Por Dimas Alberto  Ama

El 18 de Junio de 2009 el Gobierno de Mauricio Funes  y del FMLN,  en cadena nacional de radio y televisión, presentó el Plan Global Anticrisis. En dicho documento se reconoce  que  “es el primer fruto de esta naciente unidad nacional”, que existen “serios problemas que nos aquejan” y llamó  a una “nueva actitud en la que todos los sectores sociales, económicos y políticos debemos dejar momentáneamente de lado nuestros intereses personales o de grupo, para privilegiar los altos intereses de la Nación”.

En estos momentos de crisis económica, en la cual las ganancias de los ricos se han visto reducidas, el gobierno llamó a todos a participar en la solución, como si la crisis fuera responsabilidad del pueblo;  como parte de ese llamado Mauricio Funes  y del FMLN ha incorporado a sectores de la burguesía en el gobierno.

Los mismos programas asistencialistas de ARENA

Los componentes del Plan Anticrisis son: “Primero, auxiliar a los pobres, a los excluidos, a los sectores más golpeados por la crisis y, a la vez, dar comienzo a la construcción de un Sistema de Protección Social Universal, que incluya al conjunto de nuestra población en el proceso de mejoramiento de sus condiciones de vida. Segundo, proteger los empleos existentes y promover la generación de otros nuevos, a partir de la promoción y fomento de las actividades productivas y de las iniciativas privadas, que son las auténticas generadoras de trabajo.  Tercero, sentar las bases de un Plan Nacional de Desarrollo que a mediano y largo plazo asegure mayores niveles de bienestar para toda la población.” (Discurso presentación del Plan Global Anticrisis  de Mauricio Funes, 18/06/09).

Dentro de los ofrecimientos concretos del Plan Anticrisis está el programa de construcción y mejoramiento de viviendas de interés social. Sin embargo, como se sabe, las casas a construirse no serán gratuitas sino que se obtendrán a través de préstamos, cuyos montos y criterios no han sido establecidos. Aquí es donde los empresarios hacen su negocio, quienes saldrán más beneficiados son los bancos y financieras.

En relación a la entrega de dos uniformes, un par de zapatos y un paquete de útiles escolares,  que abarcaría hasta la educación básica (noveno grado) no quedó claro si seria general para todo el país. Se sabe que hasta el noveno grado la mayoría de los estudiantes abandonan sus estudios. El presidente Funes anunció pomposamente la  ampliación del programa de alimentación escolar;  la entrega de bonos de educación a familias con hijos e hijas entre 6 y 18 años de edad,  la importación de fertilizantes e insumos agrícolas y distribución a precios de costo a los pequeños y medianos productores; la creación de la banca estatal para el fomento productivo; la mitigación de riesgos, el reinicio de los trabajos de la autopista Diego de Holguín; el programa de ampliación y mejoramiento de servicios públicos e infraestructura social básica;  la prevención de la violencia juvenil y la articulación de la seguridad en las comunidades, así como la capacitación laboral y productiva de estos mismos jóvenes;  la creación de la pensión básica  en los 100 municipios más pobres del país, atención integral de salud y nutrición en 131 municipios de muy elevada prevalencia en desnutrición, garantizar y extender temporalmente el acceso a los servicios de salud del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y  la dotación de medicamentos esenciales al sistema de salud pública entre otros.

Muchos de estos proyectos anunciados por el nuevo gobierno son la continuidad de los proyectos asistencialistas que el gobierno de ARENA venia ejecutando, y solamente han cambiando de nombre; se mantiene la discriminación dado a que muchos de estos programas son  ejecutados  en base a criterios políticos y no de justicia social. La pobreza es la misma en todos los municipios, tanto en el campo como en la ciudad,  pero se mantiene el privilegio para algunos de ellos.

De todas las medidas del Plan Anticrisis no existe ninguna que beneficie de forma directa a la clase trabajadora. Por ejemplo, el presidente Funes no se refiere al aumento de salario tanto para los trabajadores de la ciudad y del campo. No ha tocado el tema de la condonación de deuda de  las personas que no pueden pagar sus casas al Fondo Social de Vivienda o al Sistema Financiero en donde la amenaza de desalojo está latente, no se ha hablado de un congelamiento de los precios de la canasta básica.

