Nueva Guatemala de la Asunción 6 de septiembre del 2010

maras

Por Germán Aquino

La sociedad salvadoreña clama por que el problema de la violencia y la delincuencia se resuelva lo  cual ha sido un punto  en los diferentes programas de gobierno  y ofrecimientos de campañas por parte de los partidos políticos tradicionales; con respecto al actual gobierno de Mauricio Funes y del FMLN medios de comunicación burguesa señalan que  “…hay consenso en que el mandatario tiene una deuda en seguridad pública y en generación de empleo. Es más, existe la percepción clara de que la administración Funes no está resolviendo los problemas delictivos ni económicos” (LPG, 07/09/2010).

Las maras y pandillas son producto del sistema capitalista

Según estimación el número de personas pertenecientes a maras y pandillas ronda en un aproximado de   50.000 personas. Las llamadas maras y pandillas son grupos que inicialmente se agruparon en Estados Unidos como un fenómeno social ligado a la migración, al desplazamiento de poblaciones producto de la guerra civil, así como a la marginación de salvadoreños en suelo norteamericanos” (Contra Punto) es de señalar que lo anterior  es causado por el sistema capitalista y por el imperialismo.

Tomando como referencia las leyes del sistema burgués las maras y las pandillas son caracterizadas como  delincuentes y se les se pone como “las mayores causantes de la criminalidad, pero estudios independientes indican que serían responsables de aproximadamente el 13 ó 15 por ciento de los homicidios. (Contra Punto). Las maras y las pandillas  han sido instrumentalizadas y utilizadas para justificar muchas acciones asi por ejemplo el imperialismo  con el  pretexto de combate  de las mismas  continua sus intervención en el país.

El Estado salvadoreño,  sus gobiernos y  los partido políticos tradicionales  también las han instrumentalizado y utilizado  para argumentar todo un represivo andamiaje  jurídico ( ley de escuchas telefónicas, ley de proscripción, tribunales especializados, ley antiterrorismo, etc), para justificar  la violencia institucional del Estado mediante el uso de las Fuerzas Armadas y la militarización de la PNC y la remilitarización de la sociedad civil, para solicitar préstamos y en muchos casos según acusaciones realizadas por los mismos partidos   han sido utilizadas  en campañas electorales por los mismo partidos  como grupos de choque etc. promoviendo la violencia política no de cara a defender los intereses de la clase trabajadora sino intereses particulares de las argollas partidarias; pero hoy  son estos mismos partidos que   se han unidos para combatirlas.

La burguesía y la oligarquía buscan  legitimar la represión

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rechaza todo acto de violencia y delincuencia cometido en contra de la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios, y demás sectores populares quienes históricamente hemos sido víctimas de la explotación, marginación,  exclusión y represión  por parte de  las clases dominantes y de su Estado; consideramos que el principal responsable de todo los actos de violencia y delincuencia contra el pueblo es el Estado por no asegurar las condiciones que nos permitan vivir con Dignidad Humana y por favorecer la injusta distribución de las riquezas creadas por la clase trabajadora.

En la actualidad las clases explotadoras y el  Estado salvadoreño haciendo uso de los medios de comunicación burguesa y con se sirve de la Maras y del Pandillas para so pretexto de combate a la misa   legitimar  y  legalizar  todo un sistema y un régimen represivo que le permita combatir  posibles levantamientos que se puedan dar por parte  de la clase trabajadora, campesinos, indígenas y de los sectores populares  como producto de la crisis capitalista. Por otra parte  las tradicionales  clases dominantes y el Estado   busca desviar la atención de la clase trabajadora  y encubrir la incapacidad del sistema capitalista para solventar las necesidades básicas  de la población la cuales se fueron deteriorando como producto de las políticas neoliberales  de  ARENA muchas de  las cuales continúan aplicándose por parte del  actual gobierno; por otra parte también el gobierno de Funes y del FMLN pretende desviar la atención y justificar la falta de medidas a favor de las mayorías que depositaron el voto de confianza en ellos de esta forma encubrir el verdadero los verdaderos intereses  del actual gobierno los cuales hasta el momento no parecen ser  son los intereses de la clase trabajadora y de las inmensas mayorías

No se puede desmentir que  ha existido  un aumento de la delincuencia pero es de recordar que la causa fundamental es el sistema capitalista como ya  fue señalado pero es necesario también hacer ver que tras este aumento de la violencia y de la delincuencia existen intereses secundarios de los ricos  que tradicionalmente han dominando el país y de nuevos ricos y de sus partidos políticos  quienes  se disputan entre si el dominio  y las ganancias  para lo cual han recurrido  al papel  mediático de  los medios de comunicación burguesa y ha posibles  acciones desestabilizadoras en donde el blanco han sido la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios, sectores populares y sectores de la clase media mediante este accionar unos buscan hacer ver a  los  otros como incapaces para resolver el problema de la delincuencia lo cual podría ser utilizado  en los próximos eventos electorales para restarles votos a sus contrincantes.

