Por Germán Aquino
El Estado de El Salvador, administrado anteriormente por los gobiernos de ARENA y ahora administrado por el gobierno de Mauricio Funes, sigue siendo un estado capitalista, violento por propia naturaleza, se basa en la explotación y en el aprovechamiento de unos pocos del trabajo realizado por la mayoría: la clase trabajadora.
Con el triunfo del pueblo salvadoreño al expulsar a ARENA en las elecciones pasadas se cumplió una gran tarea, se cambio el gobierno pero el Estado sigue siendo el mismo, pues siempre refleja los intereses de la clase burguesa dominante.
Todo sistema basado en la explotación y en la propiedad privada; recurre a la fuerza para poder mantenerse. Esta fuerza represiva está estructurada en las Fuerzas Armadas y demás cuerpos de seguridad, las leyes, los Juzgados, las cárceles, etc, diseñada para defender siempre los intereses de las clases económicamente dominante. Ante cualquier amenaza de parte de la clase trabajadora y de los pobres, el Estado responde con la violencia ejercida por su principal instrumento: las Fuerzas Armadas.
Desigualdad, violencia y delincuencia en El Salvador.
La causa estructural de la desigualdad, de la violencia y de la delincuencia es el sistema capitalista y las políticas neocolonizadoras impulsadas por el imperialismo norteamericano que por más de dos décadas fueron implementadas por gobiernos de extrema derecha a través del partido ARENA y heredadas al gobierno de Mauricio Funes.
El programa de gobierno de Mauricio Funes y del FMLN pone como principal desafío ”FRENAR LA INSEGURIDAD CIUDADANA. Poner punto final a la inseguridad de la población y a la impunidad, derrotar a la delincuencia y al crimen organizado, superar la violencia y el deterioro de las normas de convivencia social (…)” y “(…) La asume como una política de Estado, basada en la Constitución de la República, los Acuerdos de Paz, el respeto a la dignidad humana, la transparencia y rendición de cuentas y la participación ciudadana. Tendrá como ejes la prevención, el control y combate del delito, el juzgamiento penal, la reparación social del delito, y finalmente la rehabilitación y readaptación.” (Programa de Gobierno 20092014, FMLN).
Se debe diferenciar las actividades del crimen organizado de la actividad de las maras, aunque algunas de estas terminando siendo copadas por el crimen organizado. Las maras o pandillas reflejan la desesperación social de la juventud que no tiene posibilidades de obtener un trabajo digno, que no pueden estudiar, ni tienen la más mínima opción de salir de la miseria.
Un verdadero plan de seguridad para el pueblo pasa en primer lugar por garantizar trabajo para todas las personas y por garantizar salarios dignos para toda la clase trabajadora, dichos trabajos tienen que ser permanentes y dichos salarios tienen que estar acorde del precio de la canasta básica.
Las nuevas autoridades de seguridad pública.
En materia de seguridad los cargos del gobierno de Mauricio Funes quedaron distribuidos así: el Ministerio de Seguridad quedo bajo la responsabilidad de Manuel Melgar miembro del FMLN, y Carlos Antonio Ascencio Girón fue ascendido a Director de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los medios de comunicación describieron esta reorganización de las fuerzas represivas del Estado: “Al menos cinco oficiales de la PNC con procedencia de la Fuerza Armada ocuparán puestos claves, según la lista de los cambios que realiza el director de la corporación, Carlos Antonio Ascencio Girón (…) Entre esos jefes mencionados están el subdirector policial, José Luis Tobar Prieto, para quien se supone se creará una plaza que servirá como enlace entre el Ministerio de Seguridad y la PNC, y Douglas Omar García Funes, que será el enlace entre la PNC y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP). El comisionado Ángel Barquero Silva, actual secretario ejecutivo de la PNC, se convertirá en el jefe de la INTERPOL, y el comisionado Héctor Mendoza Cordero, que asumirá la jefatura de la región metropolitana después de permanecer por nueve meses al frente de la delegación de San Vicente. En la lista oficial aparece el comisionado César Flores Murillo como nuevo subdirector de Tránsito, después de permanecer más de un año al frente de la subdirección de Seguridad Pública”. (La Prensa Grafica, 6/VI/09).
