Por Horacio Villegas

Los hondureños hemos tenido que ver crecer el gusano de la corrupción desde hace mucho tiempo; tenemos los casos emblemáticos de corrupción incrustados en nuestro pasado reciente. Es más, la corrupción infringida por nuestros propios hermanos hondureños es igual en años a los fallidos intentos que se han hecho en la construcción de un Estado fuerte e idealizado.

La limpidez en los tratos en donde el dinero fluyera, no es precisamente un legado de los transgresores europeos que vinieron a América. Los españoles no dejaron, en rigor, una clara definición de los actos correctos y honestos, más bien dejaron a su paso, un sinfín de malas intenciones y egoísmos que dejó muy bien definida la personalidad de sus hijos en América.

Los siglos transcurridos en adelante tampoco mostraron un cambio de actitud en cuanto a la deshonestidad y la poca rectitud de los mestizos se refiere. Nada cambió para bien. Las instituciones del Estado se fueron creando, teniendo a su cabeza a más de algún personaje siniestro de nuestra política nacional; aquí entran en escena varios de los hombres y mujeres que tuvieron que ver algo con negocios chuecos o torcidos.

Don Marco Aurelio soto y el famoso caso del Ferrocarril Interoceánico inexistente, Don Julio Lozano Díaz y las bananeras, son solo algunos ejemplos del enfermizo ambiente de corrupción que ha definido nuestra historia reciente. Hoy día los casos de corrupción han rebasado las sucias enseñanzas de los corruptos de antaño.

El desfalco del Seguro Hondureño de Seguridad Social; la financiación directa de los partidos políticos por parte del narcotráfico; la creación de empresas fantasmas por las cuales drenan el dinero del pueblo para el enriquecimiento ilícito; la creación de leyes que blindan las malas acciones de los funcionarios del Estado; etcétera, etcétera. Todo esto, y tantas otras acciones deshonestas, apenas cubre algo más de una década del siglo XXI, y la cuenta sigue sumando hechos de este tipo, sino peores.

Avances en materia de corrupción e impunidad, o la exigencia de EEUU para dejar bien parado al gobierno de JOH

El 28 de febrero fue capturada en su casa de habitación Rosa Elena de Lobo, la ex primera dama del país en el gobierno de Pepe Lobo –quién representó a los nacionalistas en los años que transcurrieron después del golpe de Estado del 2009. La captura de Rosa Elena es llevada a cabo debido a las investigaciones que encabezó la MACCIH en conjunto de otras instituciones como el CNA y el Ministerio Público.

“Según las investigaciones, seis días antes que el exmandatario Porfirio Lobo entregara el poder, Rosa Elena Bonilla sustrajo 12 millones de lempiras de la cuenta del Despacho de la Primera Dama y los depositó en una cuenta personal.” (Once noticias, 1 de marzo de 2018).

Junto a la sorpresiva noticia de la captura de Rosa Elena de Lobo, se encuentra también la detención el 3 de marzo, en la ciudad de San Pedro Sula, de uno de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. David Castillo Mejía, es el nombre de quién mandó a realizar semejante acto cobarde contra la compañera Berta; el sujeto en cuestión era nada más y nada menos que el presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. La empresa a quién Berta hizo reclamos en su momento por querer seguir con el tema del proyecto hidroeléctrico en Río Blanco.

“De acuerdo a la investigación efectuada por agentes asignados al Departamento de Delitos Contra la Vida de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Castillo Mejía fue el encargado de proporcionar la logística y otros recursos a uno de los autores materiales ya procesado por el crimen de la ambientalista Berta Cáceres.” (La Prensa, 2 de marzo de 2018).

Hasta la fecha solo suman 8 detenciones por este asesinato, a pesar de que varios defensores de derechos humanos y personajes de la vida pública del país, han denunciado los nexos que han tenido varios empresarios en este condenable y cobarde hecho. Lo más seguro es que varios funcionarios del gobierno también hayan participado activamente en la planificación de este vil acto; como se manifestó hace algún tiempo el vínculo directo de Gladis Aurora del partido nacional.