Ley de Proscripción: continuación de las políticas represivas areneras

Para presentar una “respuesta” a los problemas de la violencia y la delincuencia  a la población el gobierno de Mauricio Funes y del FMLN  presento una propuesta de Ley de Proscripción de Pandillas o maras y grupos de exterminio.

En la actualidad este anteproyecto de Ley  ya  fue aprobado por  la Asamblea Legislativa quienes lograron que los grupos de exterminio no fueran no fueran incluidos en dicha  a pesar que en los considerando del anteproyecto de  la Ley se   afirma existencia de  de grupos de exterminio  cuando se señala que en sus considerandos que “ IV.-… es evidente el fortalecimiento y el incremento de la gravedad y el impacto de la actividad de las pandillas y de los grupos de exterminio, los cuales están disputando, en el territorio de las comunidades, la acción de las instituciones del Estado….V.- Que se han realizado abundantes estudios e informes y proceso y procedimientos administrativos y judiciales a partir de los cuales se ha concluido que existen agrupaciones y organizaciones conocidos como maras, pandillas y grupos de exterminio…”( Anteproyecto de Ley ).

El  Partido Socialista Centroamericano PSOCA está en contra de la Ley de Proscripción debido a que esta vulnera los  Derechos Humanos que legitimarte  corresponden y dado que esta  forma parte de un serie de condiciones que el Estado burgués salvadoreño va creando para un momento determinado aplicarla en contra del pueblo salvadoreño  y sus organizaciones el cual dado la crisis del sistema capitalista   podría salir a luchar para exigir sus derechos y de esta manera tendría todo el argumento jurídico para poder aplicárselos  lo cual es parte de los objetivos políticos  de esta normativa  lo cual queda demostrado debido a que  en esta Ley se saco la persecución y castigo contra grupos de exterminio en los que nos solamente está la Sombra Negra sino que también se tienen los escuadrones de la Muerte quienes fueron los responsable en el pasado de perseguir, reprimir, desaparecer y asesinar a miembros de organizaciones sociales. Por otra parte la oposición como PSOCA  a dicha es debido a que esta no ataca el problema de raíz y es igual a las políticas dictados por los gobiernos areneros.

A que temen el imperialismo, los viejos ricos y los nuevos ricos

Representantes del gobierno de Mauricio Funes y del FMLN trata de semejar a las maras y a las pandillas con grupos catalogados como “terroristas” por los imperialistas  ello queda claro con las declaraciones dadas en el contexto de dicho Anteproyecto por    Henry Campos, Viceministro de Seguridad quien  detalló que “se pretenden proscribir el Barrio 18, la Mara Salvatrucha y cualquier agrupación criminal que surja… "Se trata de acercarnos más a la legislación internacional que se ha utilizado para combatir asociaciones terroristas y mafiosas, y consolidar la ley de acuerdo a las exigencias de nuestra Constitución"... Lo que se busca es que ser marero sea un delito, igual que lo es ser militante de ETA en España o de Hamas en Israel.”

De igual manera  la secretaria de Estado,  de los Estados Unidos de Norte América Hilary Clinton recientemente señalo: “Estos carteles de la droga están ahora mostrando más y más índices de insurgencia. De repente, aparecen los coches bomba, que antes no había…. Clinton dijo que las bandas de narcos estaban "en algunos casos mutando, o haciendo causa común con lo que podríamos considerar como insurgencia en México y América Central". (LPG, 8/9)2010).

Efectivamente, el  PSOCA considera que si sería un verdadero problema  de seguridad para el imperialismo, pero esto solo sería una justificante más para desarticular y reprimir a los movimientos de masas y organizaciones políticas  que significan una amenaza para sus intereses políticos. Esto significaría que el imperialismo y el capitalismo estarían probados de su mismo veneno tal como le ha sucedido en Afganistán.

Derribando la violencia con violencia?

