Por Maximiliano Fuentes

El acceso a la salud es un derecho que los Estados  nacionales están en la obligación de dar cobertura por mandato constitucional, de igual manera, el goce de la salud es un derecho fundamental que todo ser humano debe de gozar sin distinción de raza, posición social, ideología política o condición económica.

Al menos así esta establecido en los distintos tratados internacionales y por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la realidad es otra, ya que en el actual sistema sanitario la gran mayoría de la población no goza de un cubrimiento eficaz del servicio de la salud. El Estado es incapaz de garantizar el cubrimiento de ese servicio, son múltiples las razones, pero sin duda alguna, la aplicación de una política neoliberal se constituye en una de las principales causas.

¿Salud o seguridad?: morir da igual

Esta política reduccionista ha tenido consecuencias desastrosas para el desarrollo humano y social de la región, en ese sentido a nivel de Centroamérica la inversión de los Estados en salud representa un promedio de un 2.1% del PIB en los últimos años, teniendo un costo promedio por persona de 113 dólares, donde los seguros sociales cubren a menos del 20% de la población.

No obstante, como política alterna de los Estados nacionales se ha registrado un incremento en los presupuestos de seguridad en la región centroamericana. En esa dirección, “los gobiernos de la región destinaron durante 2011, en promedio, casi un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para alimentar los presupuestos de seguridad, defensa y justicia. De manera paralela, las empresas de la región registran en promedio un 18% de sus ingresos para proteger a las personas y sus bienes.

Para el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) de Nicaragua, José Adán Aguerri, el gasto de la región en materia de seguridad, que en 2006 ya era de 7,000 millones de dólares, es equivalente al PIB de su país, Nicaragua.”[1]

El estado calamitoso de la salud en Honduras

Cerca del 70% de los centroamericanos carece de seguro social y las personas son las que deben costear sus necesidades en salud, volviéndose algo catastrófico cuando el servicio de salud es de un costo elevado y representa una alta proporción de los ingresos familiares.

Como prueba de lo anterior, Honduras tan solo cuenta  con “…8.7 médicos por cada 10 mil habitantes, lo que lo coloca en el último lugar entre los países centroamericanos con disponibilidad de recurso humano en salud, de los cuales la gran mayoría están concentrados en las zonas urbanas.

Según el censo de establecimientos en 74 municipios, adonde viven poco más de medio millón de personas, no hay médicos de la Secretaría de Salud. Las enfermeras apenas cubren un 3.2 por 10 mil habitantes, obteniendo el penúltimo lugar en Centroamérica.”[2]

Esta situación se agrava con las condiciones que presentan los principales centros asistenciales del país, quienes en su mayoría ni siquiera cumplen con los requerimientos para su operatividad, dado que no cuentan con las certificaciones correspondientes y por ello la Secretaria de Salud no les a asignado la licencia sanitaria. Llama poderosamente la atención, que ni siquiera el hospital Escuela, por cierto el de mayor demanda en el país cuenta con dicha certificación. En ese sentido, el Presidente del Colegio Medico de Honduras ha manifestado que “…el hospital Escuela “puede que nunca tenga una licencia sanitaria porque no cumple con estos requisitos, tiene una demanda mayor a su capacidad”.[3]

Frente estas condiciones, el déficit en atención de salud se extiende a nivel nacional, donde los servicios se prestan con muchas carencias.

Miles de hondureños acuden a diario a los centros hospitalarios públicos en busca de atención médica, pero deben de retornar a sus casas con las recetas en las manos porque los hospitales carecen de medicamentos y con citas muy largas.  “Más de 2,100 pacientes es decir un promedio de 766,500 casos atendidos anualmente, acuden al saturado y vetusto edificio del Hospital Escuela, que lleva el peso de 38 años encima y algunas pocas remodelaciones e infraestructura.

Pese a las enormes dificultades con las que tropieza en diferentes administraciones estatales, el Hospital Escuela dispone de un abastecimiento de medicamentos del 80%, según lo expresó recientemente el titular de la Secretaría de Salud, Arturo Bendaña, refiriéndose especialmente a los del cuadro básico. Del discurso al hecho las cosas parecen distar como del cielo a las estrellas.