El tema de seguridad.

El pueblo salvadoreño exige solución inmediata al problema de la delincuencia, violencia e inseguridad. Por ello el Presidente expresó: “Hay una decisión definitiva que es terminar con la inseguridad y la violencia con políticas inteligentes y eficientes” prometió luchar contra “el crimen organizado, el narcotráfico y los traidores a la patria que se han aliado a ellos, esos son nuestros enemigos.” Sería importante saber a quienes se refiere cuando  dijo “traidores a la patria”.

En materia de seguridad se  anunciaron una serie de medidas entre las cuales se pueden mencionar: aumentar la presencia y la operatividad de la PNC en los municipios con mayor índice delincuencial como son  San Salvador, Santa Ana, San Miguel, Colón, Soyapango y Apopa; aumentar el número de agentes y de mandos medios,  dotar a la PNC de mas y mejores recursos, implementar planes de protección escolar,  conformación de Consejos Municipales de Prevención de la Violencia, vedas de armas, utilizar en materia de seguridad pública a la  Fuerza Armada

En relación a esta disposición,  el presidente Funes está consciente que la utilización de las Fuerzas Armadas para combatir a las pandillas o maras significaría un retroceso en los avances de la democracia burguesa, lo cual trató de justificarlo al decir: “ No se trata, como han pretendido interpretar algunos, de sustraer a la institución armada de su labor constitucional de garantizar la Defensa del territorio nacional, o de violentar la doctrina de la Seguridad Pública que heredamos con los Acuerdos de Paz, sino de trabajar de la mano con la Policía Nacional Civil y bajo la dirección de ésta, en el combate de uno de los flagelos que más preocupan a las salvadoreñas y salvadoreños.”

Por más que trate de justificar la incorporación de la Fuerza Armada en labores de seguridad y el descuartelamiento de la misma pone en riesgo las mismas libertades democráticas burguesas.

Mediatización de  la lucha de las organizaciones sociales.

En el marco de creación de un gobierno de Unidad Nacional con la burguesía, Mauricio Funes  convocó a  “..representantes del empresariado nacional y del movimiento social de trabajadores,… para conformar el Consejo Económico Social, ámbito de diálogo permanente para el trazado de las grandes líneas estratégicas del desarrollo económico y social del país de los próximos años.... a la vez manifiesta: …que desmontaría los preconceptos que habitualmente ha expresado el sector privado hacia la izquierda en toda la región y que institucionalizaría el diálogo permanente como mecanismo privilegiado para encontrar soluciones a los graves problemas que enfrenta el país…y los movimientos sociales que expresan las reivindicaciones de la masa trabajadora del país no sólo no se enfrentarían más a cordones de guardias policiales cada vez que desearan expresar una demanda, sino que tendrían un lugar en el gobierno del cambio y aquí están sus representantes participando de las grandes decisiones, para el bien del país” (Discurso presentación del Plan Global Anticrisis  de Mauricio Funes, 18 de Junio de 2009)

Este Consejo Económico y Social solo será un ente de tipo consultivo. En primer lugar trata de hacer creer que el capitalismo se puede humanizar. Mediante el llamado  al dialogo busca ganar tiempo para que la burguesía se oxigene. Privilegia el dialogo como mecanismo para buscar soluciones pero lo peor aun no habla de negociación. La clase trabajadora tiene que saber que el dialogo en muchos casos solo sirve para desmontar las luchas sociales, ya vivimos el ejemplo de los “Acuerdo de Paz”.

Contrario a ello, la clase trabajadora, el campesinado, las personas pertenecientes a los pueblos, y demás sectores populares solo tenemos que confiar en nuestra organización y  fuerza, en nuestros  métodos de lucha como lo son la movilización constante, la huelga, el bloqueo, etc.