Ante la aprobación de la de Ley de Proscripción de Pandillas o Maras miembros de  ambas agrupaciones;   exigieron a los dueños de las unidades  paralizar el servicio de transporte “público”; el cual fue acatado y aun día del mismo la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) reportaba millonarias perdidas. De igual manera la población le ha tocado sufrir los impactos negativos del mismo. En este contexto del paro  miembros de las Maras y de las Pandillas han difundido comunicados en donde exigen al gobierno la derogatoria de la Ley de Proscripción de Pandillas o Maras sorpresivamente esta demanda ha sido acompañada de  otras demandas en beneficio de las mayorías, lo cual ha tomado por sorpresa a la mayoría de la población  dado que con su accionar anteriormente las maras y las pandillas habían puesto como blanco de sus acciones a personas pertenecientes a la clase trabajadora, campesinos, indígenas y sectores populares.

El PSOCA considera que si las maras y las pandillas verdaderamente han decidido ponerse del lado de mayorías deberán de dirigir sus acciones en contra de los dueños de los medios de producción y apegarse a los métodos de lucha popular  como lo son la movilización, el bloqueo de carreteras, toma de edificios, etc. y apegarse a los intereses de la clase trabajadora, es de señalar que en estos comunicados  también las maras y las pandillas llaman al gobierno al Dialogo petición a la cual el actual gobierno se ha negado y respondido con mayor presencia militar y  ha iniciado un proceso de represión en contra de una de las  personas que se ha atrevido a leer  dichos  comunicados de las maras y de las pandillas como lo es el caso del  Sacerdote Antonio Rodríguez  miembro de la recién  creada Comisión Nacional Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el Conflicto Armado. Según manifestara  el canciller Hugo Martínez  “No se puede permitir que una persona que ha confundido sus roles tenga acceso a información de seguridad nacional. No permitiremos que se eche a perder el trabajo de la Comisión por el comportamiento de una persona”.

Respuesta obrera a la crisis de seguridad

Con el paro del transporte “publico”, queda demostrado la importancia de este en la economía y las ganancias generadas por este rubro producto de las altas tarifas cargadas  por los dueños de las unidades  a la clase trabajadora quienes a diario tienen que movilizarse a los centros de trabajos; por lo tanto el  PSOCA llama al gobierno de Funes y del FMLN a la Estatización del Transporte Público para que de este forma se reduzca el pasaje a nivel general y que se aplique  medio pasaje para la clase trabajadora, y al estudiantado además seria lo anterior permitiría mayores recursos para el Estado.  Los trabajadores del sector transporte deben organizarse y a luchar por mejores salarios y garantías laborales.

El PSOCA llama a la clase trabajadora, al campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares los cuales somos las verdaderas víctimas de la violencia y la delincuencia para que nos organicemos, movilicemos y  se dé una respuesta unificada  para  que mediante métodos de lucha popular como lo es la huelga, bloqueos, toma de instalaciones, etc  exigimos  al Estado salvadoreño, al gobierno de Mauricio Funes y del FMLN y a todos los Diputados medidas que ataquen  las causas que verdaderamente generan el problema de la violencia y la delincuencia siendo unas de estas el sistema de exclusión social y la concentración de las riquezas para ello debemos exigir  aumento de  los salarios a clase trabajadora, disminuir los precios de las canasta básica, mantener los subsidios de los servicios básicos para las mayorías,  aperturas de empleos dignos pero  no como los que  pretenden crear mediante la esclavización atreves de  las 12 horas de trabajo productos de la flexibilidad laboral, se debe mostrar un total rechazo  a la Ley de Proscripción y exigir una verdadera  reinserción de todas aquellas personas que pertenecen a las maras y a las pandillas y que asi lo deseen.

De igual manera  debe exigirse al gobierno de Funes y del FMLN combatir la impunidad,  violencia y la delincuencia en todos niveles y manifestaciones, e  investigar y castigar a todos los funcionarios de las anteriores administraciones de ARENA y los que actualmente se  mantienen en el gobierno de  Funes y del FMLN  asi mismo realizar una investigación a profundidad de todos los jefes de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional Civil y demás cuerpos de seguridad  para determinar el lazo de estos con el crimen organizado y la posible existencia de grupos de exterminio y de organizaciones paramilitares; paro lo cual debe de conformarse una comisión conformada por organizaciones obreras, campesinas, indígenas y populares.