Huelga por mejores condiciones salariales y de trabajo

Las incomodidades para cualquiera son múltiples desde su arribo: hacinamiento en los pasillos de emergencia; trato despectivo de gran parte del personal tanto de seguridad como de enfermeras, médicos y practicantes quienes de tanto convivir con la dura realidad sanitaria han dejado de lado la sensibilidad frente al vía crucis de los miles de pacientes. El escaso número de salas de espera y camas (1,200); lavamanos insuficientes; ventilación inadecuada; baños en condiciones deficientes, insalubres y inadecuados hasta para cuando los pacientes requieren de un “chapuzón” que en cualquier caso deberá ser de agua fría; equipo básico para análisis y ultrasonidos en mal estado o en “proceso de reparación”; espacios insuficientes para la privacidad de la consulta; proliferación de insectos y ratas por conductos de tuberías semi reparadas e inclusive conviviendo con los mismos pacientes en pleno mediodía..”[4]

Pero por si esto fuera poco, la inequidad sanitaria no solo se da por las condiciones que presentan los centros hospitalarios o por la falta de contratación  de personal, sino también, por los distintos conflictos laborales por el incumplimiento de acuerdos estipulados en ley.  En lo que va del año se han presentado varias luchas de los empleados de salud, en un primer momento los médicos practicantes que exigían un aumento al beca sueldo otorgado por la Secretaria de Salud, y de forma reciente las enfermeras auxiliares, que desde hace algunas semanas se encuentra en paro de labores por reclamos salariales.

Repudiamos la militarización

La política del actual gobierno se ha caracterizado por resolver los conflictos sociales a través del uso de la fuerza. Esta vez, ha militarizado los centros hospitalarios y contratado personal temporal para atender las vacantes dejadas por las enfermeras que se encuentran en pie de lucha. Esta actitud amedrentadora violenta los derechos de los trabajadores y los establecidos por tratados internaciones. Este tipo de acciones nos muestra la cara de la burguesía y oligarquía concentrada en el actual gobierno, por cierto, violatoria de derechos  fundamentales y libertades.

Aunque han reducido sus pretensiones salariales, el gobierno ha militarizado los centros hospitalarios y amenaza con declarar de ilegal la acción de las enfermeras auxiliares. “Las enfermeras auxiliares iniciaron asambleas informativas debido al incumplimiento del gobierno, en un acuerdo firmado que incluye el pago de colaterales, que abarca quinquenios y otros beneficios”.

Por su parte, el ministro de Salud, Arturo Bendaña, aseguró que la propuesta del gobierno se circunscribe a cubrir todas las demandas menos los colaterales. “La propuesta es el pago de las cesantías que ellas reclaman, el descongelamiento de las 145 plazas y demás, pero con los colaterales, según Finanzas, el gobierno no tiene la capacidad de pagarlos”, declaró Bendaña. En la demanda de las uniformadas, estos colaterales incluyen el bono de zapato y telas, el pago de quinquenios, incremento salarial por zonaje para las enfermeras que laboran en Islas de la Bahía, La Mosquitia y zonas fronterizas.”[5]

Una lucha sin acompañantes

Llama la atención que la lucha de las enfermeras auxiliares se ha realizado sin el acompañamiento de los demás trabajadores de la salud, razón por la cual las luchas no culminan en triunfos y fácilmente el gobierno hace retroceder las pretensiones originales de los movimientos sociales. Para hacer retroceder los planes de miseria y de hambre del actual gobierno se requiere la más amplia unidad entre los trabajadores de la salud, es decir, no solamente deben ser las enfermeras, sino también los técnicos, los médicos practicantes y personal horario que le adeuden salario que se sumen a la lucha. 

Es por ello, que desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos un llamado al FNRP a acompañar el proceso de lucha de las enfermeras auxiliares, de igual forma desde el movimiento obrero se debe de repudiar la militarización de los hospitales.

