Por Marcial Rivera

Hace algunos meses fue aprobada la ley de asocios público-privados en El Salvador, que en términos generales busca posibilitar la prestación de ciertos servicios por medio de alianzas entre el gobierno y entidades privadas, esto para buscar el 'desarrollo' del país. Esta ley fue impulsada y aprobada por requerimiento del Gobierno de los Estados Unidos para el otorgamiento de la segunda parte de la Corporación de la Cuenta del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés). La ola de privatizaciones impulsada desde el Fondo Monetario Internacional, fue denunciada en su momento por sectores de izquierda en El Salvador –durante la década de los noventas-, y a esto también se opuso en su momento el FMLN, que en torno a esta ley no solo cambió de posición en relación a la prestación de ciertos servicios por parte de entidades privadas, sino además apoyó su aprobación.

Dependencia del Imperialismo

La dependencia entonces del Estado Salvadoreño hacia el imperialismo se acentúa más, pues con la aprobación de la segunda parte del Millenium Challenge Corporation (Corporación de la Cuenta del Milenio) por parte de Estados Unidos, se condiciona la política exterior del gobierno salvadoreño. En ocasión de esta aprobación, la Cámara Salvadoreña de la Construcción apresuró algunas reformas a la Ley Especial de Asocios Público-Privados, con el propósito de acelerar las inversiones. CASALCO es una de las principales gremiales empresariales interesadas en la segunda parte de la Corporación de la Cuenta del Milenio. No obstante, el FMLN se ha opuesto a que el agua sea uno de los rubros incluidos en el tema de las privatizaciones, propuesta hecha por ARENA.

En ese mismo orden de ideas, el FMLN se opone a que sea el ejecutivo quien concentre el control de los asocios, y sostiene que quien tiene que tener este control debe ser siempre el legislativo. Este posicionamiento busca que las decisiones sobre quiénes participen o no en el tema de los asocios deberán ser tomadas de forma colegiada y no de forma unilateral y antojadiza por parte del ejecutivo; no debe perderse de vista que en su momento se hilvanó la posibilidad de incluir el agua -como ya se mencionó- y también la educación superior.

Con respecto a este último punto, hay que leer entre líneas las implicaciones que esto tiene. En principio El Salvador se encuentra en un periodo abierto de campaña electoral, por lo que la no inclusión de servicios básicos en los asocios público-privados puede convertirse en un tema de propaganda para la dirigencia oportunista del FMLN, retomando la retórica reformista en función de generar caudal político para impulsar sus candidaturas. Por otro lado, la sola aprobación de la Ley Especial de Asocios Público Privados por parte del FMLN es una contradicción política, ideológica y práctica en sí misma; no puede –desde un partido que se ufana ser de “izquierda”- hablarse de prestación de servicios que competen al Estado -sean básicos o no- por parte de entidades privadas.

¿Quién debe entonces prestar los servicios públicos?

Probablemente la respuesta suene tautológica; pero es precisamente el Estado el ente encargado de prestar los servicios estatales, y en esta prestación de servicios la población debe estar a la vanguardia de los distintos procesos, tanto en su prestación, como en su goce y finalmente en su auditoría. Al hablar de prestar servicios en un “asocio público-privado” se está hablando de privatización, y la justificación por excelencia para las privatizaciones y la ola de privatizaciones que se dio en su momento, fue la “incapacidad del Estado” para prestar algunos servicios.

Estos servicios que fueron privatizados deben ser expropiados, y deben ser devueltos a la clase trabajadora, a quien siempre han pertenecido y les fueron arrebatados en un acto antidemocrático e inconsulto por parte de los otrora presidentes de la derecha. El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), llama a la población a movilizarse en contra de la ley especial de asocios público-privados, exigir su derogación, oponerse a la prestación de servicios básicos por parte de entidades privadas; y a luchar por la expropiación de las empresas que fueron robadas en su momento.