Por Alessandro Escobar

Año con año el Gobierno Central ha venido incrementando aumentos a todos los trabajadores del Estado, Ministerios, Instituciones y Alcaldías. Sin embargo estas últimas (Alcaldías) han sido objeto de burlas y de tomas de decisiones internas que afectan directamente a los servidores públicos.

El ajuste salarial para los trabajadores del Estado, fue anunciado por el Gobierno de Nicaragua ayer jueves, entre los beneficiados están los empleados de las instituciones públicas, Policía Nacional, y los sectores de Educación y Salud…. La coordinadora de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, explicó que en el caso de los trabajadores de las instituciones públicas, recibirán un 5% de incremento en su pago. (Revista La Jornada; 29 de Enero del 2016).

Este cinco por ciento que se les ha asignado a las municipalidades no cubre las necesidades básicas de los trabajadores; los salarios de las alcaldías son los más bajos dentro del sector públicos y ese aumento solo viene a incrementar el pago de Impuesto de Renta (IR) y las cuotas al Instituto de Seguridad Social (INSS).

Alcaldías no recibían incremento

Desde el año 2006 hasta la actualidad, se han venido dando incrementos paulatinos al salario mínimo, sin embargo en las Alcaldías no se han llevado a cabo con la misma política salarial, lo que conlleva a que los salarios de los servidores municipales se mantengan estancados y desfasados.

Según estudios realizados entre el año dos mil seis hasta el año dos mil doce, el salario mínimo creció en un 109.27%, y del dos mil doce a la actualidad este ha mantenido ese nivel de crecimiento que se mantiene entre un cinco, siete o diez por ciento anual. (Información encontrada en el portal web tusalario.org/Nicaragua)

No obstante la orientación del Gobierno Central, en las Alcaldías del país solamente en el año dos mil trece se llevo a cabo el incremento del siete por ciento, esto con el discurso de que el dinero debe de ir dirigido a la población y que los trabajadores deben de ser disciplinados militantes del Frente Sandinista.

Dinero para unos cuantos

La verdad sobre la no implementación de aumentos salariales en las alcaldías es que las autoridades administrativas se han venido enriqueciendo ilícitamente y montando empresas familiares, por lo que el dinero destinado a los incrementos salariales lo desvían a los proyectos que ellos mismo realizan, enriqueciéndose ilícitamente y robándole a los servidores públicos y a la población, maximizando los proyectos y costos de los mismos.

Jenner Enrique Martínez Montoya, hermano del diputado suplente del Frente Sandinista y ex dirigente de Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (Unen), Jasser Martínez Montoya, es socio de la Empresa de Construcciones y Consultorías (Emdeco), que ha incumplido varios proyectos del Ministerio de Educación (Mined)…Emdeco opera en la misma sede de Comercializadora de Nicaragua S.A. (Comnisa), empresa vinculada a Jasser Martínez… Emdeco incumplió un contrato por la construcción de cinco escuelas en la zona norte del país, por el cual se le desembolsaría 48 millones de córdobas. Sin embargo, pese al incumplimiento, el Mined les extendió el tiempo de entrega de los proyectos y no cobró las garantías por incumplimientos. (Archivo de La Prensa; 3 de Octubre del 2014).

Dirigentes Sindicales se venden

Por otro lado, los mal llamados Dirigentes Sindicales afines al Frente Sandinista y a Gustavo Porras, quienes escudados en la Unión Nacional de Empleados (UNE), y el Frente Nacional de Trabajadores (FNT), no han dado lucha por la defensa de los trabajadores, ya que las autoridades municipales les han callado con prebendas como planes techo, combustible, cheques, entre otros, y el caso más reciente en la Alcaldía de Managua donde un grupo allegado a Fidel Moreno (Secretario General Alcaldía de Managua) y el señor Roger Cajina (Secretario General de UNE-FNT) se recetaron jugosos aumentos salariales de hasta 100% como es el caso del señor Cajina, quien paso de ganar 7 mil córdobas a ganar 26 mil de un solo, entre otros.

Salarios Justos para todos

Desde el Partido Socialista Centroamericano hacemos la denuncia pública de los robos que las administraciones sandinistas hacen en las Alcaldías y a los trabajadores; y exigimos a los dirigentes sindicales defiendan los derechos de los trabajadores. Es necesario luchar y exigir un incremento justo y que los salarios de los servidores públicos municipales sean equiparados al de las demás instituciones del Estado.

Por Alexander Espinoza.

