Por Justo Severo Izquierdo

Una vez más, los estudiantes de secundaria han librado una ardua lucha a través de movilizaciones, tomas de carreteras y centros educativos con el firme propósito de exigir al gobierno que les cumpla sus demandas.

Entre las peticiones más elementales figuran la no privatización de la educación, la matrícula gratis en todos los centros educativos, el cese a la coacción y represalias en contra de los líderes estudiantiles, aumento al bono estudiantil y el mantenimiento de la infraestructura de los centros educativos.

Datos escalofriantes

Para mencionar uno de los tantos casos, los alumnos del centro educativo ubicado en el sector de Germania, carretera hacia el sur del país, a escasos kilómetros de la capital, se vieron en la necesidad de paralizar una de las rutas que mueve en mayor escala la economía del país. Sus peticiones se puntualizaban en lo siguiente: “queremos que nos mejoren los sanitarios que apestan, queremos más pupitres y que se nos aumente el bono del transporte” (Diario La Tribuna, 1/6/12).

Es difícil creer hoy en día que nuestros centros educativos no cuentan con los servicios elementales de salubridad y que nuestros estudiantes acudan a realizar sus necesidades fisiológicas en letrinas que fueron construidas hace 17 años y prestaron su vida útil.

“Las condiciones en estos servicios son insoportables, y el mal olor se encierra en las aulas. Nosotros los estudiantes y maestros estamos expuestos a la contaminación y pueden venir enfermedades” (op cit)

Pero la crisis no abarca solamente al nivel secundario, los centros de enseñanza de nivel primario corren igual suerte. Un ejemplo bochornoso se dio en la Escuela de Ensayo José Dionisio de Herrera, ubicada en Comayagüela, en plena capital de Honduras: “con el resguardo de sus padres, desde las 7:00 de la mañana, más de 700 niños comenzaron a recibir clases bajo el sol como una forma de hacer un llamado a las autoridades de educación, para que les construyan un nuevo edificio” (Diario La Tribuna, 31/5/12).

Los infantes de dicha escuela reciben sus clases en plena vía pública, a un costado del vetusto edificio que fue construido hace más de cien años, y temen perder sus vidas en cualquier momento por el derrumbe de dicha instalación.

Plan de ajuste financiero

Para nadie es desconocido que el problema de la educación es realmente estructural; no existen las fuentes de financiamiento y recursos que doten al estado de fondos para el buen manejo y desarrollo de la educación. Además, hay que agregar las medidas asfixiantes que imponen los organismos financieros internacionales, en programas de austeridad y manejo económico, a través de recortes y paquetazos fiscales que obligan al gobierno a reducir del presupuesto asignado a las distintas dependencias del Estado.

La educación no se escapa a tales medidas; la crisis en el sistema educativo es producto de la mala administración y falta de interés político en resolver un problema serio. El único interés del Estado es cumplir con el papel de lacayo ante un sistema neoliberal sangrante y rapaz que somete día a día nuestros pueblos en la miseria y la exclusión.

Dura represión a estudiantes para desmovilizarlos

Ante la frecuente manifestación de estudiantes de secundaria y universitarios el gobierno de turno se ha dado la política de reprimir fuertemente al sector estudiantil. La estudiante Kely Estefanía Núñez y el compañero Erlin Josué Gutiérrez han sido expulsados de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM); en una reciente movilización de los alumnos de la ENMPN fueron detenidos 15 alumnos; los alumnos del ICVC y Técnico Luis Bográn han sido reprimidos salvajemente.

Por un plan de lucha estudiantil

Ante tales medidas excluyentes, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) propone conformar un comité de lucha permanente a nivel nacional, integrado por estudiantes de todos los niveles, instituciones magisteriales, padres de familia y sectores organizados del país, que frene y ataque todos los abusos del sistema capitalista en detrimento de la educación.

Exigir al gobierno mayor diligencia en solventar los problemas de uno de los pilares fundamentales de desarrollo de una nación. Por una educación de calidad e integral, sin exclusión alguna, estamos en pie de lucha. Solo la más amplia unidad, la movilización y la organización coherente y sistemática los estudiantes hará retroceder la política de represión del gobierno de Lobo-Hernández.

