desordenes

Por Germán Aquino

Los gobiernos municipales dirigidos por  los diferentes partidos políticos  tales como  ARENA, FMLN, PDC, etc.  Asi como también el actual gobierno  de  Mauricio Funes y del FMLN se han unido  en una  campaña nacional de  persecución y represión de las personas que  se dedican al comercio no formal; actividad que les  permite obtener escasamente y de manera honesta y con gran sacrificio  los recursos económicos para poder sobrevivir y  mantener a sus familiares.

Respeto y garantía de los Derechos Humanos de los vendedores

Los vendedores citan como parte de las violaciones a sus  Derechos Humanos: Los constantes y violentos desalojos realizados en sus  lugares de trabajo  en los cuales ejercen su actividad comercial no formal; estas acciones son ejecutadas por  los agentes del CAM apoyados  por  los cuerpos represivos dirigidos por el Gobierno de Mauricio Funes y del FMLN. Decomisos de la  mercadería en la cual han invertido  recursos económicos que en la mayoría provienen de préstamos realizados hasta de los usureros.

Difamación y daños a la integridad física y moral mediante una campaña de desprestigio  acusándolos  de ser delincuentes, cuando lo único que hacen  es trabajar honradamente y cada centavo que logran ganar lo hacen con gran sacrificio. Capturas ilegales  vendedores a quienes se les acusa injustamente y que forma de una campaña  de intimidación.

Desalojos y “combate” a la piratería

El sistema capitalista  ha sido incapaz de garantizar las condiciones materiales y espirituales para que todo pueblo salvadoreño pueda vivir con Dignidad Humana; han sido la falta de estas condiciones  y el desempleo mismo lo que ha llevado a muchos hombres y mujeres sean estos niños, jóvenes y adultos a  buscar alternativas para poder sobrevivir una de estas ha sido el dedicarse  a la actividad comercial no formal o como  popularmente se le conoce vendedores informales; quienes realizan su actividad comercial en las principales calles y avenidas del gran San Salvador y demás áreas urbanas de los demás departamentos y municipios  ya sea de manera estacionaria o ambulatoria; lo  cual para muchos se ha convertido en un problema y está siendo utilizado como argumentos por parte de los gobiernos municipales quienes quieren tener ciudades limpias y ordenas lo que forma parte de una política mediante la cual se busca “recuperar” los espacios urbanos de cara a proyectos económicos de las burguesías y oligarquías nacionales  e internacionales los cuales les permitirán obtener grandes ganancias de las que el pueblos salvadoreño no será participe.

Por otro lado se tienen los decomisos de mercadería  para garantizar los derechos de propiedad intelectual y las ganancias  a las grandes transnacionales; en este caso el estado y los gobiernos si le cumplen a los ricos sus derechos mientras al pueblo no;  estos decomisos tienen sus fundamentos en los Tratados de Libre Comercio  con otras países capitalistas son parte de una política de Estado; los ejecutó ARENA en sus gobiernos y de igual manera el gobierno de  Mauricio Funes y del FMLN  continua ejecutándolos.

Como una recomendación dada por los ricos de El Salvador  y la falta de recursos económicos del gobierno de Mauricio  Funes para financiar sus proyectos populistas este está buscando los mecanismos que le permitan cargar impuestos al sector del comercio no formal.  De esta forma los grandes comerciantes buscan eliminar en cierta medida a la  competencia y obligar al sector comercial no formal a mantener la maquinaria burocrática del estado burgués.

Continuar con los métodos populares de lucha

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a la organización, unidad y a la movilización de todos los vendedores del sector informal para exigir el respeto y garantía de  los Derechos Humanos que les corresponden; a exigirle  al  Estado y al gobierno  de Mauricio Funes y a los gobiernos municipales  trabajo y salarios dignos. Los  vendedores y  sus organizaciones no tienen que caer en las tácticas desmovilizadoras y divisionistas; no deben confiarse en mesas de dialogo; los desalojos amenazan con continuar en San Salvador y en las principales ciudades de El Salvador. El PSOCA llama a los vendedores del sector informal y a sus organizaciones  crear un Frente de Resistencia contra los Desalojos el cual aprovechando la fuerza y su capacidad movilizadora debe exigir trabajo, condiciones laborales  y salario dignos para todos los vendedores.

