Por Teodoro Gutiérrez

Desde hace algunas semanas se organizó en el Congreso Nacional la Comisión que elegirá al nuevo Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH). Es de resaltar que entre los miembros de la comisión de legisladores se encuentra el diputado liberal José Alfredo Saavedra, presidente del poder legislativo durante el gobierno espurio de Roberto Michelleti. No se puede olvidar que durante los meses del gobierno ilegítimo se cometieron una serie de violaciones a los derechos establecidos en la Constitución de la República de Honduras y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aún no se castiga a los violadores del orden constitucional, ni a los que acabaron con la vida de cientos de hondureños que lucharon por la defensa de la democracia.

Pese a lo anterior, el actual titular del CONADEH, Ramón Custodio, se propuso para continuar al frente de la institución, pese de ser fuertemente cuestionado por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos por el papel jugado durante la represión del gobierno ilegitimo. Con la desfachatez que le caracteriza manifestó: “sí, estoy dispuesto a continuar en el cargo, estoy decidido a seguir sirviendo a mi pueblo y seguiré manteniendo la actitud crítica e independiente, que no es fácil, pero que es posible como lo he hecho hasta ahora” (La Prensa.hn).

Cientos de hondureños son asesinados por los cuerpos de represión del Estado y el comisionado no ha realizado una gestión eficiente para la resolución de los miles de delitos organizados por la institucionalidad del Estado y que han quedado en la impunidad. Contradictoriamente, esta institución, por cierto relegada durante el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo mediante la creación de la Secretaria de Derechos Humanos, no ha agilizado ningún trámite de denuncia contra los violadores de derechos, pese a contar con los suficientes elementos para ser la voz crítica e independiente que señala Custodio.

Los nacionalistas imponen sus candidatos

Son más de veinte los candidatos que en su momento se postularon para ser seleccionados y de esa manera ejercer como Comisionados Nacionales de Derechos Humanos, no obstante, durante el proceso se han interpuesto una serie de denuncias y en algunos casos han desistido del proceso.

El retiro de la candidatura del Ex Rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y científico de la medicina Juan Almendares Bonilla prueba lo excluyente del proceso y la orientación del gobierno encabezado por Juan Orlando Hernández de colocar a un candidato fiel a los intereses de partido.

Por tal razón, el Dr. Almendares Bonilla expresó que retira su postulación debido a que nunca se le permitiría ocupar tan importante cargo por sus posturas ante ciertos problemas del país. Así mismo dijo que el principal argumento para abandonar su postulación es la ilegitimidad del proceso. “Aquí no hay rendición de cuentas y los diputados que representan sus partidos políticos, defenderán sus propios intereses”.

Lamentó que el proceso de selección del nuevo Ombudsman sea excluyente y que no permita que líderes campesinos puedan postularse, sólo porque no tienen título universitario. “Me retiro de la candidatura porque no puedo avalar el proceso, no estoy de acuerdo en la forma que se lleva a cabo la elección. Se trata de una práctica en la defensa de los derechos humanos y eso no lo conoce la comisión”, finalizó Almendares Bonilla.

No confiar en nuevo Comisionado

Entre los candidatos que permanecen en el proceso se encuentran la Ex Fiscal de Derechos Humanos Sandra Ponce, quien por cierto, se acomodó en la lucha por la defensa de los derechos humanos y las arbitrariedades del gobierno ilegítimo de Roberto Michelleti Baín. De igual forma, la Ex Ministra de la Secretaría de Derechos Humanos Ana Pineda, quien a nuestro juicio podría ser favorecida por su vínculo partidario con Juan Orlando Hernández.

Ante las arbitrariedades del régimen y la selección excluyente y antidemocrática, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos pública nuestra denuncia ante la elección amañada del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, y por ello llamamos a las organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles y a los distintos gremios a no confiar en el nuevo comisionado, ya que este responderá a la línea del oficialismo. De igual manera, proponemos un encuentro nacional para organizar un paro cívico para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de cientos de líderes políticos, entre los que se encuentra nuestro amado camarada José Manuel Flores Arguijo, quien cumplirá cuatro años de haber sido asesinado; los autores intelectuales del violento crimen así como las verdaderas razones por las cuales fue segada su vida aún no han sido esclarecidas.

Por Aquiles Izaguirre.