No cabe duda que el gobierno de Estado Unidos está consiguiendo que el gobierno nacionalista de Juan Orlando quedé bien parado ante la sociedad hondureña y el mundo. Pues se nos está haciendo creer que la eficiencia en materia de seguridad y aplicación de justicia es una realidad, y que es el gobierno de JOH quien ha emprendido esta búsqueda y entrega de corruptos al sistema de justicia del país.

No es que sean del todo erróneas estas acciones que se han venido dando en el tema de corrupción e impunidad; pues es siempre plausible que se proceda a la captura de hechores de esta magnitud. Lo que genera sospecha e intrigas es el momento en que se dan por efectuadas estas acciones. Por lo que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) manifestamos nuestras dudas acerca del escándalo mediático favorable al gobierno que han venido provocando estas detenciones. Y además alertamos a todos los hondureños conscientes que lucharon contra el fraude electoral, que los nacionalistas en el poder –y el gobierno de EEUU– sólo quieren ganar simpatías a su favor, y despejar el ambiente hostil y de lucha que se generó a finales de noviembre del año pasado. No debemos perder de vista las verdaderas intenciones dictatoriales de este gobierno, usurpador de la voluntad popular.

Por Clemente Bardales

La reciente visita de dos importantes funcionarios norteamericanos a Honduras, como es el caso de John S. Creamer, subsecretario de Estado Adjunto de Estados Unidos para México, Cuba y Centroamérica, y la de Nikki Haley, miembro del Consejo de Seguridad Nacional y embajadora de Estados Unidos ante la Organización de  Naciones Unidas (ONU), ha obligado al gobierno de Juan Orlando Hernández (JOH) a meter el pie en el acelerador y dinamizar el estancado proceso de reformas del Estado.

La convocatoria del Dialogo Nacional se encuentra estancado, debido a la reticencia de Mel Zelaya y Salvador Nasralla, de que aquel se convierta en un baño de pureza para el gobierno de JOH. La oposición quiere amarrar al gobierno de JOH, mientras que este quiere tener las manos libres. Este “estira y encoge” no ha permitido la instalación del Dialogo Nacional ante la impaciencia de Estados Unidos, la ONU y la OEA.

Mientras tanto, JOH ha vuelto a recupera la iniciativa política, probablemente producto de las presiones norteamericanas. Veamos cuales son ejes de ataque.

1.- El encarcelamiento de Rosa Lobo

La crisis de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) fue evidente con el escandalo desatado por la renuncia del coordinador Juan Jiménez, en medio de acusaciones y recriminaciones contra Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA). Pero antes de marcharse de Honduras, con el rabo entre las piernas, Jiménez anunció, a manera de burla, algunas sorpresas.

El 27 de febrero fue finalmente tramitada la denuncia contra la ex primera dama Rosa Lobo, esposa del ex presidente Porfirio Lobo, debido a que utilizo fraudulentamente 94 millones de lempiras en el periodo 2011-2015, otros 100 millones defraudados al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), mas 12 millones más que fueron sustraídos del despacho de la primera dama.

El encarcelamiento de Rosa Lobo es un duro golpe a la cúpula dirigente del gobernante Partido Nacional. No cabe la menor duda que la salida de Jiménez de Honduras se debió a que el gobierno de JOH se resistía a encarcelar y procesar penalmente a Rosa Lobo, pero al final tuvo que hacerlo, causando una conmoción política porque no ha antecedentes de encarcelamiento de una ex primera dama, en un país donde ha prevalecido históricamente el saqueo del Estado, la corrupción y la impunidad.

2. La reducción de los homicidios

A raíz de la visita de Nikki Haley, JOH se mostró orgulloso con la reducción de homicidios. Según las cifras oficiales, durante su gobierno anterior, se redujo de 90 a 40 homicidios por cada cien mil habitantes. “Honduras ha avanzado notablemente, como lo ha dicho la administración Trump, como muy pocos países han avanzado en los últimos cuatro años, pero falta mucho por hacer (…) Estamos cerrando este mes con alrededor de 40 muertes por cada 100 mil habitantes y probablemente menos, pero falta mucho para llegar al promedio mundial de 8 o 9, que es nuestra meta ambiciosa” (El Heraldo, 26/02/2018)

Las buenas notas de JOH se producen por la modernización del aparato policial, especialmente por la creación de la Policía Militar de Orden Público (PMOP) en el año 2013, mediante el decreto No 168-2013, al final de la administración de Porfirio Lobo; la creación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), adscrita al Ministerio Publico, mediante el decreto No 379-2013; el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, mediante resolución No. 20-2014, creó la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA), integrada por la Policía Nacional (PN), Ministerio Público (MP), Dirección de Inteligencia del Estado (DIE), Migración, Corte Suprema de Justicia (CSJ), y las Fuerzas Armadas (FF AA). A lo anterior, habría que agregar la reorganización y depuración de la corrupta Policía Nacional.