Como PSOCA llama  al gobierno central de Mauricio Funes ha gobernar en función de los grandes mayorías y no en función de defender los intereses de los capitalistas y de las transnacionales.

SalaDeLoConstitucional

Actualmente se produce un importante debate político en El Salvador, en torno a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de autorizar las candidaturas independientes, es decir, por fuera de los partidos políticos.

Una Constitución reaccionaria y antidemocrática

El actual orden constitucional en El Salvador no es un reflejo de la participación democrática del pueblo. Al contrario, la Constitución Política de 1983, vigente hasta el momento con algunas reformas, fue impuesta por el imperialismo norteamericano y las clases dominantes en plena Guerra Civil (1981-1992), cuando no existía ningún tipo de garantía o derechos democráticos, y en momentos en que las fuerzas armadas y demás cuerpos represivos de seguridad junto a los  escuadrones de la muerte masacraban a los dirigentes obreros y populares.

El artículo 85 de la antidemocrática Constitución de 1983, sentó las bases de la partidocracia, al establecer que: “El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno.“

Esta disposición respondió a las necesidades y realidades históricas de las clases dominantes que, en aquel momento, buscaban desesperadamente frenar un posible arribo al poder de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) mediante la lucha armada y la insurrección popular, al mismo tiempo que creaba un mecanismo institucional para que la guerrilla del FMLN pudiese desalzarse, abandonar el programa socialista, entregar las armas y participar en la vida política como un partido más e institucionalizar una oposición de izquierda parlamentaria. Paralelamente, la Constitución de 1983 limitó y continúa limitando la participación política democrática de los trabajadores y jóvenes salvadoreños, si tomamos en consideración los insuperables requisitos exigidos para constituir nuevos partidos políticos, y los procesos viciados en la inscripción de los mismos.

A lo anterior debemos agregar que, para optar a la candidatura para Diputados a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y a los Concejos Municipales, el Código Electoral estableció el requisito  obligatorio de pertenecer a cualquier Partido Político legalmente reconocido. En pocas palabras, con esta disposición legal se han restringido desde hace mucho tiempo los derechos democráticos de todos los salvadoreños, violentando los derechos y garantías  reconocidos aun en la misma  reaccionaria Constitución de 1983.

¿Qué se esconde tras la sentencia de la Corte Suprema?

Este régimen antidemocrático ha impedido el lanzamiento de candidaturas independientes, obligando a mantener  el sistema de listas cerradas en las elecciones de Diputados y de concejos municipales, provocando el rechazo de algunos sectores políticos que en el año 2007, sin a llamar a la movilización popular, interpusieron una demanda de inconstitucionalidad, sin obtener ningún resultado positivo.

En el año  2009, Félix Ulloa hijo, ex Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE),  interpuso  ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una  nueva demanda de inconstitucionalidad argumentando que una interpretación errónea del artículo 85 de la Constitución de 1983 “ha generado un monopolio en la representación de la soberanía popular por parte de los partidos políticos, creando una partidocracia “constitucionalmente garantizada”, en perjuicio de otras formas asociativas, cuya legitimidad y capacidad de organización y representación, está fuera de toda duda”. (Demanda de Inconstitucionalidad  4/10/2009. San Salvador).

Efectivamente, la Constitución de 1983  no  prohíbe las Candidaturas Independientes para diputados a la Asamblea Legislativa y al PARLACEN, aunque si establece el requisito obligatorio de que cualquier candidato a Presidente de la República debe estar afiliado a un partido político.

Bajo el reinado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), los gobiernos de turno se esforzaron en estrechar aún más los espacios de participación política y democrática de los trabajadores y del pueblo, al grado que cuando la Asamblea Legislativa aprobó el Código Electoral en 1993, inmediatamente después de los Acuerdos de Paz de 1992, prohibieron la postulación de candidaturas independientes y  restringieron el elemental derecho democrático de elegir y ser elegido.

A partir de las reformas constitucionales de 1992 se estableció un régimen político cada vez más excluyente y mas antidemocrático, que evolucionó rápidamente a un nuevo sistema bipartidista, que tolera a pequeños partidos satelitales como el Partido Conciliación Nacional (PCN) o el Partido Demócrata Cristiano (PDC), entre otros, que funcionan como floreros de la mesa del nuevo bipartidismo basado en dos grandes partidos: ARENA y el FMLN.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha  declarado inconstitucional la prohibición de candidaturas independientes. No obstante, para el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) esta resolución  no es democrática mucho menos revolucionaria. Este fallo judicial ha sido promovido por intereses políticos de las tradicionales clases dominantes y sectores empresariales.

