Por Diego Lynch

Tras la baja que constantemente se ha venido dando en los precios internacionales del petróleo y todos sus derivados, la población nicaragüense empezó a exigir al gobierno del Frente Sandinista una reducción en los altos precios del combustible y de la tarifa energética, ya que estas son las más altas de la región centroamericana, aun siendo Nicaragua el país que compra a Venezuela el petróleo a un precio más accesible que los demás países de la región.

Con la baja de los precios a nivel internacional, se ha creado un monto de ahorro el cual debería de ser dirigido a la reducción de la tarifa energética, sin embargo el Gobierno pretende utilizarlo para pagar la deuda que tienen con la Caja Rural Nacional (CARUNA).

La Ley No. 898

La Ley 898, dirigida a la reducción y variación de la tarifa energética, fue aprobada por la Asamblea Nacional el 25 de marzo del 2015 y publicada en La Gaceta Diario Oficial el día 26 de Marzo.

La Ley establece que del monto total ahorrado por la baja en los precios del petróleo, un 35 por ciento es dirigido a la reducción de la tarifa eléctrica, otro 35 por ciento irá a programas de combate a la pobreza y un 30 por ciento al pago del subsidio aprobado en años anteriores mediante préstamo. Tan pronto como fue aprobada la Ley en marzo, economistas calcularon que la reducción iba ser de un diez por ciento; sin embargo explicaron que de no haberse creado “un tributo disfrazado” a los usuarios del servicio, al destinar el restante 65% del ahorro al financiamiento de programas para reducir la pobreza y pagar la deuda que el sector eléctrico mantiene con la Caja Rural Nacional (Caruna), la reducción de la tarifa hubiese sido mayor. Las tarifas de energía en el país subieron desde 2005 hasta 2014, por el incremento en los precios del petróleo. Al reducirse ese precio al nivel que tenía en 2005, éstas debieron bajar a los niveles de aquel año; no obstante los precios se mantuvieron elevados hasta hace poco (La Prensa; 7/04/15).

La reducción es una burla

El monto del 35% destinado a la reducción de la tarifa energética no es más que otra burla del Frente Sandinista para la población Nicaragüense, ya que esto se traduce a una reducción de un 10% para las personas que consumen menos de 150 kwh al mes y de un 8.5% para el resto de la población.

La reducción del ocho al diez por ciento en la tarifa energética representará 57 millones de dólares de ahorro anual para todos los sectores, si el consumo es igual al 2014 y la reducción se mantiene todo el año. Así lo afirmó Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides). Funides especifica que quien tendrá un mayor ahorro será el sector comercial, pues al año los comerciantes podrán liberar de su bolsillo veinte millones de dólares. En el caso del sector residencial se calcula que habrá una liberación de recursos de los bolsillos de los hogares por el orden de los 18 millones de dólares en total, pero al ser desglosado, el beneficio será pequeño. En el sector industrial el ahorro será de 15 millones de dólares en el año y en irrigación 1.5 millones de dólares. Ayer que apareció en los medios de comunicación que la tarifa energética bajará hasta un diez por ciento y se verá reflejado en el recibo del mes de mayo, muchos usuarios calcularon cuánto iba a significar de ahorro para sus bolsillos, como doña Alejandra Rivas, quien cuida que su medidor no llegue a pasarse de los 150 kWh al mes. “El mes pasado pagué 368 córdobas y me explicaron que si a eso le aplico el diez por ciento de la rebaja, en ese entonces me hubiera ahorrado 36.8 córdobas, dijo.” (La Prensa; 7/04/15).

Los transportistas serán afectados

Aun con la baja de los precios del petróleo, el Gobierno ha tomado la decisión de quitar los subsidios a los transportistas, por lo que estos han amenazado con un incremento a la tarifa de los pasajes.

