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HONDURAS.- Movilización del 15 de septiembre, intereses continuistas e impunidad en el caso Berta Cáceres

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Por Horacio Villegas

En las semanas y días que transcurren en este mes de septiembre, han ocurrido distintos episodios en la vida nacional. Como la movilización que desde el golpe de Estado del 2009 se ha programado al margen de los desfiles que se dirigen al Estadio Nacional; las declaraciones vertidas por Zelaya en torno al tema de la reelección; y el caso Berta Cáceres, que a pesar de los esfuerzos de varias organizaciones por buscar justicia, sigue impune, y mientras tanto, sus perpetradores siguen libres.

Balance sobre la movilización del 15 de septiembre

Desde el golpe de Estado de 2009 se fraccionó la tradicional “fiesta cívica” del 15 de septiembre convocada como todos los años, en el Estadio Nacional que lleva el nombre del dictador Tiburcio Carías Andino. Las razones son obvias: las motivaciones y las repercusiones de este golpe de Estado, desgastaron el alienante civismo que ha habido entorno de esta ilusa celebración.

El entonces FRNP, y todas las organizaciones que le hicieron frente al militarismo, y que a su vez componían el movimiento gestado en las calles, organizaron una celebración alterna que le hiciera oposición al engendro de aparente civismo que idolatraba a los artífices y cómplices del golpe de Estado, los representantes de los partidos tradicionales que asumieron el gobierno (Micheletti primero, y Lobo Sosa después).

La recurrencia de esta otra práctica que se resiste a formar parte del viejo patriotismo lacayo, ha tendido a convertirse en una tradición que en sus inicios dio a conocer el descontento de la gente en contra del golpe de Estado. Hoy la práctica sirve para rendirle culto a la figura de Manuel Zelaya y su partido Libre, y no para enaltecer la resistencia popular que surgió en defensa de la democracia en aquel 2009 lleno de represión y asesinatos.

Las recientes celebraciones alternas de esta fecha ha tenido poca participación de los sectores que antes fueran baluartes en la lucha popular contra el golpe; la movilización pasada concentró en su mayoría a las organizaciones que encabezan las estructuras de Libertad y Refundación, y no tanto a organizaciones de trabajadores, y otras organizaciones barriales protagonistas en la lucha contra el fraude electoral.

Después de noviembre del año pasado la dinámica de lucha ha tendido más al retroceso en relación a las ofensivas graduales del gobierno: la victoria gubernamental contra el sector transporte que pedía las rebajas al combustible, y hoy, para los meses que vienen, el siguiente aumento a los carburantes.

El gobierno nacionalista, que se encuentra en su segundo periodo dentro del esquema continuista, se ha impuesto a la fuerza con un fraude electoral a ultranza, y al parecer el movimiento popular fraguado en contra de esta aberrante figura dictatorial, no tuvo en su momento la dirección adecuada para derribar al nefasto partido de gobierno. Las repercusiones las estamos viviendo en la actualidad, momento que se define por la espera que hay por recobrar las fuerzas perdidas el año pasado.

Espacios como la Convergencia Contra el Continuismo (CCC) han surgido a luz pública desde el anuncio de los primeros intentos continuistas de JOH, y después de la crisis post-electoral; su método es aglomerar a la mayor parte de organizaciones para al fin crean una plataforma que intente hacerle oposición al gobierno.

La presencia de esta plataforma fue notable en la movilización del 15 de septiembre, pero un poco aparte de la dirección de la misma, ya que cedió, en los hechos, la dirección de esta movilización al partido Libre. Todas las organizaciones civiles que van surgiendo en el transcurso de los acontecimientos, unas radicalizadas, que las forman estudiantes y otros sectores, y otras más proclives al pacifismo y el onegeísmo, son absorbidas, las unas y las otras, lamentablemente, por la dirección burguesa de Libertad y Refundación.

La jornada del 15 de septiembre terminó en una batalla frontal contra las fuerzas represivas, que tuvo las mismas características del pasado 1 de mayo: luego del discurso del caudillo Zelaya, los policías dispersaron con bombas lacrimógenas a los manifestantes.

La tarea impostergable que tenemos los jóvenes, los que estamos en contra de esta dictadura procedimental y llena de recursos legalizados a la fuerza –el ejemplo es el fallo absurdo de la corte suprema de justicia sobre la “inconstucionalidad de la constitución”–, es organizarnos al margen de las estructuras avejentadas y reformistas de Libertad y Refundación, buscar alternativas y estrategias que en los hechos no le claudiquen al programa de dirigentes enfermizos y llenos de obsesión continuista y antidemocrática. Una organización de izquierda que rescate y sepa entremezclar la tradición revolucionaria con las exigencias más imprescindibles del presente.

Intereses continuistas de un lado y de otro

Manuel Zelaya, la figura que representa la dirección del Partido Libre, ha convocado a una consulta para el mes de enero del próximo año, en donde figurarían ciertas preguntas que dejan por sentado el interés continuista del caudillo de Olancho. Inclusive Nelson Ávila, uno de los representantes críticos de Libre, ha cuestionado este intento de consulta sobre el tema de la reglamentación de la reelección presidencial, que deja en un plano oportunista al dirigente olanchano. Por su parte Zelaya anunció desde su cuenta de Twitter el proyecto de consulta que su partido llevará a cabo a sabiendas del descontento de sus sectores más críticos.