 

[1] El heraldo.hn “CA sube gasto en seguridad, pero merma en educación” (Disponible en: ww.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Al-Frente/CA-sube-gasto-en-seguridad-pero-merma-en-educacion) (Con acceso el 10/07/12)

[2] Laprensa.hn Honduras con los peores servicios de salud en C. A. (Disponible en: http://archivo.laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2008/10/06/Noticias/Honduras-con-los-peores-servicios-de-salud-en-CA) (Con acceso el 10/07/12)

[3] El Heraldo.hn “Hospitales no cumplen índices de operatividad. (Disponible en: http://www.elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Hospitales-no-cumplen-estandares-de-operatividad) Con acceso el 10/07/12)

[4] Proceso Digital. “Hospitales públicos: talón de Aquiles en derechos humanos de hondureños” (Disponible en: http://www.proceso.hn/2011/04/05/Reportajes/Hospitales.P.C/35896.html) (Con acceso el 10/07/12)

[5] El Heraldo.hn “Enfermeras reducen pretensiones salariales, pero mantienen paro en centros hospitalarios” (Disponible en: http://elheraldo.hn/Secciones-Principales/Pais/Enfermeras-reducen-pretensiones-salariales-pero-mantienen-paro-en-centros-hospitalarios) (Con acceso el 10/07/12)


Por Justo Severo Izquierdo

Los empleados públicos del sector salud, específicamente el gremio de las enfermeras y enfermeros auxiliares, iniciaron un paro de labores en los principales centros asistenciales del país. Por otro lado, los médicos de último año de medicina,  denominados residentes, emplazaron al gobierno para que les cumpla con un reajuste al salario beca aprobado meses atrás por el Congreso Nacional, y el bono respectivo al decimocuarto mes.

Medidas de presión  y demandas salariales                                

Desde el lunes 25 de Junio los trabajadores de la salud, organizados en la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras (ANEEAH), conformado por unos 6,200 agremiados que se encuentran diseminados en 28 hospitales y 252 centros de salud en todo el país, adoptaron como medida de presión suspender sus labores en las áreas de consulta externa y otras salas de menor riesgo, sin perjudicar las áreas críticas y salas de emergencia. En el caso de los médicos residentes, si el gobierno no les cumplía sus peticiones el martes 3 de julio, se irían a las asambleas informativas y 48 horas después, al abandono de las salas de emergencia.

Las enfermeras exigen un reajuste a los colaterales en el sueldo base pactado en el año 2010 con Porfirio Lobo. Además, claman por la contratación de 250 enfermeras que cubran por un lado las plazas dejadas por las compañeras jubiladas, y por otro lado, la falta de personal en las distintas áreas para  atender la enorme demanda en los distintos centros. Cabe señalar que la lucha de las enfermeras auxiliares por mejoras salariales se viene sosteniendo desde hace 12 años sin que las autoridades les cumplan con los acuerdos pactados.

La de nunca acabar

La crisis en el sector salud, se agudiza cada vez más. Los compromisos del gobierno con los organismos financieros internacionales disminuyen la posibilidad de financiamiento e inversión en las instituciones más representativas del país. Los acuerdos que obligan a recortar los presupuestos de las raquíticas finanzas del Estado, obligan al mismo a excluir programas de desarrollo para el beneficio de los más pobres. Como consecuencia de estas medidas, tenemos el desabastecimiento de insumos en todos los hospitales, falta de  equipo médico, falta de hospitales y centros de salud que atiendan a la demanda de miles de hondureños que viajan a grandes distancias para buscar asistencia médica en los centros de mayor importancia, la falta de personal médico y de enfermería que brinde un servicio eficiente y de calidad.

