Por Sebastián Chavarría Domínguez

Después que Daniel Ortega dio un manotazo mortal a la oposición parlamentaria, la Organización de Estados Americanos (OEA) anunció que presentaría un informe sobre el sistema electoral en Nicaragua. Este anuncio creo expectativas entre los partidos de oposición, creyendo que a última hora el régimen bonapartista de Ortega haría algunas concesiones, y permitiría la participación de los partidos y fuerzas políticas excluidas, en el proceso electoral de noviembre de 2016. Pero no fue así.

Daniel Ortega necesitaba apurar el trago amargo de un proceso electoral cuestionado, pero que al mismo tiempo le permitía colocar a su esposa, Rosario Murillo, en la vicepresidencia de la Republica. Por ello, con el olfato político que le caracteriza, inició en octubre del 2016 un dialogo político de alto nivel con Luis Almagro, secretario general de la OEA.

La maniobra funcionó perfectamente. La OEA nunca dio a conocer el publicitado informe sobre el sistema electoral, y se enfrascó en un diálogo que prometía reformas en el futuro, dando por un hecho la realización de las elecciones tal a como las había planificado el régimen de Daniel Ortega. Se acordó instalar una “Mesa de conversación e intercambio constructivo” a menos de un mes de la realización de las elecciones. Y para remate, una delegación de alto nivel de la OEA visitó el país, y con ello las cuestionadas elecciones de noviembre del 2016 le fueron aplicadas los santos oleos.

La visita de Luis Almagro

A inicios de diciembre del 2016, después de algunas vacilaciones, Luis Almagro, secretario general de la OEA, visitó Managua por espacio de dos días, reuniéndose con el gobierno, la iglesia y la oposición burguesa.

Nuevamente, Daniel Ortega impuso los temas de agenda: “Le hemos dicho al secretario general de la OEA que estamos en la mejor disposición de que se pueda mantener este diálogo, este intercambio, este acompañamiento, tomando en cuenta que este próximo año tenemos elecciones municipales (…) Los hemos invitado para que puedan llevar a cabo un acompañamiento, no el propio día de las elecciones, sino para estar visitando nuestro país, intercambiando con las fuerzas políticas que están dispuestas a participar, también con las autoridades electorales y con todas aquellas personas con las que desee intercambiar” (El Nuevo Diario, 03/12/2016)

Con ello, se estaba sepultando la polémica sobre la validez de las elecciones de noviembre del 2016. La oposición burguesa se halaba los cabellos. Almagro con sus declaraciones confirmó que, en relación a Nicaragua, el rol era de ayudar a reformar el régimen bonapartista, no para derrocarlo.

Luis Almagro insistió que “la Organización de Estados Americanos está para hacer un papel constructivo, hacer aportes que signifiquen apoyar a Nicaragua en los pasos importantes que ya ha dado en materia de seguridad, educación y energía". (El Nuevo Diario, 03/12/2016).

Esto último es un asunto muy importante. Tanto el gobierno de Estados Unidos, como su títere, la OEA, reconocen las políticas de Daniel Ortega en “seguridad, educación y energía”, les encanta la estabilidad macroeconómica y la contribución del sandinismo en la estabilidad política de Nicaragua y Centroamérica, y por ello sus planes inmediatos se limitan a reformar el sistema electoral, garantizando algún grado de transparencia y de participación de los partidos de oposición. Nada más!.

La marcha unificada de la oposición burguesa

Para demostrar fuerza ante la visita de Luis Almagro, los diferentes grupos de la oposición burguesa, con la excepción de los partidos que participaron en las pasadas elecciones de noviembre de 2016, convocaron a una marcha unificada de todas las fuerzas de la oposición, alentados por el alto índice de abstención electoral observada en esos comicios.

Para garantizar una asistencia masiva, los partidos de la oposición burguesa se camuflaron en la marcha de los campesinos que, con algún grado de justicia, temen a las expropiaciones que vendrían si el proyecto del Canal interoceánico llegase a concretarse. En realidad, fue una marcha campesina, con los activistas de derecha dentro. Para restarle convocatoria, el régimen de Daniel Ortega boicoteó abiertamente la marcha, creando tranques policiales en toda la carretera, destruyendo puentes, logrando una rala asistencia en Managua, cuyos dirigentes lograron reunirse con Almagro. En esta ocasión, el gobierno no utilizó a sus partidarios como fuerza de choque, sino que la represión fue institucional, a partir de las fuerzas de la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.

La reunión de los políticos con Almagro

Luis Almagro logró reunir a todos los políticos de oposición en una sola sala, escuchó sus críticas, tomó nota y declaró a los periodistas que “es importante ajustar algunos temas que tienen que ver con el funcionamiento del sistema político (…)”.

