Por Gerson de la Rosa

Este martes quince de noviembre, se realizarán las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), tanto en su sede central como en los centros regionales. Sin embargo, antes de iniciarse el escrutinio, algunos sectores estudiantiles han empezado a cuestionar la legalidad del proceso. No era para más, ya que la Junta Nacional Electoral (JNE), conformada por los frentes estudiantiles tradicionales, Frente Unido Universitario Democrático (FUUD), Frente Universitario Revolucionario (FUR) y el Frente de Reforma Universitario (FRU), excluyeron del proceso a los movimientos independientes, señalando que al no poseer el reconocimiento institucional no podían participar en la conformación del organismo electoral, y por ello, los movimientos y candidaturas independientes no participaron en la regulación de las normas del proceso y en la conformación del organismo electoral. 

Creemos que la medida adoptada por estos frentes estudiantiles tradicionales es errónea y antidemocrática. Lejos de crear los mecanismos democráticos necesarios para combatir los sucios planes de la derecha dentro de la UNAH, utilizaron los mismos métodos burocráticos de los partidos tradicionales de la derecha y de los sectores más reaccionarios de la sociedad hondureña. A pesar de nuestras críticas, no nos cansaremos de llamar a la dirigencia y las bases del FRU y de la FUR, a desarrollar la más amplia unidad de acción en la movilización que nos permitirá hacerle frente a las intenciones funestas de la derecha y del gobierno de Porfirio Lobo Sosa.

Por Salvador Sandino.

Latinoamérica es una región que está siendo afectada por la aplicación de políticas extranjeras que tienen como único fin satisfacer las necesidades de las burguesías capitalistas que oprimen a los ciudadanos de estas regiones. Las políticas neoliberales tienen sometidos a nuestros pueblos con la complicidad de las elites que tienen el poder político y económico de estos Estados.

Una de estas políticas es la que está orientada hacia la privatización de la educación.  Como es de esperarse, este tipo de políticas han tenido repercusiones en los sectores más vulnerables; se quiere obviar que es un deber del Estado ofrecer educación de calidad gratuita y laica  a la población.

El ejemplo de la USAC

Ejemplo de esta contra ofensiva, es lo que está sucediendo en la Universidad de San Carlos (USAC) de Guatemala, ya que se desea implementar nuevos artículos en las normas de la institución, específicamente en la ley Orgánica; que elimina la votación de los estudiantes en la elección del vocal  I, que por cierto,  representa al sector docente pero que funge como decano en situaciones de la ausencia de esté.

Como respuesta a estas funestas intenciones, el colectivo de Estudiantes Por la Autonomía (EPA), realizó tomas en las instalaciones el año pasado por más de 54 días en la USAC, situación que obligo a la formación de dos mesas de trabajo y negociación con el fin de aprobar las reformas de la ley orgánica y para elaborar bases y metodologías del proceso de reforma universitaria. Lo patético de estas mesas de negociación es que no han cumplido con sus objetivos, ya que hay discursos y acciones intencionadas por detener el proceso,  conducta hipócrita de parte las autoridades universitarias que se burlan constantemente de los estudiantes de dicha institución.

Los retrasos han sido por los desacuerdos entre las autoridades, docentes y estudiantes en lo referente a la reelección del decano y, se espera que se actúe con pericia y que se dinamice el proceso para el bien de la población estudiantil y docente de la  institución universitaria. La lucha por la democratización de las estructuras internas de la USAC, es una lucha a favor de las clases oprimidas de la sociedad que son víctimas  de los recortes presupuestarios que impone el capitalismo y por la calidad de la educación que vincula la práctica académica, científica e investigativa con el fin de ofrecer una verdadera opción de desarrollo para el país.

El ejemplo Chileno

Vinculante a esta situación, y que hace más grande el problema, son los métodos de enseñanza que están siendo utilizados en la institución, ya que el proceso de enseñanza, por cierto acentuado desde una visión bancaria de la educación, solo ofrece una formación vertical que únicamente satisface las demandas de la burguesía y las transnacionales imperialistas, dado que privan al individuo a que tenga un criterio sobre las diversas situaciones económicas y políticas que está sufriendo el país, y no se difunde un proceso académico investigativo que resalte el nombre de la institución.