Abriendo el espacio a las fuerzas burguesas

Esta inusual sentencia es, sin lugar a dudas, una maniobra política que pretende abrir los espacios políticos, que eran negados anteriormente. Se ha abierto un pequeño resquicio en el sistema político antidemocrático, de cara a a provechar el desgaste político del Presidente Mauricio Funes y de sus roces públicos con el FMLN, a conveniencia de la clase y sectores económicamente dominantes.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia pretende abrir estos espacios democráticos para que surjan nuevas fuerzas sociales y políticas en la palestra política de El Salvador. De esta manera, ampliando la participación democrática, los magistrados de la derecha consideran que pueden arrancarle al FMLN el sector de clase media que le permitió el apretado triunfo electoral del año 2009.

El sistema bipartidista ya no es útil o rentable para garantizar la hegemonía económica y política de las rancias familias que gobiernan El Salvador. A pesar que el gobierno de Mauricio Funes y del FMLN salió más moderado y neoliberal que lo previsto, intentan a todas luces  evitar el fortalecimiento electoral del FMLN o de cualquier otra fuerza de izquierda.

Por ello, como algo excepcional, se han arriesgado a utilizar mecanismos democráticos para evitar que el FMLN  una vez en el gobierno logre mantenerse por un largo periodo y que la antiguo dirigencia guerrillera termine consolidándose como un influyente grupo económico. La consigna de la derecha y de la oligarquía salvadoreña es abrir los espacios políticos para dispersar las fuerzas políticas y sociales que pueden luchar en su contra, temen profundamente el establecimiento de regímenes bonapartistas, autoritarios y centralistas, como el de Hugo Chávez en Venezuela o el Daniel Ortega en Nicaragua.

Al abrir los espacios de participación política, la oligarquía salvadoreña pretenden evitar que las expresiones políticas de los nuevos grupos económicos emergentes, agrupados tanto en el partido Gran Alianza de Unidad Nacional (GANA), como en el Movimiento por el Cambio, que apoya a Mauricio Funes, consoliden posiciones dentro de las instituciones del Estado, que les permitan incidir en los grandes negocios y consolidar una clientela electoral.

Ampliar los espacios democráticos para los trabajadores y el pueblo

Conociendo los planes de la burguesía y los objetivos políticos de la “apertura de candidaturas independientes”  los trabajadores y el pueblo no debe confiar en el Estado Democrático Burgués y en falsas esperanzas pero si aprovechar la más mínima apertura democrática, para construir una alternativa electoral independiente de los trabajadores y de la izquierda revolucionaria y luchar por una mayor democratización del excluyente sistema político de El Salvador; pero ello no tiene que llevarnos a la dispersión y al abandono de la lucha revolucionaria en contra de las tradicionales clases dominantes y los grupos económicamente emergentes.

La clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares no tenemos que abandonar los tradicionales métodos de lucha como lo son la movilización callejera, la huelga y tomas de edificios y bloqueo de carreteras, etc. Los trabajadores y los jóvenes necesitamos amplias libertades democráticas para impulsar las luchas contra el decadente sistema capitalista, y aprovechar las elecciones y cualquier espacio democrático como un medio más que nos permita  difundir y agitar un programa revolucionario y socialista ante las amplias masas populares.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que ni en el pasado ni en la actualidad es justificable que se haya negado y se continúe negando a la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares, el derecho de participación y representación política mediante candidaturas independientes.

La reacción de la mayoría de los Diputados ante la sentencia de la Corte Suprema fue hostil, al grado de presentar mociones de destitución de los Magistrados que dictaron la sentencia, y de aprobar en primera discusión una reforma de los artículos 126 y 262 de la reaccionaria Constitución de 1983 para diferir el efecto de la sentencia en las elecciones de mitad de periodo, en un vano intento por evitar la presentación de candidaturas independientes en el año 2012.

Mientras los partidos políticos conspiraban para evitar las candidaturas independientes, la Iglesia Católica las apoyaba. “En el ejercicio democrático, me parece que eso es muy válido que hayan candidatos independientes", declaró el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.

