Por Maximiliano Fuentes

Ante la inestabilidad económica del Estado de Honduras, el gobierno de Porfirio Lobo ha emprendido una serie de medidas con el objetivo de congelar el gasto público, reducir la deuda interna y firmar acuerdos con los organismos internacionales para acceder a fondos que le permitan estabilizar la situación económica que necesariamente tiene implicaciones políticas en un año de elecciones internas. Así, de forma reciente “el Gobierno de Honduras aprobó hoy un plan de emergencia fiscal que recorta el gasto público en 60,79 millones de dólares y un 11% el sueldo de los funcionarios que ganan más de 3 mil 500 dólares.

Por Justo Severo Izquierdo

La lucha del sector campesino proveniente del Bajo Aguán se trasladó esta vez a la ciudad capital,  en protesta contra ciertos fallos emitidos por algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Estas medidas judiciales causaron un fuerte rechazo  de parte de los grupos organizados dentro del MUCA, MARCA, EACI, MOCSAN, ADCP y ANACH. Los campesinos “llegaron enardecidos contra el Poder Judicial, argumentando que las cooperativas San Isidro, La Trinidad y despertar Limitada, obtuvieron fallos favorables en los Tribunales de Justicia, que ordenaron la anulación de las escrituras de los empresarios Miguel Facussé y René Morales.”(La Tribuna, 21/8/12)

Ante tales circunstancias, los campesinos tomaron a bien trasladarse a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia y exigir la pronta solución al problema mediante un diálogo franco con el titular de la mencionada institución. Como sucede con toda medida dilatoria y amañada, los campesinos quedaron burlados ante la ausencia de la autoridad principal, quien evadió la responsabilidad de buscar una salida al conflicto.

Es lamentable que las autoridades estatales continúen prolongando un problema que ha generado cientos de muertos y heridos sin que exista una pronta salida  equilibrada y justa. En este caso los campesinos han denunciado al titular de la CSJ, Jorge Rivera Avilés por la intransigencia en solventar un conflicto serio. Además, se acusa a sus subalternos Celino Aguilera, Joel Serrano y Carlos Eduardo Castelar, de la corte de apelaciones de la Ceiba, quienes están denunciados por los delitos de abuso de autoridad, prevaricato, cohecho y traición a la patria.

Los días 20 y 21 del corriente mes, la respuesta de las autoridades Estatales fue la de siempre: represión por medio de toletazos, gas lacrimógeno, detenciones ilegales y torturas contra todos los campesinos. A esto hay que agregar que en las últimas horas el Gobierno de Pepe Lobo “reiteró que cualquier grupo que violente el libre tránsito será desalojado de las vías tomadas” (La Tribuna, 23/8/12).

La orden del presidente fue cumplida a cabalidad y el Ministerio Público acusó a 25 campesinos ante un  juez de turno de los tribunales unificados de Francisco Morazán, por suponerlos responsables del delito de manifestaciones ilícitas en perjuicio de la seguridad del Estado.

La historia  ha demostrado que ningún gobierno se ha interesado en solventar los conflictos del sector campesino; al contrario, todos se han confabulados con los sectores poderosos del país. Al campesino día a día se le despoja de su  tierra; se le esclaviza;  se le asesina y se le golpea; un vicio de nunca acabar.

Los campesinos del sector del Aguán, se han visto aislados en su lucha por reivindicar sus derechos. En este caso,  el proyecto político del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) no ha sido el más indicado  para jugar su papel protagónico en defensa de los intereses de los más desposeídos. Sus principales figuras,  lejos de acuerpar las luchas de los campesinos, estudiantes, enfermeras y otros sectores en pugna contra el Gobierno, han permanecido en silencio y su principal estrategia política, es definitivamente, conformar su plataforma electoral que los lleve a conquistar el poder. No así el papel de plantear y organizar un programa de lucha permanente con todos los sectores  afectados. 