Lo interesante de esto, son las luchas que se están librando en toda Latinoamérica por las injusticias que implican estas políticas basadas en la privatización de la educación, como ser el caso de Chile. El gobierno de Piñera está promoviendo una participación de la empresa privada en estos problemas. La dictadura de Pinochet atacó la educación pública con la creación de la Ley Orgánica Constitucional que devino gran parte de la enseñanza al sector privado. Lo preocupante es la falta de recepción de los Estados para hacer un cambio que promueva la educación pública y que regule la calidad dentro del proceso educativo. Hay que rescatar la movilización de la Revolución Pingüina que se dio en el 2006, y que logró remplazar la antigua ley pero dejo muchos sin sabores en los sectores afectados porque no se dio una solución concreta orientada a hacer cambios significativos a la ley impuesta por la dictadura.

El caso de Chile es de gran trascendencia ya que las movilizaciones comenzaron desde el interior de las instituciones educativas teniendo un papel protagonista los jóvenes estudiantes que se han sumado a las movilizaciones. El gobierno se ha visto presionado pero no da una posible solución ya que el sistema neoliberal esta intencionado a no facilitar soluciones a estas demandas.

“Esta enorme fuerza estudiantil se debe a la unidad granítica de las distintas confederaciones estudiantiles, está claro, que cuando los trabajadores y los oprimidos nos unimos no hay fuerza ni gobierno en el mundo que nos detenga”. Rojas, Marcelo (2da quincena octubre 2011). Continúa la lucha por la educación Pública en Chile. El Socialista Centroamericano. Pag. 10

La lucha en Honduras

Lo que hay que puntualizar, es lo antidemocrático de las propuestas pedagógicas que se están implementando en los gobiernos de los países de la región, como es el caso del sistema educativo de Honduras en donde la intención de Lobo y su gabinete es desmantelar el sistema educativo con acciones como no asegurar un presupuesto valido y no dar mantenimiento a los espacios físicos de los centros educativos.

También se están implementando  políticas para desestabilizar el gremio docente y evitar que la unión de estos gremios haga presión para hacer un cambio sustancial que mejore el sistema educativo. También hay que resaltar la intención del gobierno de Lobo por trasladar el problema a la empresa privada, ya que dentro de las propuestas que se están tratando de implementar es una ley de educación que desprotege a las Universidades públicas, por la razón de que el 6% del presupuesto otorgado por el Estado  se quiere compartir con las instituciones privadas.

Lo que hay que analizar dentro de esta propuesta, es la intromisión de la empresa privada y los beneficios que obtendrán los consorcios de capitalistas  con el dinero que pagamos todos los trabajadores al estado por medio de impuestos. Lo anterior es una verdadera una injusticia porque los dueños de estas instituciones privadas son los mismos que se han apoderado de la economía y mercados del país.

El gobierno tiene que preocuparse por implementar políticas que favorezcan a los sectores más pobres del país dando prioridad a la calidad de la educación y ofreciendo seguridad laboral a todos los actores del sistema educativo. También es obligación del Estado ofrecer todas las condiciones necesarias para el proceso educativo recordando que el proceso educativo debe de partir de la realidad que rodea a cada individuo y que la acción pedagógica es un proceso de permanente liberación.

Las intenciones de desmantelar el sistema educativo para ofrecerlo a los sectores privados es una política elaborada bajo la premisa neoliberal de privatizar las instituciones con intenciones de desidia para que el Estado se olvide de ofrecer a la población una educación de calidad y seguridad.

La necesidad de establecer políticas que sean acordes con la realidad, la calidad educativa y mejorar los métodos de enseñanza son retos que compete al Estado resolver y por eso es necesaria una organización de parte de los estudiantes para luchar contra las políticas represivas y con intenciones de privatización que promueven las burguesías capitalistas. “El acto de educar y de educarse sigue siendo en estricto sentido un acto político…y no solo pedagógico”. Freire, Paul. (1993) Pedagogía de la esperanza. Siglo veintiuno editores. México

Por Maximiliano Fuentes

A raíz del asesinato de dos jóvenes universitarios, donde fue ultimado a balazos el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), presuntamente a manos de la policía nacional, se ha venido cuestionando profundamente el accionar de la institución policial, así como su grado de vinculación con el crimen organizado.

Para la mayoría de los hondureños no es nada común la vinculación publicitada en los distintos medios de comunicación, pero no deja de indignar la frialdad y el descaro con la que la policía sega vidas y participa en la comisión de delitos. Sin duda alguna, el asesinato de los jóvenes universitarios ha sido la causa que ha permitido traer a la palestra pública las distintas desviaciones y los actos de corrupción que práctica la policía nacional, sin embargo, desde hace un tiempo se viene manifestado el problema.

