Por Ricardo Velásquez

La otrora llamada “Columna vertebral de la resistencia” vive bajo el régimen actual en un calvario permanente; el sector que tambaleó al gobierno de Maduro en el año 2004 y a la dictadura de Michelletti en el 2009, se encuentra postrado y moribundo.

Sin duda alguna, el oscuro Acuerdo de Cartagena le vino a dar reconocimiento internacional y estabilidad al régimen de Lobo, ya que en la práctica se desmovilizó a la resistencia, por más que lo quieran negar las dirigencias de Libre. Es así como al magisterio le tocó enfrentar solo a la estructura golpista –incluyendo al ejecutivo que tanto halaga Manuel Zelaya-.

Una vez firmado el Acuerdo de Cartagena, se dio como resultado la desmovilización completa del FNRP y la volcada de toda la dirigencia a la contienda electoral, priorizando esto último por sobre la movilización tal y como se había dado en la lucha en contra del golpe. Es así como ese mismo sector golpista se dio a la tarea de liquidar al que con mucho orgullo se ganó el nombre de “La columna vertebral de la resistencia”.

El estribillo de siempre es que el FNRP ya se había desmovilizado desde hacía mucho tiempo

¿Cuánto tiempo tenía de desmovilizado el FNRP cuando se firmó el Acuerdo de Cartagena?

Los que tienen mala memoria deben recordar que el magisterio se movilizó en el 2009 por una causa política y que fue correcta, fueron 5 meses de lucha permanente en las calles. A inicios del 2010 el magisterio seguía en las calles luchando contra los herederos del golpe de Estado. Tanto así que el 23 de marzo fue asesinado nuestro camarada Manuel Flores en su centro de trabajo.

Todo el accionar de los asesinos y la displicencia en la investigación hacen sospechar fuertemente que su asesinato provino del régimen. En agosto de ese mismo año el magisterio se enfrentó solo al régimen y al final del mes fue traicionado por los Secretarios Generales de las Centrales Obreras, quienes desconocieron la decisión tomada por los sindicatos en la ciudad de San Pedro Sula. En ese entonces, Daniel Durón manifestó que “no había condiciones para una huelga general”.

Llega el 2011 y el magisterio una vez más se enfrenta solo al régimen, siendo reprimido en las calles y nuevamente una mártir más: Ilse Ivania Velásquez, siendo una lucha donde el magisterio no recibió el apoyo del FNRP ni de las Centrales Obreras. El resultado fue obvio: una dura derrota con 303 maestros suspendidos, algunos por 3 meses, otros por 6 y por un año.

Hasta en ese entonces, el régimen solo le había congelado el salario a los docentes. Aún se mantenía en vilo la aprobación de las reformas a la Ley del Inprema y la Nueva Ley General de Educación. Con la derrota del mes de marzo y con la aprobación de un decreto de emergencia en Educación -que aún  no ha sido derogado-, regresa el magisterio a las aulas de clases. En toda esta lucha, el magisterio enfrentó solo al régimen y en ningún momento se desmovilizó, la decisión del mes de marzo fue de retroceder para avanzar nuevamente. Luego llega el famoso Acuerdo de Cartagena con los resultados ya por todos conocidos.

Pero en ese mismo mes de agosto del 2011 los alumnos de secundaria levantan una lucha en defensa de la Educación Pública y en contra de la Ley General de Educación que estaba introducida en el Congreso Nacional. Esta lucha terminó igual que todas las anteriores: con promesas de diálogo y de consenso que al final no se cumplieron, como era de esperarse. En el mes de diciembre el Congreso Nacional y el Ejecutivo aprueban las reformas a la Ley del Inprema y en el mes de enero del presente año aprueban de forma unilateral una Nueva Ley General de Educación. Dichas leyes las aprueban precisamente cuando están seguros de la desmovilización del magisterio, de los alumnos y de la resistencia en general.

Si el 2009, 2010 y 2011 fueron años de lucha para el magisterio, alumnado y padres-madres de familia, entonces la pregunta es: ¿Cuándo se desmovilizó la resistencia?

