Por José René Tamariz

El gobierno de Solís envió a la Asamblea Legislativa varios proyectos de ley que tienen como objetivo golpear los niveles de vida de los trabadores tanto del sector público como privado, mediante algunos proyectos fiscales y otros de empleo público que reducen, congelan y eliminan los componentes salarias y conquistas sociales logradas por los trabajadores a lo largo de muchos años.

Estos proyectos serán discutidos y votados en las sesiones extraordinarias que iniciaron el 1 de diciembre del 2015 y terminan el 30 de abril del año 2016. El primer proyecto es el de conversión del impuesto de venta en el impuesto al valor agregado (IVA) que pasaría del 13% actual hasta un 15%; el segundo, se llama “Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario Base del Sector Público”, del cual es proponente la diputada Sandra Pisk del PLN y el tercero es del propio gobierno que pretende convertir el incentivo de las anualidades en “evaluación del desempeño” en la función pública.

El proyecto del PLN, el gobierno lo ha asumido como suyo, es el producto de negociaciones que el gobierno ha tenido con esa fracción parlamentaria. El intercambio que el poder Ejecutivo ha realizado con esos partidos el periódico La Nación lo resume muy bien “Primero, los planes de ley para contener el gasto. Luego y, solo luego, se discutirá el aumento de ingresos del Gobierno”. (La Nación, 2 de diciembre del 2015). Esa política de la “oposición” el gobierno la ha hecho suya y, además, le ha agregado su propio proyecto que se suma a la ofensiva neoliberal en contra de los trabajadores del sector público.

Un solo Objetivo: Hacer que los Trabajadores Paguen el Déficit Fiscal

El proyecto del gobierno de aumentar el impuesto de venta, convertido en impuesto al valor agregado, del 13% al 15% sería un ataque violento en contra de los trabajadores y sectores populares. Profundizaría aún más el carácter regresivo de los impuestos. Si el gobierno quiere impuesto para las profesiones liberales, entonces que se los imponga, pero si aumentar los impuestos de venta a los trabajadores y sectores populares. Es un plan que no toca para nada a los capitalistas nacionales y transnacionales. Veamos, entre otras, algunas propuestas del gobierno del “cambio”.

El aumento del impuesto a los servicios de electricidad y agua, también es un ataque contra los trabajadores y clases medias. Actualmente el consumo de energía eléctrica y agua, sobre el exceso de 250 kWh y 40 m3, es del 5% y con el nuevo IVA se pretende llevarlo hasta el 15%, lo cual constituiría un salvaje incremento de un 10%, igual pasaría con el alza del impuesto al consumo del agua. Por otra parte, el cobro del IVA sobre los alquileres de casas igual o superior al salario base de 403.400 colones es un golpe al consumo y condiciones de vida de sectores de clases medias. Es cierto que no cualquier persona puede pagar ese tipo de alquileres, pero muchos sectores de clases medias lo hacen porque no tienen la capacidad para comprar casas.

El segundo proyecto del PLN es un calco fiel de un proyecto del gobierno de Laura Chinchilla sobre este tema. Este es un proyecto totalizador, ya que abarca a todos los empleados estatales (poder ejecutivo, legislativo, judicial, Tribunal Supremo de Elecciones, órganos auxiliares, órganos desconcentrados, entes descentralizados, empresas del Estado, municipalidades), excepto, las instituciones que se encuentran en régimen de competencia (bancos estatales, INS e ICE).

Golpes a las Convenciones Colectivas

El proyecto de Sandra Pisk constituye una verdadera arremetida en contra de los derechos colectivos de los trabajadores. Veamos. El artículo siete, referido a la vigencia de las convenciones, plantea que “Cuando las convenciones colectivas suscritas en el Sector Público contengan cláusulas que establezcan que la convención se mantiene vigente hasta tanto no se negocie una nueva, se entenderá que el plazo por el cual se mantienen vigentes no podrá exceder de 9 meses, contados a partir de la fecha de conclusión del plazo inicial de duración o de la última prórroga que la ha mantenido vigente. Superado este plazo sin que se concrete la nueva negociación, la convención colectiva cesará completamente sus efectos y tendrá que iniciarse un nuevo proceso de negociación”. (Expediente N°. 19.156, página 4). El énfasis es nuestro.

Lo nuevo y grave en contra de las convenciones colectivas es que plantea un plazo perentorio de 9 meses para negociar una nueva y que, si superado ese plazo no hay acuerdo, la convención colectiva queda sin efecto y las nuevas negociaciones partirán de cero. Esto, en realidad, constituye un atropello, desconocimiento y eliminación de todos los derechos y conquistas económicas y sociales contempladas en las convenciones colectivas.

La Reducción al Auxilio de Cesantía

El artículo 8 de ese nefasto proyecto señala que “A partir de la entrada en vigencia de esta ley, la indemnización por concepto de auxilio de cesantía de todos los servidores del Estado quedará limitada ocho años, salvo que se trate de funcionarios que conforme a la normativa vigente con anterioridad a esta Ley, tengan derecho a un número mayor de 8 años por concepto de auxilio de cesantía, a quienes se les respetará la cantidad de años acumulados a la entrada en vigencia de la ley, el cual no podrá seguir aumentando”. (Ídem).