La descomposición social del capitalismo corroe la institucionalidad burguesa

Este comportamiento barbárico y sin apego a la Ley, no es propio de la institución policial. Cada una de las instituciones del Estado presenta actos de corrupción, de irregularidad y desviaciones en las distintas prescripciones morales. Resulta evidente, que la descomposición social que ha promovido la sociedad burguesa ha corroído las distintas instituciones del Estado.

La corrupción en Honduras está institucionalizada y la alianza entre los grupos que la propician es uno de los obstáculos más grandes para enfrentarla (..) El II Informe sobre el estado de los casos de corrupción en Honduras 2006, presentado por la Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), subraya que las modalidades de corrupción han variado, tanto, que rebasan la imaginación, "no sólo del ciudadano común, sino también de los estudiosos del tema". Según el informe, la lucha contra la corrupción en Honduras es todavía "un discurso en ocasiones vacío de contenido". Además, los grupos fácticos frenan la voluntad política de profundizar en la investigación, mientras que a las instituciones interesadas en no ser parte de la corrupción se les ahoga vía presupuesto y ausencia de apoyo (…)

La investigación señala que en las últimas dos décadas se han creado instituciones como el Ministerio Público y reformado otras para el combate de la corrupción, pero en la práctica no hay evidencias de que el sistema de justicia asuma la lucha contra ese flagelo como política del Estado. La corrupción es un elemento de desestabilización y un flagelo que también ha penetrado los sistemas políticos y los partidos, agrega el informe, que además compara los esfuerzos que hacen otros países, como Costa Rica, para castigar a los corruptos. El primer informe del FOPRIDEH, de 2004, señaló algunos de los casos más sonados de corrupción en Honduras, como un soborno bananero en 1975 y la quiebra de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI), que representó la pérdida de unos 670 millones de dólares, y otros más recientes que no han sido esclarecidos. El informe de 2006 también incluye quiebras de bancos y presuntos casos de corrupción de gobiernos pasados, principalmente el de Rafael Callejas (1990-1994), quien siempre ha atribuido las acusaciones a una "persecución política" y ha recibido del poder judicial cartas de libertad que lo exculpan. También hace referencia a las denuncias que hace la prensa local y la existencia de "un periodismo coludido con los grupos de poder, que ataca a las personas que denuncian la corrupción y a otros periodistas que apoyan las investigaciones". Agrega que la prensa ha perdido su papel de informar y de investigar, y que hay periodistas aliados "con los grupos de poder ligados a la corrupción porque les dan regalías y unos se venden al mejor postor. Es decir, la prensa también se ha vuelto corrupta". [1]

Como podemos observar, la corrupción es un flagelo institucionalizado en la sociedad hondureña, promovida, en algunos casos desde los grupos elites que se han enriquecido desde el saqueo del Estado, la explotación de los recursos naturales y las actividades ilícitas. Las grandes diferencias sociales y la precariedad en la que vivimos inmersos los hondureños son algunas de las causas que quebrantan la voluntad más fuerte.

En la búsqueda de una mejor calidad de vida, miles de ciudadanos quebrantan su práctica moral en aras de asegurar el acceso a los productos sociales que perpetuaran su existencia o que le harán gozar de un mejor estatus social, por ello, no es casual que la policía se vincule al crimen organizado, sicariato, bandas paramilitares y al narcotráfico. En algunos casos, los oficiales de menor rango son utilizados por la alta jerarquía policial, por cierto, la gran responsable de la violencia y el crimen gestado por la policía. Como dijimos anteriormente, lo expuesto en las líneas de atrás, no introduce elementos innovadores para los ciudadanos hondureños.

Resulta tan evidente, el grado de vinculación de la policía con el crimen organizado que el Ex Ministro de Seguridad Oscar Alvarez ha manifestado que  “...nos encontramos con un país totalmente penetrado por el crimen organizado y el narcotráfico, utilizado como punto de trasiego por los narcotraficantes y con las acciones de presión tanto de Colombia como de México. Se ha convertido en un país visitado como un centro posiblemente de descanso de capos. En declaraciones, el exembajador Hugo Llorens dijo que “Honduras está en la mira de los narcotraficantes como un objetivo para convertirlo como una plataforma de trasiego de drogas desde Suramérica hasta los Estados Unidos. Eso indica que el país está en un peligro enorme. Para lograr convertir a Honduras en un objetivo, tienen que infiltrar las instituciones del Estado, la sociedad y toda la estructura de un país. Deben penetrarla para controlar y que Honduras se convierta en una plataforma de trasiego de drogas.”[2]

La verdadera naturaleza de la policía

Los medios de comunicación de la burguesía nos hacen creer que el rol de la policía es proteger y salvaguardar la vida,  las posesiones y los recursos de la ciudadanía en general, así como de cumplir y hacer cumplir las leyes del Estado de derecho. Sin embargo, ésta, al igual que el ejército están diseñados para proteger los intereses de los empresarios y la oligarquía, es decir, la propiedad privada y el Estado burgués.