Por Justino Díaz

La idea de justicia es una de las más promulgadas en la  historia de la filosofía política. Así, para Platón, la justicia “es una convención del alma y no una virtud nacida del fondo mismo del hombre, es decir, la justicia es una idea imperecedera que no es adquirida sino que es parte de la naturaleza del alma”. Los sabios para Platón eran los que estaban determinados a gobernar, y consideraba que una ciudad justa es gobernada por filósofos; por otra parte los guerreros eran los que contaban con la virtud, de la voluntad representada por la valentía; y por último el trabajador, el cual debería cumplir con la virtud de la templanza, para que pudieran cumplir plenamente con sus funciones. Mientras que para Aristóteles, su definición de justicia se motiva y sustenta de la idea de Platón, es decir él señalaba que la justicia radica en dar a cada cual lo que se merece. Esto es, si una persona es un trabajador, debe cumplir bien con sus funciones y aceptar resignadamente lo que se le designó y que conforme cumpla con esto, será merecedor de su forma de vida.

No obstante, en la modernidad la idea de la justicia  fue sufriendo cambios. En la filosofía moderna, la justicia social proviene  de Hobbes, de Locke, y de Rousseau. No tiene el mismo significado que podemos encontrar en Platón, Aristóteles, Agustín o Aquino, para quienes la justicia es una hábito personalmente adquirido. Existe sólo en su práctica. En un gobierno justo, los ciudadanos en  ejercicio libre adquieren las virtudes respecto a otros. Dependiendo de si los ciudadanos son justos o injustos, un gobierno diseña sus instituciones políticas para llevar a cabo el fin por el que la gente elige vivir. En un régimen injusto, los ciudadanos no practican justicia hacia los demás. En su análisis de los regímenes políticos, Aristóteles justificó las distintas instituciones en función de la tendencia a esos fines. A causa de la dificultad en adquirir la virtud, un régimen bueno era improbable que durase.

De esta manera,  el término justicia ha adquirido diversos significados a lo largo de la historia, según el objeto al que se refiera y los presupuestos ideológicos o éticos desde los que se propone su definición. 

La “justicia social” en Honduras

La justicia social se refiere a las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos humanos, más allá del concepto tradicional de justicia legal. Está basada en la equidad y es imprescindible para que los individuos puedan desarrollar su máximo potencial y para que se pueda instaurar una paz duradera.

Sin embargo, en un país como Honduras estos supuestos teóricos no se cumplen, o más bien, y para ser más explicito, la justicia  es parcializada y favorece a los grupos élites y a los grandes empresarios. Es tan grande la desigualdad que gran parte de la población vive con  dos dólares diarios, casi la mitad de la población vive en la exclusión social. Por otro lado, Honduras es uno de los países de la región centroamericana con el peor sistema sanitario. De igual manera,  Honduras se encuentra entre los países de menores ingresos de América Latina y el Caribe, con una incidencia de pobreza por hogares, según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE)  de un 60.0% en 2011 y una pobreza extrema por hogares de 40.4% en 2006, que disminuyó en 1.3 puntos porcentuales al 2010 (39.1%). El crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) hondureño disminuyó de 6.6% en el 2006 a  2.8% en el 2010. Este  débil crecimiento del PIB, comparado al crecimiento de la población, resulta insuficiente para ejercer un impacto significativo sobre los niveles de vida de la población.

Estos indicadores económicos reflejan enormes desigualdades y contradicciones sociales. En este momento Honduras ocupa el primer lugar de los países más violentos y de mayor criminalidad en el mundo. Ante tanta carencia y falta de oportunidades, amplios sectores de la sociedad, incluyendo varias instituciones del Estado, se han involucrado en el crimen organizado o en la corrupción y los negocios ilícitos, como una de las pocas maneras que quedan para perpetuar su existencia. Digo lo anterior, por la tasa de desempleo, que para el año de 2010 era la de un millón quinientos mil hondureños sin empleo. Pero los porcentajes aumentan, la tasa de desempleo durante del mes de enero del 2011 subió a un 44 por ciento de la población económicamente activa, según las autoridades de la Secretaría del Trabajo. "Es una aproximación de un 44 por ciento de la población económicamente activa la que está sin trabajo, porcentaje que se da por la incorporación de los jóvenes a esa etapa de la edad productiva".