Ante tales medidas, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) de manera enérgica condena los abusos de autoridad cometido contra todos los compañeros campesinos del Bajo Aguán y todo acto represivo que dañe la integridad física de nuestros compatriotas en pie de lucha. Libertad para todos aquellos campesinos que de forma arbitraria se encuentran detenidos en postas policiales y que de forma justa reclaman  en las calles sus  derechos. Al gobierno de Porfirio Lobo Sosa exígenosle que pare todo acto represivo y vil contra todos los campesinos del Bajo Aguán y que sobre él recaiga toda la responsabilidad de velar por la seguridad de todos los ciudadanos sin exclusión alguna. Llamamos a todos los sectores populares y a las organizaciones de izquierda a se solidaricen con los campesinos del Aguán y formemos un frente común que combata con movilizaciones todo acto deleznable de represión contra los campesinos en lucha, y contra del pueblo.

Por Gerardo García

Pensábamos que solo los Goriletis eran represores y que no  soportaban ni respetaban la democracia y el derecho de los demás, pero nos damos cuenta que nuestros directivos sindicales del STENEE actúan igual o peor que el propio Romeo Vásquez Velásquez, ya que aprendieron muy bien las lecciones de coartar las libertades  universales en materia de derechos humanos.

Si algunos compañeros nos buscaron para darles la firma a manera de pronunciarnos en contra de cualquier manipulación que se pretenda para sacar dinero de nuestro fondo de jubilaciones, no fue con el ánimo de antagonizar con la directiva del STENEE, sino de defender las cotizaciones que por años hemos aportado a esta entidad de previsión social.

Al estar defendiendo nuestro dinero, el cual es deducido de nuestros recibos de pago mensuales, no estamos en contraposición de nuestro contrato colectivo, de nuestro código laboral, del reglamento del fondo de prestaciones sociales, ni de nuestros estatutos, es mas estamos ejerciendo un derecho constitucional.

Fue una falta de respeto departe de ciertos directivos del STENEE al llamarnos cobardes, solo por el simple hecho de defender el capital patrimonial que nos da la posibilidad de tener una jubilación  o pensión digna y decorosa que bien la tenemos ganada.

Compañeros seccionales a nivel nacional: no sabemos que se trató en el Consejo Consultivo que se llevó a cabo, pero no dejemos que nos sorprendan máxime que el día 22 de agosto (ayer) ya salió publicada la licitación de medición, lectura y otras funciones mas.  ¿Entonces cual es la insistencia de sacar el dinero de nuestro fondo, porque si ya está publicada la venta de los documentos para realizar este proceso de licitación, es porque hay una partida presupuestaria para llevarla a cabo?

Además hay compañeros directivos que se andan jactando que van a expulsar a varios compañeros: Les recordamos que le den una ojeadita a nuestros estatutos y cuando tengan bien claro el panorama, entonces procedan de acuerdo a ley, porque va a ser económica y moralmente duro para ellos expulsar a mas de trescientos compañeros que firmaron las listas elaboradas para que no les sea afectadas sus aportaciones, con inversiones sin una garantía solida y segura.

Estamos listos y atentos para la convocatoria a asamblea general que ustedes estimen conveniente.

Por Sebastián Ernesto González

La crisis económica internacional no ha afectado tanto la economía del país como las consecuencias del Golpe de Estado del 28-J de 2009. Cuando se realizó el Golpe la deuda interna del país oscilaba los 7,000 millones de lempiras y en la actualidad anda en los 60,000 millones de lempiras. Un Golpe financiado con los mismos dineros del pueblo y que ahora se le cobra a la clase trabajadora chupándole hasta la última gota de sangre. La situación económica en el país es más asfixiante cada día que pasa, el régimen de Lobo-Hernández en su Plan de Ajustes que ya inició a implementar tiene minidevaluaciones acordadas con el FMI, congelamiento salarial, reducción de plazas de empleados públicos, y seguro que fusionará algunos ministerios con funciones duales, tal y como lo han hecho desapareciendo al IHNFA (Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia).

Mediante la aplicación de un decreto ejecutivo, aprobado el martes 14 de agosto, el gobierno el gobierno planea reducir el gasto corriente en 1,200 millones de lempiras. Tal decreto establece que ninguna institución podrá hacer contratación de personal ni por jornal ni por contrato y se congelan las plazas vacantes.

