Por Sebastián Ernesto González

El primero de mayo, la clase trabajadora hondureña nuevamente salió a las calles a mostrar su sentimiento de protesta ante tanta represión del régimen de turno. La profunda crisis económica, los altos índices de violencia, los altos casos de corrupción, la venta a pedazos del país, los altos costos de los carburantes, de los servicios públicos y de la canasta básica, han sido nuevamente motivos para que el pueblo saliera a condenar y deslegitimar el régimen de la alianza Partido Nacional-Partido Liberal, liderada por Juan Orlando Hernández. Estos dos partidos que desde 1982 se alternan en el poder -sin contabilizar los períodos anteriores a los regímenes militares- y que se enfrascaban en las campañas electorales en pugilatos de acusaciones y contraacusaciones para ganar votantes, ahora funcionan como un reloj suizo en la aprobación de leyes que eliminan las conquistas sociales y económicas de la clase trabajadora, aprueban leyes a diestra y siniestra para entregar el territorio nacional al capital extranjero y a los oligarcas hondureños.

En 5 años se ha perdido la herencia de la huelga de 1954

En el 60 aniversario de la huelga de 1954, la clase trabajadora se encuentra en una coyuntura complicada. Los gremios y los sindicatos han sido fuertemente golpeados por los continuadores del golpe de estado; la débil constitución de 1980 que dio lugar a un ciclo que ya lleva 32 años de bipartidismo en el poder, ha sido reformada cuantas veces ha sido necesario para entregar al país o para golpear a los trabajadores y trabajadoras. Todas las conquistas obtenidas como resultado de la gran huelga de 1954, han sido cercenadas, eliminadas o trastocadas con el único fin de favorecer la empresa privada y de generar riquezas para grupos privilegiados. Por eso ahora se vuelve imperativa la necesidad de organizar un movimiento de lucha a nivel de todos los sectores y que haga oposición al régimen.

Todos los primeros de mayo el pueblo sale a protestar, las calles son inundadas por los trabajadores y el movimiento popular, tras la movilización queda el grafiti con leyendas en las paredes que denuncian la agonía de un pueblo. Sin embargo, al final todo no pasa más que de una simple caminata con consignas y grafitis, el pueblo responde y se hace presente, pero no hay propuesta de un plan de lucha  como el que inició con el 1 de mayo de 1954, no hay indicios de crear el andamiaje que dé lugar a que nuevamente el sector trabajador se levante a rescatar lo perdido. Al final del día todo quedó como cuando inició.

La izquierda revolucionaria y su propuesta de lucha

Fue evidente en la movilización en Tegucigalpa, un distanciamiento entre el zelayismo y la izquierda dentro de Libre; mientras en el 2013 toda la dirigencia de Libre, incluyendo la izquierda zelayista se movilizaban juntos, en esta ocasión caminaron por separado, evidenciando un distanciamiento que hasta ahora no se refleja en la lucha. La dirigencia de esta izquierda es la que le apostó a la toma del poder mediante la participación electoral, hecho que no se dio y más bien sirvió para desmovilizar los sectores en lucha.

Por otro lado se encuentra la Izquierda Revolucionaria de la cual el Psoca ha formado parte. Este espacio, que es conformado por diversas organizaciones que en su momento no estuvieron de acuerdo con la desmovilización para volcar la lucha al terreno electoral, han sacado unitariamente una propuesta de lucha que incluye: el rol de la clase obrera en la lucha y su independencia de clase, la democratización interna de las distintas organizaciones, la movilización permanente y la huelga como método de lucha, y ante los mismos problemas económicos y sociales de todos los países de Centroamérica, extender la lucha a toda la región centroamericana.

Convirtamos todos los días en un 1 de mayo          

Hay diferentes sectores que se han levantado en lucha por motivos diferentes; estas luchas son efímeras o débiles pero recogen el malestar de la población ante tanta injusticia y una elevada crisis económica y enormes índices de desempleo, mientras unas cuantas familias se vuelven multimillonarias. Pobladores salen a protestar por el alza a los combustibles, padres de familia se organizan para eliminar la jornada extendida que les ocasiona enormes gastos con sus hijos, docentes se organizan a nivel de base para analizar la problemática del magisterio, los ejemplos siguen pero todos son diluidos. Solo un programa de lucha y una estrategia unificada de la clase trabajadora puede lograr que el régimen retroceda.

¡Por un plan de lucha de la clase trabajadora unificada!

