Por Sebastián Chavarría Domínguez

A finales de agosto se produjeron dos muertos, en la zona de Wawa Esperanza, Región Autónoma del Caribe Norte (RACN). A inicios de septiembre recrudeció el enfrentamiento entre indígenas misquitos y colonos que han invadido los territorios indígenas.

La tensión por las tierras ha originado enfrentamientos militares entre indígenas y colonos. Recientemente, los indígenas quemaron 18 viviendas de colonos y estos respondieron atacando a balazos a las comunidades, lo que originó varios muertos. El 14 de Septiembre murió en un tiroteo el dirigente de YATAMA, Mario Leman Müller. YATAMA responsabiliza al Ejército y la Policía, pero estos afirman que fueron atacados. En este mar de acusaciones mutuas, la violencia aumenta en la costa caribe de Nicaragua, teniendo como contexto el conflicto por la propiedad de las tierras indígenas.

El origen del conflicto en la costa caribe

La anexión de la Mosquitia (extenso territorio de la nación misquita que abarcaba la costa caribe de Honduras y Nicaragua) al territorio nicaragüense, en 1894, se produjo con el apoyo militar de los buques de la marina de los Estados Unidos. La Convención Misquita, producto de la anexión, planteo el problema de la autonomía de los indigenas: “Todas las rentas que produzca el Litoral Mosquito serán invertidas en su propio beneficio reservándose así la autonomía económica, pero dichas rentas serán colectadas y administradas por 10 empleados fiscales del Supremo Gobierno”.

La autonomía estaba implícita, aunque limitada y controlada por el gobierno central. No se mencionaban los territorios indígenas, pero el problema de la propiedad de las tierras comenzó a tener mucha importancia, por las riquezas naturales de la costa caribe.

En Marzo de 1895 se aprobó una ley que permitía la venta de los territorios comunales para fomentar la instrucción de los indígenas. Esta disposición fue retomada en 1906 con la Ley de Comunidades Indígenas. En 1963, bajo la dictadura somocista, la Ley Agraria dispuso la desarticulación de la propiedad comunitaria para crear cooperativas agrícolas. Durante todo el siglo XX, toda la legislación tendía a destruir la base material de las comunidades indígenas: las tierras comunales.

Bajo la revolución sandinista (1979-1990) se cometieron grandes atropellos contra las comunidades indígenas, factor que posibilitó que misquitos, sumus y ramas engrosaran las filas del ejército contra. En 1987, la Dirección Nacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) comprendió la magnitud de sus errores, y dio marcha atrás aprobando la Ley No 28, o Estatuto de la autonomía de las regiones de la costa atlántica de Nicaragua, creando los gobiernos regionales autónomos. No obstante, el reglamento de dicha Ley se aprobó hasta octubre del año 2003.

Aunque la Constitución y las leyes protegen sus derechos, y los indígenas pueden elegir los gobiernos autónomos, en la realidad siguen sojuzgados económicamente, al grado que, a pesar de las riquezas naturales, las zonas de extrema pobreza están ubicadas dentro de las regiones autónomas.

La Ley No 445

Para comprender lo que ocurre en la costa caribe, tenemos que diferenciar a estas comunidades indígenas, que conservan tradiciones, lenguaje y formas de organización social comunal, de las comunidades indígenas del pacifico y centro (Subtiava, Monimbó y Sébaco), las cuales se encuentran en avanzado estado de disolución.

Las reducidas comunidades indígenas de Matagalpa y Jinotega, por ejemplo, aunque conservan todavía tierras comunales, viven del alquiler de las mismas, algo que no ocurre en la costa caribe.

En el año 2003 la Asamblea Nacional aprobó la Ley No 445, consagrada a demarcar y titular los territorios indígenas en la costa caribe, una reivindicación histórica, creando la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI).

Sin embargo, al analizar en detalle dicha ley, queda claro que estaba destinada a proteger con mayor énfasis los títulos de propiedad otorgados bajo la reforma agraria sandinista (1979-1990), cuyos beneficiarios no necesariamente eran indígenas, sino combatientes provenientes de otras zonas de Nicaragua.

