Por Sebastián Ernesto González

El gabinete económico de Juan Orlando Hernández ha enfilado toda su batería en lograr un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La grave crisis económica en que han sumido al país desde el golpe de estado, mantiene desesperado al régimen, que intenta negociar una carta de intenciones, que le permitiría nuevos préstamos.

Para la firma de dicha carta de intenciones, el FMI exige la devaluación acelerada del Lempira frente al dólar y la disminución del gasto público.

“A finales del 2011, el Banco Central de Honduras reactivó el deslizamiento de la moneda, atendiendo la exigencia de organismos internacionales…” “en ese momento, el precio de referencia rondaba los 18.895 lempiras, pero a junio de este año se llegó a un precio de 20.8799 lempiras por un dólar, aunque en los bancos el dólar se cotiza arriba de los 21 lempiras.” (LT 09/06/2014).

Lo anterior significa una devaluación paulatina que llega al 10.5 %; esta devaluación eleva inmediatamente el precio de productos importados o elaborados con productos importados como es el caso de la harina de trigo. Los precios de la canasta básica también son elevados al reflejar el efecto del encarecimiento del combustible.

Con el golpe de estado, el régimen iniciado por Michelleti y continuado por Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández aumentó exponencialmente la deuda interna del país, de tal forma que están asfixiando a los trabajadores vía impuestos y manteniendo estáticos los salarios de los trabajadores y trabajadoras.

Sin duda alguna que tanto la devaluación como los impuestos, o el control del gasto público, a quien afecta directamente es a los trabajadores. Hasta ahora, los impuestos aumentados son diversos: la tasa de seguridad, el aumento del 12% al 15% del impuesto sobre ventas, se aumentó el impuesto de la telefonía celular, del uso de internet, el ajuste permanente a la energía eléctrica por el uso de combustible, ahora también se pagará peaje en las salidas de Tegucigalpa, y se gravará con impuestos a las personas que ejercen profesiones liberales como ingenieros, periodistas, maestros, médicos y abogados. Según Miriam Guzmán, de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, “mediante la Oficina de Inteligencia Fiscal hemos identificado a las cinco principales profesiones a nivel nacional.” (LT 10/06/2014); según la Titular de la DEI, los trabajadores que ejercen estas profesiones estarían siendo incorporadas al pago del impuesto sobre renta.

Mientras Juan Orlando espera por una firma de intenciones para finales del año, ya anunció la puesta en venta de 1000 millones de dólares en bonos soberanos, cifra que vendría a acrecentar la deuda externa, y que solamente serviría para las medidas populistas del régimen como el bono 10,000 y otros.

¡Auto convoquémonos!

Mientras toda la factura del golpe de estado y sus consecuencias, se le están cobrando al pueblo hondureño, mientras los empleados públicos y los trabajadores de los diferentes gremios no han tenido aumentos salariales, y éstos fueron absorbidos por la inflación y la devaluación de la moneda, el régimen despilfarra el dinero y saquea las instituciones de previsión social, tal y como lo hiciera con el Inprema y el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

El aumento de los combustibles es constante todas las semanas y encarece la canasta básica. Los trabajadores y trabajadoras no pueden seguir esperando, llegó la hora de luchar. Las acciones hechas por los diputados de Libre en el Congreso Nacional no le han generado ni cosquilla al régimen de JOH; cualquier intento de introducir una Ley a favor de los trabajadores será boicoteado por los diputados del Partido Nacional, Partido Liberal, UD, PDCH, y de repente por los mismos del PINU, PAC o del mismo Libre. Solo la movilización en las calles rescatará los beneficios ya perdidos.

Este 28 de junio debe ser el inicio de una escalada de acciones de movilización nacional para enfrentar al régimen, y si la dirigencia actual del FNRP, de los sindicatos y de los gremios no moviliza posteriormente, entonces la clase trabajadora debe auto convocarse en una fecha para detener los “impuestos de guerra” implementados constantemente.

¡Que la crisis la paguen los ricos!

Por Justo Severo Izquierdo

Como un nuevo acto de arbitrariedad se puede calificar la medida impuesta por el ministro de educación Marlon Escoto, quien esta semana ordenó que se cumpliera con la mandato de fusionar 16 centros educativos entre escuelas y colegios en la capital de la república; esta medida ha perjudicado a cientos de estudiantes, maestros y padres de familia.

