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HONDURAS.- Congreso Nacional legitima nuevo saqueo con la aprobación de la “ley de seguridad social”.

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Por Max Luján

La nueva LEY DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA UNA VIDA MEJOR fue aprobada en su totalidad por la mayoría de los diputados del Congreso Nacional el pasado 8 de mayo.

Roberto Salinas, miembro de la comisión interventora del Seguro Social, afirmó que con el sistema multipilar se garantiza a toda la población su derecho irrenunciable a la seguridad social. El sistema multipilar se compone de cinco regímenes: Piso de Protección Social, Seguro de Previsión Social, Seguro de Atención de la Salud, Seguro de Riesgos Profesionales y Seguro de Cobertura Laboral (El Heraldo 8/5/2015).

Esta medida del seguro social se da en el contexto de la aplicación de todas las medidas neoliberales orquestadas por el FMI y el BID, cuya función es representar los intereses de las grandes corporaciones extranjeras, quienes pretenden apoderarse del manejo de todos los bienes y servicios que presta el Estado.

Es interesante examinar las estrategias que utilizan los gobiernos de turno para descalabrar las instituciones que históricamente han sido rentables para el Estado. El punto es cumplir con todos los requisitos que dictaminan estos organismos financieros internacionales. Todas estas estrategias obedecen a un mismo patrón, primero las saquean hasta quebrarlas, luego se les declara no funcionales y posteriormente se las presentan al público como cargas insostenibles, motivo por el cual poco a poco se van entregando a manos privadas, así como ocurre con Hondutel, ENEE, SANAA y otras instituciones estatales.

En el caso del sector salud, se cumple este mismo patrón. El asalto al IHSS perpetrado por el Partido Nacional a traves de Mario Zelaya y sus cómplices, logró cumplir con su objetivo: dejó sin dinero, sin medicamentos y sin suministros al seguro social, dejándolo completamente en la quiebra. A pesar de que Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional pretendieron ocultar el latrocinio del IHSS, fue inevitable que saliera a la luz pública y se montó un circo bien estructurado en torno a mediatizar el escándalo.

Para enterrar el acto de corrupcion, Juan Orlando Hernández devela la idea de presentar un proyecto de ley que haga creer a la gente que las reformas solucionarán los problemas actuales de la seguridad social, que ésta será pública porque a ella van a acceder distintos sectores de la sociedad; pero al final es toda la lógica de un seguro social privado y todo esto será la antesala para privatizar todo el sistema de salud.

El gobierno pretende zafarse de la responsabilidad de manejar el sistema de salud pública para dejarlo en manos de prestadores de servicios privados. Para el caso, hay que mencionar lo que está ocurriendo a la par de esta ley. Algunos hospitales regionales se encuentran en un proceso de privatización al ser administrado por las alianzas públicas privadas, como el hospital de Trujillo, que se encuentra listo ya para ser manejado por estos prestadores de servicios privados. El otro caso es la lucha que está generando la comunidad de Olanchito para que no se privatice el hospital. Esto indica que todos los hospitales de las regiones se supeditarán a estos prestadores de servicios. La ley va en la lógica de preparar toda una infraestructura para que la pueda usar toda esta nueva idea del seguro social; los actores de la administración de este nuevo seguro social van a ser enmascarados, pero evidentemente serán manejados por manos privadas.

La ley es simplemente una especie de transición. Es buena la idea de un seguro social único y un seguro social donde todo el pueblo pueda acceder a la salud pública, pero el asunto es que en la práctica cuando uno examina bien, se encuentra con la enorme cantidad de pobres y miserables del país que acuden a los hospitales públicos y que no encuentran medicamentos, atención e insumos. Esta nueva ley, nos deja la pregunta ¿va a poder acceder toda esta gente de la misma manera con la idea de este nuevo seguro? ¿Sí van a acceder todos los que paguen ese seguro? Pero ¿qué sucederá con todas aquellas personas que viven en aldeas y caseríos que no tienen negocios, trabajo fijo y otros medios para pagar? ¿A dónde va ir todo este sector marginado y excluido cuando el seguro les pida la hoja o credenciales para poder recibir asistencia médica?

Desde el Partido Socialista Centroamericano, llamamos a todos los trabajadores para desbaratar esta nueva ley que pretende vender y comercializar la seguridad social de todos los hondureños ¡No a la privatización de la seguridad social! ¡Movilicémonos para exigir se derogue esta ley!

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