La policía es un instrumento coercitivo y represivo del Estado, basta que retrocedamos algunos meses y nos demos cuenta del papel que jugo la policía y el ejército en la manutención del statu quo y de la dictadura de Roberto Michelletti. Sin duda alguna, la policía y el ejército es uno de los tantos instrumentos ideológicos y represivos del Estado. “Represivo significa que el aparato de Estado en cuestión “funciona mediante la violencia”, por lo menos en situaciones límite (pues la represión administrativa, por ejemplo, puede revestir formas no físicas). Designamos con el nombre de aparatos ideológicos de Estado cierto número de realidades que se presentan al observador inmediato bajo la forma de instituciones distintas y especializadas.”[3]

 La crisis de la sociedad burguesa es tan grande que hasta las propias instituciones del estado que ha edificado con el objetivo de salvaguardar su naturaleza de clase explotadora y su basta propiedad privada empiezan a ser un problema para el funcionamiento correcto y adecuado de la misma sociedad. Sin duda alguna, la policía ha dejado de proporcionar seguridad ante una población que vive en  el desosiego ante la inseguridad y la violencia generalizada.

“Al igual que en otros países de América Latina, como Colombia, Guatemala, El Salvador, Brasil o Venezuela la delincuencia en Honduras se ha convertido en uno de los problemas sociales percibidos como más apremiantes. Ya desde 1996, una encuesta de opinión realizada en Tegucigalpa mostraba que el 41% de los ciudadanos consideraban la delincuencia como el principal problema de Honduras, contra un 17.4% que señalaban el costo de vida y un 12.7% el desempleo.”  

En los últimos años, los índices de violencia han aumentado y proliferado como resultado directo de la aplicación del modelo neoliberal y la reducción del Estado a su expresión mínima. La perdida de las conquistas sociales, la exclusión, la marginalidad y la pobreza extrema son algunas de las causas materiales de la violencia.

Pero de algo estamos claros, la policía no goza de credibilidad y desde hace algún tiempo dejo de proporcionar seguridad a los trabajadores, por ello proponemos su erradicación, es decir, esta debe de desaparecer y se debe edificar una nueva sociedad bajo cimientos distintos, lejos de fortalecer los organismos represivos del Estado se debe de eliminar la pobreza, la exclusión y la injusticia social. Proporcionar empleo, salud, educación y una vida digna a los habitantes del país para eliminar el flagelo de la violencia y del crimen en todas sus formas.

Por Gerson de la Rosa

Los Acuerdos de Cartagena aseguraron el retorno de Zelaya a Honduras y contribuyeron, bajo la venía del propio Coordinador General y de la dirección política del FNRP, a  estabilizar la situación de gran ascenso revolucionario de las masas, abierta con la lucha contra el golpe de Estado. Esta política conciliadora y de estrechas alianzas con el régimen de Porfirio Lobo, permitió  la estabilización del gobierno y a blanquear el golpe de Estado. Esta es una verdad incuestionable.

Antes del retorno de Zelaya, la burguesía y la oligarquía nacional habían logrado derrotar  de forma pacifica a  las masas en resistencia  e imponer y consolidar al gobierno de Lobo Sosa, tras un fraudulento y espurio proceso electoral. Evidentemente, la colaboración de Zelaya y de la dirección del FNRP al privilegiar el proceso de negociación política en las alturas por encima de la lucha y la movilización, determinó el proceso de dejar como única opción la participación electoral.

Las intenciones de Zelaya siempre fueron claras:  presionar para después negociar. Tras el exilio mantuvo posiciones críticas y de un profundo cuestionamiento con el gobierno de Porfirio Lobo, sin embargo a su retorno ha bajado la intensidad de su discurso y ha abogado para lograr la reconciliación para la unidad nacional.