Por Ricardo Velásquez

El magisterio, postrado y moribundo por la prolongación de la dictadura impuesta por los gobiernos continuadores del golpe de estado, sigue en su lucha contra el gigante opresor y renuncia masivamente a la Cuenta de Ahorro Provisional. Esto a pesar de no poder movilizarse por la criminalización de la protesta, no poder paralizarse por la represión administrativa, no poder emitir gritos de protesta porque se le han cerrado todos los espacios. Entonces hay que renunciar a la CAP, la alternativa que ofrece falazmente el gobierno con el propósito de descapitalizar los colegios magisteriales.

El gobierno de Juan Orlando sabe que el magisterio ha sido el sector más beligerante en la última década, por ello ha puesto todo su empeño en doblegar a la otrora columna vertebral de la resistencia, y ha enfilado toda su política a destruir conquistas económicas, sociales y organizativas. Por eso, paralelamente a la eliminación de las conquistas de los docentes implanta, una política de destrucción de las organizaciones magisteriales. Para lograr su acometido elimina las licencias con goce de sueldo a los directivos y elimina las cotizaciones obligatorias a más de un colegio, además de que las reduce a 50 lempiras por cotizante.

Dar la espalda a los colegios magisteriales en este momento es rendirse ante la espada del verdugo, es traicionar las luchas heroicas de los mártires caídos; por eso el magisterio debe luchar por mantener vigentes sus organizaciones. La acción de renunciar a la CAP es un acto de protesta, de lucha y es un grito de condena a la política del régimen.

Sin duda alguna que en este momento el magisterio ha sido arrinconado y garroteado, pero aún conserva un nivel de conciencia que le hace reflexionar y tomar decisiones que son gritos de protesta. Tal vez el régimen pretenda exprimirlo, pero siempre se mantendrá una chispa encendida dispuesta a luchar.

¿Qué se esconde detrás de la tercera reforma educativa?

Recientemente Juan Orlando Hernández nombró y juramentó unilateralmente una comisión que impondrá la base para aprobar una tercera reforma educativa. Entre sus funciones están: establecer políticas, planes, programas y medidas encaminadas a solventar los problemas del sector, así como proponer actividades y programas de cooperación en alianzas estratégicas del sector educativo. (LT 23/04/2014).

En medio de las frases adornadas surge la primera pregunta ¿A qué problemas del sector se refiere?, la segunda pregunta sería ¿cooperación y alianzas estratégicas con quién y bajo qué términos?

Como es costumbre dentro de las leyes que suele aprobar el Congreso Nacional, estas siempre van disfrazadas de palabras técnicas y sentidos socio humanitarios, pero en el fondo no son más que leyes destinadas a sangrar al pueblo. En este caso al magisterio, padres, madres y alumnado en general.

El estira y encoge de la dirigencia magisterial        

Hace más de un mes, Eulogio Chávez –presidente del Copemh- anunció pláticas con el gobierno; hasta ahora la base no sabe nada al respecto. En esta ocasión, Luis Figueroa –presidente de la seccional 1 del Colprosumah- manifestó “Nosotros vemos buena la idea de ese proyecto y como Colpsrosumah estamos dispuestos a apoyar, pero si se trata de violentar los derechos laborales de los profesores, desde luego, vamos a estar en contra…”. (LT 23/04/2014).

Hasta ahora las reformas educativas no han hecho más que eliminar conquistas económicas y sociales al magisterio, esta reforma no cambiará el rumbo de los propósitos. Por lo tanto la apreciación del presidente de la seccional 1 del Colprosumah no es más que un espejismo en el cual se ve un anhelo que se desea, pero que de antemano sabemos que no se hará realidad.

Cualquier reforma es para reprimir…el magisterio debe levantar su propia propuesta

Si el magisterio ha renunciado a la CAP masivamente, significa que las políticas impuestas por el gobierno de turno no avizoran esperanza alguna; por lo tanto, cualquier ley que el gobierno impulse unilateralmente, inmediatamente debe ser rechazada por la base y la dirigencia.

Si bien es cierto que llamamos a defender las organizaciones magisteriales, también es cierto que debemos emplazar a las dirigencias y sus decisiones equivocadas. La base del magisterio ha adquirido con la lucha un nivel de conciencia que le permite dilucidar los propósitos del régimen; el magisterio debe elaborar sus propias propuestas, si las dirigencias se acomodan, estas deben ser reemplazadas salvaguardando la legalidad de las organizaciones.

¡Este primero de mayo a defender las organizaciones magisteriales!