El artículo 36 de la Ley No 445 ordenaba que “El tercero que posea título agrario en tierras indígenas y que ha ocupado y poseído la tierra protegida por este título, tiene pleno derecho de continuarla poseyendo. En caso que pretenda enajenar la propiedad, deberá vender las mejoras a la comunidad”.

Este es el origen del malestar indígena. Los colonos tienen igual derecho de posesión. La invasión de colonos, en las últimas décadas, los convierta casi en la población mayoritaria dentro de los territorios indígenas.

Milicias indígenas y milicias de colonos

Tanto los colonos como los indígenas saben que el tiempo se está agotando, porque viene la fase de titulación de las tierras de los territorios indígenas. El largo historial de conflictos entre estos dos sectores, ha originado la creación de milicias en ambos bandos, quienes se acusan mutuamente de ataques traicioneros, y por ello proceden ambos a organizar la autodefensa.

Estos combates ya han producido muertos en ambos bandos, agudizando los enfrentamientos en los meses de agosto y septiembre de este año.

La visión crítica de URACCAN

En una extensa entrevista al diario digital La Trinchera de la Noticia, Cyril Omeir, secretario general de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), expone el punto de vista de los costeños en torno al conflicto armado:

“El gobierno ha demarcado 22 de las 23 territorios indígenas y ha entregado títulos. El problema es que el proceso de demarcación tiene cinco etapas. La quinta etapa es el saneamiento, pero lo que ha pasado es que entregan los títulos, pero no llegan a la quinta etapa que es saneamiento. En las comunidades han preguntado cuando van a comenzar el saneamiento y como no hay repuestas, entonces quieren resolver el problema con sus manos (…) El saneamiento es la tarea de analizar la condición de todo los colones que están viviendo dentro de un determinado territorio, ver quienes tienen títulos y quiénes no. Si tienen títulos, entonces ver como consiguieron esos títulos, porque cuando entro en vigencia la ley de demarcación, ley 445, a partir de esa fecha (23 de enero del año 2003), se prohíbe al Poder Judicial emitir títulos supletorios. La ley de autonomía prohíbe la venta o la hipoteca, no se puede hacer ninguna transacción con la tierra indígena. Eso es lo que está parqueado, desde el 2007 al 2011 han estado recibiendo títulos, pero no se ha dado el saneamiento, esto ha provocado que los pueblos indígenas hagan su propio saneamiento, ellos lo hacen solo, sin acompañamiento, ahí viene el problema, ellos no van a analizar, solo dicen, están viviendo en territorio indígena y ya no los quiero aquí, han quemado casas y los colonos han matado a varios indígenas”. (La Trinchera 17/09/2015)

¿Qué autoridades entregan títulos?

Como se puede observar, ha continuado la entrega de títulos sin que se produzca la fase del saneamiento. Nadie responde. El resultado es que ha aumentado considerablemente la cantidad de colonos en el extenso territorio indígena, cuya población va en descenso.

Cyril Omeir afirma categóricamente que “en los últimos años ha habido prácticamente una invasión de colonos que vienen de otros departamentos y están destruyendo todo el bosque y la tierra que pertenece al pueblo indígena (…) este problema escapa del control de las autoridades, los consejos regionales deberían estar al frente de este problema, a estas alturas deberían de estar tratando de mediar en esta situación para buscar una solución, (…) desde hace tiempo se está pidiendo que traten de parar la invasión de las tierras, pero nadie ha hecho caso (…) los indígenas no tienen la posibilidad de comprar armas (…) tanto el Ejército como la Policía han tomado una posición bastante pasiva en esta situación. (…) Es peligroso que quieran regar la idea de que el Ejército es el que se está involucrando con más violencia. Hay una pérdida de control y no sabemos a quién responde la gente armada, eso es un problema. ¿Quién les está dando armas? Quien está detrás de que la gente tome armas para defender sus tierras, no lo sabemos. El gobierno debe involucrarse en esto (..)” (Ibid)

El sentimiento generalizado entre los indígenas es que detrás de los colonos están sectores de la alta oficialidad del Ejército y la Policía, interesados en la explotación de los bosques y la minería.

Gobierno responsabiliza a dirigentes de YATAMA

En el momento de conflictos, los indígenas cierran filas con sus antiguas organizaciones, entre ellas YATAMA, que fue aliada del FSLN en las elecciones del 2006 y 2011.