La cancelación del subsidio al precio del combustible para los dueños de las más de tres mil unidades que prestan el servicio de transporte interurbano, que fue oficializada ayer por el asesor presidencial Bayardo Arce, podría provocar un alza en el costo del pasaje interurbano, advirtieron representantes del sector. “Ahora que baja el precio del petróleo, creemos que ellos (los transportistas) deberían de asumir eso (el precio del combustible). He oído a unos diciendo que bajó el petróleo, pero que otras cosas no bajan, pero no es cierto, ellos tienen exoneradas las llantas, y no pagan impuestos por una gran cantidad de repuestos, yo creo que sacar este país adelante debe ser un esfuerzo de nación”, expresó Arce. Representantes de los transportistas confirmaron que esta acción afecta sus costos de operación por lo que no descartan un eventual incremento del pasaje. “Nosotros estaremos dando un compás de espera durante este fin de semana, pero cooperativas en varias regiones están tomando algunas medidas como la posibilidad de incrementar la tarifa”, señaló Ismael Blanco, presidente de la Cooperativa Granma que cubre la ruta Carazo –Managua. Según Blanco, la Cooperativa Granma que actualmente cobra C$30 por pasaje contemplarían aplicar un incremento que oscilaría entre el 20 y 25 por ciento. “El subsidio nos permitía recibir una reducción de hasta 210 córdobas en combustible por cada día de trabajo, al retirárnoslo se incrementan los costos de operación”, argumentó Blanco. (El Nuevo Diario; 11 de Abril del 2015).

Bajar tarifa y subir salarios

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) denunciamos la vil burla que el Gobierno de Daniel Ortega y el Frente Sandinista pretenden hacer a la población nicaragüense con los montos y porcentajes destinados para la reducción de la tarifa energética; al final los más beneficiados como siempre son los empresarios y las personas de mayor estabilidad económica en el país.

Exigimos al Gobierno que se redistribuya el monto porcentual y que este vaya dirigido para la reducción de las tarifas energéticas para los sectores sociales más pobres del país; que exista una tarifa diferenciada y que sean los banqueros, grandes empresarios y burgueses quienes paguen la deuda que el Estado tiene con CARUNA; los trabajadores y pobladores no podemos continuar pagando los platos rotos de los malos manejos que los políticos realizan con el fin de beneficiarse económicamente.

De igual forma es necesario que el Gobierno de respuesta a las demandas de los transportistas para evitar que se continúe afectando el bolsillo de los trabajadores con incrementos de precios en los pasajes del transporte.

No más mentiras, no más alzas y no más robo a los trabajadores Nicaragüenses; reducción a la tarifa energética y que se congelen los precios de los pasajes.

Por Victoriano Sanchez

Recientemente, a mediados de marzo, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos ambientalistas, que reciben fondos de fundaciones imperialistas europeas, presentaron anta la Comisión de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), una denuncia de violación de los derechos humanos del pueblo nicaragüense por la construcción del Canal Interoceánico que impulsa el gobierno nicaragüense, por medio de la concesión hecha al empresario chino Wang Jing.

La CIDH es un organismo creado por la OEA, es decir, forma parte del sistema imperialista de control sobre América Latina. En algunos momentos, cuando había dictaduras militares, la CIDH fue utilizada por la izquierda para denuncias los asesinatos y desapariciones, pero actualmente la situación es diferente. Más bien la CIDH ha sido utilizada por el gobierno de Estados Unidos para atacar a gobiernos de izquierda, nacionalistas, como el chavismo, por supuesta violación de derechos humanos.

Este concepto de derechos humanos es tan elástico, que puede ser utilizado en todas las direcciones. El problema es que han sido los ONG ambientalistas, influidos políticamente por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), quienes han abandonado las marchas y movilizaciones campesinas contra la construcción del canal interoceánico, para irse a movilizar a Washington denunciando al gobierno de Daniel Ortega.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hemos expresado nuestra posición que la concesión del canal al empresario chino es una entrega parcial de la soberanía nacional de Nicaragua y Centroamérica, y que debemos luchar por el control obrero del proyecto del Canal como un primer paso para recuperar la soberanía.

Los ONG ambientalistas le han hecho un tremendo daño a la lucha por la preservación del medio ambiente, colocando el problema de la construcción del canal en manos de organismos controlados por el imperialismo, como es la CIDH.

Ahora bien, esto no para ahí. Bajo el pretexto de luchar contra la concesión del canal, los ONG y los dirigentes de las movilizaciones, han cometido otro error como es andar tocando puertas de las embajadas extranjeras en Managua, entre ellas la infaltable embajada norteamericana.

Entonces, tenemos que los ONG dicen luchar contra el imperialismo chino pero terminan claudicándole a los organismos controlados por el imperialismo norteamericano, y con ello le hacen un tremando daño a la lucha de los campesinos en contra de las expropiaciones arbitraria. Ver para creer.