Los éxitos obtenidos le permiten dar un paso hacia adelante en la modernización de los aparatos policiales. Ahora, JOH, ha solicitado al Congreso Nacional “que revise lo que se ha hecho con FUSINA y les invito a los diputados a reflexionar sobre la coordinación de FUSINA mediante un decreto constitucional (…) “el objetivo es seguir avanzando y obteniendo mejores resultados en los próximos años, sin importar el gobierno de turno, porque los funcionarios no somos permanentes, solo las instituciones”. (La Tribuna, 06/03/2018)

3. Acercamiento y distensión con el magisterio

Después de los efectos del golpe de Estado y de ocho años de gobiernos nacionalistas, que solo palo y hambre han recetado al magisterio, el gobierno de JOH hizo una movida y se reunió con la dirigencia de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH). El motivo de la reunión fue auscultar opiniones sobre las posibles reformas a la Ley de Educación y a la Ley del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA).

4. El informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE)

El reciente informe de la MOE-UE fue un baño refrescante para el gobierno de JOH. A diferencia de los informes de la OEA, que se atrevió a plantear la necesidad de un nuevo proceso electoral, la MOE-UE confirmó la transparencia de las pasadas elecciones, denunciadas de fraudulentas

En su parte medular, el informe de la MOE-UE expresa que “Tras una campaña marcada por la desigualdad de recursos  y  de  cobertura  en  los  medios  a  favor  del  partido  oficialista,  la  jornada  electoral,  bien  organizada, transcurrió  de  manera  pacífica  y  el  escrutinio  discurrió  en  condiciones  de  respeto  a  la  voluntad  de  los  votantes, con fuerte presencia de representantes de los principales partidos en las mesas electorales. El Tribunal Supremo Electoral implementó un  sistema de  publicación  de  resultados  electorales  que  facilitó su  verificación  por

candidatos y ciudadanos la jornada electoral, bien organizada, transcurrió de manera pacífica y el escrutinio discurrió en condiciones de respeto a la voluntad de los  votantes”.

En pocas palabras, no hubo fraude, y la conclusión lógica de tal afirmación es el llamado al Dialogo Nacional inclusivo y aprobar un paquete de reformas al sistema electoral. Al extremo que Marisa Matías llegó a declarar. “No podemos hablar de fraude. Solo decimos de lo que observamos. Aunque hubo malas prácticas electorales”.

5.- Concesiones económicas a los empresarios.

Al finalizar el gobierno de Porfirio Lobo, mediante el Decreto No 278-2013,  se aprobó un impuesto especial sobre la Renta (IR) de un 1,5% para los empresarios que factura más de 10 millones de lempiras al año, como una contribución extraordinaria para la seguridad, lo que provocó las protestas del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). Los grandes empresarios acudieron a la Sala Constitucional, y esta confirmó la vigencia del impuesto.

Ahora, en un afán de reagrupar a los empresarios tras de su proyecto bonapartista, JOH ha comenzado negociaciones con el objetivo de suavizar o derogar

6.- La reforma a la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes en Honduras

Al mismo tiempo que JOH, por presiones de la MACCIH, se ve obligado a endurecer la lucha contra la corrupción, sus aliados intentan desmontar los mecanismos mas peligrosos, como es la Ley de Privación Definitiva del Dominio de Bienes, que en el fondo es una confiscación de los bienes provenientes del narcotráfico, lavado de dinero y corrupción.

La propuesta de reforma provino de los diputados del Partido Alianza Patriótica Hondureña (APH), que lidera el general Romeo Orlando Vásquez Velásquez, que encabezó el golpe de Estado del 2009.

La propuesta de reforma pretende evitar que los bienes incautados sean vendidos hasta que haya una sentencia definitiva, al mismo tiempo que solo se deben incautar bienes del narcotráfico, y no aquellos que provienen de supuestos actos de corrupción.

