Por Diego Lynch

Durante los dieciséis años de gobiernos Liberales (1990-2006), el movimiento estudiantil universitario representado por la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios (UNEN) fue la vanguardia de las luchas estudiantiles, por la defensa de la autonomía universitaria y por la defensa del 6% del presupuesto para la educación superior.

La evolución de la UNEN

En cierta medida, la UNEN fue el brazo armado (de morteros) del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes prometieron gobernar desde abajo, desde su rol de oposición. En esa época, el FSLN utilizó las luchas sociales, especialmente la lucha de los estudiantes universitarios, para presionar a la derecha y obligarlos a negociar.

Durante todos estos años, las diferentes corrientes del FSLN trataban de captar a la masa estudiantil y ganar las elecciones, sabiendo que quien controlara a esta vanguardia tendría el control de las influyentes universidades. Sin embargo, a partir del 2006 cuando el FSLN retomó el gobierno (nunca dejó de tener una parte del poder), contradictoriamente el movimiento estudiantil no volvió a salir a las calles, y no se supo más de las luchas internas al interior de la UNEN. Mientras el FSLN sufría un reacomodo interno con el surgimiento de una nueva corriente dirigida por Rosario Murillo, al interior de la UNEN también hubo otro reacomodo. La corriente de Murillo copaba no solo el aparato del FSLN sino también una parte de las estructuras de la UNEN. La centralización del nuevo grupo que controlaba el gobierno se hizo sentir dentro del movimiento estudiantil.

Contradicciones dentro del FSLN

Durante este año, y a sabiendas de que es un año pre-electoral, las contradicciones al interior del FSLN han sido más fuertes: la vieja vanguardia sandinista no está conforme con el control de Rosario Murillo sobre el gobierno, y pugnan en silencio para retomar el control del aparato partidario, y recuperar las cuotas de poder que habían venido cediendo. La vieja guardia jura fidelidad eterna hacia Daniel Ortega, pero critica la corrupción de la nueva corriente que se enriquece saqueando al Estado para beneficios personales, mientras el conjunto de viejos militantes viven en situación de pobreza, a pesar de que entregaron su juventud a la causa sandinista

El movimiento estudiantil no podía estar ajeno a estas contradicciones, debido al férreo control que por décadas ha mantenido el FSLN sobre la UNEN, lo que afecta directamente a los estudiantes.

La Juventud Sandinista controla las Universidades

La Juventud Sandinista (JS) es la rama juvenil del FSLN, mientras la UNEN es el organismo gremial pero controlado por la JS y el FSLN. Al no poder controlar la totalidad del estudiantado, el FSLN ha intentado restar votos a las planchas que no le son fieles, a través de la JS y utilizando métodos violentos cuando hay denuncias de fraude electoral. Pero esta situación genera mayores contradicciones entre las distintas corrientes del FSLN, a las cuales están vinculadas las planchas.

En muchos casos, la violencia se debe al rechazo de otras corrientes del FSLN, o al rechazo de los estudiantes que están cansados de que los supuestos dirigentes continúen robándose el presupuesto y mal gastándolo en fiestas, guaro y lujos personales, dejando sin fondos a los estudiantes de escasos recursos, quienes no tienen dinero para fotocopias u otras necesidades.

Elecciones del 2010

En las elecciones del año 2010, en el recinto universitario Rubén Darío de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), se inscribieron tres planchas integradas por jóvenes afines al FSLN, pero con distintos intereses. Muchos de esos candidatos fueron participes de enfrentamientos armados entre grupos rivales, todos del FSLN, que peleaban por el control de la parte del presupuesto universitario asignado a la UNEN

En estos enfrentamientos armados se han utilizado métodos de pandillas, que alejan a las bases estudiantiles de las discusiones y que promueven la apatía y el alejamiento de estas de la lucha política. Y este tipo de enfrentamientos violentos ha sido la constante en los últimos procesos electorales para elegir autoridades de la UNEN

Elecciones del 2015: enfrentamientos entre sandinistas

El día martes 26 de Mayo del 2015, mientras se realizaban las elecciones estudiantiles dentro de la Universidad Nacional Agraria (UNA) se vivieron enfrentamientos violentos entre dos alas opuestas de UNEN, ambas ligadas al FSLN.