Protestas enérgicas de padres de familia

Las acciones de protesta de los padres de familia no se hicieron esperar. La iniciativa del ministro ha causado inconformidad y preocupación; los padres de familia de una de las escuelas afectadas, la Oswaldo López Arellano, que por años ha contribuido a la formación de muchas generaciones y que se ha convertido en un emblema de la populosa colonia Kennedy, han protestado de manera enérgica y se resisten a que se les quite su patrimonio. De igual manera los padres de familia de otros centros educativos como la escuela Marco Antonio Andino, el Instituto Nocturno San Ángel, Instituto Blanca Adriana Ponce, Abraham Lincoln, entre otros, han manifestado que si el ministro no desiste de esa idea acudirán a los plantones, marchas y tomas de centros para que se les escuche. Esta medida se pretende aplicar en todo el territorio nacional, con la excusa de “optimizar recursos económicos, infraestructura y garantizar educación de calidad para todos”, pero no es más que el cierre directo de algunos centros educativos.

Un nuevo golpe al magisterio

La fusión de estos centros educativos tiene un mensaje claro por parte del ministro Marlon Escoto: asestar otro golpe bajo al gremio magisterial y con ello medir fuerzas entre gobierno y magisterio y dejar por sentado que el que manda es el gobierno, acción que pretende debilitar aún más al gremio con una política de terror a través de medidas y acciones dictatoriales que pretenden acabar con las conquistas de todos los maestros.

Contradicciones que acarrea esta medida

Muchos hondureños denunciamos a diario la deplorable situación en que se encuentra el sistema educativo. El ministro debería solventar problemas puntuales como construcción de más escuelas, reestructuración y mantenimiento de muchos centros educativos que son un peligro para los infantes y que no reúnen las condiciones mínimas de un espacio de aprendizaje, el hacinamiento en muchos centros educativos, la carencia de mobiliario y todos los recursos didácticos que necesitan los educadores y educandos para que el proceso de enseñanza- aprendizaje sea eficaz y de calidad, capacitación permanente a los educadores, preocupación por desarrollar un verdadero modelo educativo, sin exclusión, moderno y coherente con la realidad nuestra; todo esto debe combatir nuestro flamante ministro, no cerrar centros por un capricho antojadizo para llevarle la contraria al magisterio y confrontarlo con medidas que se llevan de encuentro no solo a los docentes, sino a estudiantes y padres de familia.

Lo que no ha tomado en cuenta el ministro es la posible deserción escolar que podría causar esta medida impuesta a la ligera, sin consultar a padres de familia, alumnos y docentes. En el plano sicológico los estudiantes resentirán su traslado, ya que no están acostumbrados a otro lugar y otros ambientes. Ponen en peligro su integridad física al desplazarse a otros sectores, lo que implica recorrer una mayor distancia. En el plano pedagógico se presentarán problemas con los espacios de aprendizaje al provocar hacinamiento. Otro de los problemas que podría causar atraso e inestabilidad en el estudiante es el ritmo en cuanto a los contenidos de asignaturas, pues no todos los centros llevan el temario desarrollado en el mismo punto del programa.

El Partido Socialista Centroamericano PSOCA, ante la medida dictatorial del ministro de educación Marlon Escoto, se opone a que se fusionen los centros educativos. Hacemos un llamado a estudiantes, padres de familia, docentes y todos los sectores organizados y no organizados para defender la estabilidad laboral de los compañeros docentes, para que mientras haya matrícula en cada centro educativo, se desbarate todo intento de fusión. Para que la educación sea de calidad debe ser personalizada, el docente debe manejar cómo máximo veinte alumnos, no cuarenta ni cincuenta como pretende implementar este ministro. ¡Abajo todo proyecto excluyente y rapaz que lacere los intereses de la clase trabajadora!  

Por Antonio Bardales.

Este martes 27 de mayo se produjo un evento muy importante en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Ante el caos administrativo que impera en el Alma Mater, los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social realizaron una asamblea democrática en la que decidieron tomar del edificio de Ciencias Sociales.