Esta iniciativa de reforma se produce cuando la Oficina de Administración de Bienes Incautados (OABI) ha intervenido cuantiosos bienes de Rosa Lobo. Pareciera que el objetivo central de este proyecto de reforma es proteger los bienes de muchos de los ex funcionarios acusados de corrupción, evitar que se vendan y pasen a engrosar las finanzas del Estado.

7.- La solicitud de extradición del diputado Fredy Nájera

Uno de los acuerdos entre JOH y el gobierno de Estados Unidos, debido a la desconfianza en el poder judicial, minado por la corrupción, es que este segundo gobierno de JOH continuará con las extradiciones de ciudadanos hondureños, por solicitud de los tribunales norteamericanos

Las extradiciones no solo abarcan a criminales, miembros de los carteles del narcotráfico, sino a banqueros y políticos. El turno le ha tocado al diputado liberal por Olancho, Fredy Renán Nájera Montoya, supuestamente ligado al cartel criollo de “los Cachiros” y al Cartel de Sinaloa

Este tipo de extradiciones tensan las relaciones entre liberales y nacionalistas, porque, a decir verdad, la corrupción carcome a los grandes pilares del bipartidismo, que utilizaron los recursos del Estado para enriquecerse y empobrecer al pueblo de Honduras.

A manera de conclusión.

El estancamiento del Dialogo Nacional es aprovechado por JOH para acelerar su plan de reformas y modernización del Estado, de manera unilateral; realiza algunos cambios, presionado por el gobierno de Estados Unidos, para quitar argumentos y banderas políticas a la oposición.

Este proceso esta repleto de contradicciones, y aunque JOH ha tenido que acelerar el ritmo de las reformas, teme profundamente que la campaña contra la corrupción toque el corazón del Partido Nacional, por eso vacila, por eso avanza en unos trechos, y retrocede en otros

Por Clemente Bardales

Mientras en Honduras de apagaba la lucha contra el fraude electoral, durante los meses de diciembre del 2017 y enero 2018, los medios de comunicación registraron en notas marginales una noticia importante: el estallido de una huelga de los trabajadores bananeros organizados en el histórico Sindicato de Trabajadores de la Tela Railroad Company (SITRATERCO).

Una historia gloriosa

La transnacional Tela Railroad Company ya no opera en Honduras, sino la Chiquita Brands, pero el sindicato conserva el nombre inicial, como parte de sus tradiciones de lucha.

EL SITRATERCO jugó un papel crucial en el estallido de la huelga de 1954, que rápidamente se convirtió en huelga general, y aunque no logró transformarse en una revolución democrática victoriosa, contribuyó a cambiar la historia en Honduras. El proletariado bananero fue, quizás, hasta los años 60 y 70 del siglo XX, la columna vertebral de la clase trabajadora de Honduras, pero este rol comenzó a disminuir en la medida que los enclaves bananeros dejaron de ser el principal motor de la economía. Una clase trabajadora moderna emergió en la manufactura, en las maquilas y en el sector público, la que terminó opacando el rol de los trabajadores del banano, pero que tampoco ha logrado superarlos.

Reducidos a su mínima expresión, producto de algunas derrotas anteriores, los trabajadores bananeros organizados en el SITRATERCO conservan todavía las tradiciones de la huelga de 1954.

El inicio de la huelga

El 28 de diciembre del 2017, dos días después de las elecciones y en el inicio de la lucha contra el fraude electoral, los trabajadores de 10 fincas bananeras, iniciaron la huelga en protesta por el hecho que la empresa pretende trasladar los servicios de salud, que se reciben en el Hospital de La Lima, hasta otro hospital en San Pedro Sula (SPS), lo que obligaría a los trabajadores a recorrer 17 kilómetros que es la distancia mínima entre las dos ciudades. El servicio medico antes era prestado por La “Lima Medical Center”, ahora es prestado por la empresa privada de seguros “MAPFRE”, a la cual los trabajadores no le tienen confianza.

La huelga no fue general al inicio, unas fincas entraban en huelga, mientras otras terminaron trabajando, pero la llama de la huelga se mantuvo encendida casi durante 3 meses.