Por un programa en beneficio de todo el pueblo

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama al pueblo salvadoreño a exigir la solución de la problemática económica y social, así como la reorientación, extensión y el cumplimiento de las promesas realizadas durante el lanzamiento del Plan Anticrisis. Lo anterior implica exigir que sean los ricos quienes paguen dichos proyectos sociales y que no sea mediante  préstamos. Como dice el sabio refrán popular: del mismo cuero están sacando las coyundas. Al final, el pago  de estos préstamos se le estaría trasladando al mismo pueblo, lo cual no es ninguna solución.

Debemos luchar para estos programas  se extiendan a todos los municipios tanto en el campo como en la ciudad, que los paquetes escolares sean entregados hasta bachillerato. Que el pago de las viviendas estén acordes a los salarios de los trabajadores, que sean las organizaciones sociales y comunales quienes administren los fondos para la construcción de las viviendas. Debemos luchar por la estatización bajo control obrero de las fábricas productoras de cemento y de las empresas exportadoras de materiales de construcción de viviendas. Que las asociaciones cooperativas sean las encargadas de la comercialización y entrega de productos agropecuarios. En materia de seguridad se debe exigir un verdadero combate a la delincuencia lo que implica investigar a todos los actuales funcionarios de la PNC y de las fuerzas armadas y exigir el retiro de las fuerzas armadas de las labores de seguridad.

Por Germán Aquino

El programa de gobierno de Mauricio Funes y del FMLN y el Plan Global Anticrisis   anunciado  el  18 de Junio de 2009 contemplan una serie de proyectos. Para  el desarrollo de los mismos es necesario la inversión de una gran cantidad de recursos financieros, los cuales el pueblo salvadoreño no tiene y por eso se pregunta: ¿de dónde saldrán?

La actual crisis económica que se vive a nivel nacional e internacional es producto del sistema económico  capitalista que ha llevado la concentración de las riquezas a pacas manos generando con ello la pobreza de la gran mayoría.

No al aumento de la deuda externa

La  Deuda externa es deuda pública contraída por el Estado. La adquieren los gobiernos en nombre del pueblo, llámeseles Banco Mundial, FMI, BID, etc., pero quienes terminan pagándola son los trabajadores y las masas populares. Para que los Estados sean sujetos de crédito, los organismos financieros internacionales les dictan medidas con el objetivo de garantizar los pagos.

El Plan Global Anticrisis  anunciado por el Presidente Funes tiene un costo “de 587 millones de dólares, de los que el 60 por ciento está garantizado y el 40 por ciento restante está en proceso de negociación con los organismos internacionales, quienes nos han expresado su interés de apoyarnos.”  (Discurso presentación del Plan Global Anticrisis  de Mauricio Funes, 18 de Junio de 2009).

Puede observarse que el 40% de los fondos para financiar  los proyectos provendrá de préstamos lo que llevara a un aumento de la deuda externa. Partiendo de lo expresado por el Presidente Funes podría ser “…..el fortalecimiento de las finanzas públicas, incluyendo la austeridad en el gasto, el combate a la elusión y la evasión fiscal, así como al contrabando y la corrupción y la racionalización de los subsidios” . Muchas de estas medidas son necesarias  siempre y cuando no signifiquen  el traslado de los costos de los programas  a la clase trabajadora. El gobierno de Mauricio Funes y del FMLN   no quiere confrontarse con los ricos, prefiere que el pueblo cargue con gran parte del pago de los proyectos a ejecutar

Así vemos como en el marco del lanzamiento  del “Plan de Vivienda”   el Ministro de  Hacienda, Carlos Cáceres, expreso: “No queremos dañar a la empresa privada. Es un proceso donde tiene que participar toda la población”  (La Prensa Grafica, 18/07/09) Dicho funcionario, procedente del Grupo de los Amigos de Mauricio, considera que aumentar los impuestos a la empresa privada seria un daño a la economía.