Paladín de la reconciliación

En carta enviada a Porfirio Lobo, Zelaya dijo: “He visto con simpatía y solidaridad los esfuerzos que Usted ha hecho en pro de la reconciliación nacional, y además, reconozco el acompañamiento de amigos de Honduras plasmados en diversos y valiosos esfuerzos de dialogo, el ultimo de los cuales es el Acuerdo de Reconciliación, suscrito en Cartagena, que debe culminar en que Honduras alcance la reconciliación, factor esencial para el ejercicio pleno de su soberanía en sus asuntos internos.

Usted, Presidente y yo, ex Presidente, hemos militado en partidos políticos distintos , históricamente diferentes, pero ambos tenemos el honor de ser hondureños y olanchanos; somos herederos de una larga tradición democrática que nos legaron patriotas como Alfonso Guillén Zelaya, Manuel Cálix Herrera, Froylan Turcios, Medardo Mejía y muchos otros que, incluso hoy, nos siguen dando muestras de lo que significan la dignidad y el orgullo nacional. Si bien las discrepancias políticas son saludables para el sistema democrático, la reconciliación es un imperativo supremo para la unidad nacional, la convivencia armónica y el progreso de nuestro pueblo.”

Con esas palabras, el Coordinador General -defenestrado del poder a través de un golpe de Estado, por cierto, donde Porfirio Lobo actuó de forma directa y su participación fue decisiva para mantener el statu quo incólume- se dirige al espurio gobernante. Resulta evidente, que estas palabras de elogio, son congruentes con el giro político del Ex Presidente y de su proyecto electoral, donde de ninguna manera, pretende alterar el orden de lo establecido, o la miseria imperante en nuestro país, siempre en aras de asegurar su participación  en el próximo proceso electoral.

El desmembramiento del FNRP y el reacomodo ante las elecciones

José Manuel Zelaya ha apostado con todo a la participación de su nuevo partido político en el terreno electoral, claro, asegurando una parte del caudal del Partido Liberal y  de las bases obreras y populares del FNRP. Para ello ha modificado el nombre de la organización política, esto por diversas razones, pero la más importante a nuestro juicio, es la de modificar la naturaleza combativa y subversiva del FNRP por algo menos incitador meno ofensivo, por ello ha inventado el nombre de LIBRE (Libertad y Refundación).

Estaba muy claro que las corrientes burguesas que acompañan a Zelaya no pretenden apostarle a un proyecto electoral que diluya su propia naturaleza de clase, y que les de un tinte de izquierdistas subversivos. Por eso nunca quisieron salir con las siglas del FNRP, además que había resistencia de las bases a semejante manipulación.

Aunque debemos decirlo, el cambio de nombre tiene que ver con esa imperiosa necesidad de vincular amplias corrientes del liberalismo, y de esa manera generar una fuerza aglutinante en el próximo proceso electoral, es poco probable que la candidata presidencial Xiomara Castro pueda hacerle frente a las candidaturas de los partidos tradicionales, y otras nuevas alternativas que se están fabricando a última hora como la candidatura de Nasralla.

Evidentemente, la jugada de Zelaya es introducir diputados al Congreso Nacional y desde allí emprender el proceso de reforma constitucional, o de convocatoria a una Asamblea Constituyente amarrada y negociada desde las alturas, para echar correr su candidatura.

Ahora el FNRP es como un gigante con dos cabezas: una oportunista y electorera llamada LIBRE y otra de lucha en las calles que se llama propiamente FNRP. Esta dicotomía puede atentar contra el futuro del propio FNRP.

¿Qué es Libertad y Refundación?

Sí hay una manera de sintetizar una definición que nos acerque a una caracterización precisa de este partido político, tendríamos que decir: el partido político Libertad y Refundación (LIBRE), es un poco más de lo mismo. Es cierto, que algunos intelectuales y corrientes vanguardistas ven con optimismo al nuevo partido político, pero en realidad el nuevo partido  no representa los intereses políticos de las grandes capas de oprimidos y explotados del país. Una cosa es luchar contra el golpe de Estado y otra es constituir una alternativa de gobierno, que debe tener un claro programa de reivindicaciones sociales.

La razón fundamental de esta organización política llamada LIBRE es, abandonar las luchas populares en las calles, y volcarse estrictamente a la toma del poder por la “vía democrática”, como si las transformaciones profundas se realizan desde las corruptas y antidemocráticas instituciones del Estado, es decir, sin romper con la institucionalidad burguesa.

Aunque en su discurso, Zelaya menciona que LIBRE es el brazo político del FNRP, en los hechos sigue siendo el mismo Frente Amplio de resistencia Popular (FAPER). El cambio no nombre o siglas, ni las posturas moderadas, no garantizan que Zelaya pueda atraer otras corrientes políticas para lograr algún grado de incidencia en el proceso electoral.

