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HONDURAS.- Pandora: continúa la impunidad en casos de corrupción

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Por Horacio Villegas

Los últimos acontecimientos en la política nacional –que han dejado en estado expectante a los hondureños– se inscriben en los ya recurrentes y numerosos casos de corrupción en el país. En tan solo dos meses se han sucedido, uno a uno, escándalos de corrupción perpetrados como es ya sabido, por los altos funcionarios públicos que son denominados algunos de ellos todavía, en este siglo, como los “honorables” padres de la patria o los “correctos” dirigentes de las instituciones, que a la vista de todos, ya son fallidas.

El Caso Pandora o el espectáculo de la impunidad

El caso pandora consistió en ciertas investigaciones sobre lavado de activos que la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción e Impunidad del Ministerio Público (UFECIC-MP), en conjunto con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), llevaron a cabo en contra de varios funcionarios públicos entre ellos los reconocidos diputados de las dos bancadas de los partidos tradicionales: el Partido Liberal y el Partido Nacional.

“Según las pesquisas, la SAG [Secretaria de Agricultura y Ganadería] suscribió convenios por L282 millones con las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista para que los destinaran a proyectos de capacitación a productores. Pero las entidades sin fines de lucro desviaron esos recursos para pagar gastos personales, erogaciones suntuarias y hasta financiamiento de campañas políticas” (La Prensa, 24 de julio de 2018).

Con el dinero que fue drenado de estas dos fundaciones, los liberales pagaron varias deudas de su institución política; mientras que los nacionalistas lo utilizaron para medidas asistencialistas y campañas electoras, con lo que surgió la sonada tarjeta “la cachureca”. Las caras más visibles en este escandaloso caso de corrupción fueron las de Elvin Santos, ex candidato presidencial del Partido Liberal; y Celín Discua del Partido Nacional, que ha sido diputado de esta bancada desde hace mucho tiempo. En total fueron 20 personas las que fueron retenidas a la espera de las audiencias correspondientes.

Los nacionalistas han consolidado una sofisticada captación de las instituciones públicas del país; el diseño liberal de máxima representación política en una nación, los tres poderes del Estado, “independientes”, han sido puestos en una perfecta alineación con el partido de gobierno durante estos 8 años de legislación cachureca. Todas las respuestas del poder judicial entorno a los casos de corrupción estarían parcializadas mientras exista esta fuerte dependencia al partido de gobierno.

En este contexto, los procedimientos legales a los que han llegado la UFECIC-MP y la MACCIH en el caso Pandora, han quedado en la total impunidad, pues los jueces representantes del poder judicial han desestimado las penas fuertes en este caso; especialmente la jueza Lidia Álvarez Sagastume, quien ha dado medidas distintas a la prisión a 24 de los 38 personajes implicados en el caso Pandora.

“Álvarez Sagastume, otorgó medidas distintas a la presión a 24 imputados, a quienes les cambió el delito de lavado de activos por encubrimiento, que tiene una pena máxima de 5 años y que se puede permutar pagando 10 lempiras diarios para no ir a prisión” (Criterio.hn, 12 de agosto de 2018).

Más casos de corrupción y el papel de Estados Unidos

La misma Corte Suprema de Justicia (CSJ), demostró su fidelidad al Partido Nacional admitiendo a comienzos del presente mes, un recurso a favor del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva. Precisamente para que la UFECIC no pueda investigar sus movidas y negocios seguramente plagados de actos de corrupción.

Lo anterior demuestra el blindaje que tienen estos funcionarios corruptos, principalmente del partido de gobierno. Aparentemente Estados Unidos está contribuyendo a sanear los países del Triángulo Norte; aunque por un lado existe un discurso ambivalente de este país históricamente intervencionista, dada la aceptación de Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras en las fraudulentas elecciones pasadas, y por otro lado la ayuda inexcusable para derribar a los corruptos de los países centroamericanos, y en nuestro caso a los más cercanos a la administración de Juan Orlando, incluyéndolo también en las investigaciones, precisamente por los casos de financiamiento de campañas electorales con el dinero sustraído del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

“Las dos cámaras que forman el Congreso de Estado Unidos acordaron la aprobación el miércoles 26 de julio en Washington de una ley que obligará al Secretario de Estado a informar al Congreso la identidad de los funcionarios de los países del Triángulo Norte involucrados en corrupción y tráfico de drogas” (InSight Crime, 27 de julio de 2018).

No es cierto que Estados Unidos nos librará del enorme problema que significa la corrupción en nuestro país; si bien es cierto han desplegado una serie de procesos investigativos en esta materia, su papel histórico como país imperialista y lleno de intereses geopolíticos en la región, no lo dejarán bien parado ante los que somos conscientes de su nefasta presencia en toda Latinoamérica. Una lucha sistemática contra el ilegítimo gobierno de los nacionalistas, y los demás corruptos enquistados en los partidos tradicionales e instituciones estatales, nos llevará indefectiblemente a la justicia y a la exigencia de transparencia en todos los ámbitos de la política nacional.

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