Exijamos soluciones  efectivas

Bajo la administración de ARENA  se ejecutaron programas  asistencialistas  con el propósito de bajar la presión social y de tapar los desajustes económicos y sociales generados por el capitalismo, pero sin solucionarlos al mismo tiempo que  les permitía acumular capital político electoral. Una de las fuentes de financiamiento de sus proyectos eran los préstamos,  los cuales casi siempre contaban con las críticas  y la oposición de la fracción legislativa del FMLN. Sin embargo, después de ciertos pactos interpartidarios de las diferentes fracciones políticas, en la mayoría de casos estos préstamos eran aprobados. Los actuales proyectos derivados de los programas solo aliviaran temporalmente la problemática de ciertos sectores, pero no presentan soluciones reales a la problemática económica que viven la clase trabajadora, el campesinado, los indígenas y demás sectores populares.

El pueblo salvadoreño y las diferentes organizaciones sociales y políticas de izquierda, mediante la organización y la movilización. Tenemos que exigirles al gobierno de Mauricio Funes y del FMLN   no continuar con la política de endeudamiento externo. Por el contrario, el gobierno de Funes y del FMLN tiene que obligar a los ricos a financiar los diferentes proyectos sociales, clavándoles más impuestos. Esta política de reforma tributaria no significaría que en El Salvador se está construyendo socialismo, sería una reivindicación democrática de que quien gana más pague más.

Debemos exigir que el el gobierno de Mauricio Funes y del FMLN   aumente la recaudación de dinero imponiéndole  a los  grupos económicamente dominante de El Salvador un impuesto por las ganancias obtenidas, obligarles a que verdaderamente paguen impuestos.

El gobierno tiene que  investigar el manejo de los fondos públicos  por parte de todos los funcionarios de ARENA y en caso de encontrarse mal manejo, estos deben reintegrar dichos fondos al Estado. El nuevo gobierno tiene que reducir los grandes salarios de los altos funcionarios de todos los poderes y órganos del Estado, incluidos por supuesto los Diputados. Las organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas y demás sectores sociales tienen que plantearse y luchar por  el no pago de la Deuda Externa.

Por el Movimiento de Veteranos del Ejército Nacional de la Democracia

‹‹La burocracia es socialmente necesaria cada vez que se presentan antagonismos ásperos que hay que "atenuar", "acomodar", "reglamentar" (siempre en interés de los privilegiados y de los poseedores, y siempre en interés de la burocracia misma). El aparato burocrático se consolida y se perfecciona a través de todas las revoluciones burguesas por democráticas que sean. "Los funcionarios y el ejército permanente -escribe Lenin-, son “parásitos” en el cuerpo de la sociedad burguesa, parásitos engendrados por las contradicciones internas que desgarran a esta sociedad, pero son precisamente estos parásitos los que le tapan los “poros".  A partir de 1918, es decir, en el momento en que el partido tuvo que considerar la toma del poder como un problema práctico, Lenin trató incesantemente de eliminar a estos "parásitos"›› (Trotsky: La revolución traicionada, 1937).

Con absoluta simpleza y actitudes desafiantes, Nicolás Salume, un representante del anterior gobierno de Antonio Saca que aun ostenta dentro del “Gobierno del Cambio” la presidencia de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del río Lempa (CEL), justifica de manera pragmática la construcción de los proyectos de muerte cuando afirma que “Solo Dios puede detener El Chaparral”.

En sus declaraciones también “justifica” la “inevitable” construcción de las represas para evitar que la corrupta empresa italiana ASTALDI pueda demandar hasta por $ 500 millones al Estado salvadoreño por incumplimientos de contratos.

En el sofisma de Salume que “Dios” es el único “facultado” y con mandato “divino” para poder detener la proyectada construcción de las represas en los norteños departamentos de San Miguel y Chalatenango, se expresa en toda su esencia el dogma que caracteriza el estado de conciencia de los deshumanizados grupos de poder que consideran que el “capital” tiene supremacía sobre el interés colectivo y la justicia social.

El derecho a la vida de los campesinos que serán violentamente expulsados de sus tierras para construir los embalses vale mucho más que el dinero que le “preocupa” a Nicolás Salume.