Funes y el FMLN deben apoyar incondicionalmente la democratización del sistema político

No apoyamos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por considerarla una maniobra política y porque es insuficiente. Conocemos cuales son los objetivos de la derecha, pero como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) no podemos permitir, ni apoyar restricciones a los derechos democráticos de los trabajadores y del pueblo.

Llamamos a la clase trabajadora, al campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares, a exigirle a  todos los Diputados de la  Asamblea Legislativa, especialmente a los del FMLN, que retiren la reforma constitucional aprobada aceleradamente para evitar las candidaturas independientes y que, al contrario, aprueben una normativa legal que garantice las condiciones que permitan una verdadera  participación democrática del pueblo mediante candidaturas independientes.

Los procedimientos y requisitos de las candidaturas independientes deben ser de fácil cumplimento, el Estado salvadoreño debe garantizar los recursos financieros para  que los candidatos independientes puedan participar en igualdad de condiciones y competir contra los partidos de la burguesía.

De igual manera, llamamos a luchar por las candidaturas independientes para Presidente, Vicepresidente y Concejos Municipales. El FMLN durante la campaña electoral prometió defender las candidaturas independientes, ahora es el momento de que cumpla dicha promesa.

Alertamos a la izquierda,  a las organizaciones políticas y sociales que se está discutiendo una nueva Ley de Partidos Políticos, la cual debe garantizar la formación y existencia legal de los partidos minoritarios.

Demandamos a Mauricio Funes y al FMLN a aprobar una Ley de Partidos que permita a la izquierda y a las fuerzas minoritarias expresarse públicamente

El FMLN  en su campaña electoral prometió  mayor democracia, ya es hora que el pueblo salvadoreño goce  de mayor democracia, necesitamos que los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios y demás sectores populares  tengan sus representantes propios, independientes en la Asamblea Legislativa, para defender sus intereses, y por ello necesitamos candidaturas independientes y una Ley de Partidos democrática.

Por una verdadera participación política de las organizaciones obreras, campesinas, indígenas y populares

Secretariado Centroamericano (SECA) del

Partido Socialista Centroamericano. PSOCA

Centroamérica, Agosto 2010

vivan los heroes

El 30 de julio de 1975  los oligarcas y burgueses de El Salvador, junto al gobierno de los fascistas del Partido Conciliación Nacional (PCN), las fuerzas armadas, guardia nacional, policía nacional, etc., asesinaron, hirieron y  desaparecieron a mujeres y hombres  pertenecientes a  diversas organizaciones  estudiantiles, obreras, campesinas y populares que participaban en la manifestación.

La  masacre del 30 de Julio  se da en el contexto de un  ascenso del movimiento de masas en donde el  pueblo salvadoreño mediante la  organización y la movilización luchaban contra  el régimen de las dictaduras militares, el capitalismo y el intervencionismo del imperialismo yanqui. Muchas de las personas masacradas eran de la  comunidad universitaria de la UES que siempre se  caracterizo por sus constantes críticas y oposición al estado burgués, a sus  gobiernos y a las políticas dictadas  en contra de la inmensas mayorías por lo cual fue considera como enemiga del Estado y de los gobierno.

A nivel nacional 35 años después  de la masacre y a un año de la llegada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) al gobierno es muy poco o casi nada lo realizado en beneficio de la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares, y de la Universidad de El Salvador la cual continua con un mísero presupuesto y  una avanzada de los planes privatizadores mediante la implementación del sistema de concesión de servicios como se está realizando a nivel  de la seguridad, los cuales amenazan con continuar.

En la actualidad las Autoridades de la  Universidad de El Salvador (UES) tratan de  instaurar un régimen dictatorial  aprobando un Acuerdo que busca transformar el Cuerpo de Custodios en un Cuerpo Represivo para ello  los Custodios serán capacitados en el área de seguridad pública, represión en caso de manifestaciones, labores de inteligencia, etc., siendo entrenados por  la Academia de Seguridad Publica,  lo que no descarta la intervención de organismos de seguridad del imperialismo yanqui.

En este 2010 como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rendimos homenaje  a los héroes y mártires del 30 de julio y recordamos también  a los héroes y mártires del pueblo Hondureño víctimas del Golpe de Estado y del  ilegitimo gobierno de Porfirio Lobo.