El PSOCA llama a la juventud Salvadoreña a que se organice y movilice para exigir verdaderos espacios de recreación  y deportes, y un sistema nacional de educación que  garantice a toda la juventud salvadoreña el acceso a una educación superior gratuita y de calidad para ello debemos exigir una Universidad de El Salvador UES de puertas abiertas.

desordenes

Por Germán Aquino

Los gobiernos municipales dirigidos por  los diferentes partidos políticos  tales como  ARENA, FMLN, PDC, etc.  Asi como también el actual gobierno  de  Mauricio Funes y del FMLN se han unido  en una  campaña nacional de  persecución y represión de las personas que  se dedican al comercio no formal; actividad que les  permite obtener escasamente y de manera honesta y con gran sacrificio  los recursos económicos para poder sobrevivir y  mantener a sus familiares.

Respeto y garantía de los Derechos Humanos de los vendedores

Los vendedores citan como parte de las violaciones a sus  Derechos Humanos: Los constantes y violentos desalojos realizados en sus  lugares de trabajo  en los cuales ejercen su actividad comercial no formal; estas acciones son ejecutadas por  los agentes del CAM apoyados  por  los cuerpos represivos dirigidos por el Gobierno de Mauricio Funes y del FMLN. Decomisos de la  mercadería en la cual han invertido  recursos económicos que en la mayoría provienen de préstamos realizados hasta de los usureros.

Difamación y daños a la integridad física y moral mediante una campaña de desprestigio  acusándolos  de ser delincuentes, cuando lo único que hacen  es trabajar honradamente y cada centavo que logran ganar lo hacen con gran sacrificio. Capturas ilegales  vendedores a quienes se les acusa injustamente y que forma de una campaña  de intimidación.

Desalojos y “combate” a la piratería

El sistema capitalista  ha sido incapaz de garantizar las condiciones materiales y espirituales para que todo pueblo salvadoreño pueda vivir con Dignidad Humana; han sido la falta de estas condiciones  y el desempleo mismo lo que ha llevado a muchos hombres y mujeres sean estos niños, jóvenes y adultos a  buscar alternativas para poder sobrevivir una de estas ha sido el dedicarse  a la actividad comercial no formal o como  popularmente se le conoce vendedores informales; quienes realizan su actividad comercial en las principales calles y avenidas del gran San Salvador y demás áreas urbanas de los demás departamentos y municipios  ya sea de manera estacionaria o ambulatoria; lo  cual para muchos se ha convertido en un problema y está siendo utilizado como argumentos por parte de los gobiernos municipales quienes quieren tener ciudades limpias y ordenas lo que forma parte de una política mediante la cual se busca “recuperar” los espacios urbanos de cara a proyectos económicos de las burguesías y oligarquías nacionales  e internacionales los cuales les permitirán obtener grandes ganancias de las que el pueblos salvadoreño no será participe.

Por otro lado se tienen los decomisos de mercadería  para garantizar los derechos de propiedad intelectual y las ganancias  a las grandes transnacionales; en este caso el estado y los gobiernos si le cumplen a los ricos sus derechos mientras al pueblo no;  estos decomisos tienen sus fundamentos en los Tratados de Libre Comercio  con otras países capitalistas son parte de una política de Estado; los ejecutó ARENA en sus gobiernos y de igual manera el gobierno de  Mauricio Funes y del FMLN  continua ejecutándolos.

Como una recomendación dada por los ricos de El Salvador  y la falta de recursos económicos del gobierno de Mauricio  Funes para financiar sus proyectos populistas este está buscando los mecanismos que le permitan cargar impuestos al sector del comercio no formal.  De esta forma los grandes comerciantes buscan eliminar en cierta medida a la  competencia y obligar al sector comercial no formal a mantener la maquinaria burocrática del estado burgués.

Continuar con los métodos populares de lucha

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a la organización, unidad y a la movilización de todos los vendedores del sector informal para exigir el respeto y garantía de  los Derechos Humanos que les corresponden; a exigirle  al  Estado y al gobierno  de Mauricio Funes y a los gobiernos municipales  trabajo y salarios dignos. Los  vendedores y  sus organizaciones no tienen que caer en las tácticas desmovilizadoras y divisionistas; no deben confiarse en mesas de dialogo; los desalojos amenazan con continuar en San Salvador y en las principales ciudades de El Salvador. El PSOCA llama a los vendedores del sector informal y a sus organizaciones  crear un Frente de Resistencia contra los Desalojos el cual aprovechando la fuerza y su capacidad movilizadora debe exigir trabajo, condiciones laborales  y salario dignos para todos los vendedores.