Diputados legislan en función de poderosos y empresarios

Durante nuestra historia política reciente hemos podido presenciar la manera como las distintas bancadas de los partidos políticos legislan en función de los grandes poderosos y empresarios hondureños. Recordemos, que fueron los mismos diputados que en este momento se anuncian como los más fieles defensores de la democracia quienes ejecutaron el golpe de Estado, los que mostraron documentos falsos donde el Ex Presidente Zelaya estampaba su firma para respaldar una falsa renuncia.

De igual manera, nombraron como presidente espurio a Roberto Michelleti Bain tras la expulsión de Zelaya del poder a través de un golpe de Estado, y meses más tarde lo condecoraron como héroe nacional.  Así mismo, durante la actual administración se han aprobado una serie de leyes y decretos que favorecen a los empresarios y desfavorecen a los trabajadores, por ejemplo: la ley del Inpremah, la  desindexación salarial para los docentes y los distintos gremios profesionales que cuentan con estatutos profesionales, la introducción de paquetes fiscales y la creación de nuevos impuestos, y por si fuera poco, los distintos contratos de energía eléctrica que favorecen a empresas transnacionales. Como podemos observar, en Honduras no se legisla en función de los más pobres y más necesitados, ni siquiera se tributa bajo los principios establecidos por la constitución, dado que quienes más tienen son los que menos dan.

La inoperancia de los órganos administradores de justicia

La corte suprema de justicia, así como todas las instituciones del Estado adolecen de los  mismos males: inoperancia, corrupción, violación de los principios establecidos en ley. La mora judicial es parte de esa inoperancia e ineficacia del sistema judicial en Honduras que para este momento es del 60%. En ese sentido, “según Juan Almendares Bonilla, ex rector de la UNAH y procurador de derechos humanos, la mora judicial es uno de los problemas más graves en Honduras donde se registra una mora judicial de casi un 60%. “Esto significa que muchas personas no han sido sentenciadas y tenemos alrededor de 12,000 personas privadas de libertad, lo que quiere decir que más de 6,000 personas no han sido sentenciadas, solo están en un proceso judicial y muchos de ellos son inocentes”, explicó.

Agregó que los entes gubernamentales deben de buscar soluciones primero para determinar la diferencia entre la capacidad para tener determinado número de personas en las cárceles y la disponibilidad en la mora judicial.”

Esta inoperancia afecta la situación de los centros penitenciarios, que por cierto, se encuentran en una profunda crisis producto de la sobrepoblación que se concentra en esos espacios. No podemos olvidar que de forma reciente en Honduras se han registrado los peores sucesos penitenciarios en América latina. Ejemplo claro fue lo ocurrido en febrero del presente año en la granja penal de Comayagua. Desde esa perspectiva, el mismo gobierno norteamericano se ha pronunciado a favor del indulto a los reos. Pero otro de los problemas violatorios de derechos humanos son los distintos casos sin resolver. Un reporte actual “…menciona el aumento de asesinatos sin resolver cometidos en Honduras como uno de los principales ejemplos de una tendencia mundial de discriminación e intimidación según la orientación e identidad sexual de las personas. Hasta ahora, la justicia hondureña demuestra incapacidad en esclarecer y deducir responsabilidades por 35 asesinatos perpetrados contra miembros de la comunidad gay y transexual. A mediados de marzo se contabilizaban al menos 35 casos de este tipo de asesinatos sin resolver.”

Cambiar el aparato de justicia

Por todo lo anterior, desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado a los trabajadores organizados en sindicatos, gremios, a la población vinculada  a las organizaciones comunales y patronales a desconfiar profundamente de la institucionalidad de los ricos y empresarios. Tan solo un nuevo Estado que garantice la igualdad y la equidad en todas sus formas garantizará justicia social, por lo que debemos luchar decididamente para convocar una Asamblea Nacional Constituyente que cambie el actual aparato de justicia, por un sistema de justicia que sea ejercido democrática y directamente por el pueblo. Para cumplir con tales fines se hace necesario erradicar el binomio ricos y pobres, suprimir las diferencias sociales y hacer que la sociedad progrese.  Lo anterior puede escucharse como un sueño, sin embargo, el futuro del país y de la humanidad entera corre a la suerte de la actividad revolucionaria de los trabajadores y del pueblo organizado.