En este mes han sido publicados en los diarios nacionales una serie de artículos que denotan el gran problema de la energía en Honduras. Esta crisis se hizo pública debido a que las negociaciones que mantiene el gobierno con las generadoras que producen energía eléctrica a través de productos derivados del petróleo. Esta generadoras se ha n venido enriqueciendo sin siquiera producir energía, pero más que eso, demuestran la gran corrupción e ineficiencia de los gobiernos nacionalistas, que en harás de hacer negocios con las empresas estatales han quebrado al ENEE para justificar la privatización de la misma.

A pesar de que la gran época de las privatizaciones en Centroamérica se dio en la década de los noventas, el caso de Honduras es un caso muy particular, mientras que el caso más cruel fue el de Nicaragua en donde el Estado fue desmantelado y se privatizaron casi todas las empresas de servicio público, aquí en Honduras el Estado conservó las empresas estatales de servicio básico. Este es el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) que hasta hace poco fue una empresa estatal y que ahora está en un proceso de desmantelamiento y de venta sectorizada. ¿Pero porque está en “crisis” la ENEE? Para encontrar la respuesta nos tenemos que remontar a la administración del dictador de facto Roberto Michelleti. Fue en esta administración que comienza la caída estrepitosa en donde se le pagó con creces el “nacionalismo” de los golpistas. Desde ese momento comienza el alza estrepitosa en la factura energética y el desmantelamiento de la ENEE.

 Gran negocio de las generadoras.

Como veremos, la producción de la energía es un negocio extremadamente rentable para los “empresarios” del sector. Según el Diario Tiempo: “Más de 198 millones de lempiras mensuales invierte el Estado en el pago de costos fijos a las plantas de energía térmica, los cuales deben de ser honrados aunque no generen servicios para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica” (Diario Tiempo 13/02/2014) esto significa que las generadoras que producen a través de combustibles han mantenido contratos privilegiados en las últimas administraciones, y que se les paga aunque ellas no estén generando energía, es decir, se les paga por no producir nada y cuando lo hacen producen a costos extremadamente altos. En los últimos 3 años los fondos que se le ha pagado a las generadoras asciende a: “La ENEE destinó 33,775.5 millones de lempiras para comprar energía a los generadores privados en el período 2010-2013” (El Heraldo 26/02/2014)

Energía sucia.

A este panorama se le suma la enorme dependencia que tiene la ENEE de las productoras energéticas sobre todo las térmicas que se han enriquecido en gran medida por la gran corrupción de los gobiernos que no se han dado a la política de invertir fondos en la producción de energía limpia, más barata y que este bajo el control del Estado, los trabajadores y las organizaciones civiles de defensa de los consumidores u otras. Podemos ver que la producción de energía sucia representa: “Unas 13 plantas movidas con diésel, bunker y carbón mineral generaron el 56.2% de la energía total del sistema interconectado nacional durante 2013, pero absorbieron el 80.9% de los recursos procedentes de la venta de energía” (Ídem)

Deuda Millonaria

Según los últimos reportes, la ENEE tiene un gran déficit sobre todo por la enorme deuda que tiene algunas empresas con dicha empresa, es decir, los que adeudan más a la ENEE no son los consumidores pobres, sino el Estado mismo, las empresas privadas y los políticos. En el caso del gobierno la deuda asciende a: “Con una deuda de aproximadamente 1,200 millones de lempiras, el gobierno es uno de los principales deudores que tiene actualmente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica” (EL Heraldo 25/02/2014) Pero aún la deuda del gobierno palidece ante la deuda de las empresas privadas: “La estatal tiene un millón 300 mil abonados. Los morosos constituyen un 35 por ciento del total de los clientes. El 75% de la mora total se encuentra en no más de 10,000 abonados. Una camaronera adeuda 2,692,710.47 lempiras, un periodista de la zona sur debe 237,355.77 lempiras y así la lista suma, entre persona y empresas, oficinas legales, políticos, casas curales, fincas, inversiones, inmobiliarias, partidos políticos, juntas de agua, empresas de cable, cementeras y haciendas.” (Ídem)

Como vemos el problema fundamental de la crisis de la ENEE es por la enorme corrupción de los gobiernos y sobre todo porque la producción energética es un gran negocio para el gobierno y las empresas privadas. No debemos permitir que el proceso de privatización continúe, todo lo contrario, llamamos a los trabajadores de la ENEE y a los trabajadores en general para que planifiquemos acciones que lleven a la nacionalización de las empresas generadoras de energía. Solo los trabajadores pueden defender el patrimonio del estado, por ende el control de la empresa debe estar en manos de los trabajadores, claro está bajo la supervisión del pueblo y sus organismos sociales.

