Por Horacio Villegas

Estamos  a un año del Fraude Electoral que consolidó las pretensiones continuistas del gobierno cachureco. A tan solo un año de legislación ilegítima, el partido de gobierno ha arremetido contra la mayoría de hondureños y hondureñas con medidas antipopulares que contribuyeron, de una u otra forma, al éxodo de migrantes que hoy se encuentran en la frontera con EE.UU, el último trayecto de nuestros hermanos centroamericanos.

La administración de los nacionalistas se ha reducido a implementar aumentos en los distintos servicios públicos que los hondureños apenas pueden pagar con sus pírricos salarios: los cobros exagerados de energía eléctrica, el aumento a la tarifa del transporte público –que se espera comenzando el mes de diciembre–, y la paulatina privatización de instituciones públicas como el INFOP y HONDUTEL.

Estas medidas arbitrarias contrastan con los aumentos exagerados de salarios que los diputados del Congreso Nacional se recetaron hace algunas semanas atrás; también con las construcciones palaciegas como el Centro Cívico Gubernamental, que es otro contraste que existe entre la pobreza extrema y la comodidad opulenta de los nuevos burócratas que ha creado este vil gobierno nacionalista.

Mauricio Oliva propone que pastores participen abiertamente en cargos de elección

El artículo 77 de la constitución hondureña de 1982, en el segundo párrafo, se manifiesta que los ministros de las varias religiones no podrán inmiscuirse en las actividades de propaganda política, que tengan como fin último persuadir sin escrúpulos a sus creyentes, para arrastrarlos a apoyar cualquier postura infundamentada.

“Los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión, o valiéndose como medio para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo.” (Constitución de la República de Honduras, Artículo 77, párrafo 2).

Es de suponerse a estas alturas, que en la vida política de nuestro país se ha dado con mucha recurrencia, que los pastores –en su mayoría evangélicos– se entremezclen en los liderazgos de los partidos tradicionales. No es nada nuevo. Pues la mayoría de hondureños que vivió con intensidad el Golpe de Estado del 2009, recuerda con desdén la participación de Evelio Reyes y el Cardenal Oscar Andrés Rodríguez, quienes satanizaban la auténtica lucha popular contra este golpe.

Lo que llena de asombro y rabia en este caso, es el manoseo y manipulación de la constitución de 1982, que si bien es cierto, no fragua los verdaderos intereses de las clases populares, pero al menos compacta en artículos pétreos e intocables varios de los designios que sofocarían cualquier intento autoritario por los gobiernos de turno, como es la reelección –aunque ya haya sido modificado este supuesto inamovible por las hordas nacionalistas y su Corte de “Justicia”.

Mauricio Oliva, el actual presidente del Congreso Nacional, es parte de estos grupos religiosos evangélicos que pretenden hacer proselitismo desde el púlpito de los salones de oración. Es amigo de la “confraternidad Evangélica”, la misma que se ha posicionado a favor de la actual dictadura cachureca. En una nota del periódico Libertad Digital, se colocan las siguientes palabras de Oliva, refiriéndose a los citados pastores religiosos: “Son personas de buenos sentimientos y con una misión en la vida de salvar almas, debe permitírseles también participar en política.” (Libertad Digital, 21 de noviembre de 2018).

Los nacionalistas se han caracterizado por promover grandes retrocesos en relación a las políticas liberales reformistas. La religión inmiscuida en el Estado fue un debate del siglo XIX, que no terminó de agotarse en el siglo XX, y que hoy en el presente siglo, resuena aún, con mayor intensidad, en nuestras sociedades profundamente religiosas. El frente derechista de religiosos evangélicos que tiene en una profunda encrucijada a las naciones latinoamericanas –especialmente Brasil con el engendro Bolsonaro– pretende tomar la palabra hoy en Centroamérica, para acaparar el espacio que nunca le ha pertenecido de pleno derecho.

Las circunstancias están dadas en Honduras para que una ofensiva de esta naturaleza se entronque minuciosamente en la legislación nacional, como una espantosa reforma al artículo 77 constitucional. Los nacionalistas manejan a cabalidad las negociaciones con los sectores religiosos evangélicos, pues entre las políticas que busca con urgencia este sector está la de las exoneraciones de impuestos a sus templos de adoración, que proliferan a diestra y siniestra en cada rincón de este país.

En este contexto de la politización de los grupos evangélicos aglomerados en la “Confraternidad Evangélica”, es más que necesario sacar a relucir su complicidad con los regímenes que han estado por encima de las vidas de muchos hondureños aplastados y reducidos a cadáveres; el claro ejemplo fue con la administración golpista de Micheletti y los gobiernos subsiguientes al 2009, y la crisis-post electoral de noviembre de 2017. Evelio Reyes dio el respaldo total a los perpetradores de los asesinatos del golpe de Estado del 2009, y los asesinatos de noviembre del año pasado; información que todos los evangélicos deberían de manejar sin asombro alguno.