 Por Felipe Gutiérrez

De forma reciente ha sido aprobado por el Congreso Nacional el decreto legislativo para depurar a la policía. Con la aprobación de este decreto podemos constatar la intención del gobierno de la república y de la burguesía hondureña de acelerar los procedimientos administrativos que aseguren la depuración y contener la vinculación de la policía con el crimen organizado y las bandas de narcotráfico. El decreto de emergencia, que se extenderá por 180 días prorrogables, suspende todos los procedimientos de la Ley de la Policía Nacional.

El nombramiento del “tigre Bonilla”

Tras el asesinato de Alfredo Villatoro, de la misma manera que ocurrió con el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos, nuevamente la sociedad civil y  organismos de defensa de los derechos humanos empezaron a reclamar de forma acelerada la depuración de la policía. No es nada casual que el asesinato de Villatoro se haya dado en estas condiciones; evidentemente el hecho tiene tinte político. Bajo nuestra mirada la intención era presionar al gobierno para emprender un proceso de negociación con Porfirio Lobo, quien hizo el ridículo al aseverar que Alfredo Villatoro se encontraba con vida y horas más tarde aparece ultimado a balazos en un sector de la ciudad capital.

En Honduras, el país más violento del mundo y con la mayor índice de asesinatos, no es nada común encontrar  los cuerpos sin vida de cientos de víctimas. En algunos casos, los crímenes no son cubiertos por los medios de comunicación y desde luego las causas de sus muertes ni siquiera son indagadas. No obstante, el asesinato de Villatoro fue ampliamente cubierto por medios locales e internacionales. Sin duda alguna, la intención de los autores intelectuales de su asesinato era la de levantar polvo, es decir, que el mismo tuviera una amplía divulgación, y desde luego lo lograron.

Bajo este contexto, es decir, bajo un escenario de cuestionamientos profundos y de incredibilidad de la institución policial se dio, también durante la semana, el nombramiento de Juan Carlos Bonilla. Resulta curioso que el nombramiento del “tigre Bonilla” ha generado expectativas entre la población, sobre todo en los sectores más críticos entre los que se destaca la rectora Julieta Castellanos miembro de la Comisión Técnica para la depuración, que espera que el gobierno cumpla con su compromiso de bajar los altos índices de la delincuencia en Honduras. En ese sentido, el día martes 22 de mayo, el comisionado de los derechos humanos, Ramón Custodio, calificó de excelente el nombramiento de Bonilla.

El nombramiento de Bonilla se produjo tras la sustitución de  Ramírez del Cid quien “…había sido nombrado como director de la Policía Nacional en noviembre pasado tras los escándalos de corrupción y la muerte violenta del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) Julieta Castellanos, a manos de miembros policiales. La destitución del oficial se produce seis meses después, en medio de los escándalos de violencia en el país, ligado al proceso de investigación de la muerte del periodista Alfredo Villatoro, como también el asesinato de su guardaespaldas y conductor, entre otras acciones administrativas al interior de la Policía Nacional.” (http://www.quienopina.com)

Pese al consenso establecido por la burguesía nacional en cuanto al nombramiento del Tigre Bonilla, el ahora Jefe de la Policía  ha sido fuertemente cuestionado desde hace algunos años por su expediente de violación en los derechos humanos. “En 2007, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre derechos humanos indicó que Bonilla era sospechoso, pero nunca acusado, de una serie de muertes cuando fue el inspector penitenciario de Honduras. Bonilla, subjefe antes de su promoción, no pudo ser contactado para se pronunciara sobre ese reporte.” (http://www.elnuevoherald.com/2012/05/22)

¿Se hace necesaria la depuración policial?

Si esta fuera una pregunta de una casa encuestadora y se le hiciera la consulta a cada hondureño, estamos seguros que contestarían que sí. No sería nada casual, dado que la policía ha sido el instrumento de las bandas de narcotráfico, crimen organizado y los sectores de poder económico para emprender asesinatos, secuestros, robos, extorsiones y otros delitos. En otras palabras, la policía ha ejecutado, planificado y organizado la criminalidad en Honduras; estamos ante una forma de crimen institucionalizado que se ejecuta desde el Estado.