Pero esta maniobra política de Zelaya ha arrastrado a la mayor parte de la dirigencia y organizaciones sindicales y populares a la ilusión que entre más amplias las alianzas y menos radical el programa político, mayores oportunidades de acceder al poder por la vía electoral, dejando a un lado los objetivos fundamentales por los cuales surgió el FNRP como es la lucha por la democratización de Honduras.

Otra creación: Fuerza de Refundación Popular

Recientemente, el diario La Tribuna informaba, que: “El Partido Libre ya cuenta en sus filas con cinco corrientes internas para participar en las próximas elecciones internas del 2012 y posteriormente competir en las elecciones generales de noviembre del 2013. Para tomar esa determinación, ayer debió reunirse la dirigencia del FNRP a nivel nacional, donde hubo deliberación para llegar a un punto coincidente y lograr darle el nombre al nuevo movimiento como Fuerza de Refundación Popular.” (La Tribuna, 15/10/2011)

Parece que Zelaya está creando su propio laberinto, al crear nuevas siglas y proyectos que no reflejan las ansiadas alianzas electorales. La bifurcación del FNRP fue una maniobra para incursionar dentro del proceso electoral, por cierto controlado por la institucionalidad golpista. Primero creó el FAPER, después LIBRE, y recientemente ha creado una corriente interna dentro de esta última organización, como preparando la cama para la cohabitación con otras corrientes burgueses, que por cierto no aparecen ni parecen estar interesadas en una alianza con el caudillo liberal.

Lo único cierto es que estamos ante el ocaso del FNRP como organización combativa, amplia y democrática, donde miles de hondureños depositaron su confianza ante la necesidad de transformar las podridas estructuras del Estado.

¿Por qué algunos sectores de la izquierda le besan la mano a Zelaya?

Durante este proceso de estrangulamiento del proyecto original del FNRP, las voces críticas han empezado a extinguirse. Algunas organizaciones – no todos, claro está-- y compañeros del Espacio Refundacional han iniciado un proceso de acercamiento gradual, de miraditas y flirteos, de dialogo con el  ex presidente José Manuel Zelaya. Situación que observamos con profunda preocupación, dado los cantos de sirena electorales están orillando al Espacio Refundacional a tomar acuerdos electorales sin establecer un consenso sobre el Programa y los métodos de elección de los candidatos. Por cierto, el Espacio Refundacional es el único sector que ha resistido a la desviación oportunista de la dirección del FNRP.

En diversas ocasiones, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) ha manifestado que no nos oponemos a participar en el terreno electoral, pero debemos hacerlo con un Programa de Lucha que sirva para movilizar al pueblo trabajador contra  los planes de ajuste y de miseria del gobierno. Participar en elecciones sin una clara estrategia revolucionaria es caer en la trampa de las grandes elites y de las cúpulas empresariales que controlan el Estado y que oprimen al pueblo hondureño.

Algunas organizaciones de izquierda han empezado a ceder de forma ingenua ante la seducción de la participación política electoral, ven en el proceso una increíble oportunidad de obtener una diputación o cargo de elección popular. Sin embargo, no valoran la manera antidemocrática en la que Zelaya y sus seguidores están planificando la repartición de las candidaturas. Sin duda alguna, esta escogencia de candidatos, la manzana de las futuras discordias, no se hará en Asambleas democráticas y no se otorgará a dirigentes honestos y combativos, gran parte de estas, sino que seguramente serán distribuidas entre los representantes del zelayismo.

Impulsemos candidaturas independientes

Es por todo lo anterior, que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hemos hecho un llamados a todos los sectores del Frente Nacional de Resistencia Popular, y al mismo Espacio Refundacional a que reeditemos la experiencia de las candidaturas independientes. Estas deben ser representadas por luchadores electos democráticamente en asambleas populares. Por otro lado, estas candidaturas deben ser impulsadas desde un Programa de Lucha que le haga frente a la embestida económica del gobierno

Entre otras cosas,  en este Programa de Lucha debemos abogar por un aumento general de salarios de acorde al alto costo de vida, defensa de la educación pública, el establecimiento de una Asamblea Nacional Constituyente que refunde el país en beneficio de las grandes mayorías, defensa de las conquistas sociales y los estatutos gremiales, realizar una reforma profunda a la antidemocrática ley electoral, y mantener el proyecto original del FNRP.