En pocas palabras, solo el ministro de seguridad es militante del FMLN, el resto de funcionarios pertenecen desde hace tiempo a las fuerzas represivas del Estado. Dichos jefes seguirán manteniendo las mismas prestaciones y salarios que los anteriores. Sin embargo, los elementos operativos: agentes de dicha institución policial seguirán sufriendo los efectos de la crisis económica. El policía de base, el que arriesga la vida, tiene que luchar por un aumento de prestaciones y condiciones laborales y de salarios.
Investigación de los responsables de la seguridad pública.
La inseguridad es un problema real que vive el pueblo salvadoreño, siendo una obligacion del gobierno de Mauricio Funes brindar esa seguridad a la ciudadanía que exige una solución inmediata al problema de la violencia e inseguridad en las calles. Los gobiernos de ARENA demostraron su incapacidad y falta de voluntad para dar solución al problema de la inseguridad. Los planes represivos de combate implementados mediante la llamada “mano dura” demostraron ser ineficientes, en primer lugar, debido a que no atacaron la verdadera causa social del origen de la violencia. Este no fue un problema de desconocimiento si no por falta de voluntad política. En segundo lugar, la corrupción existente en los diferentes niveles de los organismos de seguridad como la Policía Nacional Civil y de funcionarios públicos y de posibles nexos de las mismas con estructuras delincuenciales; ha quedado demostrado en los últimos días. Entonces, había intereses oscuros que no permitían combatir la delincuencia.
La corrupción y la impunidad son males dejados por la administración de ARENA. Un verdadero plan de seguridad tiene que incluir la conformación de una comisión integrada por representantes de organizaciones de trabajadores del campo y de la ciudad, de campesinos, de indígenas y demás organizaciones populares, para que evalúe e investigue a todos los responsables de las instituciones de seguridad. Dicha comisión tiene que rendir un informe publico a toda lo sociedad. El gobierno de Mauricio Funes tiene que dotar de los poderes necesarios a dicha comisión y poner los medios de comunicación a disposición de la misma para que esta informe de los resultados al pueblo.
Los cambios de las autoridades en el interior de la PNC solo han sido cambios de puestos directivos, se trata de una rotación de los mismos personajes que siempre han estado en el interior de la misma institución, que ha demostrado ineficacia y que además tiene fuertes cuestionamientos por su vinculación con estructuras delincuenciales, lo que ha dificultado su labor y nada garantiza el buen desempeñar de las nuevas autoridades. Llamamos al pueblo salvadoreño a conformar esta comisión.
No a la participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública.
En ocasión del firma del Acuerdo de Paz, en México, el 16 de Enero de 1992, Shafick Handal pronuncio un discurso donde afirmaba que “La firma del Acuerdo de Paz marca la culminación de una etapa decisiva en la larga y heroica lucha del pueblo salvadoreño por sus ideales de libertad justicia, democracia, dignidad humana y progreso…Lo principal de este logro es el fin de la hegemonía militar sobre la nación civil….”
Los Acuerdos de Paz de 1992 establecieron que “el mantenimiento de la paz interna, de la tranquilidad, del orden y de la seguridad pública está fuera de la misión ordinaria de la Fuerza Armada como institución responsable de la defensa nacional (…) Conforme a la Reforma Constitucional emanada de los Acuerdos de México, el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como en el rural, quedarán a cargo de la Policía Nacional Civil, la cual estará bajo la dirección de autoridades civiles. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada serán independientes y estarán adscritas a Ministerios diferentes.”
El programa de gobierno del FMLN estableció que la seguridad se asumirá también desde el marco de los Acuerdos de Paz. No obstante, la población salvadoreña tiene que estar en contra de la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública por ser contrarios, incluso, al espíritu de los Acuerdos de Paz que, aunque nunca los apoyamos, al menos preveían una desmilitarización de la sociedad.
A lo anterior debemos agregar que el coronel David Munguía Payes, actual Ministro de la Defensa, fue entrenado por el imperialismo para defender los intereses de las clases dominantes y asesinar al pueblo durante el conflicto armado. La participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública da la posibilidad de que estos con el pasar del tiempo recuperen la hegemonía que perdieron con los Acuerdos de Paz, lo que significaría un retorno al militarismo. Es un riesgo para todas las organizaciones sociales y aun para el mismo gobierno de Mauricio Funes y del FMLN y de los pocos espacios democráticos que existen.