Decisiones inconsultas

Básicamente la indignación de los compañeros se da en el marco de la decisión inconsulta de las autoridades que ha despojado los edificios y estructuras históricas las carreras de Ciencias Sociales, para brindarle el espacio físico a Ciencias Jurídicas.

Esta protesta se produce por un hecho puntual, pero en realidad es solo la punta del Iceberg de un sinnúmero de contrariedades a las que nos enfrentamos los estudiantes que tenemos el privilegio de cursar estudios superiores en la UNAH. El problema no radica en que se les de espacio a otras carreras los edificios que pertenecían a Ciencias Sociales, sino que los estudiantes de la UNAH tenemos un sinnúmero de necesidades estructurales, logísticas y materiales que no son satisfechas por Rectoría, argumentando la falta de presupuesto.

La problemática de las carencias es grande. Fácilmente podemos mencionar: la falta de aulas para impartir clases, cursos sobrepoblados, el atraso o la no apertura de asignaturas, inseguridad en el trasporte, mercantilismo en la venta de servicios a los estudiantes, la no inclusión de los estudiantes en la toma de decisiones, la intimidación hacia los estudiantes que ejercen su derecho a la protesta, solo para mencionar algunas de las más importantes. En este marco, la administración, por orientación de Rectoría se alza como figura autoritaria y omnipresente que no necesita de representatividad, simple y sencillamente impone sus criterios sin consultar a nadie, ejerciendo el más claro despotismo.

¿Nuevos edificios para quienes?

Así es que mientras los estudiantes, razón de la existencia de la UNAH, no tienen aulas donde se les imparta clases, se está construyendo un nuevo edificio para exaltar la gestión de Rectoría. Aclaramos que ningún estudiante se opone a los proyectos de infraestructura que mejoren las condiciones de la UNAH, solo que en este momento las prioridades deben estar orientadas a solventar el gran déficit estructural que tienen las unidades académicas, y que no permite brindarle espacio físico para impartir ciencia.

Una lucha por más presupuesto para la UNAH

Por esto es importante recalcar la importancia de la pequeña lucha de los estudiantes de Ciencias Sociales. No debemos permitir que Rectoría nos eche a pelear a los estudiantes de Ciencias Sociales contra los estudiantes de Ciencias Jurídicas, que seguramente también reclaman espacio para recibir sus clases.

La actual lucha de los compañeros de Trabajo Social debe ser el inicio de un proceso de movilización que arranque conquistas para todos los y las estudiantes que cursamos estudios en la UNAH. Hasta la fecha la Asociación de Estudiantes de Sociología se ha sumado y apoyado en la protesta de los compañeros de Trabajo Social.

Asimismo, la Asociación de Estudiantes de Historia se prepara para acuerpar la lucha que no solo es de los compañeros de Trabajo Social, sino de todos y todas. Es imperativo realizar asambleas informativas en toda la facultad de Ciencias Sociales, haciendo un llamado a todas sus asociaciones a sumarse a la protesta que hasta el momento llevan a cabo compañeros de Trabajo Social y Sociología. Desde Ciencias Sociales debemos llamar al resto de las asociaciones de la UNAH para que apoyen activamente esta reivindicación que es de todos. Solo la unidad asegura un triunfo de todos y todas las estudiantes.

Es importante crear un Comité de Huelga representativo en el que estén integradas todas las organizaciones, Asociaciones y personas independientes que apoyen la protesta que hasta el momento dirigen los compañeros de Sociología y Trabajo social.

Como tareas debemos asumir la creación de comisiones que se den a la tarea de recoger un programa amplio que reivindique las necesidades primordiales de los y las estudiantes, tales como comedor público, transporte seguro y gratuito, aulas para las unidades académicas, entre otras. Esta reivindicaciones son parte de la lucha global para que el Congreso Nacional vote más presupuesto para la UNAH.

Asimismo, las asambleas deben elegir comisiones que se den a la tarea de pasar aula por aula, explicando la razón de la protesta e invitando a las otras asociaciones y estudiantes en general a que se sumen y luchemos unidos en contra de las arbitrariedades del poder que nos pretende avasallar.