También, en sus declaraciones deja entrever una falacia que ya se llevó de encuentro al Superintendente de la SIGET, Ing. Tomás Campos Villafuerte, cuando este afirma que la CEL ya solventó completamente las dudas de la SIGET y que ya “cumplió” con todas las normativas sociales y medioambientales.

Al dejar la solución al dogma de la FE del problema neoliberal relacionado con los proyectos de muerte, de igual manera que el poeta Roque Dalton escribió en su obra vivencial “Pobrecito poeta que era yo”, nuestros mártires revolucionarios desde sus tumbas nos dirían: “Pobrecitos nosotros los que morimos soñando por un país diferente”.

La aportación y sacrificio del pueblo para el logro de la paz y de las condiciones que antecedieron al “Gobierno del Cambio”, fue de más de 85 mil los salvadoreños que ofrendaron su vida por un futuro mejor. Y, si la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces, Dios ya tomó la decisión ya que el pueblo no quiere la construcción de las represas de “El Cimarrón” y “El Chaparral”.

En “El Cimarrón” son alrededor de 2,500 personas las que serían afectadas y con “El Chaparral” la cifra total se acerca a 15 mil “damnificados” los que nos dejarían los ambiciosos “terremotos neoliberales”.

Entendemos que la perversa derecha salvadoreña amañadamente impulsó la firma de los contratos de construcción con la multinacional ASTALDI y dejó en una situación injustamente muy complicada al gobierno del FMLN; sin embargo, independiente de los compromisos económicos que el pasado gobierno presidido por el delincuente de Antonio Saca  adquirió con dicho cartel y sin importar que las “COMISIONES” ya estén repartidas entre los corruptos funcionarios areneros, pues, la batalla no está del todo perdida.

Las comunidades afectadas que están siendo letalmente vulneradas en sus Derechos Humanos, tienen que agotar todas las medidas legales que la Constitución les faculta. Y, con los Recursos de Amparo interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el “gobierno del cambio” todavía tiene la histórica oportunidad de demostrar con hechos sus niveles de sensibilidad social y sometimiento al orden jurídico que rige los destinos de todos los salvadoreños.

Por otro lado, la perversión de la derecha salvadoreña cada día tiende a ser más confrontativa y desesperada; ahora, le ha tocado jugar el papel a un monigote que es diputado y que le pesan en su “conciencia” los genes del asesino de Monseñor Oscar Romero y que también es  hermano del narcodiputado que fue “rostizado” en Guatemala durante la guerra por el control de las rutas de mercado entre  narcotraficantes centroamericanos.

Este diputado, Roberto D´Abuisson hijo, se ha convertido en el vocero de los chantajes y sentencia que si el aberrado proyecto del “metrobus” propuesto por el alcalde Norman Quijano no encuentra apoyo dentro del ejecutivo, los partidos del crimen organizado no darán sus votos para los préstamos que se requieren para solventar el enorme déficit de recursos financieros que nos dejó el depravado saqueo que hizo la administración de Antonio Saca en las arcas del Estado.

Lógicamente, estos narcodiputados pretenden que el gobierno de Mauricio Funes apoye el proyecto del “metrobus” y entre en “choque” directo con las mafias de empresarios de autobuses. De igual forma, la derecha salvadoreña con el apoyo financiero de la “Pacific Rim Mining Corporation” está reactivando a sus escuadrones de la muerte y sembrando el terror dentro de los habitantes de San Isidro-Cabañas.

La Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de analizar los contratos firmados con el cartel de ASTALDI y dictaminar si no adolece de vacíos; de igual manera, la Fiscalía (sin Astor Escalante) tiene la responsabilidad de emitir un fallo al respecto.

Bien lo dijo Hugo Barrera, uno de los fundadores del partido ARENA y que manifiesta su “descontento” público con la derrotada administración arenera y afirma que el grupo de Antonio Saca está “comprando” a los diputados de su partido para que eviten que se nombre a un fiscal honesto y de esa forma lograrán que Antonio Saca no vaya a la CARCEL cuando sea juzgado por los delitos de fraude y robo a la economía pública.