Por Abril Yánez

“El Congreso Nacional citará a Escoto para explicar doble jornada”, así reza el titular de La Tribuna del 18 de febrero. El mocionante fue el profesor Edgardo Casaña, anterior presidente del COPRUMH y ahora diputado por el Partido LIBRE cuyo argumento se basa en que “la doble jornada aumenta los costos de transporte de los padres de familia, acrecienta la deserción escolar y disminuye la calidad educativa por el cambio de rutina en la enseñanza”. Aún esperamos.

Pero este argumento es fácilmente debatible, pues la justificación de Escoto se basa en que “será distribuida la merienda escolar por lo que los niños no tendrán que regresar a su casa y volver al centro educativo” aunque omite la verdad indiscutible: la merienda distribuida consiste solamente en arroz, frijoles duros, avena y aceite de olor desagradable, no de una provisión variada para que la alimentación sea rica en los nutrientes que los niños y niñas necesitan.

Por otra parte, si los alumnos no regresaran a almorzar a sus casas, como lo designó Escoto, significa que estarán a cargo de los maestros, a quienes obviamente se les reducirá el tiempo para almorzar. Nuevamente el gobierno olvida la parte humana con los obreros de la educación ya que, además de violentar su derecho a la estabilidad laboral, al pago puntual y completo de su salario, ahora también desconoce su derecho al descanso y la alimentación.

Con respecto a la deserción, esta puede agudizarse porque muchos estudiantes trabajan en la jornada contraria a sus clases para ayudar en la manutención familiar –aunque el trabajo infantil está prohibido- las familias hondureñas recurren al trabajo de todos sus miembros como única opción para sobrevivir.

La calidad educativa será menor en relación, no a que se cambie la rutina de enseñanza –pues el ser humano es adaptable- sino en que para garantizar una excelente calidad de la educación, los centros educativos deben estar totalmente equipados, desde su infraestructura (tuberías, sanitarios, abastecimiento de agua, sistema eléctrico, teléfono, etc.) su estructura en general (pisos, techos, paredes, muros de contención y perimetrales, construcción de canchas, áreas de recreación, rampas para discapacitados, cocinas acondicionadas, aulas para computación, bibliotecas, mobiliario) recursos didácticos adaptados para personas con alguna discapacidad motora o sensorial y para la generalidad de alumnos (libros de texto para cada alumno/a, ilustraciones, carteles educativos, mapas, literatura, etc.) materiales y equipo de oficina, y si se quieren jactar de estar a la vanguardia, deben proveer de carteles y pizarras electrónicas, computadoras para cada estudiante.

Contrariamente al discurso de Escoto, ningún centro educativo tiene siquiera la mitad de lo anteriormente detallado pero si, excede el hostigamiento hacia los docentes. Entonces, toda la verborrea del ministro puede rebatirse con una confrontación de las realidades vividas en las comunidades rurales y urbanas. Lastimosamente, el magisterio se encuentra huérfano, sin una dirigencia política y administrativamente saludable, capaz y desvinculada de acusaciones oscuras que amparan el juicio descomunal e inhumano del que cada docente ha sido objeto en toda la administración de Marlon Escoto.

El abandono y la zozobra en que se encuentra el magisterio son innegables. Por una parte, no hay respaldo del Frente de Resistencia Popular, ni mucho menos del CONADEH (Comisionado Nacional de DDHH), uno debilitado por haberse ahogado en las urnas y el otro porque abandonó su función, apoyando a los protagonistas y promotores del golpe de Estado. Apenas grupos exiguos de padres y madres de familia en varias partes del país protestan contra la doble jornada argumentando que el ministro está utilizando a sus hijos para hostigar a los maestros y por el descontento de no haber sido consensuada, sino, impuesta, esa determinación.

Y en medio de todo, el docente de aula es quien paga las consecuencias. Mientras, se ha descubierto que el Estado pagó 90 millones de dólares a la fundación de Ricardo Maduro (ex presidente del país) para asesorar a Marlon Escoto, obviamente en la manera de concretar el plan contra la educación que se intentó imponer en su gobierno (2002-2006) pero que el magisterio, con acciones fuertes, pudo detener temporalmente.

Los planes macabros del gobierno están lejos de terminar, por lo tanto urgen estrategias para torcerlos; la dirigencia magisterial debe ser renovada con personas que no tengan señalamientos para recuperar la confianza de la base, provocar el despertar del otrora magisterio beligerante y reactivar la unidad de la clase obrera. El FNRP también debe resurgir en base al pensamiento con que fue creado. Resistir y vencer.