A inicios de este mes, el gobierno ha anunciado una reducción de un 4% en el costo de la tarifa energética, esa disminución, más el 10% aprobado el año pasado, parece satisfacer al gobierno y a todo el sector energético. Sin embargo, es obvio que no es suficiente para sofocar la crisis económica que agobia a la mayoría de la población trabajadora del país, la cual paga altas tarifas energéticas con los salarios más bajos del Istmo. Pero ¿porque la reducción anunciada por el gobierno es tan baja? Sin duda, para entender el ¿por qué?, tenemos que comprender que la producción y comercialización de energía eléctrica, en su mayoría, se encuentra en manos privadas, haciendo este negocio, uno de los más “productivos” y redituables del país.

Ya más de una década, que los nicaragüenses venimos pagando un alto costo por nuestras facturas energéticas, y para hacer un balance, debemos regresar mucho tiempo atrás.

Todo inició con la destrucción del aparato productivo ocasionado por la guerra civil que vivimos los nicaragüenses en la década de los ochentas. En esta, época los vaivenes de la guerra hicieron imposible vivir sin constantes apagones y escases energética. Sin duda, el triunfo electoral de doña Violeta Barrios significó un cambio gigantesco en el tema energético. En ese entonces, se abrieron casi todas las empresas del Estado al capital privado, desde entonces se privatizó todo el sector, a excepción de la empresa de trasmisión energética. A los nicaragüenses se nos vendió la privatización como la máxima panacea que iba a solucionar todos los problemas del sector.

Esta visión se desplomó en el periodo que va desde el 2003 al 2006, cuando las guerras imperialistas en el medio oriente, y la especulación apuntalaron los precios del petróleo. De la noche a la mañana, los costos del combustible se volvieron monstruosos. Este factor coincide con que los gobiernos neoliberales no vieron la necesidad de cambiar la matriz energética del país, es decir, que en esa época el 80% de la producción energética el país era a base de combustibles y no de energía renovable. A este error garrafal de los gobiernos neoliberales se le sumó que nunca previeron que el crecimiento económico implicaría un aumento en la demanda energética, por ende, el sistema no estaba preparado para hacerle frente a la problemática energética. Nuevamente, esta vez con casi todo el sistema privatizado, los apagones fueron pan de casi todos los días.

En el 2006, con el nuevo gobierno sandinista, la solución a los apagones implicó, llevar a cabo un convenio con el ahora difunto Hugo Chávez Frías, en este, se vendería petróleo a Nicaragua con financiamiento. El conocido Alba significó, un nuevo negocio manejado por manos privadas. Hay que tomar en cuenta, que si bien es cierto, desde esa época el gobierno trajo plantas generadoras térmicas para acabar con los constantes apagones eléctricos, se ha fomentado la inversión en energía renovable en el país. Según el INE, hasta el 2014 mas del 60% de la matriz energética era ahora producida con energía renovable. Pero este cambio nunca se tradujo en la disminución de la tarifa energética, y que el gobierno no está interesado en estatizar el sector, sino que la solución es aplicar subsidios a los que consumen menos de 150 KVS al mes. Que dicho sea de paso, con el constante aumento en los precios de la canasta básica y los paupérrimos aumentos en el salario mínimo los costos de la energía se vuelven una carga demasiado pesada, aún con subsidios, para los bolsillos de un trabajador.

Así como el cambio en los precios internacionales fueron los factores que provocaron los altos costos en las facturas energéticas, el 2015 parece haber comenzado una nueva tendencia hacia la disminución de los altos costos de la producción energética. En costos, el gobierno estima que el ahorro del año pasado fue: “En el 2015, de acuerdo con datos del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), el ahorro en la facturación por generación energética significó un ahorro US$140 millones debido a la caída del precio del crudo y sus subproductos.” (El Nuevo Diario 19-01-2016) Según otra fuente, el ahorro fue de 130 millones de dólares y sería destinado: “Por Ley, el 47% de los US$130.2 millones ahorrados en 2015, debe usarse para bajar la tarifa, (…) el 53% restante debe usarse para abonar a la deuda con Caruna, que era de US$198.6 millones al cierre del 2013, y que en dos años podría haberse reducido en US$38.8 millones, luego que se le abonaran US$7.1 millones en el 2014, y unos US$31.7 millones en el 2015, según datos oficiales del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).” (El Confidencial 13-01-2016)

La nacionalización.

Como vemos, el problema de los altos costos de la energía no solo depende de los costos de producción, sino de una cadena que ha hecho que todos ganen de la venta de este servicio. La solución no es el subsidio que el gobierno mantiene, sino que las empresas vinculadas al sistema energético sean propiedad del Estado y no de particulares.