Por Maximiliano Fuentes

A tres meses de haberse constituido el gobierno de Juan Orlando Hernández el martirio de los trabajadores de Honduras se ha incrementado ante el incesante incremento de los combustibles, los precios de alimentos y de la energía eléctrica.

Pero lo anterior no es el único problema, se le suma la ola delictiva, el aumento del desempleo, el despido de los trabajadores estatales, así como el desmembramiento del Estado ante la aplicación de las políticas de ajuste neoliberal.

Política económica contra los trabajadores

La política económica del gobierno de Juan Orlando Hernández se diferencia de la de su antecesor por la imperativa necesidad de la recaudación de tributos para amortiguar el pago de la deuda interna, misma que se disparó durante el gobierno de Porfirio Lobo. Para poder hacerle frente al pago de la deuda interna se debe de reducir el déficit fiscal, es decir, aumentar las recaudaciones y reducir el gasto público. En ese sentido, el gobierno anterior en los últimos días de su gestión aprobó de forma maratónica la ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti evasión que estableció la derogación de las exoneraciones a la importación de mercancías, el aumento al impuesto de la importación de combustibles, amplió la base del Impuesto Sobre la Renta, redujo el subsidio a la electricidad y contempló un aumento del 3% al Impuesto Sobre Ventas (ISV) a los servicios de telefonía y televisión por cable.

Esta serie de medidas pretendían asegurar la recaudación apropiada para pagar la deuda contraída con los bancos nacionales; claro está, la intención fue trasladar a las espaldas de los trabajadores y consumidores el enorme costo del despilfarro ocasionado durante la administración de Porfirio Lobo Sosa.

A pesar de haber sangrado los bolsillos y los deteriorados ingresos de los trabajadores, la recaudación para el primer bimestre no es la esperada, aun cuando en el primer bimestre de 2014 se recaudó más impuestos que en el mismo período del año pasado. Según el Banco Central de Honduras (BCH), las recaudaciones suman L8,881.5 millones a febrero de 2014, mayor en L1,039.5 millones (13.2%) al registrado en ese lapso de 2013. No obstante, al compararse con la meta de ingresos tributarios aprobada en el presupuesto de ingresos de la administración central para 2014, que es de L63,143.6 millones, se concluye que el nivel de ejecución a febrero fue de 14%.

De la misma manera, parte de la política económica y de las medidas de emergencia introducidas por el gobierno de Juan Orlando Hernández es la simplificación del aparato estatal reduciendo el presupuesto de Secretarías de Estado que fueron convertidas en Direcciones, como ocurrió con la Secretaría de Turismo y Cultura Artes y Deportes. Así mismo, se mantienen congelados los salarios de los trabajadores públicos y se continúan irrespetando los regímenes económicos de los estatutos gremiales.

Propuestas incorrectas de la oposición

Los trancazos a las grandes conquistas de los trabajadores estatales se han dado en un marco de desmovilización y de desmantelamiento de las organizaciones políticas de los trabajadores. La situación de retroceso y la contraofensiva económica del gobierno de Juan Orlando Hernández son el resultado del retroceso experimentado por las negociaciones libradas por el ex Presidente Zelaya y el gobierno nacionalista de Porfirio Lobo. El giro equivocado de la dirección del FNRP que se plegó a la política electoral de Libre desmantelando los métodos de movilización y de defensa de la clase obrera, permitió la estabilidad del gobierno de Porfirio Lobo y el fortalecimiento del partido Nacional quien logró dividir el voto y de esa manera lograr la continuidad en el poder tras salir victoriosos en el último proceso electoral.

Ante el anuncio de Zelaya de proponer la creación de una Central Única de Trabajadores, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), consideramos que en las actuales circunstancias la clase trabajadora debe defender las organizaciones sindicales, gremiales y centrales obreras ya existentes, la lucha debe ser por la democratización de las mismas y sustituir las direcciones burocráticas por una nueva vanguardia que movilice a las bases en contra de las políticas neoliberales del régimen. Zelaya quiere atraerse a las dirigencias sindicales para hacer un bloque que le ayude a amortiguar le embestida del gobierno, pero no estamos de acuerdo que se utilice a los trabajadores como peones en la lucha entre grupos de poder. Luchamos por la independencia política de la clase trabajadora, cualquier propuesta unitaria debe salir de las bases, y no debemos apoyar maniobras de cúpulas. Por tal razón, este primero de mayo deberá de convertirse en el espacio que permita impulsar una política unitaria de lucha; solo las movilizaciones y la lucha popular permitirán restablecer las conquistas arrebatadas a los trabajadores.