 A veces Porfirio Lobo aparece exigente diciéndole a la empresa privada que pague los impuestos, sin embargo, esta exigencia solo se queda ahí: en una exigencia, mientras los salarios de los trabajadores han sido disminuidos ostensiblemente y sus conquistas atacadas.

Acuerdo por firmar con el fondo obliga al régimen a tomar medidas

Se anuncia que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegará al país el próximo 3 de septiembre para analizar nuevamente, la posibilidad de suscribir un nuevo acuerdo Stand By con el régimen, luego de fracasos anteriores. El acuerdo anterior venció en marzo pasado y la pretensión de Lobo es firmar un nuevo convenio por 18 meses. Este nuevo convenio le permitiría al gobierno respirar un poco con la llegada de recursos en calidad de préstamos, y que servirían para paliar un poco la deuda interna.

El Fondo Monetario ha venido exigiendo la reducción de la masa salarial y la devaluación de la moneda, mandatos a los cuales Porfirio Lobo aparentaba desacatar, sin embargo, ya enfiló sus energías nuevamente a esquilmarles hasta el último céntimo a los trabajadores.

La Empresa Privada debe pagar la crisis

Sin duda alguna que el sector que siempre cae como gato es la Empresa Privada, con el gobierno de Manuel Zelaya se benefició y con el Golpe se beneficiaron aún más. Cualquier Ley que se apruebe para generar recursos vía impuestos, los de la Empresa privada se vuelven magos para evadirlos y siempre salen ganando, con la evasión o con los negocios turbios que hacen con el Estado. Según un informe de la DEI y la Secretaría de Finanzas se revela que durante el primer trimestre del presente año el gobierno otorgó exoneraciones por un monto de 1,400 millones de lempiras, entre los beneficiados están las embajadas, arrendadoras de autos, iglesias, políticos y diversos negocios. En dicho informe por ejemplo, se detalla que una arrendadora de vehículos en menos de 90 días realizó más de 30 movimientos y se benefició en 13.1 millones de lempira (LT 15/08/2012).

Ante la severa crisis económica y la corrupción imperante en las aduanas, Porfirio Lobo ordenó mediante Decreto Ejecutivo la intervención de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, aduciendo que en vez de aumentar los ingresos estos se habían reducido. Tal y como actúa la empresa privada en confabulación de los políticos en el país, de antemano dudamos que se les haga pagar sus impuestos. Y Porfirio Lobo como siempre, solo habrá emitido un aullido de hipocrecía.

Otro ejemplo reciente es con la famosa Ley de Seguridad que aprobó el Congreso Nacional, donde las empresas que hicieran transacciones superiores a los 100,000 lempiras  debían pagar un porcentaje que se destinaría a la Secretaría de Seguridad, sin embargo, los empresarios encontraron la forma de evadir este impuesto haciendo transferencias de fondos al extranjero, y pagando desde ahí las planillas de los empleados. Al respecto, Mario Bustillo, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), manifestó “que en el momento en que nació la tasa se registraron transferencias internacionales, las operaciones fueron normales y en el marco de la ley”. (ET 17/08/2012).

Y si no es la evasión, entonces vienen los contratos amañados y leoninos con el Estado, tal y como sucede con las compañías térmicas, que prácticamente se chupan todo el presupuesto de la ENEE (Empresa Nacional de Energía Eléctrica). En el gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) se provocó una crisis energética, con el propósito de iniciar ese nuevo rubro de las Plantas generadoras de energía térmica, desde entonces son miles de millones los que han pasado a los dueños de estas compañías. En esos contratos, estas compañías adquieren el búnker exonerado de impuestos, además de que  la ENEE les paga anualmente 2,196 millones de lempiras (183 millones mensuales) solo por tener las plantas en disponibilidad, aunque no produzcan ni un tan solo kilovatio de energía.

Ante la amenaza del gobierno de quitarles la exoneración de impuestos, la Asociación de Energía Termoeléctrica manifiesta que trasladarán los costos a la ENEE, y que esta institución tendrá que cargarlos a la factura de los hondureños.