Reformas a la Ley del Inprema: angustia, caos y penuria para los maestros en edad de jubilarse

Según los datos otorgados por las autoridades del Inprema, en el 2011 se encontraban 12,000 docentes en edad de jubilarse y una vez que se aprobaron las reformas en diciembre pasado, se vino la avalancha de maestros para tramitar su jubilación. Esto ocasionó caos en las oficinas de Escalafón y de la Dirección Departamental de Educación. 4,000 docentes lograron introducir sus papeles para jubilarse, pero para lograrlo debieron pasar penurias, desvelos y atropellos de parte del personal de estas oficinas.

La angustia y la incertidumbre se apoderaron de los miles de maestros –muchos de ellos mayores de 60 años- ante una fecha tope para poder jubilarse con la vieja Ley. La razón muy simple: antes, la jubilación resultaba del 90 % del promedio de los últimos 36 salarios si el maestro había laborado 32 años. Si había laborado menos entonces se calculaba en base al 80 % del promedio de los últimos 36 salarios, con un mínimo de 10 años trabajados. Ahora el cálculo es en base al promedio de los últimos 120 salarios, con un mínimo de años trabajados de 25. La pérdida de la jubilación es de más del 50 %. He ahí la explicación de la avalancha de maestros por jubilarse.

Son 8,000 docentes los que no metieron sus papeles y que ahora se encuentran con problemas de depresión, lo que sin duda alguna acarreará serios problemas a la actividad docente. Pero la angustia aún queda con los docentes que les faltaba meses para jubilarse y que ven ostensiblemente reducida su jubilación. Lo mismo los docentes que esperaban jubilarse a los 50 años cumplidos y que ahora no lo podrán hacer sino hasta los 59 años para los que se encuentran en servicio y 65 para los nuevos que entren al sistema.

Nueva Ley General de Educación: la última estocada al magisterio

Si en el 2004 Porfirio Lobo, siendo presidente del Congreso Nacional no pudo contra el magisterio, esta vez sí lo logró. Ha congelado el salario de los maestros por 3 años, las reformas a la Ley del Inprema, la Ley que municipaliza la educación y la última, la Nueva Ley General de Educación que deroga el Estatuto del Docente y en la cual, prácticamente los maestros pierden todas sus conquistas que le quedaban.

Pero la ley también inicia un proceso de privatización de la educación, donde el Estado se desobliga con la educación pre básica y la de adolescentes mayores de 15 años. Las conquistas perdidas con esta ley son nefastas para los docentes y el pueblo hondureño, tanto así que se ha retrocedido más de 30 años en lo que se refiere a conquistas económicas y sociales.

El régimen Lobo-Hernández se gana el primer lugar en desaparecer ciudadanos

Los innumerables maestros que no reciben su salario desde los años 2010 y 2011 han perdido toda esperanza de pago. El régimen aprobó un decreto que prohíbe la división de estructuras. Esto ha ocasionado que miles de docentes no puedan acceder a obtener horas en propiedad para completarse en una jornada; también impide que un docente que entra al sistema adquiera horas en propiedad, ya que las plazas abarcan más de una jornada y estos nombramientos no son permitidos. Con todo esto lo único que demuestra el régimen es su interés en no nombrar docentes.

No bastándole a los herederos del golpe de Estado con las leyes aprobadas, se han dado a la tarea de hacer listados de maestros que según ellos se encuentran desaparecidos y a quienes están dispuestos a sacar del sistema de pago de no cumplir con ciertos requisitos. Lo insólito es que nadie asume la responsabilidad de la creación de dichos listados; ni Finanzas, ni Escalafón ni las departamentales, nadie sabe los criterios que manejan para decidir qué maestros van en esas listas, siendo la última de 3,000 docentes que no recibirán su salario en el mes de marzo.

Esta última noticia nuevamente trae angustia e incertidumbre al sector magisterial, dado el endeudamiento en que se ha incurrido en estos 3 últimos años de gran crisis económica y con el salario congelado. La impotencia permanente y la angustia que invade a los docentes solo pueden ser canalizadas nuevamente con la movilización por rescatar las conquistas perdidas.