El pretexto que desencadenó la violencia fue el arribo de una veintena de supuestos estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en microbús – donde supuestamente trasladaban morteros –. Más de doscientos universitarios de la UNA decidieron bajarlos del vehículo, que posteriormente fue quemado sobre la Carretera Norte. Según Gabriela Zelaya, estudiante de la UNA, los supuestos estudiantes de la UNI llegaron a solicitud de los representantes del Movimiento Estudiantil de la UNA (MEUNA) para aparentemente “multiplicar” los votos y seguir al frente de la dirigencia estudiantil (La Prensa; 27 de Mayo del 2015).

El afán de la JS por controlar los movimientos estudiantiles en las universidades públicas, quedó en evidencia durante el segundo día de protesta estudiantil en la UNA. Los estudiantes declararon al derechista diario La Prensa, lo siguiente: “El Comité Electoral Nacional (CEN) de la UNEN, liderada por el presidente del gremio, Isaac Bravo, miembro de la JS, intento “controlar la universidad” durante el proceso electoral estudiantil… Nosotros somos una universidad autónoma y no tenemos por qué (aceptar que) se nos venga a integrar ninguna otra universidad. Este es un proceso (electoral estudiantil en el) que no se tiene que meter ninguna otra universidad, lo queremos lo más transparente que se pueda, afirmo José Andrés Reyes, estudiante de Ingeniería en Recursos Naturales de la UNA. ..Según una fuente del gremio estudiantil que pidió el anonimato, la JS dirigida por Bosco Castillo, ministro de la juventud, quiere tener el control estudiantil en la Agraria colocando a candidatos de confianza para representar a la UNEN. Según los estudiantes que protestan, la plancha del Movimiento Estudiantil de la UNA (MEUNA) es afín a la JS (La Prensa; 28 de Mayo del 2015).

Refracción de la lucha entre corrientes

Estos enfrentamientos son un reflejo del descontento a lo interno del FSLN. Antes las corrientes en disputa eran las de Daniel Ortega, Bayardo Arce, Lenin Cerna y Tomas Borge. Sin embargo, hoy las corrientes que se enfrentan en silencio son la de Ortega (quien es apoyado por Arce y Cerna) y la corriente emergente de Rosario Murillo, quien ha logrado imponerse controlando el aparato del partido FSLN. Debido a la pretensión de Rosario Murillo de postularse como parte de la fórmula presidencial para las elecciones del 2016, la vieja guardia del FSLN ha cerrado filas en su contra.

Los reportajes del diario La Prensa, reflejan estas contradicciones: “La semana pasada, grupos de estudiantes de la Universidad Politécnica y la Universidad Agraria protagonizaron violentos disturbios en Managua… Pero estos disturbios no son motivados por demandas de interés nacional, político y social. Su motivación es la disputa de dos facciones del sandinismo orteguista por el control del poder estudiantil en las universidades, incluyendo, por supuesto, el manejo de la cuota económica que le dan a las organizaciones de los estudiantes universitarios del seis por ciento del presupuesto general de la nación…. La Prensa informó sobre las dos corrientes políticas del sandinismo orteguista que se disputan el poder en esas universidades. Una es “la que responde a los intereses del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a través de Cesar Perez, expresidente de UNEN (Unión Nacional de Estudiantes) y (la otra es) la que obedece ordenes de la vocera del Gobierno, Rosario Murillo, a través de la Juventud Sandinista 19 de Julio por Bosco Castillo, ministro de la Juventud” (La Prensa; 1/06/2015).

Urge democratizar y transformar la UNEN

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) nos solidarizamos con la gran masa estudiantil que lucha por tener elecciones estudiantiles libres y democráticas. Apoyamos a todos los estudiantes que ya no quieren más de lo mismo dentro de UNEN y que quieren dirigentes honestos y transparentes que velen por sus derechos e intereses y no por aquellos que obedecen instrucciones del partido gobernante por encima de los intereses particulares de los estudiantes universitarios.