“#LIBRE y bancada consultara (á) al pueblo para detener tirano y sus #crímenes. La justicia está bajo sus órdenes; reglamentar sentencia ilegal ES UNA #ALTERNATIVA para asegurar su salida. El decreto ellos mismos lo llevaron al Congreso. Sacar a @JuanOrlandoH es ‘vox populi’” (Escrito en la cuenta de Twitter de Manuel Zelaya, colgado en Proceso Digital, 16 de septiembre de 2018).

Libre, como todo partido reformista, confía más en los procedimientos legales y negociaciones con el régimen, antes que en el verdadero protagonismo de los sectores sociales en lucha. La crisis que devino del golpe de Estado del 2009 primero, y la crisis post-electoral después, nos han demostrado el verdadero proceder de este partido, que termina pactando los intereses innegociables de las clases populares, lo vimos en el Acuerdo de Cartagena de Indias del 2011, y en la actualidad, con los cachurecos al aceptar su agenda continuista.

El futuro recambio de la dictadura empieza a disputarse desde ahora

Los representantes más abyectos del Partido Nacional se empiezan a disputar el liderazgo dentro de su propio partido; como zopes carroñeros encima de carne pútrida, así se muestran estos nefastos rostros públicos del partido de gobierno al anunciar silenciosamente su ambición presidencial para el 2021. Esto con el único fin de fijar el nuevo rostro de la dictadura.

“El designado presidencial Ricardo Álvarez, el ministro de Desarrollo e Inversión Social, Reinaldo Sánchez, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, y Nasry Asfura, actual alcalde capitalino, son los potenciales precandidatos presidenciales del partido en el poder…” (La Prensa, 7 de septiembre de 2018).

Esta lucha interna evidencia el recambio de figura presidencial que buscan los nacionalistas para oxigenar la imagen de su partido, no les conviene mantener en el poder la figura de JOH, pues les costaría la radicalización de las protestas y un escenario desfavorable a nivel internacional; aunque los gringos no se inmuten, ya que se cumple a cabalidad con sus planes en este país del triángulo norte. Estados Unidos contempla el saneamiento de los Estados centroamericanos que se corroen bajo el fenómeno de la corrupción, esto con los matices particulares en Guatemala con la CICIG, y en Honduras con la MACCIH, pero apoya a estos gobiernos conservadores que se tuercen ante sus políticas financieras.

Caso Berta Cáceres continúa en la impunidad

En el contexto de la propaganda gubernamental de una ley de consulta previa, libre e informada propuesta por la empresa privada y los nacionalistas, y en el contexto también de varios proyectos extractivos que han sido combativos por organizaciones indígenas y campesinas, surge con mucha más vitalidad, el caso Berta Cáceres.

Desde que se dio a conocer a finales del año pasado un informe realizado por investigadores independientes al Ministerio Público y demás instituciones estatales, ha surgido la certeza de que han sido los directivos de Desarrollos Energéticos DESA, y empresarios de renombre como los Atala, los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016.

Los representantes de la oligarquía en Honduras, los dueños de descomunales propiedades de tierra en el país, y los encargados de todos los rubros económicos, un puñado de empresarios árabe-Palestinos, en este caso los Atala, son los responsables también de haber encargado a sicarios el asesinato de la compañera Berta. Mientras sigan surgiendo más liderazgos del movimiento social, la oligarquía hará lo imposible por arrebatar la vida de estos luchadores sociales, pues el extractivismo es un negocio que les da muchas ganancias a estos capitalistas nacionales.

Debemos apostarle a la unidad, al acompañamiento de toda forma de organización del movimiento social, y otras organizaciones de izquierda; una organización que tenga como objetivo sofocar los planes extractivos de la empresa privada y los gobiernos que históricamente han entregado la soberanía nacional en manos de extranjeros, dígase a secas, los partidos tradicionales: Liberal y Nacional.

El Copinh ha confirmado, este lunes 17 de septiembre, al no habérsele admitido la garantía de derechos como víctimas de este crimen a varios de sus miembros, las redes de corrupción e influencia que perviven en instituciones como el Ministerio Público. Con esto se da por sentado que el derecho, en una dictadura, tiende a defender a los correligionarios del dictador, y nunca a los que han sido víctimas.

“En estos hechos, el tribunal de sentencia que conoce el caso ha fallado en garantizar nuestros derechos como víctimas e incluso los derechos de los imputados, demostrando una parcialidad constitutiva de delito, por el encubrimiento del Ministerio Público en el ocultamiento de información y por consiguiente de la verdad” (Página web del Copinh, 17 de septiembre de 2018).

El juicio del caso Berta Cáceres no se llevó a cabo al considerar la inoperancia y sesgo del ministerio público, lo que llevó a los abogados de este caso, miembros del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj), a presentar una acción de recusación contra el tribunal de sentencia, lo que significa un rechazo al accionar de esta institución aliada del gobierno.

Organizarnos ante tanta injusticia y corrupción

Desde el Partido Socialista Centroamericano exhortamos a todos los jóvenes a organizarse, a discutir tanto la política nacional, como la centroamericana e internacional. La corrupción, es su faceta más obscena y descarnada, a llevado al hartazgo a los guatemaltecos, y las mismas razones tienen los jóvenes nicaragüenses que aún siguen luchando. En Honduras es momento de prepararnos para hacerles frente a los corruptos representantes de bancos y del mismísimo gobierno.

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