La cláusula 13 del Convenio Colectivo vigente establece que las atenciones médicas serán prestadas en el Hospital de la Lima. La empresa pretende trasladar los servicios médicos a otro hospital, en otra localidad, para evitar que los trabajadores gocen de sus beneficios médicos, y de esta manera ahorrar costos. Es una forma encubierta de negar los beneficios del Convenio Colectivo. Es un ataque camuflado contra las conquistas históricas de los trabajadores bananeros.

Pero, lo mas grave ha sido, que la decisión de trasladar los servicios médicos a SPS, fue acordada entre la directiva del sindicato y los ejecutivos de la Chiquita. Por esta razón, la huelga de los trabajadores bananeros reviste una doble importancia, porque se libra no solo contra la empresa sino contra las decisiones erradas, anti obreras, de la burocracia sindical. Después los burócratas tuvieron que retroceder, ante la presión de las bases.

El ataque de la Chiquita pretende producir situaciones de hecho: se produce en vísperas de la negociación del convenio colectivo que vence el 30 de mayo de 2018.

La represión y los despidos

La huelga ha sido mantenida por unos 2,000 trabajadores, quienes han impedido la exportación de banano, poniendo en jaque a la Chiquita. La huelga permaneció activa en 10 fincas: Omonita, Limones, Laureles, Corozal 6 Corozal 7, y Finca Cob, Indiana, Mopala, Santa Rosa y Ceibita. Las áreas de riego se mantienen activas para no dañar las plantaciones, ya que ello equivaldría a destruir a la fuente de trabajo. La huelga esta concentrada en las plantaciones de la costa norte o caribe, porque solo a ellas afecta el traslado de los servicios médicos a SPS

A pesar de la persecución a los dirigentes sindicales de base, la huelga no ha podido ser quebrada, lo que motivó a la empresa a utilizar a la Policía para desalojar a los trabajadores, después de mas de 70 días en huelga, pero la lucha no ha terminado.

Urge la solidaridad centroamericana

Debido a que la huelga impide la explotación de banano, la transnacional esta importando banano de Guatemala. Sin quererlo, posiblemente por falta de información, los trabajadores guatemaltecos del banano, sin darse cuenta, están debilitando la huelga en Honduras.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a los sindicatos bananeros de Honduras a cerrar filas con la huelga del SITRATERRCO, organizando un paro nacional del sector bananero. De igual manera, llamamos a los sindicatos, federaciones y centrales sindicales de los trabajadores bananeros de Centroamérica, a brindar solidaridad efectiva con esta importante lucha.

Por Clemente Bardales

Después que el gobierno de Estados Unidos agotó una negociación secreta con Nasralla, a mediados de diciembre del 2017, finalmente reconoció el “triunfo” de Juan Orlando Hernández (JOH), inclinando la balanza a favor del partido Nacional. De esta forma se terminó la incertidumbre. La reelección fue un hecho consumado, pero el verdadero elector no fue el pueblo de Honduras, sino el gobierno de Estados Unidos.

El llamado al Dialogo Nacional

Una vez ungido, el pasado 19 de diciembre del 2017, JOH pronunció un discurso moderado, llamando al Dialogo Nacional. “(…) Los resultados del proceso electoral fueron estrechos a nivel presidencial, sin embargo, la decisión de los electores consolidó una bancada preminente en el Congreso Nacional, igual hay una expresión electoral mayoritaria a nivel de las Alcaldías. Esos resultados no deben ser usados para proclamar división. (….). Los recientes resultados electorales nos deben mover a todos los hondureños a una profunda reflexión. (…) Es el momento de reiniciar el camino del entendimiento nacional, de la integración de la familia hondureña y de la unidad de propósitos. Honduras nos reclama un reencuentro nacional de todos los sectores de la sociedad. Sentamos a la mesa para definir en conjunto los objetivos fundamentales que como Nación debemos señalar y perseguir (…)” (El Heraldo 19/12/2017)

Precisamente porque los resultados fueron estrechos, fue que el Partido Nacional logró montar el mas espectacular fraude electoral, cambiando toda la información en los servidores del Tribunal Supremo Electoral (TSE). De esta manera, no solo se robaron la presidencia, sino que además lograron montar una mayoría de diputados y alcaldes nacionalistas.

