis Discua Barillas, quien cuestionó el proceso de elección tras retirarse y denunciar que la selección de ambos cargos ya había sido arreglada por la cúpula del Partido Nacional desde la noche anterior.

Las declaraciones de Discua dejaron en evidencia los arreglos por debajo de la mesa dentro de su propio partido y el matiz legal que se le pretendió dar al proceso en las audiencias públicas con preguntas superficiales y sin cuestionamientos. Sin embargo, no logra comprenderse el disgusto de Ivis Discua, ya que de la misma manera se ha venido nombrando funcionarios, directores y secretarios de Estado en la actual administración.

En los días anteriores a la elección de los fiscales por parte del Congreso Nacional se habían retirado del proceso algunos miembros de la Junta Proponente, entre ellos: el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, así mismo la señora Rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Julieta Castellanos. Resulta evidente inferir los motivos de estas contradicciones, dado que diversos miembros del partido pretendían ocupar este cargo. ¿Pero por qué existía un amplio interés de Juan Orlando Hernández y la cúpula del partido nacional de elegir a estos fiscales dentro de esta coyuntura? La respuesta podría ser obvia, sin embargo existe cierta complejidad que requiere de un análisis de la situación nacional y de la lucha de clases.

El propósito de la elección del Fiscal

En ediciones anteriores de El Socialista Centroamericano, explicamos la necesidad del régimen de elegir a un nuevo fiscal para asegurar el control de la mayoría de instituciones del Estado. Ante un eventual triunfo electoral del partido Libertad y Refundación LIBRE, se requiere aunar esfuerzos y asegurar el mayor control del Estado y de sus instituciones.

Eso por varias razones: la primera, para frenar todo intento de reformar la constitución o emprender acciones desde el Ejecutivo que comprometan los intereses de la oligarquía y de la burguesía hondureña; basta recordar el papel de Luis Rubí en la destitución de Manuel Zelaya Rosales del poder el 28 de junio de 2009. Por otro lado, no podría descartarse la unidad total de todas las instituciones del Estado ante un posible fraude electoral por parte del candidato del partido nacional Juan Orlando Hernández, quien ha logrado concentrar un enorme poder manipulando y comprando voluntades con grandes sumas de dinero provenientes de las arcas del Estado. Por tal razón, la elección del Fiscal General y Adjunto del Ministerio público persigue un interés estrictamente político, dado que solo desde esta instancia se logrará un control casi total de la institucionalidad y desde allí seguir favoreciendo a las grandes corporaciones y los negocios que se tejen de forma directa con el Estado.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) estamos absolutamente claros de que estos movimientos en la superestructura estatal persiguen el objetivo de consolidar los proyectos políticos y económicos de los grupos élites para continuar perpetuándose como clase dominante y gozar de amplios privilegios sobre la base de la miseria de los trabajadores y campesinos. Por eso hacemos un llamado a las organizaciones obreras, gremiales, sindicales, campesinas y populares a no confiarse de la institucionalidad burguesa.

Solo la movilización y la independencia de clase nos conducirán a la constitución de un Estado al servicio de los trabajadores y no de las clases dominantes. Hoy por hoy, el poder del Estado se concentra en el sector que encabeza Juan Orlando Hernández, franco enemigo de los intereses populares. Para combatir sus planes de miseria de explotación se requiere de la más amplia unidad de los trabajadores y la recuperación de los métodos obreros de lucha como la movilización y la huelga general.