Devaluación del lempira en frenética carrera

La exigencia del Fondo para devaluar el lempira se ha venido cumpliendo, a finales de julio de 2011, el BCH decretó la devaluación paulatina de la moneda y después de un año, según Lisandro Hernández, Director de Post Grado de Economía de la Unah, lo que ha resultado es “…la depreciación de la capacidad adquisitiva de la moneda nacional y del hondureño…se han beneficiado los exportadores y perjudicado a los productores… también se daña a los consumidores que pagan con lempiras productos  que son comprados con dólares…”

“…también se afecta el ahorro  pues por cada punto que se resbala el lempira frente al dólar, se pierden alrededor de 20 a 22 millones de lempiras… este dinero no se pierde, solo cambia de bolsillos, se va a la bolsa de los exportadores que son un grupo de 7 familias que controlan casi todos los negocios.”  (LT 13/08/2012)

El asistencialismo social sirve para proselitismo político

Otro rubro que ha golpeado las finanzas es los programas de asistencia social, como ser el Bono Estudiantil (100 millones), Bono 10 mil (3,000 millones), Subsidio al transporte urbano (292 millones para 800 unidades de transporte urbano), Subsidio de la ENEE (1000 millones), Bono tecnológico (600 millones),  Transferencias a ONG (3,000 millones), otros (1000 millones).

El Ministro de Planificación, Julio Raudales manifestó que para este año “…las transferencias corrientes, suman alrededor de 12,000 millones, de los cuales 6,000 millones se entregan directamente a las familias; unos 3,000 millones se entregan a ONG y el resto van a subsidios como el de transporte urbano, energía eléctrica y otros…”.

En el caso del bono al transporte, este beneficia a muchos de los políticos que son dueños de unidades y que reciben el dinero directamente. En el caso del subsidio al consumo de energía eléctrica, tal y como lo denunciaría Porfirio Lobo, “los recursos están comprometidos en casi el 94 % en pago de contratos de energía térmica y eso es grave y provoca un déficit fuertísimo a la empresa…”, lo cual significa que quien se termina llevando esos dineros son las térmicas. (LT 15/08/2012)

Exceptuando el Bono Estudiantil, que aún no se les ha cancelado a todos los estudiantes, el resto se utilizan para los activistas políticos del partido de turno. Carlos Ávila Molina, ex Ministro de Educación en el gobierno de Maduro manifestó “No debe generalizarse la creación de bonos con fines proselitistas, sino que tienen que tener una estrategia de apoyo a los más desfavorecidos” LT, 13/08/2012. Sin embargo, Juan Orlando Hernández –presidente del Congreso Nacional- y Ricardo Álvarez –Alcalde de la capital- en su afán de hacer proselitismo como candidatos internos para la presidencia del país del partido de turno en el poder, gastan más en anuncios de publicidad que emiten constantemente en medios televisivos y radiales.

La clase trabajadora debe unificarse para defender los salarios y las conquistas sociales

Durante los últimos 3  años los trabajadores han sido golpeados económicamente, los gremios como los maestros, médicos, enfermeras, empleados públicos y los estudiantes se han encontrado permanentemente en lucha por sus conquistas económicas. En el caso del magisterio, sus plazas que tienen estructura presupuestaria fueron congeladas mediante decreto Ejecutivo desde el 2010 y durante 3 años han tenido el sueldo congelado. A los médicos igual no se les cumple los compromisos pactados y más bien en denuncia pública manifiestan que las Autoridades de la Universidad Nacional de Honduras  han destituido médicos de cargos administrativos que habían sido logrados mediante concurso. El gremio de las enfermeras igual suerte corre con el incumplimiento económico de parte del gobierno y a los estudiantes aún no se les cancela completamente el Bono Estudiantil.

Si la dirigencia no unifica la lucha, la clase trabajadora tiene la obligación de convocar a una movilización nacional para detener el Plan de Ajuste de Lobo-Hernández, solo golpeando la bolsa de la empresa privada es que se puede revertir las leyes que destruyen el salario y las conquistas sociales de los trabajadores.