El gobierno rompió el silencio con las declaraciones del presidente Daniel Ortega, quien afirmó: “Hay familias que son desmovilizadas por estafadores que contactan a los dirigentes de las comunidades que les venden la propiedad provocando un conflicto legítimo (…) Es un problema que se debe resolver con los pastores y líderes religiosos en coordinación con la autoridades e instituciones”. (http://radionicaragua.com)

Días después, la Asamblea Nacional, por iniciativa de la bancada sandinista, con mayoría de 62 votos procedió a despojar de la inmunidad al diputado Brooklin Rivera, histórico dirigente de YATAMA, a quien responsabilizaron de la venta de tierras comunales. La desfloración es un primer paso para el procesamiento criminal de Rivera.

Comisión Independiente de Investigación

La confusión creada en relación al tiroteo del 14 de septiembre, que produjo la muerte de Mario Leman Müller, y las denuncias de que Brooklyn Rivera es “traficante de tierras”, deben ser aclaradas.

Por ello, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) demandamos la formación de una comisión de investigación independiente, conformada por las autoridades del Consejo Regional, la municipalidad, el Consejo de Ancianos y con representación de las organizaciones indígenas afectadas, como es el caso de YATAMA, para que proceda dilucidar, a la mayor brevedad posible, quienes son los responsables del asesinato de Mario Leman Müller, y si es cierto que los dirigentes de YATAMA son los responsables de la venta de tierras comunales.

Solucionar el problema de la tierra

El gobierno de Daniel Ortega debe conformar una comisión de alto nivel que dialogue con las organizaciones indígenas y con los colonos.

Dado el nivel de violencia, el COSEP y las Iglesias Católica y Evangélicas están planteando la necesidad de un dialogo de los sectores en conflicto. Nuestro llamado es diferente. Si bien es cierto que llamamos a las milicias de colonos y las milicias indígenas, a parar en el enfrentamiento fratricida, entre dos sectores en extrema pobreza, la solución la debe dar el gobierno. El gobierno debe respetar los convenios para demarcar y titular los territorios indígenas, pero de igual manera debe dar respuesta a la necesidad de tierras por parte de los colonos.

El Ejército y la Policía no deben criminalizar la protesta indígena, deben de abstenerse de presionar con su presencia a los sectores en conflicto. Cuando nos referimos a dialogo de los sectores en conflicto, creemos conveniente convocar a una conferencia de indígenas y colonos donde se ventilen de manera pública los orígenes de este problema que está ligado a la propiedad de la tierra. Nuevamente se pone a la orden del día la necesidad de una revolución agraria en Nicaragua.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

La derrota de la revolución en 1990 inició una nueva etapa en Nicaragua. Con la derrota electoral del 15 de febrero de 1990, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) se vio forzado a entregar las riendas del gobierno a las fuerzas de la coalición burguesa denominada Unión Nacional Opositora (UNO), jefeadas por doña Violeta Chamorro.

No obstante, antes de abandonar el poder ejecutivo, el sandinismo se atrincheró en la Asamblea Nacional, y retuvo el control de las instituciones del Estado, especialmente de la Policía y el Ejército. Pero hubo una institución no estatal que resultaba vital para el desarrollo de la nueva burguesía sandinista: el control de la propiedad, producto de las confiscaciones a somocistas y no somocistas, que paso abruptamente de manos del Estado a manos privadas, en el proceso conocido como la “piñata”.

Muchos de los confiscados en 1979 se fueron al exilio y se hicieron ciudadanos norteamericanos. En 1990, cobijados con la nueva ciudadanía, vieron la oportunidad de recuperar sus propiedades, e hicieron formales reclamos al nuevo gobierno. Desde entonces, más de 3,166 ciudadanos nicaragüense-norteamericanos, o directamente gringos, solicitaron la devolución de propiedades confiscadas.

Desde el año 1993, el gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar la sección 527 de la Ley de Autorización de Relaciones Exteriores aprobada por el Congreso de Estados Unidos. Mediante esa Ley, el gobierno de Estados Unidos se reserva el derecho a bloquear fondos a cualquier país que violente los derechos de propiedad de ciudadanos norteamericanos.