En este 35 aniversario  de la masacre como PSOCA demandamos  del gobierno de Mauricio Funes y del FMLN una investigación del caso y  castigo ejemplar  para los responsables intelectuales y materiales; también demandamos del actual gobierno del FMLN y de Mauricio Funes  un presupuesto justo para la UES.

El PSOCA llama   a toda la comunidad universitaria de la UES, a la clase trabajadora, al campesinado, a los pueblos originarios,  sectores populares y estudiantado en general  a luchar contra la privatización de la UES promovida por las actuales autoridades; así mismo a defender la Autonomía Universitaria y a luchar contra el intervencionismo disfrazado de los cuerpos  de seguridad Estatal.

Como PSOCA a nivel Centroamericano exigimos que se investigue el asesinato de José Manuel Flores Arguijo, militante de  nuestra sección Hondureña del PSOCA, y  demás  asesinatos contra  dirigentes y miembros de las organizaciones sociales y políticas Hondureñas a la vez misma llamamos  al no reconocimiento del ilegitimo gobierno de Porfirio Lobo, el cual es producto de un Golpe de Estado.

Centroamérica,  28 de Julio del 2010

Compañeros caídos en la lucha…. hasta el socialismo siempre ¡¡¡

Vivan los  héroes y mártires del 30 de julio¡¡¡

Alto a la  privatización  de la UES¡¡¡

Por la defensa de la Autonomía Universitaria tod@s a luchar ¡¡¡

Alto a la represión contra el pueblo Hondureño, abajo el ilegitimo gobierno de Lobo¡¡¡

Por Arturo Molina

En lo que va del mes de Julio  trabajadores del sector salud junto a sus organizaciones han realizado medidas de hecho las cuales han tenido como fundamento  denunciar la carencia de medicamentos, insumos o personal; incumplimiento de acuerdos firmados por la patronal del ministerio para con los trabajadores. mejoras salariales Etc., con relación a las acciones   Mario Arévalo, Secretario General de SIGEESAL expreso. "Más del 25 por ciento de medicamentos están agotados. Hay trabajadores que están  en funciones que no corresponden, hay gente que está con un cargo, pero con otras funciones, pero el ordenamiento no se ha dado. Queremos que en este nuevo presupuesto se ordenen las plazas" (EDH 07/07/2010).

Gobierno de Mauricio Funes y del FMLN callan ante represivo reglamento promovido por las autoridades de salud

Ante el legitimo accionar de los trabajadores  las Autoridades han advertidos que estas acciones están prohibidas  en el reciente aprobado Reglamento Interno de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, que fue elaborado el 15 de junio y fue publicado  en el Diario Oficial del 22 de junio del 2010; este Reglamento “ considera como falta grave declararse en huelga, en suspensión de labores o abandonar colectivamente los cargos, la toma de locales, sean estos hospitalarios, bodegas, oficinas administrativas, prohibir el ingreso de trabajadores a sus lugares de trabajo o impedir el normal desempeño de las labores,” Etc. ( EDH 20/07/2010).

Representantes de las asociaciones y sindicatos del Sistema Nacional de Salud, calificaron como un “duro golpe y retroceso” a  los derechos de los trabajadores. Óscar Rivas, Secretario de Organización  del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom (SITHBLOOM). Expresó  “.. a todas luces, viola el derecho de sindicalizarse y realizar huelgas”, “Los trabajadores y trabajadoras de salud estamos en Estado de Emergencia, porque se nos están violentando nuestros derechos que se encuentran amparados en Convenciones como la 87 y 98,  así como la misma Ley del Servicio Civil y la Constitución de la República”. El Colegio Médico también ha mostrado su total  rechazo a dicho Reglamento “Rodolfo Canizález, presidente del ente, dijo que la normativa viola los derechos laborales, los tratados internacionales, la Ley de Servicio Civil, el Reglamento General de Hospitales, entre otros. "Nuestra posición es en contra de ese reglamento",,” ( EDH 20/07/2010).

