Por Mario Vladimir Carranza

A 21 años de haberse firmado el Acuerdo de paz entre la exguerrila del FMLN y el Estado salvadoreño bajo el gobierno arenero de Alfredo Cristiani, desmovilizados de las fuerzas armadas, cuerpos de seguridad y excombatientes del FMLN exigen al Estado beneficios económicos y sociales. En este contexto, el día 7 de agosto del presente año excombatientes y desmovilizados, después de una serie de reuniones con el gobierno y al no obtener respuesta, amparados en su derecho a expresarse y reunirse libremente establecido por la misma constitución burguesa en sus artículos 6 y 7 decidieron manifestarse, a lo que el gobierno respondió con violencia dejando personas heridas, fallecidas y capturadas.

Entre uno de los puntos de protesta reprimidos está el que se ubicó en el sector conocido como Cruz Verde del municipio de Santa Cruz Nichapa, en el que la gran mayoría de protestantes eran ancianos desamparados cuyo único delito fue estar afiliados a asociaciones legales de veteranos las cuales son parte de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Veteranos de Guerra (CONVEFAES). Lo ilícito es la cizaña que se encargan de sembrar en el resto de la población los medios de comunicación.

Las infructíferas mesas de diálogo

El gobierno de Funes y del FMLN se ha caracterizado por ser “dialogador”, ya que en todos los problemas que aquejan a las mayorías y que tienen que ver con el gobierno han creado mesas de diálogo con los funcionarios de las respectivas instituciones estatales y representantes de los sectores afectados. Todo eso está bien pero el problema es que nunca se llega a nada, dicha mesas solo sirven al gobierno para entretener, desmovilizar y desmoralizar a las personas, siendo esta una táctica descarada para ganar tiempo y bajarle perfil a los conflictos.

En otros casos solo implementa medidas cosméticas que no dan una solución real a los problemas; lo anterior lleva a que legítimamente se recurra a los métodos tradicionales de lucha popular, los cuales para la clase dominante y el gobierno son ilegales pero no ilegítimos.

El pueblo tiene el derecho a luchar en defensa de sus intereses

Es lamentable que miles de personas de la clase de la clase trabajadora no hayan podido estar a la hora en sus lugares de trabajo. Pero más lamentable es ver cómo Ricardo Perdomo, ministro de seguridad, siguiendo las órdenes del presidente Funes mandó a la PNC golpear, reprimir y encarcelar a una gran cantidad de gente. Los manifestantes la década de los ochenta pelearon una guerra que no era contra ellos y defendieron los intereses de otros, pero ahora que están defendiendo sus propios intereses son reprimidos por el mismo Estado que en aquella época y en esta ocasión también, reprime a las personas que luchan contra la injusticia económica y social. Este ciclo continuará si no tomamos la tarea de cambiar el sistema económico, político y social que se mantiene desde hace muchos años.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) ante la lucha de los excombatientes considera que el pueblo y sus organizaciones tienen el derecho a estructurarse, reunirse y manifestarse, y ante el incumplimiento a sus demandas están en el legítimo derecho de recurrir a los tradicionales métodos de lucha popular. Por lo tanto condena el accionar de los agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y de otras unidades de la Policía Nacional Civil (PNC), demandando a la vez la liberación de las personas detenidas. El PSOCA considera también que el argumento de utilizar la fuerza para asegurar la libertad de tránsito a las demás personas no es fundamento para atentar contra la vida, la integridad física y libre expresión de las personas y que dicho argumento solo refleja los intereses de la clase dominante y del gobierno.

Que empresarios de derecha y los del ALBA paguen

Desde el PSOCA llamamos a las personas que conforman las diferentes organizaciones de desmovilizados del ejército y de excombatientes del FMLN a que exijan a sus representantes que sean ellos quienes negocien debiendo informar de todo lo dialogado y negociado. Deben exigir que los fondos para el pago de sus demandas sean a partir de un impuesto cargado a las ganancias de las empresas privadas de los núcleos económicos tradicionales y de los emergentes, ya que lucharon defendiendo los intereses de ellos; también deben cargarse a las empresas de los núcleos económicos emergentes ligados a la ex guerrilla del FMLN, ya que dichas empresas existen gracias a la sangre de los combatientes del FMLN y sus ganancias se quedan en manos de unos pocos.