Mientras Almagro hablaba de reformas, un sector de la oposición agrupado en el Frente Amplio por la Democracia (FAD) que agrupa al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y algunos grupos liberales minoritarios, exigían la anulación de las elecciones y la convocatoria a un nuevo proceso electoral, aprovechando que en noviembre del 2017 se realizarán las elecciones municipales. También exigieron a la OEA la invocación de la Carta Democrática, para sancionar al gobierno de Daniel Ortega

La Iglesia crítica pero paralizada

En relación a la Iglesia Católica, sigue clamando por que se cumplan los puntos incluidos en la Carta Pastoral del 21 de Mayo del 2014, pero por primera vez se muestra dividida y por ello guarda silencio. Al parecer los obispos no logran ponerse de acuerdo. Hay sectores de extrema derecha como el Obispo Silvio Báez que constantemente fustiga al gobierno de Daniel Ortega, pero también otros que simpatizan con el gobierno, como es el caso de Monseñor René Sándigo, obispo del departamento de Chontales y Río San Juan, de dónde provino el grueso de la marcha campesina, que han criticado duramente al “Movimiento Renovador Sandinista (MRS) que ha estado presente ahí manipulando a nuestros campesinos y organizaciones no gubernamentales, que cogen a nuestros campesinos por aquellas demandas, tal vez justas que ellos hacen, pues los lanzan como punta de lanza”. (La Prensa, 03/12/2016)

El informe conjunto de la OEA y el gobierno sandinista

Después de tres meses de negociaciones secretas, el esperado informe de la OEA fue dado a conocer el pasado 20 de enero, cayendo como un balde de agua helada en la madrugada.

En sus partes medulares, el Informe Conjunto concluyó en una hoja de ruta que se resume así: “(…) El Estado de Nicaragua continuará fortaleciendo la institucionalidad electoral de acuerdo a los estándares regionales y buenas prácticas; elecciones incluyentes, limpias y competitivas. Estos estándares que describen el grado de democratización de una elección, incluyen: el voto universal y equitativo; la inscripción o registro civil; el registro electoral; el acceso al centro de votación; la emisión del voto; la integridad de las preferencias del votante; el registro exacto de las preferencias del volante; el derecho de postulación a cargos públicos; la igualdad en seguridad; la igualdad ele oportunidades tales como el financiamiento a los partidos políticos; el derecho a la libertad de prensa e información; la libertad de asociación, asamblea, expresión y movimiento; la frecuencia de las elecciones regulares para cargos electivos; y la accesibilidad de los resultados electorales. (…) No más tarde del 28 de febrero de 2017 la Delegación de Nicaragua y la Secretaría General ele la OEA firmarán un Memorándum de Entendimiento que incluirá los aspectos técnicos del trabajo conjunto a llevar a cabo. El mismo establecerá un plazo de 3 (tres) años para desarrollar los trabajos y detallará -en consonancia con el presente documento- las tareas específicas a llevar a cabo en materia de i) seguimiento de las elecciones municipales de noviembre de 2017, ii) continuación del proceso de perfeccionamiento del sistema de representación política y mecanismos que lo fortalezcan jurídicamente, iii) búsqueda de mecanismos y normativas que fortalezcan jurídicamente la aplicación de la norma constitucional sobre transfuguismo político, con determinación de la actuación y procedimientos de cada uno de los Poderes del Estado de Nicaragua. iv) apoyo técnico de la OEA en el proceso de depuración del padrón electoral de Nicaragua”.

Borrón y cuenta nueva

Los temores de la oposición burguesa se confirmaron. El gobierno sandinista había legitimado la última reelección presidencial de Daniel Ortega, junto a Rosario Murillo como vicepresidenta, con la promesa que habrían reformas al régimen político. La oposición burguesa criticó el Informe Conjunto a pesar que es el mismo plan de reformas que ellos han propuesto, con la salvedad que la negociación se produjo con la OEA y no con los debilitados partidos criollos.

Fabio Gadea, ex candidato presidencial de la oposición, criticó ásperamente el Informe Conjunto: “(Que Almagro) no diga que hay que seguir fortaleciendo la institucionalidad porque aquí nadie está fortaleciendo la institucionalidad, hay que crearla porque está perdida, pero (Almagro) tiene miedo decirlo (…) Que van a tratar de favorecer los mecanismos para el cumplimiento de la Carta Democrática, si todos esos mecanismos están rotos porque no hay elecciones libres, porque no hay observación internacional; no hay padrón electoral. Eso es ridículo, porque, además, no me explico por qué Almagro no tomó en cuenta los argumentos que presentaron los amplios sectores, sí parece haber tomado en cuenta lo que dijo el COSEP, el grupo de diputados que están allí, lo que le dijeron los partiditos zancudos”.

Criticas similares surgieron de los líderes del FAD, mientras Eduardo Montealegre, desde su aparente retiro, mantiene silencio mientras su agrupación, ahora denominada Ciudadanos por la Libertad (CxL) avanza aceleradamente en los trámites para la obtención de la personalidad jurídica como partido independiente de los sellos tradicionales del liberalismo.

Mucho cuidado con Mr. Trump

El sandinismo parece haber llegado a un acuerdo con Estados Unidos, a través de la OEA, que permite la sobrevivencia del régimen bonapartista, y que garantiza la continuidad en el poder de la familia Ortega-Murillo, a cambio de algunas reformas democráticas, que el sandinismo parece dispuesto a ceder.

En relación a la administración Trump, el gobierno de Daniel Ortega ha mantenido un cauteloso silencio, enviando constantes señales de buen desempeño en la lucha contra el narcotráfico, estabilidad económica y política, y en materia de seguridad. Todo con el objetivo de evitar una nueva versión de la NicaAct, una ley norteamericana de efecto extraterritorial que amenaza la frágil economía.

En estas circunstancia, el gobierno de Daniel Ortega se ha convertido en el fiel guardián del capitalismo neoliberal, en el mal menor, es cuestión solo de enderezarlo.