El llamado a la reconciliación despertó a decenas de grupos de membrete de la llamada “sociedad civil”, quienes se prestan al juego de JOH tratando de sacar algún provecho económico.

La debilidad coyuntural del segundo gobierno de JOH

Pero el gobierno de JOH no es independiente, recibe y cumple instrucciones del imperialismo norteamericano. Apartando la maniobra, el llamado de JOH no debe tenerse como un acto de fortaleza e independencia, sino más bien de debilidad y subordinación.

Aunque JOH se coronó como presidente reelecto, la lucha de masas mostró, a nivel nacional e internacional, la naturaleza represiva y antidemocrática del régimen bonapartista que JOH y el Partido Nacional han construido en los últimos años. Por esta razón, este segundo gobierno de JOH es, por el momento, mucho más débil que el instaurado a inicios del 2014. En una democracia burguesa, cualquier gobierno debe ostentar una mínima legitimidad democrática. Esto no existe en Honduras. Este segundo gobierno de JOH se apoya más en la fuerza del Ejercito y los diferentes cuerpos de Policía, que en la credibilidad popular.

El imperialismo norteamericano quiere regímenes fuertes, que le ayuden a combatir el crimen organizado y el narcotráfico en Honduras y Centroamérica, pero por el momento no quiere dictaduras, porque estas terminan siendo rechazadas y combatidas por el pueblo. Por ello, la administración Trump y el propio JOH están conscientes que necesitan acelerar el plan de reformas democráticas en Honduras para ganar un mínimo consenso social, y contener el descontento popular.

El primer paso para implementar reformas democráticas, que no serían boicoteadas por la oposición, es obviamente el Dialogo Nacional, donde serian negociadas el contenido y profundidad de las mismas.

Se tragaron el anzuelo

Inicialmente JOH convocó al Dialogo Nacional como una maniobra para poder juramentar a sus alcaldes y diputados en el Congreso Nacional. Necesitaba ganar tiempo, detener las movilizaciones, para juramentarse el también como presidente reelecto. Este momento no fue analizado correctamente por la Alianza de Oposición contra la Dictadura, liderada por el dúo Nasralla-Mel Zelaya y el partido LIBRE.

Desde Estados Unidos, Nasralla aceptó participar en el Dialogo Nacional, Mel se opuso al inicio, pero después hizo un giro y se puso de acuerdo con Nasralla. Ambos dirigentes, mantuvieron posiciones contradictorias que contribuyeron a desmoralizar a las masas que luchaban en las calles, lo que terminó incidiendo en la desmovilización.

Ambos dijeron que no querían una negociación directa con JOH, sino que el Dialogo Nacional se realizara a través de mediadores, una especie de mandaderos que llevarían y traerían los mensajes. Después dijeron que era necesario un mediador internacional y que los acuerdos tuvieron efecto vinculante. Poco a poco, con un poco de ruido por las declaraciones estridentes y contradictorias de Nasralla o del propio Mel Zelaya, la propuesta de Dialogo Nacional fue validada por ambos.

De esta manera, la agenda política en Honduras ya no gira en torno a la lucha de masas contra el fraude electoral, ni siquiera en la necesidad de convocar a nuevas elecciones, sino en cómo instalar un Dialogo Nacional que por el momento no se le ve principio ni fin.

En vez de oponerse tajantemente, para crear mejores condiciones de lucha, manteniendo la tensión de la presión social en las calles con el objetivo de anular el resultado electoral y convocar a nuevas elecciones, Nasralla y Mel Zelaya terminaron tragándose el anzuelo, cayendo en la trampa.

Las recomendaciones de la ONU

En ese proceso, tanto el gobierno de JOH como Nasralla-Zelaya aceptaron la mediación de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Después de una visita a Honduras, de la misión exploratoria del Departamento de Asuntos Políticos de la ONU, esta no logró instalar el ansiado Dialogo Nacional, sino que se limitó a recomendar que “el nombre del mediador/facilitador debe ser aprobado por los principales actores políticos”, es decir, que la ONU se negó a mediar sino era nombrado por ambas partes.

Al producirse un impasse, tanto JOH como la Alianza volvieron a las mutuas recriminaciones. El Partido Nacional acusó a la Alianza de apoyarse en las maras, el binomio Nasralla-Zelaya volvieron a insistir en nuevas elecciones y se investigara la violación a los derechos humanos, etc. La denuncia de que Nasralla-Zelaya están aliados a las maras, persigue el objetivo que Estados Unidos presiones directamente a la Alianza.

