Por Victoriano Sánchez

Nuevamente se ha desatado la discusión sobre la crisis del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). No han sido los sindicatos, sino el diario La Prensa quien ha iniciado una recia campaña de denuncias de los manejos turbios de las finanzas del INSS, un tema muy sensible para los trabajadores y hasta para los empleadores

El debate se ha intensificado a partir de las recomendaciones de la visita de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha revisado el funcionamiento de la economía nicaragüense.

El fracaso de la última reforma

A finales del 2013, después de intensas negociaciones con los empresarios del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) se produjo la última reforma al funcionamiento del INSS, con el objetivo de evitar la crisis que al parecer está a punto de estallar.

En esa ocasión, se acordó una subida gradual de las cotizaciones de los empresarios. Para el Régimen de Invalidez, Vejez, Muerte y Riesgo Profesionales, la contribución de los empresarios pasó del 7% al 8% en 2014, subió al 9% en el 2015, siguió subiendo al 9,5% en el 2016, hasta llegar al 10% en el 2017. En total, subió 3% en 3 años. Para el Régimen Integral, las proporciones fueron las mismas.

Pero el aumento de los ingresos fue poco en relación a los gastos del INSS

Las pensiones reducidas

Después de varios años de luchas y movilizaciones, los adultos mayores que no lograron completar las 750 semanas mínimas para obtener la pensión de jubilación, obtuvieron una pensión reducida. El gasto que ocasionaba estas pensiones reducidas obviamente afectó las finanzas del INSS. Se les echó la culpa a los viejitos de ocasionar la crisis del INSS, pero en realidad ellos no son los culpables, sino el contexto económico de Nicaragua.

Apenas 800,000 trabajadores están afiliados al INSS, aunque esta cifra aumenta año con año. Una buena parte de la economía pertenece al sector informal, no todos los trabajadores tienen empleo estable, y por ello no logran cumplir con las cotizaciones mínimas.

Los problemas estructurales son la base principal de la actual crisis, pero también ha contribuido a profundizarla la gestión del gobierno sandinista. Las inversiones del INSS, han quedado en manos del circulo gobernante, y no siempre estas inversiones de los fondos de los trabajadores, se ha utilizado de la mejor manera.

El diagnóstico y la receta del FMI

Las revisiones anuales del FMI año con año han sido lapidarias: “Garantizar la sostenibilidad del INSS sigue siendo una prioridad clave. El incremento en los déficits del INSS podría reflejarse en un aumento de la deuda pública en el largo plazo, lo que amenazaría su sostenibilidad. Bajo las actuales políticas, el INSS seguirá presentando déficits y agotará sus reservas en efectivo para el año 2019, lo que podría requerir transferencias desde el gobierno. Alcanzar la sostenibilidad del INSS podría conseguirse mediante una combinación de: (i) recorte y racionalización de los gastos operativos y de salud; (ii) aumento en la edad de jubilación; (iii) incremento del periodo de cotización mínimo; (iv) aumento de la cotización patronal y laboral; (v) revisión del mecanismo de ajuste de las pensiones; (vi) reducción de las prestaciones otorgadas; y (vii) asumir algunos gastos por el gobierno (por ejemplo, las pensiones reducidas y especiales). Es importante que el gobierno, los sindicatos y el sector privado alcancen una solución satisfactoria para todas las partes de forma prioritaria, pues todo retraso en las reformas empeorará la situación y aumentará los costos”.

Luchar contra la receta del FMI

En este fragmento de la carta del FMI, están las recetas que el gobierno sandinista se prepara a ejecutar. El aumento de la edad mínima de 60 a 65 años y el aumento de 750 a 1000 cotizaciones mínimas, han sido una constante insistencia del FMI. Los empresarios se resisten a aumentar las cotizaciones, pero se olvidan que la cotización patronal al INSS se deduce del impuesto sobre la renta, es decir, no han perdido nada. Pero el FMI se olvida mencionar el daño que han causado las empresas previsionales que han privatizado parcialmente la seguridad social, quebrando al INSS.

Lo más peligroso de la receta del FMI es la revisión del mecanismo de ajuste de las pensiones, el FMI se opone la indexación en relación a la devaluación del córdoba y la inflación.

Se ha avecina una gran batalla por la defensa de la seguridad social, los trabajadores y los debilitados sindicatos debemos prepararnos para evitar que se impongan las recetas del FMI.