Por una estrategia correcta de lucha que sume a padres-madres de familia y alumnado

En reiteradas ocasiones se ha señalado desde las páginas del El Socialista Centroamericano que el magisterio no ganará solo, es primordial la unidad de las bases nuevamente. Pero esto solo se logrará mediante la realización de asambleas democráticas donde se hagan los balances de las luchas anteriores –algo a lo que las dirigencias tanto le temen-, asambleas en las que  se discuta una agenda de lucha donde no se cometan los mismos errores del pasado.

Se debe sumar a los alumnos, padres y madres de familia; estos últimos deben ser concientizados del gran daño que trae la Nueva Ley General de Educación y de la importancia de rescatar la Educación Pública.

Ya estamos a finales del mes de febrero y aunque los discursos de los dirigentes son encaminados a la unidad, aún no vemos hechas realidad las convocatorias a los docentes para hacer los análisis respectivos; tampoco hemos escuchado las convocatorias a los padres y madres de familia.

¡No se puede renunciar a la lucha, por que no se puede renunciar a la victoria!

Por Simón Blanco y Silvia Pavón

El crimen organizado y el narcotráfico, hacen una simbiosis perfecta dentro de la institución policial, convirtiendo a Honduras en terreno fértil para la violencia y la delincuencia. Constantemente, se descubren pistas de aterrizaje, avionetas incineradas, puntos ciegos en todo el territorio nacional.

Muchas comunidades en el departamento de Gracias a Dios, viven de la “pesca”, es decir, de cazar los fardos de coca que caen al mar. Esto solo por mencionar algunas de los hechos más visibles. Además ocurren acontecimientos insólitos: en noviembre del 2010 “unos tipos fuertemente armados ingresaron a la Base Aérea Armando Escalón a robarse una avioneta”. Estos criminales ingresaron a una Base Aérea como quien se mete a robar a cualquier casa. Solo las autoridades se creyeron esa flagrante mentira inventada por ellos. Y como siempre, solo a los “gatos”  meten presos o enjuician, y quien se atreve a hablar o denunciar simplemente lo matan.

Los efectos de esta simbiosis

La población en general y la clase obrera en particular, sufren la corrupción, desempleo, inseguridad, bajos salarios, inflación y la falta de oportunidades, lo que tienen como consecuencia un incremento de la violencia. 

El Comisionado de los Derechos Humanos en Honduras, Ramón Custodio, ha declarado que en “los últimos seis años se han registrado 25.859 muertes violentas en el país, que ya figura como el más violento del mundo,  en los primeros 17 meses de gobierno de Porfirio Lobo, que asumió el poder el 27 de enero de 2010, hubo 9.450 muertes violentas” (La Prensa 13/10/11).

Ley para Depurar la Policía

José Alfredo Landaverde fue asesinado después de denunciar públicamente que los altos mandos de la Policía están vinculados con el narcotráfico.

El Gobierno de Pepe Lobo esta actuando de manera tibia, tomando medidas apresuradas para salir del paso. Se ha producido la intervención de la posta policial de la granja de Tela y recientemente en la de Cortés, donde se han suspendidos a varios policías. Lo paradójico del caso es que a nadie lo retienen para investigar más a fondo. A finales del mes de enero del presente año, el Congreso Nacional aprobó la Ley para Depurar la Policía,  que “crea la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública como un órgano temporal e independiente, responsable de diseñar, planificar la formulación de propuestas y certificar el proceso de reforma integral de la seguridad pública” (El Heraldo, 31/01/12). Esta comisión dará seguimiento a otro organismo que se creó: La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP). Estos organismos no son más que un paliativo para calmar las aguas, pero en realidad van a hacer muy poco, y se quedaran en las buenas intenciones.

Con esta Ley de la depuración e intervención de la Policía, no se reducirá la violencia común ni el crimen organizado. Se mencionan las posibles soluciones pero se olvida que la corrupción de los órganos policías es inherente al sistema capitalista: es una misión imposible, es una falacia flagrante, como el hecho de hacernos creer que el incendio en la Granja Penal de Comayagua fue producto de un cigarrillo. En conclusión, el Estado es juez y parte, por lo tanto no va a solucionar el problema.

Continuar la movilización

El movimiento obrero y popular debe alzar nuevamente las banderas de lucha, exigiendo juicio y castigo para los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de todos nuestros compañeros, y de la gran cantidad de crimines que ocurren a diario.