Por Alejandro Escobar

El Gobierno del Frente Sandinista ha vuelto a pactar con los empresarios el incremento al salario mínimo, dando una vez más una puñalada a la clase obrera y trabajadora del país, resguardando los intereses de la burguesía y grandes empresarios.

“Hemos acordado esta mañana (ayer jueves), por sexta vez en ocho años, un acuerdo salarial tripartito, para nosotros es una situación que debemos considerar como una excelente noticia que se acompaña a los esfuerzos que se han venido haciendo en este primer mes del año”, expresó antes de la firma del acuerdo José Adán Aguerrí, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) (La Prensa; 22 de Enero del 2016).

En las mesas tripartitas de negociación participan la Empresa Privada, el Gobierno Central a través del Ministerio del Trabajo y los dirigentes sindicales como supuesta representación de los trabajadores; sin embargo estos dirigentes sindicales pactan incrementos mínimos que no benefician en nada al trabajador, cabe señalar que son diputados sandinistas y dueños de negocios, por lo tanto defienden los intereses de los patronales.

El incremento fue de un digito

Mientras la canasta básica sigue aumentando y cada vez se hace más difícil el poder alimentar a las familias nicaragüenses, el incremento al salario mínimo fue de solo un ocho y nueve por ciento.

Solo un dígito quedó de incremento porcentual al reajuste del mínimo correspondiente a 2016, acuerdo que se logró en consenso entre el gobierno, empresarios y representantes sindicales de Nicaragua después de dos años de no lograr el tripartismo. La mañana de este jueves 21 de enero el gobierno, empresarios y representantes sindicales de Nicaragua acordaron un incremento de 9 por ciento en el salario mínimo de los trabajadores de ocho sectores de la economía y 8 por ciento para las micro, pequeñas y medianas empresas. (La Prensa; 21 de Enero del 2015)

El pago será dividido

El incremento que se acordó no será dado de un solo, será dado en dos partes; cuatro por ciento en dos semestres, y 4.5 para los que recibirán el nueve por ciento. Esta decisión es ilegal, nuestra legislación laboral establece que las negociaciones deben ser cada seis meses y no una al año, mucho menos dividir el incremento ya que la economía es cambiante y las necesidades pueden variar.

El ajuste al salario mínimo se realizará en dos partes: la primera a partir del 1 de marzo y la segunda a partir del 1 de septiembre, esta última vigente hasta el 28 de febrero de 2017. (La Prensa; 22 de Enero del 2016).

Los trabajadores son los grandes perdedores

Tal como ha venido ocurriendo año con año, el único gran perdedor es el trabajador; el gobierno continúa defendiendo los intereses de los grandes empresarios, ya que ellos también poseen un sinnúmero de negocios familiares, y les interesa favorecer a la patronal para ellos también mal pagar a sus empleados.

Los representantes sindicales se mostraron conformes con los resultados en el incremento salarial para 2016, aunque en las negociaciones de los años anteriores su propuesta era un aumento de dos dígitos. El diputado sandinista Luis Barboza, de la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar (CST-JBE), dijo que su principal valoración del acuerdo de salario mínimo para este año es haber logrado el tripartismo: “Recordemos que aquí se buscaba el tripartismo, porque si dejábamos en mano de la señora ministra al no llegar a acuerdo, iban a aplicarnos crecimiento más inflación ¿cuánto nos daba eso? Nos daba 7.35 (por ciento), entonces buscamos un punto intermedio”, dijo el líder sindical (La Prensa; 22 de Enero del 2016).

Por un salario digno

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a todos los trabajadores a unir sus voces y exigir un incremento salarial justo y digno, que el salario mínimo al menos logre cubrir la canasta básica. Hay que denunciar a estos mal llamados dirigentes sindicales y destituirlos de sus cargos ya que lejos de apoyar al trabajador, lo que hacen es negociar intereses personales.

Exigimos al gobierno de Ortega y el Frente Sandinista que cumpla sus discursos y deje de engañar a la población; no existe ese gobierno socialista que pretende aparentar en sus discursos, ha utilizado el gobierno para enriquecerse y conformar empresas para él y su familia, traicionando así la Revolución y a los trabajadores.

Por Sebastián Chavarría Domínguez

El tema de la seguridad es motivo de orgullo para el gobierno sandinista. Las encuestas y los analistas internacionales afirman categóricamente que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Este solo hecho ha permitido que las maquilas y empresas transnacionales escojan a Nicaragua como un lugar donde instalarse debido a la mano de obra barata y a las condiciones de seguridad, en una región caracterizada por la inseguridad y la violencia.