Desde entonces, cada año, el gobierno de Nicaragua (primero con doña Violeta Chamorro, después con Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños, y ahora nuevamente con Daniel Ortega) debe solicitar al gobierno de Estados Unidos, una dispensa (waiver) para poder tener acceso a los préstamos internacionales, sobre todo ante aquellos organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Fondo Monetario Internacional (FMI) donde la influencia de Estados Unidos es decisiva. Ya no digamos los préstamos bilaterales otorgados por Estados Unidos.

De esta forma, el famoso “waiver” o dispensa ha sido un poderoso mecanismo de presión sobre los diferentes gobiernos del llamado periodo neoliberal (1990-2006), incluso el sandinismo que recuperó el gobierno en el año 2007.

Cada vez que el “waiver” se ha quedado atascado en los laberintos del Congreso de los Estados Unidos, o del Departamento de Estado, los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y de la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense (AMCHAM), así como prominentes dirigentes de la oposición burguesa, han tenido que viajar de manera urgente a Washington a destrabar los obstáculos, reimpulsando el nuevo “waiver” que le otorga un cheque en blanco al gobierno de Nicaragua, para obtener préstamos internacionales.

El pasado 5 de agosto la embajada norteamericana en Managua dio a conocer un comunicado en el que anunciaba que “El gobierno de los Estados Unidos ha levantado algunas restricciones legales relativas a la asistencia bilateral y apoyo para la concesión de préstamos internacionales a Nicaragua. (…) El levantamiento de estas restricciones, significa que el otorgamiento de esta dispensa o “waiver” anual ya no será necesario”.

José Adán Aguerri, presidente del COSEP, gran aliado del gobierno sandinista, calificó el anuncio como “una noticia positiva. Se cierra un capítulo de prácticamente 20 años. El gobierno de Estados Unidos decide ya no otorgar el ‘waiver’ y esto es un apoyo para lo que tiene que ver con préstamos internacionales. Es una señal positiva (…)” (El Nuevo Diario 06/08/2015).

De igual manera, Juan Sebastián Chamorro, presidente de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES), declaró que el anuncio “tiene un impacto simbólico importante por cuanto se reconoce la culminación de un largo y duro proceso de resolución de conflictos de propiedad. Es un reconocimiento de que el gobierno actual, al igual que los pasados, atendieron como prioridad estos reclamos, procurando solucionar un número significativo cada año y cumpliendo las metas de resolución.” (El Nuevo Diario 06/08/2015).

Se ha cerrado, pues, un largo capítulo de conflictos con el gobierno de los Estados Unidos. Se han devuelto o indemnizado casi todos los reclamos de propiedades, pero lo más importante que debemos analizar es que la burguesía sandinista finalmente ha obtenido un certificado legal de su nacimiento, como el sector hegemónico de la nueva burguesía que surgió de la derrota de la revolución, y la que se quedó con la mayoría de las propiedades confiscadas.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

Continúan los rejuegos entre las maltrechas fuerzas de la oposición burguesa. Todos hablan de unidad para derrotar la nueva candidatura de Daniel Ortega, quien aspira a otra reelección, pero cada grupo o alianza tiene los puñales listos para hundírselos por la espalda a los supuestos aliados.

Tres alianzas

Hasta el momento se han conformado tres grandes coaliciones contra el FSLN, de cara a las elecciones generales del 2016.

1.- La Coalición Nacional por la Democracia (CND) encabezada por el Partido Liberal Independiente (PLI), de Eduardo Montealegre, con las dos corrientes escindidas del PLC, más una alianza con el Partido Nueva Alianza Cristiana (PANAC) que agrupa a las poderosas Asambleas de Dios, y otra alianza de grupos de ex contras.

El Movimiento Renovador Sandinista (MRS) se mantiene a la expectativa, y ha resultado crítico ante las vacilaciones del PLI, pero es bastante probable que forme parte de esta alianza.

2.- La Unidad Democrática (UD) aglutina al Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Conservador de Nicaragua (PCN), Movimiento 3 Revoluciones (M-3R), Partido Liberal Independiente Histórico (PLI Histórico) y el Partido Social Cristiano (PSC); todas estas son organizaciones minoritarias, no tienen personalidad jurídica salvo los casos del PCN y PAC.