Por Diego Lynch

Los precios del petróleo a nivel internacional sigue disminuyendo significativamente, lo que lógicamente lleva a que los derivados del mismo (petróleo), como el combustible y actividades que los utilizan, como la producción de energía eléctrica bajen paulatinamente, sin embargo en Nicaragua no es el caso.

David Castillo, Presidente Ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), mediante una carta dirigida al ministro nicaragüense de Energía y Minas y con copia a la Asamblea Nacional, solicitó a los funcionarios que se mantenga la tarifa de electricidad y que se utilice el dinero ahorrado por el Gobierno para ir pagando la deuda del Estado con la Caja Rural Nacional (CARUNA), deuda que ya asciende a más de doscientos millones de dólares. (http://www.confidencial.com.ni/articulo/21256/empresarios-presionan-por-rebaja-en-tarifa-de-energia)

Los empresarios presionan por la reducción de la tarifa

Ante dicha solicitud y declaraciones brindadas por David Castillo asegurando que no habrá reducción, las reacciones de los empresarios no se han hecho esperar, diciendo que no se dan por enterados, desconociendo autoridad al director del INE.

“El sector privado nicaragüense no se dio por enterado de la decisión del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), de no reducir la tarifa de electricidad para consumidores y empresarios, y por el contrario ratificó que el pliego tarifario debe ser modificado para favorecer la competitividad… El Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), José Adán Aguerrí manifestó que esperan la posición de David Castillo no sea la misma posición del gobierno, no puede perderse el objetivo de competitividad que hizo que no subiera la tarifa, el ahorro no puede ser utilizado el cien por ciento para pagar el financiamiento… Nosotros planteamos y continuamos planteando que una parte de ese ahorro se tiene que dar para cubrir ese financiamiento, pero una parte se tiene que dar para que haya competitividad en el país, y esta es la posición del sector privado y esperamos que el gobierno reaccione, ojalá, de manera positiva a este planteamiento”. (Noticias Empresariales del COSEP; 15 de Marzo del 2015).

Ortega será quien decida

No obstante las posturas tanto de la empresa privada como la del Director del INE, quien tiene la última palabra y tomara la decisión será el presidente Daniel Ortega. Así lo hizo saber Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos.

El presidente inconstitucional Daniel Ortega es quien finalmente decidirá si los 39.5 millones de dólares del ahorro por generación de energía eléctrica se abonarán a la deuda con la Caja Nacional Rural (Caruna) o si se usarán para reducir la tarifa en beneficio de la población, como lo pide el sector privado…Así lo dejó claro el asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce Castaño, al explicar que la decisión la tomará Ortega con base en la recomendación técnica del Gabinete de Energía a mediados de abril. (La Prensa, 20 de Marzo del 2015).

Bajar la tarifa y que los empresarios paguen más

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se solidariza con la economía de las familias nicaragüenses y con la realidad que se vive en el país, y si bien es cierto el Estado debe de pagar su deuda con CARUNA, esta no puede salir de las costillas de los pobres y de la población económicamente más afectada del país.

Que las ganancias que se han obtenido sirvan para subsidiar a la población y que la tarifa energética debe bajar, que se establezca una tarifa diferenciada donde sean los sectores económicos más adinerados quienes paguen y asuman; no podemos estar dándole beneficios a los banqueros, burgueses y grandes empresarios, que sean ellos quienes paguen.

El Frente Sandinista está penetrado por grandes empresarios que hoy por hoy responden a intereses personales y de la burguesía, es por ello que mantienen una estrecha relación con el COSEP y las decisiones que han tomado siempre benefician a los empresarios. Es hora de exigirle al gobierno que dé una respuesta favorable para la población y que sean ellos (gobierno) y los burgueses los que paguen la deuda con CARUNA. ¡Reducción de Tarifa energética ya!


Por Melchor Benavente

Si hay un factor que incide en la estabilidad política de Nicaragua, es la alianza del gobernante partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Esta luna de miel inició en 2007 con el segundo gobierno sandinista y se ha consolidado con la reelección de Daniel Ortega en el 2012.

Los banqueros nicaragüenses tienen los más altos márgenes de ganancia en relación al resto de Centroamérica, porque el Estado no controla ni regula los intereses. Lo mismo ocurre con los empresarios maquiladores, debido a la política salarial que siempre está retrasada en relación al costo de la vida.