Las actuales condiciones de seguridad tienen su origen en el control férreo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el Ejército Nacional y en la Policía Nacional (PN), instituciones que surgieron de la revolución de 1979.

La Ley de Seguridad Democrática

A finales del 2010, el presidente Daniel Ortega impulsó la aprobación de la Ley No. 750, Ley de Seguridad Democrática, cuyo eje central fue la designación de la Dirección de Información para la Defensa (DID), organismo adscrito al EN, como secretaría ejecutiva del sistema de defensa nacional. En pocas palabras, desde la Ley No. 750, y desde mucho tiempo atrás, el EN es el eje de la defensa nacional en la lucha contra posibles enemigos externos, incluidos el narcotráfico y el crimen organizado.

Esta Ley No. 750 estaba a tono con el lenguaje del Tratado Marco de Seguridad Democrática firmado por los Estados centroamericanos en 1995.

Los objetivos de la Seguridad Nacional, conforme la Ley No. 750, eran la preservación de la democracia, la soberanía, la independencia y la integridad territorial, el mantenimiento del orden constitucional, la defensa del Estado ante los ataques armados extranjeros, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Cuando se aprobó la Ley No. 750 no hubo tanta oposición como ocurrió con la Ley de Seguridad Democrática recientemente aprobada.

Los cambios en la Ley de Seguridad Soberana (LSS)

El artículo 4, literal b, introduce nuevos conceptos o propósitos que no estaban en la Ley No. 750. Veamos. “Garantizar la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, sustentado en el constante fortalecimiento del poder civil, el pluralismo político, la libertad económica y la superación de la pobreza y la pobreza extrema”.

Y el literal f agrega lo siguiente: “Garantizar las condiciones de seguridad, paz y estabilidad que permitan el desarrollo integral de las personas, familia, comunidad, trabajadores, productores y empresarios en estrecho vínculo con el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional”.

El articulo 7 introdujo el concepto de riesgos, aclarando cuales son: 1.Catástrofes o desastres naturales. 2. Efectos del calentamiento global y del cambio climático. 3. Cualquier otro factor que genere peligro a la seguridad de las personas, de la vida, la familia y la comunidad, así como de los intereses supremos de la nación nicaragüense.

El artículo 8 amplió las definiciones de amenazas: Cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones; las pretensiones de cualquier Estado de expansión sobre los recursos y espacios territoriales y materiales con que cuenta el país; las actividades de la narcoactividad y de la delincuencia conexos. El ingreso y expansión de criminales de pandillas o maras; el terrorismo; actos tendientes a consumar genocidio, espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria, en contra del Estado y la nación nicaragüense, de conformidad a lo establecido en la legislación penal de la República de Nicaragua; actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan violentar los principios fundamentales establecidos en la Constitución; actos ilícitos en contra de la seguridad de la aviación y de la navegación marítima; ataques externos a la seguridad cibernética que alteren o afecten los sistemas de comunicación nacional; actos contra la infraestructura; cualquier otro acto o actividad que atenta contra el desarrollo integral de las personas, la familia y la comunidad.

Endureciendo el aparato represivo

Como se puede apreciar, la nueva LSS amplió al máximo las definiciones, fusionando conceptos que en la legislación estaban divididos en asuntos de orden externo e interno. Tradicionalmente los asuntos de la defensa se consideran amenazas que provienen del exterior. Y las conmociones sociales se consideraban amenazas del interior. Con la nueva ley, las amenazas externas e internas están fusionadas y el EN se transforma en la institución rectora del sistema de la defensa soberana, llegando en los hechos a dirigir las acciones de la Policía Nacional.

El mensaje del presidente Ortega es muy claro: se avecinan momentos difíciles, producto de la crisis económica y el declive de la ayuda petrolera de Venezuela, por lo tanto ha ajustado la legislación de manera tal que pueda contar con instrumentos de represión en casos de que se presenten algunos de los casos contenidos en los artículos 4,7 y 8 de la nueva LSS.

El articulo 8 tiene un claro contenido relacionado con el conflicto con Colombia, originado por la sentencia que le otorgó 90,000 kilómetros cuadrados de mar a Nicaragua, y que Colombia se resiste a aplicar y reconocer. Esa misma definición se puede aplicar al conflicto limítrofe con Costa Rica relacionado al Río San Juan y al mar territorial en disputa.

La mención a las incursión de maras y pandillas es otro aspecto que no estaba contemplado en la Ley No. 750, y que ahora permite al EN y la PN actuar con mayor legalidad en la persecución y aniquilación de aquéllas.