En ese sentido, sin políticas efectivas contra la pobreza la violencia seguirá imparable. Debemos exigir al gobierno la creación de programas de empleos en construcción de infraestructuras (escuelas, carretas, hospitales), abrir más plazas para maestros, médicos, enfermeras, cumplir con los estatutos, subir el salario mínimo de acuerdo con la inflación real, que los funcionarios públicos obtengan el salario de un trabajador calificado, quitarles las onerosas dispensas a todos los políticos, etc.

Solo abriendo mejores condiciones de vida a la mayoría de la población es que podemos empezar a erradicar esta guerra en la que vivimos.

Por Maximiliano Fuentes

El día martes 14 de febrero de 2012,  tuvo lugar un  suceso sin precedentes en la historia reciente  del país y de América latina. Más de 370 reclusos murieron quemados por las llamas de fuego y asfixiados en la granja penal de Comayagua.  Según organismos de derechos humanos, el incendio pudo haber sido provocado por agentes de la policía y empleados administrativos del centro penal, pero independientemente de las causas que posibilitaron el hecho, evidenciamos la política de represión selectiva del Estado de Honduras y concretamente del régimen de Porfirio Lobo contra los miembros de maras y las pandillas.

“La cifra de muertos en el incendio del centro penal de Comayagua, en la zona central de Honduras, crecía este miércoles a 377 víctimas, según el nuevo recuento proporcionado por las autoridades..

El dato incluye a reos desaparecidos que bien pudieron darse a la fuga durante la conflagración, o que fueron calcinados por el fuego.

La tragedia, la mayor que se recuerda en la historia de los centros penitenciarios de Honduras, mantenía conmocionado al país.

Los muertos en el incendio que se produjo a las 11:50 de la noche del martes podrían superar los 400, según han admitido las autoridades hondureñas en declaraciones radiales.

"Hay 272 muertos confirmados, pero creemos que son más de 300" los fallecidos, dijo el ministro de Seguridad Pompeyo Bonilla más temprano este miércoles.”

Responsabilidad del Estado y precariedad de los centros de reclusión

Distintas voces han denunciado el hecho, y es muy probable que haya una intención del régimen de Porfirio Lobo en masacrar a pequeños sectores de la sociedad organizada en maras y pandillas, no obstante, probar lo anterior resulta un tanto complicado, y fácilmente se puede incurrir en la especulación si no se cuenta con las pruebas del caso. Pero resulta extremadamente curioso que en los gobiernos nacionalistas se repitan situaciones similares.

Pero ante lo evidente, no requerimos de explicaciones fundamentadas en la ciencia, el más sano sentido común nos permite describir lo obvio.  Resulta notorio la precariedad de los centros penales, durante años han venido funcionando con presupuestos raquíticos y bajo condiciones infrahumanas, el hacinamiento y una deficiente política administrativa han sido las causas de violentos sucesos durante los últimos diez años.   “Los sucesos macabros ocurridos en las cárceles del país en los últimos diez años muestran el desatino con que las autoridades gubernamentales han manejado el tema penitenciario al entregárselo a una entidad policial que se desvió del camino de servir y proteger.

Hasta 1984, Honduras  había manejado su sistema carcelario utilizando la Ley Reglamentaria de Presidios de 1909. En 1984 hace a un lado la antigua normativa y crea la Ley de Rehabilitación del Delincuente que tiene vigencia hasta 1998.
Hasta ese momento, las cárceles del país son manejadas sin mayores incidentes.

Todo fue que erróneamente -como lo señalan algunos conocedores del tema- al crearse la Ley Orgánica de la Policía mediante decreto 156-98, de fecha 26 de mayo de 1998, se le entrega el manejo administrativo y operativo de las prisiones a la Policía y comenzó el desastre. Para ello se crea una Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos y surgen las denuncias de corrupción a lo interno de algunas cárceles. Se denuncian a ciertos directores de presidios de estar confabulados con gente del crimen organizado que custodian, y de quienes recibieron carros como regalos por ciertas canonjías. Asimismo, se desatan las matanzas. El 12 de noviembre de 1999, en el vetusto centro penal de San Pedro Sula, mueren 11 personas y 31 resultaron heridas.