En esta santa alianza de los empresarios con el gobierno sandinista, no es exagerado afirmar que los primeros se han fortalecido en todos los niveles. El gobierno sandinista siempre los toma en cuenta, y sale desesperado a calmar sus berrinches.

Pero, en los dos últimos años, se han producido roces y contradicciones entre los empresarios del COSEP y el gobierno sandinista, en relación al salario mínimo. En la última negociación que acaban de finalizar, los empresarios del COSEP han mantenido la clásica postura de que no se debe subir el salario mínimo para garantizar el empleo, o sea que entre más bajos son los salarios, habrá más posibilidades de inversión extranjera que genera empleo. Y por ello han presionado para que se reforme la Ley del Salario Mínimo, para que las negociaciones no se produzcan semestralmente, sino cada dos años.

En esta última negociación exigieron que el aumento al salario mínimo no fuese más allá del 9,8%, en cuanto al salario de los trabajadores del sector de la micro y pequeña empresa, ya que la industria sujeta a régimen especial (las Maquilas) tiene un salario vigente hasta 2016 (en los hechos el COSEP ha impuesto la negociación bianual, sin necesidad de reforma de la Ley del Salario Mínimo). Actualmente el salario para el sector de la pequeña y mediana industria es de 3,142.25 córdobas mensuales (120 dólares) y con el ajuste del 9.8 por ciento, el aumento sería de 150 córdobas en el primer semestre y otros 150 córdobas en el segundo semestre.

Para presionar, los empresarios abandonaron la negociación tripartita (sindicatos-gobierno-COSEP) y el gobierno tuvo que imponer por segunda ocasión el salario mínimo. Pero detrás de este forcejeo ante los medios de comunicación, observamos que la alianza del gobierno con los empresarios está más fuerte que nunca.

Los empresarios del COSEP plantearon el 9.8% de aumento del salario mínimo; ante el boicot del COSEP, el Ministerio del Trabajo (MITRAB) decretó un aumento del 10,98% a los otros sectores, es decir, la diferencia fue de 1.18%.

Para los otros sectores, en el año 2014 el salario mínimo estaba en 4,261 córdobas (US$159) y para el año 2015 será de 4,729 córdobas (US$176,4). El aumento fue de 17 dólares, ridículo en relación al alza de los precios de la canasta básica. El aumento se dividirá en dos semestres.

Los sindicatos habían peleado un aumento del 15%, pero debido a que no convocan a movilizaciones ni a asambleas, es una simple pantomima ante los medios de comunicación.

José Adán Aguerri, presidente del COSEP, en un editorial del diario La Prensa, lamentó que en “las dos últimas negociaciones (2014 y 2015) no ha habido acuerdo tripartito, lo cual obedece a la comprensión del sector privado de que la ley y la variable que se ha utilizado ya logró su objetivo, y que frente a las nuevas realidades regionales y mundiales, debe pasarse a otro esquema de negociación que incluya elementos de productividad, mejora de la competitividad y promoción de las inversiones; todo lo cual ha sido ignorado por sindicalistas y autoridades de gobierno.” (La Prensa, 2/3/2015).

El COSEP argumenta que el aumento salarial solo beneficia “al grupo directo de trabajadores que reciben salario mínimo en el sector formal (solamente 8.25 por ciento del total de ocupados), pero castigando con una mayor inflación a todos los demás trabajadores del país tanto formales como informales que no gozan de salario mínimo (…) Esperamos que para el futuro, el Gobierno no siga reaccionando nada más a posiciones políticas y que realmente este sea un tema de orden económico”. (ibíd.)

En realidad, no hay contradicciones serias entre el COSEP y el gobierno sandinista, sino mínimas en relación al salario mínimo. Observamos a un COSEP fuerte y envalentonado, y a un FSLN maniobrando ante las presiones de su propia base electoral, que aspira a mejorar los salarios, y por ello decretó unilateralmente un aumento al salario mínimo que apenas fue de 1,18% por encima de la propuesta del COSEP.