Tony Hernández: el hermano de JOH que ya fue arrestado en EE.UU por narcotraficante

Los periódicos de la burguesía árabe-palestina en el país han evadido los títulos que evoquen una gran lluvia de críticas y juicios por parte de la población hondureña, hacia la figura de este narco que ya es juzgado en el extranjero. Títulos que paradójicamente enaltecen las acciones del gobierno en la lucha contra el narcotráfico, fueron puestos ayer en la primera plana de la La Tribuna: “gobierno de JOH desarticuló operaciones de 5 carteles”.

El arresto de Antonio (Tony) Hernández fue el viernes pasado, en Miami, EE.UU. los delitos que le fueron evidenciados denotan su complicidad con el narcotráfico hacia EE.UU en todas las etapas, además su rango de acción no solo se circunscribió a Honduras, sino también a Colombia y México. Se le involucra en el tráfico de cocaína, utilización de armas en protección de estos ilícitos, y la falsedad en la información que ofrecía a los encargados del caso. A Tony Hernández se le viene investigando desde el año 2004, tiempo en que estuvo enquistado como diputado nacionalista en el Congreso Nacional.

“Hernández habría presuntamente organizado la seguridad de los envíos de cocaína por barco, pagado sobornos a las autoridades para recibir información a fin de proteger sus cargamentos y solicitado cuantiosos sobornos a grandes narcotraficantes, de acuerdo a la Administración para el Control de Drogas de EE.UU (DEA, por sus siglas en inglés)” (BBC/News Mundo, 27 de noviembre de 2018).

Hernández era de la talla de otros grandes narcotraficantes de la región, sus vínculos demostrados con otros narcos de Colombia y México lo confirman. Y el hecho de haber tenido su propia marca (TH) de droga lo ubica como un narcotraficante ambicioso que sabía muy bien el negocio en el que se movía. El testigo principal para que pudieran salir a luz el resultado de las investigaciones, es el coronel Santos Orellana, quien tiene información importante referida al caso de este narco de Gracias, Lempira. El gobierno nacionalista lanzó un comunicado el viernes 23 de noviembre, refiriéndose al tema de la detención de Tony:

 “4. En el caso del ciudadano Juan Antonio Hernández así como el de cualquier otro hondureño, el Presidente y su gobierno mantienen la posición que cada quien es responsable de sus actos y en ningún caso esta responsabilidad es transferible a otras personas.” (Comunicado de la presidencia de Honduras, 23 de noviembre de 2018).

El gobierno trata de salvar su imagen de no torcer el brazo ante las arremetidas de la corrupción y las actividades ilícitas como el narcotráfico, pero ya es de sobrado conocimiento sus vínculos ya intrafamiliares en estos actos aberrantes que no dan sino motivos para seguir exigiendo la caída de esta vil administración. En otro comunicado lanzado el 26 de noviembre, el gobierno trató de maniobrar sobre esta detención de Tony, arguyendo que desde la administración de JOH la batalla en contra del narcotráfico ha dado distancia a aquella denominación que veníamos nutriendo desde hace diez años atrás, la de “Narco-estado”.

En este altisonante comunicado se enumeran los supuestos logros que ha tenido esta administración en el tema del combate a las actividades ilícitas, y además se mencionan los engendros creados en materia de seguridad, como la Policía Militar del Orden Público y otras unidades armadas. Y también se resalta la destrucción de varios narco laboratorios, aunque ya los hondureños estamos claros y bien sabidos de que los laboratorios de la familia Hernández no se redujeron a cenizas.  

Una movilización que recordó un año del fraude electoral, terminó en balazos

El pasado lunes 26 noviembre, la Oposición efectuó una movilización que tuvo su comienzo desde Plaza Miraflores hasta llegar a la nueva Casa Presidencial. El motivo de la movilización fue darle realce al año entero que ya lleva el fraude electoral del pasado 26 de noviembre de 2017. Las consignas antigubernamentales se expresaron por parte de varios dirigentes del magisterio que han tenido cierto apego a la fórmula de “insurrección pacífica” de Libre y su caudillo Zelaya. Compañeros del movimiento estudiantil se hicieron presentes, entre otras organizaciones populares afines a la lucha popular.

Los hechos de esta jornada fueron los siguientes: al desembocar en la nueva Casa Presidencial, los compañeros manifestantes recibieron como es de costumbre, bombas lacrimógenas de parte de los policías. Al apagar los ánimos de los manifestantes por las medidas arbitrarias de estos cuerpos armados, comenzó el repliegue con dirección a lugares seguros del Bulevar Fuerzas Armadas. Extrañamente hubo entre los automóviles un bus lleno de militares del Instituto Nacional Penitenciario, quienes abrieron fuego contra los pocos manifestantes que se encontraban en este bulevar. La balacera provocada por estos militares dejó a dos compañeros gravemente heridos, pues atacaron con sus fusiles de gran calibre a diestra y siniestra. Un representante de la prensa, de UNETV, Geovanny Sierra fue el que resultó con heridas de mayor gravedad en su brazo.

La construcción de la nueva Casa Presidencial fue pensada para repeler cualquier tipo de protesta en contra del dictador nacionalista, es un lugar que se cunde de automóviles en las horas pico, y un punto de acceso frecuentado. Las subsiguientes protestas dirigidas a esta representación del “castillo” cachureco, deben ser mejor organizadas, pues el espontaneísmo no nos dejará arremeterle el último golpe de gracia a esta dictadura.