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que este Reglamento es un claro atentado de las autoridades del Ministerio de Salud  en contra de los Derechos de la clase trabajadora del sector salud, este  reglamento busca tener un total control de los trabajadores a la vez misma responsabilizar a la clase trabajadora de las deficiencias e inoperatividad del sistema capitalista en el área de salud.  El PSOCA llama a toda la clase trabajadora del sector salud y demás trabajadores  y a las diferentes organizaciones sociales a luchar por la derogación de dicho reglamento.

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Por Germán Aquino

La concesión de servicios es una política neoliberal independientemente quien la ejecute, a  los gobiernos de ARENA le permitió enmascarar las privatizaciones y poder así  obtener grandes ganancias, debido a que muchas de estas  empresas eran de los mismos areneros quienes  ganaban las licitaciones haciendo uso de testaferros. A la vez lanzaron toda una ofensiva contra las organizaciones de trabajadores.

Este fue el caso en el  puerto de Acajutla en donde el gobierno ARENERO  de Francisco Flores a través de las  concesiones  privatizó los diferentes servicios  incorporando  el sistema  de operadoras privadas. La llegada al ejecutivo del FMLN y de Mauricio Funes generó   gran expectativa en la  clase trabajadora de Acajutla, pero  todo continuó siendo  igual; razón por la cual trabajadores del puerto, junto al  Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria (STIPES), iniciaron  el 24 de diciembre de 2009 un proceso de lucha para exigirle al gobierno solución a su problemática. La respuesta inicial del gobierno del FMLN y de Mauricio Funes  ante las medidas  fue el  uso de la fuerza.

La concesión de servicios es un juego del capitalismo

Mediante  licitación pública CEPA LP-25/2010, para la "Contratación de personas jurídicas para la prestación de servicios portuarios en el Puerto de Acajutla,  periodo comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre del año 2010", el gobierno del FMLN y  de Mauricio Funes a través de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) acaba de contratar los servicios de estibadores a tres empresas creadas por los afiliados  al STIPES. Entre estas empresas están: Estibadores de El Salvador S.A. de C.V. (Estisal), Empresa Salvadoreña Portuaria de Acajutla S.A. de C.V. (Espac)Servicios Portuarios Salvadoreños S.A. de C.V. (Serposal). De esta forma,  empresas que en las administraciones areneras habían monopolizado dicho comercio se vieron relegadas mostrando inconformidad en el proceso. Ahora cabe la interrogante quienes son los dueños de estas empresas privadas. y

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) desde que inició la lucha de  los trabajadores del puerto de Acajutla la consideró justa, llamó  a la solidaridad de clase a nivel nacional e internacional, así mismo  condenó  las medidas represivas realizadas por el gobierno del FMLN y Mauricio Funes   en contra de  la clase trabajadora y del pueblo de Acajutla,  y  planteó que la clase trabajadora del puerto de Acajutla debe luchar por la estatización del puerto de Acajutla y por el control obrero del mismo, y exigir la expulsión de todos los burgueses que   participan  en el gobierno de Mauricio Funes  y del FMLN.

Los medios de comunicación burguesa  consideran el hecho de que el gobierno del FMLN y Mauricio Funes le  haya   otorgado dicha licitación a las “empresas” conformadas por trabajadores sindicalistas como una medida socialista o como un “Juego Socialista. Contrario a ello, el PSOCA considera que dicha medida no se  acerca en nada al socialismo debido a que se continúa otorgando concesiones a empresas privadas, aunque sean conformadas por trabajadores, lo cual es una medida neoliberal, donde la clase trabajadora continúa siendo explotada y dado que dichas empresas continúan siendo privadas no existirá una igualdad en la distribución de las ganancias.

Trabajo para todas las personas

El PSOCA llama a la clase trabajadora del puerto de  Acajutla y demás trabajadores  a continuar la lucha para exigirle al gobierno de Mauricio Funes y del FMLN  la estatización bajo control de la clase trabajadora del puerto de Acajutla y demás puertos de El Salvador, solo mediante el control obrero se asegura empleo para todas las personas dado que mediante las concesiones  las empresas privadas siempre buscaran ganancias,  mantienen la explotación y lo único que hay es un cambio de los dueños de las ganancias. A la vez misma el PSOCA llama al  STIPES a mantener su espíritu  e independencia de clase, a buscar medidas que le aseguren trabajo a todo el pueblo de Acajutla   y a no dejarse engañar por los cantos de sirena del gobierno de Mauricio Funes y del FMLN.

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