3.- La Alianza Liberal y Sindical (ALS) impulsada por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), que controla el expresidente Arnoldo Alemán, en alianza con el hasta ahora conocido Partido Unidad Republicana (PUR), presidido por Noel Vidaurre, ex candidato a la presidencia por el Partido Conservador de Nicaragua (PCN) en el año 2001.

Esta alianza está conformada centralmente por el PLC más 14 pequeñas organizaciones, entre ellas la Confederación General de Trabajadores (CGT), Federación de Trabajadores y Docentes Libres y Democráticos de Managua, y otras más.

Alemán, viejo zorro de la política y aliado privilegiado del FSLN, ante la posibilidad de un auge de la CND, ha comenzado a torpedear creando su propia alianza, que crea mayor división entre la ya maltrecha oposición burguesa. Alemán es conocido por su habilidad de llamar a sus antiguos detractores, para ofrecerles puestos de primera línea. Así lo hizo con José Rizo Castellón y Antonio Alvarado, dos elementos de la vieja guardia del PLC que se le rebelaron. Ahora llama como precandidatos de la ALS a Noel Vidaurre, un acérrimo crítico de Alemán en el pasado, y también a Maximino Rodríguez, ex dirigente de la contra.

Las dificultades de las elecciones internas

Debido a que cada alianza tiene un partido central que la soporta, y que entre el PLI y el PLC no solo existen odios personales, sino intereses económicos y sociales diferentes, es muy poco probable que se produzca una alianza voluntaria entre estas agrupaciones de origen liberal.

La UD se perfila como una organización centrista, que se coloca por encima del tradicional pleito entre liberales, con la desventaja de estar conformada por partidos sin estructuras ni arraigo electoral.

Desde hace muchos años, el argumento de las elecciones internas ha sido utilizado para criticar el dedazo de los caudillos, promover candidaturas únicas, pero ha sido poco efectivo al momento de su implementación, al grado que nunca se han producido las elecciones internas.

Recientemente, la organización “Hagamos Democracia” desenterró la propuesta de realización de elecciones internas para escoger un candidato único de la oposición. Todos dicen que se someterán a elecciones internas, pero el gran problema es quién organiza ese proceso electoral. Todos desconfían del Consejo Supremo Electoral (CSE), acusado de organizar fraudes electorales.

Mientras no exista una ley que obligue a elecciones internas de manera simultánea, dada la fortaleza electoral del FSLN, éste puede intervenir con su voto cautivo para escoger a tal o cual candidato de la oposición, debilitando a las opciones más duras y favoreciendo a las más conciliadoras.

El problema de fondo

La debacle de los partidos de oposición burguesa no solo se debe al caudillismo de sus dirigentes, sino al hecho irrebatible de que los partidos o alianzas de la oposición se representan a sí mismos, no tienen un sector burgués a quien representar, no tienen clientela electoral. Los empresarios del COSEP están encantados con las políticas del gobierno sandinista, no les interesa promover mecanismos de elección de candidatos únicos, no necesitan otro candidato que no sea el propio Daniel Ortega, con sus política de “negociación y consenso” con los empresarios. La oposición burguesa sigue en la orfandad.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

El segundo gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) presume de encabezar –al fin-- el despegue económico de Nicaragua. Las cifras macroeconómicas de Nicaragua han mejorado, pero el nivel de vida de las masas populares no lleva el mismo ritmo, sino que se encuentra rezagado ante la dolarización de la economía y el inmovilismo de los salarios.

Crecimiento económico… ¿A costa de quién?

Según el último informe de la CEPAL, Nicaragua ocupará, en el año 2015, el segundo lugar en crecimiento en Centroamérica. Panamá ocupará el primero lugar y crecerá un 6%, le sigue Nicaragua con un 4,8%, Guatemala con 4%, Honduras con 3,5%, Costa Rica decae hasta 3,4% y el Salvador cae al último lugar con 2,4% (la tendencia estática de la última década).