Las preocupaciones de la Iglesia Católica

El frenazo en la instalación del Dialogo Nacional, preocupó a los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras, quienes hicieron publica una carta dirigida a JOH y Nasralla, en la que manifestaban lo siguiente: “Es conocida a nivel nacional e internacional la crisis post electoral, por lo que no podemos ni debemos prolongar una crisis que paraliza el país y que no propicia cambios profundos en el seno de la sociedad. La salida es un diálogo inclusivo con la presencia de todos los sectores a fin de superar la crisis” (…) La ausencia de diálogo entre ustedes dos, profundiza la crisis política en el país. Si no se logran a corto plazo acuerdos reales, racionales y altruistas, se agudizará la violencia, habrá mayor represión militar y policial, aumentarán las víctimas mortales, se paralizará la economía, se acrecentará la pobreza, se dividirá aún más la población, lo que podría derivar en ingobernabilidad” (…) Acepten un arbitraje mediado por alguna de las instituciones internacionales de las que Honduras es miembro, que posibilite un diálogo franco y sin condiciones, que concilie sus posiciones sin ventajas políticas para nadie a fin de llegar a las decisiones que beneficien a la sociedad”, (15/01/2018)

Las preocupaciones de la Iglesia tienen su fundamento en el enorme descontento social existente en Honduras, especialmente después del fraude electoral. Por ello presionan a las partes para que se instale urgentemente el Dialogo Nacional.

La visita de altos funcionarios norteamericanos

El pasado 14 de febrero arribó a Tegucigalpa el señor John S. Creamer, subsecretario de Estado Adjunto de Estados Unidos para México, Cuba y Centroamérica, confirma que, para el Departamento de Estado, Honduras se ha transformado en una prioridad. Por lo tanto, no hay cheque en blanco firmado a favor de JOH, la ayuda económica y el reconocimiento diplomático estás condicionados al cumplimiento del plan desarrollado por la administración Trump.

En una declaración a los medios de comunicación, Creamer dijo lo siguiente: “Reconocí en la reunión los resultados logrados por el gobierno sobre todo en seguridad, la impresionante reducción en la tasa de homicidios. Al mismo tiempo hablamos sobre nuestra necesidad de seguir apoyando al Ministerio Público, también la MACCIH, dos instituciones claves en la lucha contra la corrupción. Conversamos también sobre la coyuntura actual del país y la necesidad de lanzar un diálogo nacional amplio, creíble y transparente, con el apoyo de la comunidad internacional para atender las demandas expresadas en las elecciones del mes de noviembre pasado”.(El Heraldo 15/02/2018)

Como se puede observar, la prioridad de la administración Trump en Honduras es la lucha contra el narcotráfico, crimen organizado (especialmente contra la Mara Salvatrucha MS-13), migración y también la lucha contra la corrupción, lo que pasa por el apoyo a la MACCIH, un organismo que, a pesar de su ineficacia, no agrada mucho a JOH y al Partido Nacional Y como punto especial, la política de Estados Unidos pasa por la instalación del Dialogo Nacional “amplio, creíble y transparente” para sanar las heridas causadas por el fraude electoral de noviembre del 2017.

El 25 de febrero arribó a Tegucigalpa la señora Nikki Haley, miembro del Consejo de Seguridad Nacional y embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, siendo la segunda funcionaria de alto nivel que arriba a Honduras durante el mes de febrero. La Embajadora Haley se reunió no solo con JOH, sino también con líderes de la sociedad civil “para destacar las alianzas estadounidenses en la región, enfocadas en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico” (El Heraldo, 26/02/2018).

Al rescate

Para destrabar el impasse, Luis Zelaya, presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), propuso crear “una junta de convocantes de expresidentes de la República... poder de convocatoria tienen los expresidentes Zelaya, Maduro, Carlos Flores; sentados sobre la mesa después de esa convocatoria vendrá el mediador internacional” (La tribuna, 27/02/2018).

Esta propuesta, que incluye al propio Mel Zelaya, pretende iniciar una negociación al mas alto nivel de los grupos de poder en Honduras.