Los conflictos que se viven a lo interno de la UNEN son pleitos entre dos alas de la burocracia estudiantil. Es hora de apelar a las bases y que sean éstas, mediantes asambleas democráticas y votando a mano alzada, quienes elijan a sus representantes. Obviemos los morteros y la violencia. Hay que democratizar UNEN a través de las Asambleas de Bases.

Exigimos al gobierno sandinista que deje de intervenir en los conflictos estudiantiles y que sus divisiones y fisuras como partido no las reflejen dentro de las universidades, las cuales son autónomas y tienen derecho a elegir libre y democráticamente a sus representantes.

Es necesario reformar los estatutos de UNEN y permitir la participación masiva de los estudiantes tanto a la hora de elegir como de ser elegidos. Hay que exigir la renuncia de esos dirigentes que llevan diez años o más al frente de UNEN, es hora de que busquen trabajo y dejen de vivir del presupuesto de los Universitarios.

Luchemos por la democracia estudiantil y la democratización de la UNEN.

Por Diego Lynch

En el año 2013, tras varios años de lucha por parte de la Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM), quienes exigían al gobierno del Frente Sandinista y al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se les reconocieran un sinnúmero de beneficios y las semanas cotizadas a todos aquellos que no cumplían con las 750 que establece nuestra legislación, Daniel Ortega decidió emitir un decreto mediante el cual se establecía que se les pagaría una pensión reducida y proporcional a todos aquellos que no cumplieron con las semanas que establece la Ley, pero que al menos cumplieron con un mínimo de 250 semanas cotizadas.

Aun con la emisión de dicho Decreto Presidencial los problemas continuaron, ya que no siempre se lograba cumplir con dichos pagos, y la realidad de la UNAM va más allá de una pensión reducida y exigir el pago de la misma, por lo que ésta decidió continuar su lucha y exigir que dichos pagos fuesen regulados por Ley y no solo por un decreto.

La ley es aprobada

Tras la constante presión por parte de la UNAM, el gobierno del Frente Sandinista se vio obligado a dar paso a la iniciativa de Ley de Pensión Reducida y aprobarla en el plenario de la Asamblea Nacional, tratando de quedar como los abanderados y defensores de estos señores.

La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Pensión Reducida, que viene a dar carácter de ley al Decreto emitido por el presidente Daniel Ortega en el 2013, para restituir derechos a los adultos mayores que no lograron cumplir las 750 semanas cotizadas en el Sistema de Seguridad Social. El señor Porfirio García, presidente de la UNAM, junto a otros agremiados, fue testigo de la aprobación de la ley, señalando que están sumamente satisfechos con el respaldo dado por el gobierno y la bancada sandinista (El 19 Digital; martes 12 de mayo del 2015).

No obstante estas declaraciones, la realidad es otra; el gobierno de Ortega le ha dado largas a esta lucha con el fin de desgastar en las calles a los adultos mayores, sin embargo ante la presión de éstos y de la población, y tomando en cuenta que este año es pre-electoral, se vieron obligados a dar paso a dicha solicitud.

Olvidando las protestas de junio 2013, cuando los adultos mayores se tomaron las instalaciones del Instituto Nicaragüenses de Seguridad Social (INSS) en demanda de la pensión reducida de vejez, lo que les valió una golpiza de la Policía Nacional, el coordinador de la bancada del partido gobernante, Edwin Castro, le atribuye el crédito de lograr la aprobación de una Ley de Pensión Reducida de Vejez al Gobierno de Daniel Ortega. El diputado sandinista también quiso aclarar que su bancada no fue la que realizó la iniciativa de Ley de Pensión Reducida, sino los adultos mayores, sin embargo, no explicó por qué no permitió que fueran los propios adultos mayores quienes introdujeran su iniciativa ante la Primer Secretaría de la Asamblea Nacional, el pasado 15 de abril. En cambio, la delegación de la Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM), encabezada por su presidente Porfirio García, fue llevada a la oficina de Castro, ubicada en el quinto piso del edificio parlamentario, de donde la iniciativa salió cambiada, porque eliminaron de la propuesta los montos de las pensiones y solo quedó establecido que se aprobará por ley la pensión, la cual se asignaba por decreto (La Prensa; martes 12 de mayo del 2015).