Esperamos que la percepción de Hugo Barrera sea pronto una realidad y tengamos el agrado de ver a un “pez gordo” juzgado y tras las rejas.

¡COMPAÑEROS CAIDOS EN LA LUCHA HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!

¡SIN PERDON Y SIN OLVIDO DE NUESTROS MARTIRES REVOLUCIONARIOS!

¡VIVA EL HEROICO PUEBLO SALVADOREÑO!

¡POR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA UNIDA EN LOS PRINCIPIOS Y EN LAS ACCIONES!

¡SIN PERDON Y SIN OLVIDO DE NUESTROS MARTIRES REVOLUCIONARIOS!

¡VIVA EL MOVIMIENTO DE VETERANOS DEL END!

END

(FPL-“Farabundo Martí”; FPL-GPP/ FCER; ERP; FARN; PRTC y FAL)

El Salvador, 24 de agosto de 2009

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Por José Ricardo Medina

Organizaciones estudiantiles, en su mayoría de  la Universidad de El Salvador (UES) acompañadas de  otras organizaciones sociales y políticas, conmemoraron el 34 aniversario de la masacre estudiantil  cometida el 30 de julio de 1975  en el lugar ubicado sobre  el paso a desnivel de la alameda Juan Pablo II y  la actual Avenida Mártires del 30 de Julio (nombre dado en honor a los mártires).

En  1975 El Salvador se encontraba bajo  una dictadura militar. En esa época gobernaba  el Partido de Conciliación Nacional (PCN), un partido de corte  fascista que la burguesía utilizó  para gobernar durante mucho0 tiempo y que luego lo reemplazó por  ARENA.

La masacre estudiantil.

Los gobiernos burgueses, sea dictatoriales o “democráticos” siempre han tenido temor a la comunidad universitaria de la UES; a la que han calificado de “subversiva” o “terrorista”. A pocos días de asumir el gobierno el Coronel Arturo Armando Molina en 1972, mediante un fraude electoral,  como medida represiva intervino la UES, cerrándola por un periodo de dos años.

El 25 de julio  de 1975 el Centro Universitario de Occidente (CUO)  ubicado en Santa Ana, fue intervenido por los organismos represivos de seguridad. En respuesta a dicha medida, se  realizó el 30  de julio una protesta la cual fue reprimida por los cuerpos represivos: Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Policía de Hacienda. En dicha manifestación participaban miembros de diversas  organizaciones estudiantiles  de la UES entre las cuales se puede mencionar la AGEUS,  UR-19, FUERZA, etc. Además también participaban  organizaciones estudiantiles  de secundaria como el MERS, y algunas organizaciones de trabajadores.

La violenta represión dejó a decenas de personas asesinadas, heridas y desaparecidas. Muchas de las víctimas  han quedado en el anonimato  no teniéndose un dato definitivo de las mismas. Es necesario  reconocer la entrega incondicional de estos hombres y mujeres que ofrendaron sus vidas  por la conquista y defensa de las libertades y derechos del pueblo salvadoreño.

Autoridades de la UES atentaron contra la libertad de  organización

En el marco de la lucha contra la gripe porcina, el gobierno de Mauricio Funes suspendió las  clases  por dos semanas de todos los centros educativos. A partir de ello, el campus universitario tendría que permanecer cerrado en la víspera de la conmemoración del 34 aniversario de la masacre.

No obstante, las organizaciones estudiantiles de la UES continuaron con la preparación de la marcha. Ello implicaba entrar al campus universitario, para lo cual las autoridades dispusieron que cada organización debía entregar un listado, de lo contrario no podrían entrar al campus. Muchas organizaciones internas de la UES mostraron su inconformidad  y desconfianza con respecto a  la supuesta medida sanitaria. La entrega de estos listados representaba un problema de seguridad para las organizaciones estudiantiles debido a los listados podrían ser utilizados para identificar a los miembros y dirigentes de las respectivas organizaciones, sobre todo de aquellas que mantienen su  independencia y una constante critica a las actuales autoridades de las UES.