Como PSOCA llama  al gobierno central de Mauricio Funes ha gobernar en función de los grandes mayorías y no en función de defender los intereses de los capitalistas y de las transnacionales.

SalaDeLoConstitucional

Actualmente se produce un importante debate político en El Salvador, en torno a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de autorizar las candidaturas independientes, es decir, por fuera de los partidos políticos.

Una Constitución reaccionaria y antidemocrática

El actual orden constitucional en El Salvador no es un reflejo de la participación democrática del pueblo. Al contrario, la Constitución Política de 1983, vigente hasta el momento con algunas reformas, fue impuesta por el imperialismo norteamericano y las clases dominantes en plena Guerra Civil (1981-1992), cuando no existía ningún tipo de garantía o derechos democráticos, y en momentos en que las fuerzas armadas y demás cuerpos represivos de seguridad junto a los  escuadrones de la muerte masacraban a los dirigentes obreros y populares.

El artículo 85 de la antidemocrática Constitución de 1983, sentó las bases de la partidocracia, al establecer que: “El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno.“

Esta disposición respondió a las necesidades y realidades históricas de las clases dominantes que, en aquel momento, buscaban desesperadamente frenar un posible arribo al poder de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) mediante la lucha armada y la insurrección popular, al mismo tiempo que creaba un mecanismo institucional para que la guerrilla del FMLN pudiese desalzarse, abandonar el programa socialista, entregar las armas y participar en la vida política como un partido más e institucionalizar una oposición de izquierda parlamentaria. Paralelamente, la Constitución de 1983 limitó y continúa limitando la participación política democrática de los trabajadores y jóvenes salvadoreños, si tomamos en consideración los insuperables requisitos exigidos para constituir nuevos partidos políticos, y los procesos viciados en la inscripción de los mismos.

A lo anterior debemos agregar que, para optar a la candidatura para Diputados a la Asamblea Legislativa, al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y a los Concejos Municipales, el Código Electoral estableció el requisito  obligatorio de pertenecer a cualquier Partido Político legalmente reconocido. En pocas palabras, con esta disposición legal se han restringido desde hace mucho tiempo los derechos democráticos de todos los salvadoreños, violentando los derechos y garantías  reconocidos aun en la misma  reaccionaria Constitución de 1983.

¿Qué se esconde tras la sentencia de la Corte Suprema?

Este régimen antidemocrático ha impedido el lanzamiento de candidaturas independientes, obligando a mantener  el sistema de listas cerradas en las elecciones de Diputados y de concejos municipales, provocando el rechazo de algunos sectores políticos que en el año 2007, sin a llamar a la movilización popular, interpusieron una demanda de inconstitucionalidad, sin obtener ningún resultado positivo.

En el año  2009, Félix Ulloa hijo, ex Presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE),  interpuso  ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, una  nueva demanda de inconstitucionalidad argumentando que una interpretación errónea del artículo 85 de la Constitución de 1983 “ha generado un monopolio en la representación de la soberanía popular por parte de los partidos políticos, creando una partidocracia “constitucionalmente garantizada”, en perjuicio de otras formas asociativas, cuya legitimidad y capacidad de organización y representación, está fuera de toda duda”. (Demanda de Inconstitucionalidad  4/10/2009. San Salvador).

Efectivamente, la Constitución de 1983  no  prohíbe las Candidaturas Independientes para diputados a la Asamblea Legislativa y al PARLACEN, aunque si establece el requisito obligatorio de que cualquier candidato a Presidente de la República debe estar afiliado a un partido político.

Bajo el reinado de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), los gobiernos de turno se esforzaron en estrechar aún más los espacios de participación política y democrática de los trabajadores y del pueblo, al grado que cuando la Asamblea Legislativa aprobó el Código Electoral en 1993, inmediatamente después de los Acuerdos de Paz de 1992, prohibieron la postulación de candidaturas independientes y  restringieron el elemental derecho democrático de elegir y ser elegido.

A partir de las reformas constitucionales de 1992 se estableció un régimen político cada vez más excluyente y mas antidemocrático, que evolucionó rápidamente a un nuevo sistema bipartidista, que tolera a pequeños partidos satelitales como el Partido Conciliación Nacional (PCN) o el Partido Demócrata Cristiano (PDC), entre otros, que funcionan como floreros de la mesa del nuevo bipartidismo basado en dos grandes partidos: ARENA y el FMLN.