Otro engaño más

Dicha Ley es una mentira y una manipulación más del Gobierno; lejos de ser una gran victoria para la UNAM se corre el riesgo de que muchos de los beneficiados salgan perjudicados con el monto a recibir en el pago de sus pensiones, ya que el Decreto emitido en el año 2013 establecía los montos a recibir, sin embargo ahora estos serían discrecionales a como le convenga más al INSS.

La Ley de Pensión Reducida fue aprobada por unanimidad en lo general, con 90 votos de los diputados presentes, sin embargo, en la aprobación de los cuatro artículos de esta ley, los diputados de la Alianza del Partido Liberal Independiente (Bapli) propusieron dos mociones (modificación a un artículo de la ley) que fueron rechazadas por los sandinistas. Una de las mociones solicitaba que se establecieran los montos de las pensiones reducidas de acuerdo al número de cotizaciones que lograron los ancianos, en correspondencia a cuatro escalas de porcentajes con base en el salario mínimo vigente de la industria manufacturera, establecido actualmente en 4,062.79 córdobas. La moción detallaba los siguiente: 50 por ciento del salario mínimo para los que alcanzaron de 250 a 299 cotizaciones; 60 por ciento para los que alcanzaron de 300 a 499 cotizaciones; 70 por ciento para los que alcanzaron de 500 a 649 y 80 por ciento para los que alcanzaron de 650 a 749… Sin embargo, esto fue rechazado por los diputados del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), quienes son mayoría en el plenario y los diputados de la Alianza PLI votaron en contra en lo particular (La Prensa; martes 12 de mayo del 2015).

Esto viene a dejar sin efecto los montos ya establecidos en el Decreto No. 28-2013 publicado en La Gaceta Diario Oficial número 135 del 22 de Julio del año 2013, el cual establecía: “Artículo 56. En los casos en que el asegurado que ha cumplido 60 años de edad no acredite el período de calificación prescrito, pero ha cotizado al menos 250 semanas, tendrá derecho a una pensión de vejez reducida proporcional, de acuerdo a los siguientes parámetros: a) Desde 250 hasta 450 semanas cotizadas: C$ 1,200.00 (Un mil doscientos córdobas); b) Desde 451 hasta 600 semanas cotizadas: C$ 2,000.00 (Dos mil córdobas); c) Desde 601 hasta 749 semanas cotizadas: C$ 2,800.00 (Dos mil Ochocientos córdobas)”.

Pensión Justa y Digna

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se solidariza con la justa lucha de los adultos mayores en Nicaragua y llama a toda la población a acompañarles en las negociaciones que se harán de los montos a recibir en concepto de pensión reducida; de igual forma exigimos a Daniel Ortega y el Gobierno del Frente que no jueguen ni con el dinero ni el hambre de estas personas, que ordenen al INSS que acuerde una pensión reducida justa y digna para vivir, así como atención medica de calidad, entre otros beneficios que deben de ser reconocidos para todos y cada uno de los pensionados.

Por Victoriano Sanchez

El boom de la explotación de oro en Nicaragua ha creado grandes contradicciones en las minas, especialmente con los trabajadores mineros y con los llamados “güiriseros”.

Una larga historia de explotación

Con la revolución de 1979 se produjo la nacionalización del sector minero, pero después de 1990 se produjo una privatización de toda la industria, y las transnacionales han vuelto a controlar la producción minera, aprovechando el alza de los precios del oro a nivel internacional. Empresas norteamericanas, canadienses, peruanas y chilenas, controlan la producción de oro. Entre ellas, las más importantes son HEMCO y B2Gold

Entre los trabajadores mineros, apreciamos dos sectores: uno, minoritario, son empleados directos de las transnacionales, y el otro, mayoritario, son los “güiriseros”, una especie de sector “tercerizado” que aparentemente trabaja por su cuenta, pero que en realidad son explotados por las transnacionales, que son quienes compran el oro o el material conocido como “broza” de donde extraen el oro. De esta manera las transnacionales obtienen el oro, sin necesidad de pagar prestaciones laborales a los “güiriseros”

En septiembre del 2012, alrededor de unos mil “güiriseros” o mineros artesanales, protestaron porque el Ministerio de Energía y Minas (MEM) otorgó una nueva concesión a la transnacional B2Gold, en la zona de Santo Domingo, departamento de Chontales, en las áreas donde ellos extraían el oro. Hubo enfrentamientos, detenidos, golpeados. El gobierno sandinista procesó penalmente a los dirigentes que fomentaron la rebelión, aunque después, por la presión social tuvo que liberarlos.