Las cifras son las cifras. A pesar del estallido de la burbuja financiera en 2008, el gobierno sandinista logró, con la ayuda petrolera venezolana y con la implementación de la misma política del llamado periodo neoliberal (1990-2006), mantener los ritmos de crecimiento económico, superando el mito del desastre económico asociado al primer gobierno sandinista (1979-1990)

En cierta medida, la famosa política de “diálogos y consensos” con los empresarios, que incluso fue elevada a rango constitucional en la reforma del año 2014, ha dado sus agridulces frutos. Son lugar a dudas, el crecimiento económico de los últimos años ha sido a costa de exprimir a las masas populares, situación que se mitiga con los programas sociales asistencialistas

La luna de mil entre la burguesía sandinista y los empresarios agrupados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) se mantiene. Los banqueros nicaragüenses, que son fundadores de grupos financieros regionales como BAC y LAFISE (ahora se ha sumado BANPRO) cobran las tasas de intereses más altas de la región centroamericana, obteniendo fabulosos márgenes de ganancia.

El crecimiento económico de Nicaragua se debe al auge de las exportaciones de productos agropecuarios, la instalación de zonas francas, al desarrollo del turismo, pero Nicaragua carece de un claro eje de acumulación y desarrollo capitalista, como en su momento fue la exportación de café o algodón.

Parte de este crecimiento económico se debe a la expoliación de la clase media tradicional. Las exoneraciones o incentivos fiscales a los grandes grupos económicos exportadores (ingenios azucareros, ganaderos, exportadores de café, etc.) trasladan el peso de la tributación a los hombros de la clase media, que es sector social que paga un alto precio por los combustibles, energía eléctrica y los servicios públicos.

El gobierno sandinista anda en una incesante búsqueda para encontrar un modelo de crecimiento capitalista, basado en la apertura total a las transnacionales, pero todavía no logra su objetivo. El crecimiento económico de los últimos años es tan pequeño que no puede borrar los todavía altos índices de pobreza y extrema pobreza.

Consolidación relativa del régimen bonapartista

Bajo estas condiciones generales de mejoría económica, el gobierno sandinista ha recompuesto su antigua base social, ampliándola a sumado nuevos sectores. La tradicional polarización política (sandinismo versus anti sandinismo), que permitió al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) ascender al gobierno en el año 1997, se ha debilitado.

A esta situación de mejoría económica a lo interno, debemos sumar la situación internacional caracterizada por la crisis capitalista y el declive de los Estados Unidos como principal potencia imperialista. La existencia de la Venezuela chavista ha jugado un rol clave en la hegemonía política del gobierno sandinista. Los factores internos y externos se combinan favorablemente para el gobierno sandinista, creando las condiciones para el surgimiento de un régimen bonapartista, encabezado por Daniel Ortega, líder la nueva burguesía sandinista. El hegemonismo de la burguesía sandinista es el poder de Daniel Ortega.

Debilitamiento y división de la oposición burguesa

La oposición burguesa continúa debilitándose y dividiéndose. El PLC es un partido colaboracionista, que se desintegra por la base: Ha sufrido dos escisiones: el Movimiento Constitucionalista Ramiro Sacasa y la Cruzada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC). Estas rupturas dentro del PLC tienen su origen en una rebelión contra el colaboracionismo del expresidente Arnoldo Alemán con el sandinismo.

Pero también el Partido Liberal Independiente (PLI) sufrió una escisión llamada Movimiento Unidad con Dignidad (MUD), dirigida por el diputado disidente Santiago Aburto, quienes se preparan para constituirse en partido independiente. Esta ruptura tiene un discurso de ultra derecha y critica al PLI por falta de decisión para enfrentar al sandinismo, tiene base social en el campesinado antisandinista.

Hasta el momento se han conformado dos grandes coaliciones contra el FSLN, de cara a las próximas elecciones del 2016.

1.- La Coalición Nacional por la Democracia (CND) encabezada por el Partido Liberal Independiente (PLI), de Eduardo Montealegre, con las dos corrientes escindidas del PLC, más una alianza con el Partido Nueva Alianza Cristiana (PANAC) que agrupa a las poderosas Asambleas de Dios, y otra alianza de grupos de ex contras. El Movimiento Renovador Sandinista (MRS) se mantiene a la expectativa, y ha resultado crítico ante las vacilaciones del PLI, pero es bastante probable que forme parte de esta alianza.