¿Cuál ha sido el saldo de la vinculación de la policía al crimen organizado? pues nada más y nada menos que en los últimos años Honduras se ha vuelto el país más violento en el mundo. Informes recientes señalan que “…antes del 2006, la violencia se logró mantener durante tres años por debajo de los 40 homicidios por 100,000 habitantes.
La escalada de violencia, que no se ha logrado frenar, comenzó en el año 2006. Para el caso, se establece que en el año 2000 hubo 3,176 homicidios (es decir, una tasa de 49.9, lo que equivale a un promedio de 8.7 homicidios por día). Ya en el 2011, es decir, una década después, se registran 7,104 homicidios (tasa de 86.5, es decir, un promedio de 19.4 homicidios por día). Esta enorme cifra supera casi 10 veces más la tasa mundial de 8.8 establecida por la OMS en el año 2000. (..) En el 2005 (último año de gestión Maduro), la tasa de homicidios fue de 37, pero ya en el 2006 la misma se disparó a 46.7 por 100,000 habitantes. En el 2007 la tasa fue de 49.9, en el 2008 se elevó a 57.9 y en el 2009 cerró en 66.8 homicidios por 100,000 habitantes. Respecto al gobierno Lobo Sosa se destaca que en 23 meses de gestión ya se registra la muerte violenta de 12,838 personas, es decir, un promedio de 558.17 mensuales o 19 víctimas diarias. Solo en el 2011 murieron de forma violenta 7,104 personas, es decir, una víctima cada 74 minutos o 19.4 por día.”( El heraldo.hn) 

Frente esta situación de violencia e inseguridad, se justifica la depuración de una institución donde prevalece la corrupción y es un centro de planificación y ejecución de delitos. Sin embargo, las reformas apuntan a fortalecer a la policía, pero no se pretende atacar las causas centrales que determinan la violencia. La vinculación de la policía al crimen organizado y la proliferación del narcotráfico en la región centroamericana y México están condicionadas por la miseria y desigualdad imperante, la injusta distribución de la riqueza social y el surgimiento de grupos marginados que planifican actividades delictivas como formas de obtener riqueza. Mientras continúe la explotación, la división social a través de clases sociales, la existencia del Estado burgués y de sus organismos represores continuará manifestándose la delincuencia y la violencia. La misma existencia de la propiedad privada y la expropiación de la burguesía  de los bienes producidos socialmente generan división y desigualdades.

¿Qué podemos hacer los trabajadores ante la extorsión y el crimen organizado?

Para combatir la delincuencia se están proponiendo toda una serie de medidas desacertadas, como sacar a los militares a las calles para combatir el crimen, cuando no es esta la función de los militares.

Para combatir el sicariato se está proponiendo prohibir que se conduzcan dos personas en una motocicleta. Muchos atentados se han realizado por dos personas en una motocicleta, mientras uno conduce, el otro dispara. Con esto se afectaría a muchas personas para las que comprar un automóvil resulta un lujo, por el delito de una ínfima minoría. Hay quienes han propuesto que Estados Unidos construya una base militar en la Mosquitia para combatir el narcotráfico, y ya se está volviendo a hablar de la pena de muerte.

Toda esta violencia evidencia en mi opinión un fracaso del sistema socio-económico hondureño en particular, y del sistema capitalista a nivel general. Sin embargo, los socialistas revolucionarios les proponemos a los trabajadores organizarse en comités de defensa para la seguridad de sus bienes y familia. Estos comités para la autodefensa pueden ser barriales y comunales y deberán de ejercer autoridad y aplicar medidas para la prevención de la delincuencia. De igual manera, llamamos a los gremios, sindicatos y centrales obreras a proponer una jornada de movilizaciones para la creación de fuentes de empleos, mayor inversión en la educación, salud y vivienda.