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha  declarado inconstitucional la prohibición de candidaturas independientes. No obstante, para el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) esta resolución  no es democrática mucho menos revolucionaria. Este fallo judicial ha sido promovido por intereses políticos de las tradicionales clases dominantes y sectores empresariales.

Abriendo el espacio a las fuerzas burguesas

Esta inusual sentencia es, sin lugar a dudas, una maniobra política que pretende abrir los espacios políticos, que eran negados anteriormente. Se ha abierto un pequeño resquicio en el sistema político antidemocrático, de cara a a provechar el desgaste político del Presidente Mauricio Funes y de sus roces públicos con el FMLN, a conveniencia de la clase y sectores económicamente dominantes.

La sentencia de la Corte Suprema de Justicia pretende abrir estos espacios democráticos para que surjan nuevas fuerzas sociales y políticas en la palestra política de El Salvador. De esta manera, ampliando la participación democrática, los magistrados de la derecha consideran que pueden arrancarle al FMLN el sector de clase media que le permitió el apretado triunfo electoral del año 2009.

El sistema bipartidista ya no es útil o rentable para garantizar la hegemonía económica y política de las rancias familias que gobiernan El Salvador. A pesar que el gobierno de Mauricio Funes y del FMLN salió más moderado y neoliberal que lo previsto, intentan a todas luces  evitar el fortalecimiento electoral del FMLN o de cualquier otra fuerza de izquierda.

Por ello, como algo excepcional, se han arriesgado a utilizar mecanismos democráticos para evitar que el FMLN  una vez en el gobierno logre mantenerse por un largo periodo y que la antiguo dirigencia guerrillera termine consolidándose como un influyente grupo económico. La consigna de la derecha y de la oligarquía salvadoreña es abrir los espacios políticos para dispersar las fuerzas políticas y sociales que pueden luchar en su contra, temen profundamente el establecimiento de regímenes bonapartistas, autoritarios y centralistas, como el de Hugo Chávez en Venezuela o el Daniel Ortega en Nicaragua.

Al abrir los espacios de participación política, la oligarquía salvadoreña pretenden evitar que las expresiones políticas de los nuevos grupos económicos emergentes, agrupados tanto en el partido Gran Alianza de Unidad Nacional (GANA), como en el Movimiento por el Cambio, que apoya a Mauricio Funes, consoliden posiciones dentro de las instituciones del Estado, que les permitan incidir en los grandes negocios y consolidar una clientela electoral.

Ampliar los espacios democráticos para los trabajadores y el pueblo

Conociendo los planes de la burguesía y los objetivos políticos de la “apertura de candidaturas independientes”  los trabajadores y el pueblo no debe confiar en el Estado Democrático Burgués y en falsas esperanzas pero si aprovechar la más mínima apertura democrática, para construir una alternativa electoral independiente de los trabajadores y de la izquierda revolucionaria y luchar por una mayor democratización del excluyente sistema político de El Salvador; pero ello no tiene que llevarnos a la dispersión y al abandono de la lucha revolucionaria en contra de las tradicionales clases dominantes y los grupos económicamente emergentes.

La clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares no tenemos que abandonar los tradicionales métodos de lucha como lo son la movilización callejera, la huelga y tomas de edificios y bloqueo de carreteras, etc. Los trabajadores y los jóvenes necesitamos amplias libertades democráticas para impulsar las luchas contra el decadente sistema capitalista, y aprovechar las elecciones y cualquier espacio democrático como un medio más que nos permita  difundir y agitar un programa revolucionario y socialista ante las amplias masas populares.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que ni en el pasado ni en la actualidad es justificable que se haya negado y se continúe negando a la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares, el derecho de participación y representación política mediante candidaturas independientes.

La reacción de la mayoría de los Diputados ante la sentencia de la Corte Suprema fue hostil, al grado de presentar mociones de destitución de los Magistrados que dictaron la sentencia, y de aprobar en primera discusión una reforma de los artículos 126 y 262 de la reaccionaria Constitución de 1983 para diferir el efecto de la sentencia en las elecciones de mitad de periodo, en un vano intento por evitar la presentación de candidaturas independientes en el año 2012.

Mientras los partidos políticos conspiraban para evitar las candidaturas independientes, la Iglesia Católica las apoyaba. “En el ejercicio democrático, me parece que eso es muy válido que hayan candidatos independientes", declaró el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas.