Por Diego Lynch

Año con año el Gobierno Central representado por el Ministerio del Trabajo (MITRAB), la Empresa Privada y las Centrales Sindicales se reúnen por un periodo máximo de dos meses a discutir y negociar el salario mínimo que regirá en el país. Según la legislación laboral estas mesas de negociaciones se deben entablar dos veces por año, es decir cada seis meses. Dicho acuerdo se puede establecer con el consenso de dos de los tres sectores involucrados, y si después de transcurridos los dos meses no hay acuerdos el Gobierno está facultado para establecerlo de manera unilateral.

Esta vez, con el fin de llegar a un acuerdo que permita que el incremento al salario mínimo entre en vigencia, se acordó que la mesa de negociación se entablara desde el mes de diciembre del recién pasado año 2014, sin embargo ya solo queda una ronda más de negociación y aun no existen avances en las negociaciones.

“El próximo 18 de diciembre está previsto que la mesa de revisión del Salario Mínimo se instale oficialmente… La idea de instalar más temprano la mesa es para evitar el estira y encoge que tradicionalmente ocurre con estas revisiones, que tardan hasta 60 días, en detrimento de los más de cien mil trabajadores que esperan ese ajuste…y mientras la empresa privada se opone a pagar de forma retroactiva, porque efectivamente la Ley no obliga a hacerlo de esa forma, cada vez que fracasa una de las sesiones los trabajadores pierden la oportunidad de obtener mejores ingresos y aliviar su deteriorado poder de compra”. (La Prensa, 16 de Diciembre del 2014).

Moderar precios de la Canasta Básica

Una de las propuestas que llevó a la mesa la Central Sandinista de Trabajadores (CST) a través de su secretario Roberto González, fue que los empresarios se comprometan a mantener estable el precio de los productos que integran la canasta básica y que son claves e indispensables para el hogar.

Según Luis Barbosa, presidente de la Confederación Sindical de Trabajadores José Benito Escobar “la iniciativa parece atractiva, pero está convencido de que no progresará porque el primero que bloqueará la propuesta es el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y en segundo lugar duda que se consiga el respaldo del Gobierno, al que acusarían de procurar un control de precio como en los años ochenta; sin embargo según González esta propuesta no estaría encaminada a controlar precios, pero sí que los empresarios se comprometan a no exagerar en los incrementos”. (La Prensa, 16 de Diciembre del 2014).

Empresarios piden incremento de un dígito

Mientras las centrales sindicales solicitan que el incremento porcentual del salario mínimo sea de dos dígitos, los empresarios cierran filas proponiendo que este sea de uno solo, alegando que la economía del país no se encuentra en la estabilidad necesaria para cumplir lo que dichas centrales sindicales solicitan.

“La Central Sandinista propone un reajuste salarial mínimo del 15 por ciento, sin embargo el COSEP a través de José Adán Aguerrí estimó que una propuesta del 15% está por encima de las realidades económicas y de las expectativas que los empresarios consideran que se debe aumentar”. (Declaraciones de Aguerrí para el Servicio Nicaragüense de Noticias, 19 de diciembre del 2014).

Sin Acuerdos

El primero de Marzo debería de entrar en vigencia el nuevo salario mínimo, sin embargo a esperas de la última ronda de negociaciones aun no existe un consenso entre las partes, lo que solamente afectaría a los trabajadores.

“La Principal cúpula empresarial de Nicaragua propuso hoy aumentar en un 9.5 por ciento el salario mínimo de los trabajadores a partir del primero de marzo y por un periodo de un año; la propuesta fue hecha a puertas cerradas por el representante del consejo superior de la empresa privada (COSEP), Freddy Blandón, en la penúltima ronde de negociaciones del salario mínimo, en la que participan junto al Gobierno y los Sindicatos”. (nicanoticias.com; 20 de Febrero del 2015).

Incremento Justo y equivalente al costo de la canasta básica

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado a los obreros y trabajadores a unirse y exigirle al gobierno del Frente Sandinista y a los sindicatos que de no haber un acuerdo tripartito, éstos (gobierno y sindicatos) acuerden en conjunto un incremento al salario mínimo que sea equivalente al valor de la canasta básica.

No es posible que las centrales sindicales continúen negociando el hambre de los trabajadores para sacar beneficios personales para estos dirigentes sindicales, y mucho menos que el gobierno continúe claudicando a los empresarios para así poder cubrir las empresas que los nuevos burgueses y dirigentes políticos del Frente Sandinista poseen y por medio de las cuales también explotan a la masa trabajadora del país.

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