El 5 de abril de 2003 en la granja penal de El Porvenir, La Ceiba, perecen masacrados 65 reclusos y tres visitas, como consecuencia de un régimen disciplinario de facto. El 17 de mayo del 2004 se incendia parte del penal de San Pedro Sula y se calcinan 107 pandilleros. A partir de ese entonces, se calma la situación en las cárceles del interior del país, pero continúan las carnicerías en la Penitenciaría Nacional. El sistema requiere atención urgente. La crisis desborda, pero las autoridades gubernamentales hacen muy poco. Miran el tema con indiferencia. La noche del 14 de febrero recién pasado llega la catástrofe. Se quema parte de la granja penal de Comayagua y los muertos ya suman 359.”[1]  

Esta situación violatoria, ha alertado a los funcionarios del actual administración, ellos mismos han reconocido que  “Las demandas en contra del Estado hondureño luego del siniestro en el Centro Penal de Comayagua, son “inminentes”, indicó la secretaria de Derechos Humanos Ana Pineda, tras recomendar se deben respetar los protocolos para la investigación.

La funcionaria señaló que las demandas por parte de los familiares y la condena "irreversible" de organismos internacionales, ante la catástrofe son indetenibles.

“El gobierno se esta preparando para recibir demandas. La Secretaria de Derechos Humanos ha hecho un pronunciamiento para que se vea esto. Se deben investigar las distintas versiones”, añadió.

Manifestó que “tenemos que prepararnos para cuando Honduras pague por violación a derechos humanos se deduzcan las irresponsabilidades de los funcionarios o responsables de estos hechos”. (..)La funcionaria reconoció que existe “un problema de derechos humanos, pues los privados de libertad no son vistos como sujetos de derecho. Las cárceles son bodegas en nuestro país y las condiciones que se tienen son malas”.

Expresó que “los centros penitenciarios no están construidos con el diseño arquitectónico para dar las condiciones y están sobre poblados. Hay instalaciones eléctricas hechas de manera cacera. Las condiciones de agua, no siempre hay para la higiene personal. Esta es una situación que no se puede desconocer”.

Sostuvo que “el Estado debe tener condiciones garantes. El problema es que las condiciones no se han construido en el país. No se han hecho esfuerzos para solventar esto”.[2]

El carácter cíclico de la historia: los nerones nacionalistas

Los sucesos históricos, en determinadas épocas y situaciones parecieran repetirse, los incendios que han arrasado la granja penal de Comayagua y los mercados de Tegucigalpa parecieran ser objeto de una orientación política del gobierno de Porfirio Lobo, la verdad es que hay muchos cabos sueltos, y aún no se proporciona las verdaderas causas del suceso. “..Existen varias hipótesis acerca de cómo se inicio el incendio en los mercados capitalinos.

Uno de los propietarios de uno de los puestos del mercado dice que el fuego inicio cuando una piñata se incendio en el interior de uno de los negocios, otras personas hablan de una sobrecarga y cortocircuito dentro también de uno de los negocios. Una de las primeras hipótesis que se maneja fue la explosión de uno de los chimbos de los postes del tendido eléctrico…”[3]  

Al margen de lo anterior, resulta curioso que el suceso se haya dado en la misma semana del incendio de la granja penal de Comayagua, no es ajeno pensar que el mismo sea una maniobra para desviar la atención y las acusaciones contra el régimen.

Lo cierto, es que las desgracias de muchos ha sido extremadamente aprovechada por las aves de rapiña del nacionalismo. Hemos visto a Miguel Pastor, actual ministro de SOPTRAVI y al alcalde capitalino y aspirante a la presidencia Ricardo Alvarez hacer proselitismo político para acrecentar su asentimiento político a partir de la desgracia y la histeria colectiva provocada por los grandes incendios. Esta faceta de la realidad hondureña es un tanto parecida a lo ocurrido Gran incendio de Roma al incendio que arrasó parte de la ciudad de Roma durante el verano del año 64, reinando Nerón como emperador. el incendio se inició o la noche del 18 al 19 de julio  del año 64, o la noche del 19 de julio, y que la ciudad ardió por espacio de al menos cinco días. La destrucción que causaron las llamas fue importante; según Tácito, cuatro de los catorce distritos de Roma fueron arrasados, y otros siete quedaron dañados. Quizá lo más relevante del gran incendio fueran sus consecuencias. Por un lado, la historiografía cristiana señala este hecho como la raíz de la primera persecución a los cristianos, ya que, tras el incendio, Nerón culpó a éstos de haber provocado el fuego, y muchos cristianos fueron ajusticiados por ello.