Funes y el FMLN deben apoyar incondicionalmente la democratización del sistema político

No apoyamos la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, por considerarla una maniobra política y porque es insuficiente. Conocemos cuales son los objetivos de la derecha, pero como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) no podemos permitir, ni apoyar restricciones a los derechos democráticos de los trabajadores y del pueblo.

Llamamos a la clase trabajadora, al campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares, a exigirle a  todos los Diputados de la  Asamblea Legislativa, especialmente a los del FMLN, que retiren la reforma constitucional aprobada aceleradamente para evitar las candidaturas independientes y que, al contrario, aprueben una normativa legal que garantice las condiciones que permitan una verdadera  participación democrática del pueblo mediante candidaturas independientes.

Los procedimientos y requisitos de las candidaturas independientes deben ser de fácil cumplimento, el Estado salvadoreño debe garantizar los recursos financieros para  que los candidatos independientes puedan participar en igualdad de condiciones y competir contra los partidos de la burguesía.

De igual manera, llamamos a luchar por las candidaturas independientes para Presidente, Vicepresidente y Concejos Municipales. El FMLN durante la campaña electoral prometió defender las candidaturas independientes, ahora es el momento de que cumpla dicha promesa.

Alertamos a la izquierda,  a las organizaciones políticas y sociales que se está discutiendo una nueva Ley de Partidos Políticos, la cual debe garantizar la formación y existencia legal de los partidos minoritarios.

Demandamos a Mauricio Funes y al FMLN a aprobar una Ley de Partidos que permita a la izquierda y a las fuerzas minoritarias expresarse públicamente

El FMLN  en su campaña electoral prometió  mayor democracia, ya es hora que el pueblo salvadoreño goce  de mayor democracia, necesitamos que los trabajadores, los campesinos, los pueblos originarios y demás sectores populares  tengan sus representantes propios, independientes en la Asamblea Legislativa, para defender sus intereses, y por ello necesitamos candidaturas independientes y una Ley de Partidos democrática.

Por una verdadera participación política de las organizaciones obreras, campesinas, indígenas y populares

Secretariado Centroamericano (SECA) del

Partido Socialista Centroamericano. PSOCA

Centroamérica, Agosto 2010

vivan los heroes

El 30 de julio de 1975  los oligarcas y burgueses de El Salvador, junto al gobierno de los fascistas del Partido Conciliación Nacional (PCN), las fuerzas armadas, guardia nacional, policía nacional, etc., asesinaron, hirieron y  desaparecieron a mujeres y hombres  pertenecientes a  diversas organizaciones  estudiantiles, obreras, campesinas y populares que participaban en la manifestación.

La  masacre del 30 de Julio  se da en el contexto de un  ascenso del movimiento de masas en donde el  pueblo salvadoreño mediante la  organización y la movilización luchaban contra  el régimen de las dictaduras militares, el capitalismo y el intervencionismo del imperialismo yanqui. Muchas de las personas masacradas eran de la  comunidad universitaria de la UES que siempre se  caracterizo por sus constantes críticas y oposición al estado burgués, a sus  gobiernos y a las políticas dictadas  en contra de la inmensas mayorías por lo cual fue considera como enemiga del Estado y de los gobierno.

A nivel nacional 35 años después  de la masacre y a un año de la llegada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) al gobierno es muy poco o casi nada lo realizado en beneficio de la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares, y de la Universidad de El Salvador la cual continua con un mísero presupuesto y  una avanzada de los planes privatizadores mediante la implementación del sistema de concesión de servicios como se está realizando a nivel  de la seguridad, los cuales amenazan con continuar.

En la actualidad las Autoridades de la  Universidad de El Salvador (UES) tratan de  instaurar un régimen dictatorial  aprobando un Acuerdo que busca transformar el Cuerpo de Custodios en un Cuerpo Represivo para ello  los Custodios serán capacitados en el área de seguridad pública, represión en caso de manifestaciones, labores de inteligencia, etc., siendo entrenados por  la Academia de Seguridad Publica,  lo que no descarta la intervención de organismos de seguridad del imperialismo yanqui.

En este 2010 como Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) rendimos homenaje  a los héroes y mártires del 30 de julio y recordamos también  a los héroes y mártires del pueblo Hondureño víctimas del Golpe de Estado y del  ilegitimo gobierno de Porfirio Lobo.