Esta política de reducción de la cesantía está dirigida contra diversas instituciones públicas y convenciones colectivas, a saber: CCSS (20 años de cesantía), RECOPE (24 años), INS (20 años), CNP (25 años), CNFL (20 años), INA (12 años), JAPDEVA (20 años), JPS (20 años), bancos estatales (20 años), banco popular (todos los años) universidades públicas (entre 15 a 18 años) y municipalidades (desde 12 años a todos los años). Como se puede observar, ese proyecto es un ataque contra todos los trabajadores de esa gran cantidad de instituciones públicas. De aprobarse ese proyecto, a los trabajadores que tengan más de 8 años se les respetarán esos años, pero su auxilio de cesantía quedaría congelada a los años acumulados a la fecha de entrada en vigencia de anti-obrero proyecto.

Sin embargo, esta diputada y el gobierno que le sirve de comparsa, pretenden golpear a los trabajadores del sector público con los años de cesantía, pero le hacen una concesión a las asociaciones solidaristas, es decir, a los empresarios, ya que al final del artículo 8 plantean que “Esta disposición no afectará el derecho de los servidores a percibir un beneficio mayor derivado del aporte patronal a la asociación solidarista de la cual formen parte, o como consecuencia de la aplicación de la ley de protección al Trabajador”. (Ídem). En otras palabras, los trabajadores del sector privado agrupados en las asociaciones solidaristas que son miles tienen el derecho a recibir el auxilio de cesantía sin ningún tope. No estamos en contra de que los trabajadores del sector privado reciban el auxilio de cesantía por todos sus años trabajados, lo que estamos en contra es de la maniobra del PLN, el gobierno y los patrones, que pretenden dividir a los trabajadores del sector privado y público en cuanto al auxilio de cesantía. El derecho debe ser igual para todos los trabajadores.

El Golpe a la Dedicación Exclusiva

El artículo 10 de ese proyecto plantea que “La figura de la dedicación exclusiva se aplicará únicamente a aquellos servidores que tengan un puesto cuyas funciones así lo ameriten. La compensación económica se otorgará por porcentajes diferenciados conforme al grado académico que ostente cada servidor, porcentajes que serán establecidos en el reglamento de esta ley”. (Ídem). Entonces, lo más probable es que muchos puestos o cargos que actualmente gozan de ese incentivo con esta ley le sean eliminados. El proyecto señala que la dedicación exclusiva no es un derecho adquirido.

El Golpe al Régimen de Disponibilidad

El régimen de disponibilidad pasa de ser inherente al cargo para convertirse en un contrato. El artículo 11 señala “Para tener derecho a esta compensación económica, el servidor deberá suscribir un contrato en donde se especifique el tipo de disponibilidad a que queda obligado, el beneficio económico que recibirá, las condiciones en que prestará el servicio y la demás información que sea necesaria”. (Ídem). A continuación ese artículo señala que “La compensación económica por disponibilidad no podrá sobrepasar el 15% del salario base”. (Ídem). Actualmente la compensación económica por el régimen de disponibilidad va desde un 10% hasta un 50% del salario base en diversas instituciones públicas, por lo cual la aprobación y entrada en vigencia de este proyecto, tal como está, significaría un golpe significativo a los ingresos de los empleados públicos en algunas instituciones públicas, como por ejemplo, en la CCSS y otras.

La Conversión de las Anualidades a la “Evaluación del Desempeño”

Aunque este proyecto del gobierno no se encuentra en el plenario, si fue enviado al Congreso para su eventual discusión y aprobación. El coincide, en muchos aspectos, con el de Sandra Pisk, ya que ambos reducen ese incentivo al 2.54% del salario base y aumenta la calificación para su pago al “muy bueno”. Sin embargo, el proyecto del gobierno de Solis va mucho más allá de la del PLN, ya que no se les pagará ese incentivo a los nuevos empleados y vuelve más riguroso los criterios para pagar ese incentivo, lo cual en realidad dicho proyecto pretende es no pagar ese incentivo a miles de trabajadores para reducir los gastos.

Que el Déficit Fiscal lo Paguen los Ricos

La política de La Nación, los neoliberales y el gobierno es que los trabajadores paguemos el abultado déficit fiscal realizado por los gobierno del PLN que el año pasado alcanzó el 5,9% del PIB. Efectivamente, ese gran déficit fiscal se debe disminuir, pero nosotros planteamos que sean los grandes empresarios tanto nacionales como extranjeros que financien y paguen ese déficit fiscal mediante el incremento de impuestos a sus ganancias, la eliminación de gigantescas exoneraciones fiscales al gran capital de zonas francas y otras actividades lucrativas, así como el combate a la evasión y fraude fiscal.