A mediados del 2014, cuatro “güiriseros” murieron en la mina de Bonanza, Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), y otros 26 fueron rescatados después del derrumbe de una las minas. Las condiciones de trabajo son muy duras.

Paro y marchas en Bonanza

Los “güiriseros”, el sector más explotado de los mineros, están organizado en cooperativas, porque se consideran mineros individuales y no parte de la clase trabajadora minera. Los “güiriseros” de la mina Bonanza se rebelaron porque la transnacional HEMCO está pagando menos por el precio de cada tonelada de broza, al reportar menos cantidad de oro presente en cada entrega.

La protesta primero se organizó en torno a un paro de labores, deteniendo la entrega de broza a HEMCO; posteriormente hicieron tranques en los principales caminos y después marcharon hacia las instalaciones de la transnacional procurando que el paro fuese general, pero no lograron obtener el apoyo de los trabajadores mineros.

La fuerza de los “güiriseros” es tal que la municipalidad suspendió labores para evitar una posible toma de edificios. Después de varios días de lucha, al no obtener repuesta de HEMCO, se desató la furia, se tomaron algunas oficinas y las destruyeron. La policía Nacional envió la Brigada Antimotines a disolver la protesta, hubo un muerto, 10 heridos y 33 detenidos.

La Cámara Minera de Nicaragua (CAMINIC) y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), expresaron su preocupación y llamaron al diálogo. Las negociaciones se produjeron pero los “güiriseros” se dividieron: un sector firmó acuerdos pero otro mayoritario se mantuvo rebelde.

Lo más grave fue que no se logró la unión entre los trabajadores de HEMCO y los “güiriseros”. Unos 400 trabajadores organizados en el sindicato Juan Lagos se tomaron las instalaciones para proteger sus puestos de trabajo, ante las amenazas de los “güiriseros” de quemar las instalaciones.

Enfrentamientos en la mina El Limón

La lucha en Bonanza coincidió con otra lucha de los trabajadores mineros, esta vez en la mina El Limón, en el departamento de León, en la costa del Pacífico. Los pobladores de esta mina, cuyos familiares son trabajadores de la transnacional B2Gold, protestaron porque esta empresa ya no seguiría subsidiando la energía eléctrica.

A diferencia de la lucha en Bonanza, los enfrentamientos con la Policía obligaron a la transnacional B2Gold a retroceder, comprometiéndose a mantener el abastecimiento de energía eléctrica para toda la comunidad de El Limón, suspendiendo los cortes de energía, y sobre todo comprometiéndose a mantener vigente las conquistas del convenio colectivo.

Por la nacionalización de la minería

Las luchas en Bonanza y la mina El Limón ponen a la orden del día la necesidad de nacionalizar nuevamente la industria minera (metálica y no metálica), para que ésta sea explotada por el Estado y se ponga a funcionar bajo control de los trabajadores. Esta es la única manera de garantizar dinero para los programas sociales del Estado, garantizar condiciones de trabajo dignas para los trabajadores y convertir a los “güiriseros” en trabajadores formales, así como proteger el medio ambiente.

Por Diego Lynch

La lucha de la Unión Nacional del Adulto Mayor (UNAM) ha venido dando frutos a pasos de hormiga. En el año 2013 el Presidente Daniel Ortega emitió un Decreto por medio del cual se estableció que se les pagara una pensión reducida proporcional a todos los adultos mayores que no habían logrado cotizar las 750 semanas que establece la Ley.

No obstante el decreto emitido, los pagos de las pensiones reducidas han sido un fracaso. Hay meses en los que no salen y existen pagos retrasados, sin contar algunos que jamás salieron. El decreto ha sido una salida de baño para aplacar las constantes luchas de los adultos mayores, quienes siempre son engañados con promesas que no se cumplen o con migajas.