También se aplican las nuevas definiciones contra los grupos armados que existen en la montaña, conformado en su mayoría por ex contras descontentos.

El COSEP se rasgó las vestiduras

Debido a la alharaca de los partidos de la oposición burguesa, los que denunciaron un retorno al sistema policial de los años 80, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) manifestó dudas sobre el contenido de la nueva ley.

Freddy Blandón, representante de los empresarios del COSEP, compareció ante la Comisión de la Asamblea Nacional para expresar sus críticas al proyecto de ley.

“(La iniciativa de Ley) tiene que tener una coherencia y tiene que tener un equilibro entre lo que son los objetivos de la defensa y la seguridad, principios que están en la parte orgánica de nuestra Constitución, con relación a los principios de la defensa, con lo que son los deberes y los derechos individuales de los ciudadanos nicaragüenses. Nosotros creemos que si guardamos correctamente ese equilibrio, esta ley no debe tener mayor problema (…) Creemos que el concepto de conflicto no está definido, pero en particular nos interesa que cualquier definición que esté planteada aquí no deje el mínimo margen a la discrecionalidad. ¿Por qué? Porque si ya la definición comienza a insinuar discrecionalidad, la aplicación se distorsiona totalmente.” (La Prensa, 11/11/2015).

Los empresarios, como siempre, no están preocupados por una posible restricción a las libertades democráticas, sino por la seguridad de sus negocios. Por ello plantearon una reforma que incluyera que las autoridades no pueden violentar los derechos y garantías contenidos en la Constitución, a lo que el jefe de la bancada sandinista, contestó en tono de burla, una verdad de Perogrullo.

En el fondo, los empresarios están totalmente de acuerdo con un fortalecimiento de los mecanismos de seguridad, porque al igual que el gobierno sandinista, sabe que vienen duros momentos.

Por ello, José Adán Aguerrí, muy orgullo de los aportes del COSEP, dijo que “Queda claro que es prohibido transgredir los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de Nicaragua y aquellos reconocidos en instrumentos internacionales de los que el país forma parte (…) En este caso Cosep hizo un aporte desde la visión del sector privado hacia la sociedad civil que vela por el clima de negocios y afortunadamente persisten, creo que dentro de un escenario de un mundo real se logró avanzar lo más posible, lo ideal no es eso, pero aquí volvemos otra vez a la diferencia entre el mundo real e ideal.” (La Prensa, 3/12/2015).

Las críticas del IIEP

La burguesía nunca ha defendido las libertades democráticas, sino que se ha aliado al gobierno de turno, para sacar mayor provecho económico. Así fue durante el somocismo, y así es ahora bajo este nuevo gobierno sandinista.

La defensa de la democracia burguesa la han hecho algunas ONGs, destacándose entre ellas el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), convirtiéndose en la organización que más claramente expresó las críticas al proyecto de ley: “da funciones a los militares para ‘anticiparse’ a posibles actos de ‘amenazas o riesgos’ contra ‘objetivos’ fundamentales del Estado, como narcotráfico, crimen organizado, traición a la patria, desestabilización, y otros conceptos, mezclando funciones de la seguridad pública con la defensa nacional y anteponen mano militar a asuntos del orden civil, como las protestas políticas y reclamos de oposición.” (La Prensa, 28/11/2015).

La defensa de las libertades democráticas

Existe una fuerte tendencia a la creación de regímenes bonapartistas, sobre todo en periodo de crisis. Desde su retorno al poder, en el año 2007, el sandinismo viene trabajando aceleradamente en la creación de un régimen bonapartista alrededor de la persona de Daniel Ortega, quien asienta su poder en el control del Ejército y la Policía Nacional.

Con la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Soberana esta tendencia se fortalece. El sandinismo se prepara para los años duros que están por venir. A partir del surgimiento de conflictos laborales y sociales, como la huelga de la mina El Limón, las luchas campesinas y de ambientalistas contra la construcción del Gran Canal Interoceánico, el gobierno sandinista ha utilizado cada vez más abiertamente mecanismos de represión contra las luchas obreras y populares.

Este aspecto no le interesa a la burguesía del COSEP. Las ONGs hacen una defensa en abstracto de la democracia burguesa. Corresponderá a los trabajadores encabezar la lucha por la defensa de las libertades democráticas cuando se produzcan los ataques. Ya se han producido y la tendencia es que se agudicen, por ello los trabajadores y la izquierda debemos ser la vanguardia de la defensa de las libertades democráticas, especialmente cuando se produzcan luchas obreras y populares.