Las organizaciones que no entregaron dichos listados se vieron obligadas a trabajar fuera del campus universitario, y desafiar a las autoridades universitarias. El día 29 de julio miembros del FERM-19, UJRM, AED, SETUES, PSOCA, etc, al no poder entrar al campus de la UES se reunieron en un sitio cercano para ultimar detalles con respecto  a la marcha, pero fueron objetos de represión por parte de elementos de la Policía Nacional Civil quienes intentaron detenerlos, medida represiva que fue abortada por la intervención de delegados de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Organizaciones criticaron al gobierno de Funes

En la marcha conmemorativa del 30 de julio muchas de las  organizaciones estudiantiles, sociales y políticas aprovecharon la oportunidad para expresarse  contra la administración de la UES dirigida por Rufino Quezada, debido a sus políticas represivas contra las organizaciones de trabajadores y estudiantes.

En la manifestación, una parte de las organizaciones expresaron desconfianza política para el gobierno de Mauricio Funes y del FMLN, por el  peligro que representan los viejos cuerpos de seguridad que actualmente son dirigidos por un gobierno de “izquierda”. Se criticó también  la insistencia del gobierno de Mauricio Funes y del FMLN de continuar con la construcción de las presas hidroeléctricas. Las organizaciones participantes emitieron pronunciamientos contra la actual dictadura cívico militar de Roberto Micheletti.

En la marcha participaron autoridades de la UES, como el rector, fiscal, etc, pero esto no fue obstáculo para que las organizaciones mostraran su repudio. En esta ocasión,  contrario a los años anteriores, no se contó  con la presencia de miembros de la dirección del FMLN.

Por un programa de reivindicaciones en beneficio de trabajadores y estudiantes

Los ideales por los cuales muchos jóvenes, hombres y mujeres,  dieron su vida  aun siguen sin cumplirse. La UES continúa con un mísero presupuesto por parte del Estado, con una mala administración. A la mayoría de los hijos de trabajadores, campesinos, indígenas,  se les niega el acceso a la educación superior mediante exámenes coladeros. Los que ingresan se ven obligados a abandonar los estudios por falta de recursos.

Las autoridades de la UES jamás han propuesto el ingreso masivo de estudiantes, ni programas sociales para evitar la deserción estudiantil. Las  organizaciones estudiantiles y de trabajadores de la UES  tienen que plantear su propio programa de  reivindicaciones en beneficio de toda la clase trabajadora de la UES  y en beneficio del estudiantado,  pero además tienen que articularse con el pueblo salvadoreño en sus luchas.,

Por la conformación de una comisión independiente para la investigación de la masacre.

Rufino Quesada, rector de la UES, ha planteado “que el Presidente de la República, Mauricio Funes, en nombre del Estado Salvadoreño pida disculpas públicas a la Universidad y a los familiares de las víctimas asesinadas. … que el  Ministro de Defensa, David Munguía Payés… pida perdón a la Universidad de El Salvador y a los familiares de las víctimas y esclarecer la verdad sobre el hecho” (Diario Co Latino, 29/07/09).

El gobierno de Mauricio Funes y del FMLN no debe pedir disculpas por que ellos no realizaron la masacre del 30 de julio de 1975, pero tienen el deber  de investigarla y de castigar a los responsables. Para lograrlo, es necesario crear una comisión que debe estar conformada por  representantes de todas las organizaciones de estudiantes y de trabajadores de la UES, además tienen que integrarse organizaciones sociales externas de la UES.  El gobierno de Mauricio Funes y del FMLN tienen que brindar todos los recursos y asegurar los medios para que esta comisión de a conocer los avances y resultados  de la investigación a la población.

El rector de la UES Rufino Quezada le ha solicitado al  Ministro de Defensa, David Munguía Payés que pida perdón. Las organizaciones de trabajadores y estudiantes tenemos que  exigirle a Mauricio Funes y al FMLN lo no participación de este militar y de los demás representantes de la burguesía en el actual gobierno.

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