Los trabajadores sufrimos las consecuencias del saqueo al IHSS

Por Maximiliano Fuentes

Durante las dos últimas administraciones del Estado, tanto el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo como el de su sucesor Juan Orlando Hernández, la crisis fiscal, la estrepitosa deuda interna, el enorme encarecimiento de los alimentos, así como las elevadas tarifas de la energía eléctrica, han sido todas trasladadas directamente a los bolsillos de los trabajadores.

Durante este proceso, se ha trasladado el pago de la enorme deuda interna a las espaldas de los trabajadores y empleados públicos mediante la aplicación de una serie de leyes que han lesionado los ingresos, aumentado el precio de todos los artículos de primera necesidad y en algunos casos la pérdida de miles de empleos por el cierre de varias instituciones del Estado.

Por otro lado, la corrupción de los funcionarios de gobierno que han dilapidado las finanzas de instituciones como el Instituto Hondureño de Seguridad Social y la casi extinta Empresa de Telecomunicaciones Hondutel, ha dejado sin el derecho a la salud a miles de hondureños que gozan de los servicios de previsión y salud estatales, además de que se ha dado un despido masivo por la inestabilidad financiera de estas instituciones.

La propuesta del gobierno ante el despilfarro: trasladar la crisis de las instituciones a las espaldas de los trabajadores

La institucionalidad del Estado, antes de buscar a los verdaderos responsables para enjuiciarlos y encarcelarlos por los crímenes de lesa humanidad contra la población hondureña y concretamente contra los trabajadores, ha creado distintas comisiones para garantizar la recuperación financiera de las instituciones que los corruptos funcionarios han saqueado y ultrajado. Tal es el caso de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que después de haber revelado las escandalosas cifras sustraídas ha dado algunas recomendaciones para reconvertir al IHSS en una empresa eficiente.

Entre ellas sobresale la necesidad de gestionar ante el gobierno de Juan Orlando Hernández la aprobación de recursos que permitan cubrir las necesidades que atraviesa la institución. De igual forma sugieren implementar un mecanismo ágil de cobro de la abusiva deuda de los empresarios que a la fecha asciende a 804.66 millones de lempiras. Como se puede observar, los empresarios extraen la cuota por parte del trabajador, sin embargo no realizan los desembolsos correspondientes.

Desde luego, en ninguno de los casos se establece que los responsables serán enjuiciados, sus bienes expropiados y se mejorará de forma eficiente los distintos servicios prestados por la institución, entre los cuales está garantizar la existencia de los medicamentos que les prescriben a los trabajadores.

El ataque contra el sistema de pensiones

Pero el ataque contrarrevolucionario del gobierno de Juan Orlando Hernández no se reduce a desproteger los derechos de la salud y el empleo, sino que tambiénha reformado las leyes de pensiones y jubilaciones. Así ocurrió con las reformas a la Ley de Injupemp, que por cierto contempla un aumento de la edad de jubilación; de 58 años pasa a 65 años. Además, según la reforma, la implicación para los trabajadores públicos establece que deberán aportar durante 15 años para recibir el gozo de los beneficios de la jubilación.

De la misma manera, se aumentan las cotizaciones y se incluye las cuotas del aguinaldo y decimo cuarto mes. Pero la corrupción no sólo ha salpicado el Seguro Social y el Injupemp, sino también al Impremah; y en una situación de inestabilidad financiera producto de la retención de los desembolsos por parte de las autoridades universitarias, al Inpreunah.

Unidad de los trabajadores en la lucha

Estamos frente a una política económica que intenta arrebatar las más grandes conquistas de la clase trabajadora. Durante el gobierno de Porfirio Lobo, producto del enorme endeudamiento por parte del Estado ante el gran despilfarro de los recursos institucionales por parte de los funcionarios públicos, se intentó hacer uso de las aportaciones del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).

Por todo lo anterior, pero sobre todo por los enormes abusos de los grupos minoritarios que ejercen el poder político y económico en Honduras -aquellos que han visto aumentar de forma acelerada sus grandes capitales a costas del enorme sufrimiento del pueblo trabajador- es que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a todos los trabajadores de Honduras para organizarnos y luchar para frenar esta arremetida del gobierno nacionalista de Juan Orlando Hernández. Solo la más amplia unidad permitirá restablecer las grandes conquistas perdidas durante este periodo.