En este 35 aniversario  de la masacre como PSOCA demandamos  del gobierno de Mauricio Funes y del FMLN una investigación del caso y  castigo ejemplar  para los responsables intelectuales y materiales; también demandamos del actual gobierno del FMLN y de Mauricio Funes  un presupuesto justo para la UES.

El PSOCA llama   a toda la comunidad universitaria de la UES, a la clase trabajadora, al campesinado, a los pueblos originarios,  sectores populares y estudiantado en general  a luchar contra la privatización de la UES promovida por las actuales autoridades; así mismo a defender la Autonomía Universitaria y a luchar contra el intervencionismo disfrazado de los cuerpos  de seguridad Estatal.

Como PSOCA a nivel Centroamericano exigimos que se investigue el asesinato de José Manuel Flores Arguijo, militante de  nuestra sección Hondureña del PSOCA, y  demás  asesinatos contra  dirigentes y miembros de las organizaciones sociales y políticas Hondureñas a la vez misma llamamos  al no reconocimiento del ilegitimo gobierno de Porfirio Lobo, el cual es producto de un Golpe de Estado.

Centroamérica,  28 de Julio del 2010

Compañeros caídos en la lucha…. hasta el socialismo siempre ¡¡¡

Vivan los  héroes y mártires del 30 de julio¡¡¡

Alto a la  privatización  de la UES¡¡¡

Por la defensa de la Autonomía Universitaria tod@s a luchar ¡¡¡

Alto a la represión contra el pueblo Hondureño, abajo el ilegitimo gobierno de Lobo¡¡¡

Por Arturo Molina

En lo que va del mes de Julio  trabajadores del sector salud junto a sus organizaciones han realizado medidas de hecho las cuales han tenido como fundamento  denunciar la carencia de medicamentos, insumos o personal; incumplimiento de acuerdos firmados por la patronal del ministerio para con los trabajadores. mejoras salariales Etc., con relación a las acciones   Mario Arévalo, Secretario General de SIGEESAL expreso. "Más del 25 por ciento de medicamentos están agotados. Hay trabajadores que están  en funciones que no corresponden, hay gente que está con un cargo, pero con otras funciones, pero el ordenamiento no se ha dado. Queremos que en este nuevo presupuesto se ordenen las plazas" (EDH 07/07/2010).

Gobierno de Mauricio Funes y del FMLN callan ante represivo reglamento promovido por las autoridades de salud

Ante el legitimo accionar de los trabajadores  las Autoridades han advertidos que estas acciones están prohibidas  en el reciente aprobado Reglamento Interno de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, que fue elaborado el 15 de junio y fue publicado  en el Diario Oficial del 22 de junio del 2010; este Reglamento “ considera como falta grave declararse en huelga, en suspensión de labores o abandonar colectivamente los cargos, la toma de locales, sean estos hospitalarios, bodegas, oficinas administrativas, prohibir el ingreso de trabajadores a sus lugares de trabajo o impedir el normal desempeño de las labores,” Etc. ( EDH 20/07/2010).

Representantes de las asociaciones y sindicatos del Sistema Nacional de Salud, calificaron como un “duro golpe y retroceso” a  los derechos de los trabajadores. Óscar Rivas, Secretario de Organización  del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom (SITHBLOOM). Expresó  “.. a todas luces, viola el derecho de sindicalizarse y realizar huelgas”, “Los trabajadores y trabajadoras de salud estamos en Estado de Emergencia, porque se nos están violentando nuestros derechos que se encuentran amparados en Convenciones como la 87 y 98,  así como la misma Ley del Servicio Civil y la Constitución de la República”. El Colegio Médico también ha mostrado su total  rechazo a dicho Reglamento “Rodolfo Canizález, presidente del ente, dijo que la normativa viola los derechos laborales, los tratados internacionales, la Ley de Servicio Civil, el Reglamento General de Hospitales, entre otros. "Nuestra posición es en contra de ese reglamento",,” ( EDH 20/07/2010).

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) considera que este Reglamento es un claro atentado de las autoridades del Ministerio de Salud  en contra de los Derechos de la clase trabajadora del sector salud, este  reglamento busca tener un total control de los trabajadores a la vez misma responsabilizar a la clase trabajadora de las deficiencias e inoperatividad del sistema capitalista en el área de salud.  El PSOCA llama a toda la clase trabajadora del sector salud y demás trabajadores  y a las diferentes organizaciones sociales a luchar por la derogación de dicho reglamento.

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