Por Artemisa Soriantus

El contexto por el que pasa Honduras después de la toma de posesión de Juan Orlando Hernández, nos ayuda a describir un poco lo que sucede en el país. Por ejemplo la falta de libertad de expresión de parte del pueblo y el conformismo que esto causó nos llevó a un camino sin retorno en el cual nos guiamos a ciegas confiando en lo que dicen los que nos gobiernan. Con esto nos referimos a la promoción que le dan a una “campaña vinculada al combate de la delincuencia y el crimen organizado” ya que se da por hecho la efectividad de dicha campaña al ver a diario todos los titulares de los periódicos. Día tras día nos encontramos noticias de arrestos y límites que el gobierno le pone al crimen organizado. Pero la pregunta es ¿hasta qué punto el gobierno puede violentar los derechos de los ciudadanos en aras de combatir el crimen organizado?

Dentro de las políticas que ha utilizado el gobierno para combatir el crimen organizado está la famosa ley seca de los domingos. El argumento consiste en retirar las bebidas alcohólicas ya que éstas resultan ser dañinas a la sociedad, con esto se refieren a actos delictivos dando por hecho de que al prohibir los domingos las bebidas alcohólicas la delincuencia iba a disminuir. “La medida promovida por el presidente Juan Orlando Hernández tiene como finalidad reducir los niveles de violencia y de muertes y tiene su justificación en estudios según los cuales, el mayor nivel de incidencia de muertes por la ingesta de alcohol ocurre los domingos por la noche” (El Heraldo 22-02-2014).

Esta “brillante táctica del gobierno ha tenido grandes resultados”, Fredy Casasola, titular de la dependencia local de la policía, amenazaba: “Los operativos van a llegar hasta los mercaditos y pulperías de los barrios y colonias, y si hay denuncias por venta de bebidas alcohólicas hay riesgo de que los negocios sea cerrados definitivamente” (El Heraldo 24/02/2014).

Asimismo, hay organismos que no solo pretenden combatir el crimen organizado con esta medida sino que también buscan cómo legislar sobre la moral de las personas. El primer día de aplicación a la famosa ley seca, se registró como el día con mayor violencia en lo que va del año; hubo arrestos de los cuales ninguno está relacionado con problemas de bebida. Según la prensa, se registró una gran cantidad de homicidios en distintos departamentos del país; entre estos están San Pedro Sula, Yoro y Copán. 29 muertos se reportaron a causa de vendettas, asaltos y otro tipo de crímenes, mientras tanto la policía afirmó que no hubo muertes a causa de accidentes de tránsito provocados por el alcohol. Los movimientos realizados por el actual presidente para combatir del crimen organizado también han incidido en la regulación de los centros penitenciarios, ya que se impulsó el bloqueo de llamadas en dichos centros. El gobierno ha cortado o intervenido las comunicaciones cerca de las penitenciarías como medida para eliminar el crimen organizado. Aun cuando la medida ha perjudicado a los criminales, también ha afectado a los sectores aledaños a la penitenciaria.

A pesar de las publicaciones hechas por los diferentes diarios del país que afirman que Conatel y las redes de telefonía celular que circulan en el país han seguido al pie de la letra las leyes impuestas y que han bloqueado las señales en los múltiples centros penitenciarios del país, no se ha tomado en cuenta los lugares cerca de los centros penitenciarios donde también privan de señal a los ciudadanos. “El bloqueo telefónico que se hizo efectivo a partir de esta semana afectó a personas que viven en las zonas residenciales cercanas a los centros penales, razón por la cual han efectuado actos de protesta y tomas de carretera, como ocurrió ayer con los vecinos de Támara. Igualmente, este viernes se produjeron conatos de amotinamiento en las cárceles de San Pedro Sula y Támara, en protesta por el bloqueo" (Diario la Prensa 14-febrero-2014). El problema es que las libertades democráticas de la población han sido afectadas, y a pesar de que se tiene que combatir el crimen organizado (que de igual manera no es un hecho concreto ya que en una publicación hecha en Radio Cadena Voces, Ramón Sabillón comenta sus dudas acerca de las transacciones de teléfonos satelitales) estas medidas pueden ser utilizadas luego para atacar a los trabajadores y sus organizaciones.

Las comunidades deben exigir que sean derogadas estas leyes, pues lo único que contribuye a acrecentar la criminalidad y la delincuencia son los planes de miseria del régimen de turno.