Por Eurídice Maradiaga

La sociedad hondureña vive un duro debate sobre la legalización o penalización del uso de las pastillas anticonceptivas llamadas PAE, que son las siglas de Pastillas Anticonceptivas de Emergencia. Éstas fueron prohibidas bajo el reaccionario golpe de Estado del 2009. So pretexto de que estas pastillas anticonceptivas eran abortivas, y sin ningún parámetro científico serio, la Asamblea reaccionaria tipificó la ilegalidad de las mismas dándole un golpe duro no solo a los derechos reproductivos de las mujeres hondureñas, sino asestándole un golpe contundente a la legalidad burguesa misma. La actual discusión sobre la legalidad o no de la PAE solo muestra lo reaccionario que es el régimen político hondureño en cuanto a los derechos reproductivos de la mujer; irrisoriamente no estamos buscando como se nos reconozca a las mujeres el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, sino discutiendo si una pastilla, que la ciencia considera anticonceptiva y no abortiva, puede ser legal.

El golpe de Estado trajo consigo un sinnúmero de consecuencias al pueblo hondureño. El régimen regresó una sociedad, ya de por si atrasada, a una concepción medieval del derecho y de las relaciones sociales. Fue en medio de este proceso aberrante que la derecha hondureña y los grupos fácticos asestaron un golpe fundamental a los derechos reproductivos de la mujer. En ese contexto, el colegio médico y la secretaria de salud le recomendaron al congreso que debería prohibirse el uso de las PAE con el pretexto de que eran abortivas. Claro está, el congreso reaccionario no tardó en esgrimir argumentos religiosos y prohibió el uso de las PAE. En corto tiempo las mujeres hondureñas perdimos el derecho reproductivo más básico, el derecho a la planificación familiar.

Contradictoriamente fue un congresista del Partido Nacional quien introdujo un proyecto de ley para legalizar la PAE reabriendo el debate nacional sobre el tema. Pero aún en eso hay una doble moral del régimen; la pastilla, lejos de dejarse de vender, se comercializa a precios altísimos en farmacias y hasta en pulperías.

Presión de las iglesias

Desde que se introdujo el proyecto de ley para legalizar la PAE la presión social que ejercen la iglesia católica, evangélica y sus grupos de poder no se han hecho esperar. La doble moral de los altos representantes de iglesia católica y evangélica no asusta a nadie, mucho menos la iglesia católica que no había terminado de sancionar como pecado el uso de métodos anticonceptivos y sacaba ganancias de la comercialización de los mismos: “Durante este periodo, el Vaticano se siguió beneficiando de las ganancias derivadas de una de las muchas empresas que poseía: el instituto farmacológico Sereno. Uno de los productos de más venta elaborados por Sereno era una píldora anticonceptiva que se llamaba Luteolas.” (En el Nombre de Dios, David Yallop).

Los grupos moralistas pretenden hacer creer a la sociedad que sus análisis son científicos, pero están muy lejos de serlo, la normativa internacional es muy clara sobre el tema científico, las PAE no son abortivas: “la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO), plantea que la “píldora del día después” no es abortiva. Apuntó que cuando el óvulo de la mujeres está fecundado la PAE no produce ningún efecto y el niño va a nacer, eso en base a estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).” (Diario Tiempo 3/03/2014).

Pero más allá de la terminología legal, debemos plantear al derecho que tenemos las mujeres para elegir sobre nuestro cuerpo. La PAE es una herramienta para que las mujeres podamos decidir sin exponernos a los efectos y riesgos que puede implicar un aborto. Las organizaciones sociales debemos hacer hincapié en que el Estado debe garantizar una educación sexual abierta laica y gratuita sin los prejuicios morales que ejercen los dogmas religiosos, esta doble moral solo lleva a embarazos, contagio de enfermedades y una sexualidad irresponsable.

Asimismo, este es un problema de clase, mientras las hijas de la burguesía tienen la posibilidad de irse a un país que permita abortar cuando deseen interrumpir un embarazo, somos las mujeres de la clase trabajadora las que tenemos que soportar una legislación que no nos permite siquiera decidir sobre nuestro cuerpo. Por ende llamamos a todas las organizaciones dispuestas a luchar por los derechos de la mujer a movilizarse no solo para la legalización de las PAE, sino para reformar toda la legislación y sea legalizado las PAE y el aborto legal seguro y gratuito.