Iniciativa de Ley

Ante las constantes mentiras y manipulaciones del Gobierno de Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), la UNAM ha promovido una iniciativa de ley para exigir el pago de estas pensiones, y de no ser así que existan mecanismos para hacerlos cumplir.

La Unidad Nacional del Adulto Mayor (UNAM) presentará ante la Asamblea Nacional una iniciativa de Ley para establecer que sus casi 30 mil afiliados a nivel nacional puedan recibir una mejor pensión reducida…“Con esta iniciativa de Ley el objetivo es lograr que el decreto emitido por el presidente en 2013 en el que se establecen los montos para pensiones reducidas adquiera rango de Ley de la República”, expresó Alma Mendoza, vicepresidenta de la organización…La directiva precisó que a través de esta norma jurídica todos los adultos mayores que no lograron completar las 750 semanas de cotizaciones establecidas por la Ley General de Seguridad Social podrían tener la certeza de que recibirán el beneficio de una pensión reducida sin importar qué gobierno esté en el poder (El Nuevo Diario; 15 de Abril del 2015).

Lo que se busca

Con esta iniciativa de ley se pretende hacer cumplir el Decreto Presidencial número 28-2013, y que se hagan efectivos los pagos a todos los jubilados, dinero que durante muchos años cotizaron al Instituto de Seguridad Social (INSS) y que jamás se les regresó.

La propuesta contempla agregar dos escalas más de pensiones reducidas tomando como referencia el salario mínimo vigente para la industria manufacturera, fijado por el Ministerio del Trabajo en C$ 4,062.79, para este primer semestre. El decreto presidencial número 28-2013 publicado en julio del año 2013 estableció que aquellos asegurados que alcanzaron la edad de retiro (60 años), y que cotizaron al menos 250 semanas al seguro social tienen derecho a una pensión reducida proporcional a la cantidad de semanas cotizadas. Así, por ejemplo, quienes cotizaron entre 250 y 400 semanas reciben C$1,200 mensuales; aquellos que tienen entre 451 y 600 semanas tienen derecho a C$2,000 y finalmente quienes cotizaron entre 601 hasta 749 semanas les pagan C$2,800. Las dos nuevas escalas propuestas por la UNAM contemplan que aquellos adultos mayores que cotizaron entre 550 y 640 semanas reciban C$3,290 y quienes aportaron al seguro social entre 650 y 749 semanas puedan percibir C$3,656 mensuales. (El Nuevo Diario; 15 de Abril del 2015).

Los empresarios se oponen

Los Empresarios no ven con buenos ojos el pago de la pensión reducida y mucho menos que se regule mediante una ley; para ellos este pago implica un deterioro en la economía y una posible quiebra del INSS.

José Adán Aguerrí, presidente del Cosep, estima que al término de este año el Seguro Social estará pagando más de 35 mil pensiones reducidas. El representante empresarial insistió en que el Cosep no aceptará negociar con el Gobierno una nueva reforma paramétrica porque ya recae sobre el empresariado el incremento de tres puntos porcentuales de la cuota patronal acordada en la reforma pactada en 2013. “Ya el sector privado dio lo que tenía que dar (…) No hay ningún otro ajuste de parte de la patronal ni lo habrá en el corto ni mediano plazo”, aseguró. (La Prensa; 29 de Abril del 2015).

Apoyamos una pensión justa

Desde el Partido Socialista Centroamericano nos solidarizamos con esta lucha justa y digna de los adultos mayores; no es posible que después de tantos años cotizando al INSS estos no vean ni un solo centavo de ese dinero y que el gobierno se robe los mismos para beneficiarse económica y políticamente con sus allegados.

Para evitar una crisis financiera en el INSS es necesario que los gastos sean menores que los ingresos; además evitar el mal uso de estos fondos y las prebendas que los jefes y directores del INSS se recetan con el dinero de las cotizaciones.

Es hora de exigir el pago del robo millonario que hicieron los gobiernos liberales y restablecer las finanzas de la seguridad social; no podemos permitir que sean los trabajadores y jubilados quienes paguen las consecuencias de los malos manejos y robos que los gobiernos han hecho con la seguridad social.