Por Sebastián Ernesto González

En la presente semana el gobierno de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández pretendían aprobar el sexto paquetazo. La administración Lobo-Hernández ha aprobado 5 reformas fiscales en dos años de gobierno. Los paquetazos aprobados son: Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y racionalización del Gasto Público; Ley de Reforma al Impuesto Sobre la Renta;  Ley de Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público; Ley de Seguridad Poblacional y la Ley de Regulación de Precios de Transferencia. Sin duda alguna que estos 5 paquetazos y el sexto que se pretende aprobar, ahora en el mes de junio, golpean fuertemente la raquítica economía de las familias hondureñas.

Por ejemplo, la Ley de seguridad poblacional fue aprobada con el argumento de que solo los empresarios pagarían dicho impuesto, sin embargo, la gran mayoría de la población trabajadora hace uso de las tarjetas de crédito, dichas tarjetas serán gravadas con una cantidad de 500 lempiras anuales que serán cargados al renovarse la tarjeta, esta cantidad va en aumento según el límite de la tarjeta, si un usuario utiliza varias tarjetas le cargarán 500 lempiras por cada una. No hay duda de que este ha sido un “golazo” de Pepe y Hernández al pueblo hondureño.

Sexto Paquetazo para expoliar a la clase trabajadora

En esta semana, el Sexto paquetazo; Anteproyecto de la Ley de Racionalización de las exoneraciones Fiscales y Control del Gasto Público para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue retirado del Congreso Nacional y devuelto al Ejecutivo, con la intención de revisarlo y aprobarlo en el mes de junio. Según un informe del Banco Central de Honduras, de enero a abril del 2012 las recaudaciones fiscales solo se han incrementado en un 9 % en comparación con el año pasado en los mismos meses.

Este nuevo paquetazo sería para cubrir el déficit con el que cuenta el gobierno en los actuales momentos. El nuevo paquete  propone aumentar el número de tributantes, así mismo eliminar las exoneraciones a las empresas generadoras de energía térmica, cuyo incremento afectará finalmente al consumidor, “también se busca reducir el subsidio a la energía eléctrica que afectaría a unos 600,000 abonados”, eliminar las exoneraciones a los productores agrícolas, ET (15/05/2012).

Refiriéndose al aumento de tributantes, según el Legislativo son 200,000 personas que reciben sueldo del gobierno y no pagan impuestos. Arturo Alvarado, ex secretario de Finanzas en el gobierno de Ricardo Maduro señaló que “Se tiene que ampliar la base de contribuyentes, hacer que más personas paguen impuestos”, EH (16/05/2012). Si los docentes suman 60,000 personas sin duda alguna, que también pretenden gravar reduciendo el techo de cotización, de ahí saldrían los nuevos 200,000 contribuyentes.

Oposición de la Empresa Privada

La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Aline Flores recordó que “en un principio se habló con el gobierno de revisar el gasto público y las exoneraciones…estos 18 meses que se avecinan serán muy fuertes de contienda política y no queremos sorpresas populistas o alguna locura que se le pueda ocurrir a alguien”. ET (15/05/2012). Aline Flores alude a que el gobierno no debe aprobar ninguna concesión económica a la clase trabajadora.

Ya que el gobierno en el mismo paquetazo pretende le aprueben el incremento al presupuesto del 2013 en 6,200 millones de Lempiras. En el análisis del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDE) condenaron los paquetes fiscales del actual gobierno al señalar “Es un récord de inestabilidad tributaria…el Estado practica una política de exoneraciones perversa y abusiva”,  ET (15/05/2012).

Movilización nacional para detener la aprobación de más impuestos y detener la escalada de precios

Es de señalar que esto sexto paquetazo fue detenido por la oposición de la Empresa Privada, Juan Ferrera, coordinador del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), manifestó que “sería lamentable que por simple politiquería o cálculo político, y no para evitar más cargas al pueblo, se haya suspendido la discusión de la iniciativa”.

El régimen detuvo en este momento el paquetazo por la oposición de la empresa privada, el argumento de Juan Ferrera es falaz ya que nunca les importa que se ataque el bolsillo de los pobres. Los sindicatos, los gremios, productores agrícolas, el FNRP y centrales obreras tienen la obligación de llamar a paro nacional si el régimen pretende aprobar este sexto paquetazo, y un llamado de alerta al magisterio por este nuevo ataque a sus bolsillos al obligarlos a que paguen el impuesto sobre la renta.