Al margen de las verdaderas intenciones, desde el Partido Socialista Centroamericano PSOCA  demandamos que se forme una comisión de investigación con los familiares de las victimas, que renuncie el ministro de seguridad Pompeyo Bonilla, y el Director de Centros Penales. Que se investigue y castigue a los culpables, y que el Estado indemnice a los familiares de las victimas. Por otro lado, demandamos la entrega inmediata con sus respectivas autopsias de los cadáveres a sus familiares. De igual manera, que el Estado de Honduras indemnice a los pequeños comerciantes que perdieron sus  pertenencias en el incendio en los mercados capitalinos, y que reconstruya los mismos garantizando las condiciones optimas para el desarrollo de la actividad comercial de los locatarios.

Por Allan McDonald

Los que entráis, abandonad toda esperanza.

Dante Alighieri

Desde la cárcel de mi casa, desde la vidriosa prisión de mis ideales perdidos veo un periódico ardiendo en mis manos con las fotos de aquellos cienes

Que se quemaron en los fuegos encendidos de la miseria humana.

Que se cocinaron en el horror de esta vida.

Que salieron huyendo con una antorcha de fracaso en sus ojos.

Condenados por ser propietarios de la nada.

Presos de la suerte echada entre los brazos de un juez corrupto.

Que se tatuaron el infortunio en las espaldas del olvido.

Que por un poco de frijoles robaron para engañar el estómago.

Que nunca fueron a la escuela del hijo del ministro.

Que se arroparon con las cenizas del sueño en el musgo de la libertad.

Que se les ensartó una bolsa negra como un luto plástico.

Que cayeron baleados como en una feria de fuegos no artificiales.

Que aun tenían las marcas de las flechas de san Valentín.

Que ardieron en la batalla contra el silencio.

Que apartaron el humo de las cortinas oficiales.

Que cayeron en las bartolinas de la inocencia.

Que no tenían el permiso para ser decente.

Que eran ladrones, rateros que no aprendieron a robarse la casa presidencial.

Que no tenían una sonrisa perfecta para ser diputados.

Que no pudieron pagar un magistrado en la corte celestial de la las leyes monetarias.

Que no tuvieron gracias para usar la corbata blanca de la cleptomanía.

Analfabetos que no leían a Dale Carnegie.

Que no tomaron tiempo de entender a Paulo Coelho.

Que no les interesaba la poesía.

Que no fueron Opus Dei.

Ateos de la esperanza redentora del Cardenal.

Que andaban colgando la medallita de la virgen de Suyapa.

Que tenían la claridad de su voz en el oído de la clemencia.

Que no se parecían a Steve McQueen en Papillón.

Que no escuchaban a Mozart.

Que creían en la música de liberación de los Tucanes de Tijuana.

Que se drogaban en la función cirquera del código penal.

Que amaban a sus mujeres gordas sin la vergüenza del rico que paga amantes rubias.

Que no hablaban bonito frente al paredón falso del poder.

Que lavaban su ropita en las pilas sin el agua bendita de la iglesia que los llora.

Que no usaron maquillaje para salir hoy en las portadas de la prensa.

Que no se peinaron para las entrevistas rojas de la televisión.

Que aprendieron carpintería para ser como el hijo de Dios.

Que inventaron el lenguaje con las manos para no hablar como las mentiras del gobierno.

Que tenían las esperanzas en los burdeles de un licenciado.

Que fueron condenados por un tribunal sin juicio ni historia.

Que se hicieron hamacas para aprender a dormir en los cantos de sirena de la justicia.

Todos ellos han sido libres del infierno de estar vivo en esta impunidad