2.- La Unidad Democrática (UD) aglutina al Partido Acción Ciudadana (PAC), Partido Conservador (PC), Movimiento 3 Revoluciones (M-3R), Partido Liberal Independiente Histórico (PLI Histórico) y el Partido Social Cristiano (PSC), todas estas son organizaciones minoritarias, no tienen personalidad jurídica salvo los casos del PC y PAC.

Amenazando con el boicot electoral

El anuncio de Eduardo Montealegre que no correrá como candidato presidencial en 2016, es un claro reconocimiento de la imposibilidad de ganar las próximas elecciones, aunque mantiene la táctica de agrupar fuerzas para atrincherarse dentro de la Asamblea Nacional. Montealegre ha dado fuertes declaraciones amenazando no participar en las elecciones, si no hay cambios en el sistema electoral.

En Mayo, la CND presentó un documento titulado “Propuesta urgente para devolverle a los nicaragüenses el derecho a elegir”, con el objetivo de obligar al régimen de Daniel Ortega a negociar una reforma al antidemocrático sistema electoral. Montealegre sentencio que esas propuestas contienen “las condiciones mínimas para poder participar en el proceso electoral del 2016. De no ser implementadas, en su momento yo mismo propondré a los miembros de la Coalición Nacional por la Democracia que, por la dignidad, rectitud y por la firmeza que siempre ha caracterizado al Partido Liberal Independiente desde su fundación, no debemos participar en el proceso electoral del 2016”. (La Prensa 31/05/2015)

Los liberales del PLI actualmente son víctimas del sistema electoral antidemocrático, que fue cocinado entre Arnoldo Alemán y Daniel Ortega en el año 2000. Amanera de autocrítica, el diputados Eliseo Núñez, diputado suplente de Eduardo Montealegre, reconoció que “(…) este sistema se diseñó no solo por Ortega, incluso, los liberales todos (y) debemos hacer un mea culpa por eso. Hicimos un sistema que es válido para dos partidos fuertes y cuando uno de esos partidos fuertes sucumbió, el otro obtuvo todas las llaves y los candados del otro (…) entonces lo que sucedió es que ahora el Frente tiene todas las llaves y todos los candados y eso no es solo culpa del Frente sino del diseño que se hizo y es un diseño en que los liberales tenemos que librar nuestra culpa en general”. (La Prensa, 24/06/2015)

Golpeando la mesa … para negociar

Ahora, luchando contra el tiempo, contra el mismo Frankenstein que creo el liberalismo, la dirigencia del PLI está impulsando acciones de protesta, los días miércoles, frente a las oficinas del Consejo Supremo Electoral (CSE) en todos los departamentos del país, en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, para forzar cambios en el sistema electoral. Estos mítines han sido reprimidos por la Policía Nacional, teniendo repercusiones en la prensa internacional.

El objetivo del PLI es lograr cambios en la ley electoral, tener injerencia en las estructuras del CSE, llamar la atención a nivel internacional y crear condiciones para imponer la supervisión internacional. Pero esta no es tarea fácil.

Democratizar el sistema electoral

Los partidos de derecha presionan por lograr mayores espacios. Han bebido el veneno amargo de su propia medicina. Pero el problema de obtener mayores espacios democráticos dentro del sistema electoral no puede ser una consigna que manipulen los partidos de derecha.

En realidad, los trabajadores y el pueblo de Nicaragua necesitan condiciones democráticas para ejercer su derecho al voto, y estos cambios pasan obligatoriamente por derogar la actual Ley Electoral, que fue producto del pacto Ortega-Alemán del año 1999.

Se requiere aprobar una nueva Ley Electoral que permita la libre organización de partidos políticos, que garantice la igual de condiciones para el uso de los medios de comunicación, que el conteo de los votos se haga de manera pública y transparente, que los ciudadanos puedan presentar candidaturas independientes para terminar con el monopolio de los partidos políticos tradicionales.

En fin, se requiere democratizar el sistema electoral para que los partidos de izquierda puedan presentarse en las elecciones y construir así una alternativa política de los trabajadores.