A esto hay que agregar la explotación y riesgo a que se ven sometidos  los empleados de la salud, al no cumplir el gobierno con sus peticiones. Para ejemplificar, hay enfermeras que les toca cubrir de dos a tres turnos al no existir suficiente personal en las temporadas de pandemias y crisis nacional; no cuentan con un equipo moderno de protección ante tales crisis; la mayoría son víctimas de asalto, violaciones y hasta de asesinatos a la hora de salir y entrar a sus centros de trabajo en horarios nocturnos y altas horas de la madrugada, sin que el gobierno les garantice los medios de locomoción y de seguridad para su desplazamiento

Dilatoria del gobierno de Lobo

El gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo nuevamente ha mostrado su incapacidad para solventar uno de los problemas que afectan a la mayoría de los hondureños. La maniobra de Lobo es ganar tiempo, y promover ante la opinión pública una imagen negativa de la lucha de las enfermeras. La actitud maliciosa e intransigente la demostró Lobo en el momento en que declinó este martes reunirse con la directiva de la ANEEAH para resolver la crisis. La postura del presidente del “Humanismo Cristiano” es que no negociará bajo presión con las enfermeras y su decisión es desalojarlas por la fuerza con la policía si se toman los centros asistenciales. Las palabras amenazantes del mandatario indican que no hay voluntad de solventar la crisis, al contrario, pretende agudizarla.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) apoya incondicionalmente la lucha de las Enfermeras y Médicos por las conquistas salariales. Ante la renuencia de las autoridades gubernamentales, consideramos como legítimos los métodos de lucha de los trabajadores de la salud al exigir sus derechos. Al mismo tiempo el PSOCA llama a la solidaridad con las Enfermeras y Médicos para que juntos logremos desbaratar los planes de ajuste económico del sistema capitalista y detener todo acto gubernamental que lacere nuestra dignidad.

Por Ricardo Velásquez

La dura crisis económica que abate al país persiste y crece. En todo este vía crucis del pueblo hondureño no se vislumbra la redención. Y es que el Golpe de Estado del 28-J incrementó la deuda interna debido a la falta de fondos externos. Los que dieron el Golpe en 7 meses incrementaron enormemente la deuda del país y saquearon junto a los empresarios golpistas las arcas del Estado, esto, sumado a la corrupción imperante en todas las instituciones, ha llevado al país a una situación financiera insostenible y alguien tenía que pagar las consecuencias.

Seis paquetazos que asesinan al pueblo hondureño

Al asumir Porfirio Lobo el poder, inmediatamente dio inicio el calvario de los hondureños. Comenzaron con la aprobación de la Ley de empleo temporal y le siguió el decreto que des indexaba el régimen económico de los gremios al del salario mínimo. Solo por mencionar estas dos leyes, la primera permitió el despido masivo de los empleados y la pérdida de derechos de los trabajadores y la segunda ha mantenido congelado el salario de los docentes por 3 años. A esto agregamos los altos precios de los servicios públicos, de la canasta básica y del petróleo y de sus derivados.  La situación de falta de empleo y los raquíticos salarios para los que sí tienen empleo vuelve el panorama oscuro y sin atisbo de que las familias salgan a  flote.

Por supuesto que la crisis la ha pagado el pueblo hondureño. A raíz del vía crucis económico del pueblo es que los indicadores macroeconómicos se vuelven esperanzadores para el gobierno. Así lo manifestó el Ministro de Finanzas Héctor Guillén “Hemos podido salir hasta este momento del hoyo en que se encontraba este país…”. El Ministro de finanzas Argumentó que “…los gobiernos anteriores de Zelaya y Micheletti establecieron muchas obligaciones por el orden de los 18 mil millones de lempiras sin contar con ningún respaldo presupuestario, este gasto provocó una fuerte presión sobre la deuda interna…gracias a dios y a la virgen estamos saliendo a flote y a duras penas admitió…la deuda flotante de casi mil millones de dólares se ha tenido que pagar en dos años y medio en un 50%...” (El Tiempo 04/07/2012)

No queda duda de que el gobierno de Lobo decidió sacrificar al pueblo para financiar la deuda ocasionada con el Golpe de Estado. En contraste con las declaraciones místicas del Ministro de Finanzas, el pueblo se debate entre el hambre y la miseria. El empresario Federico Álvarez comentó “…que la presente administración ya tocó fondo y no hay dinero para atender las necesidades de los sectores, incluso hasta el TSE denunció que no le deseaban transferir unos 60 millones para las internas” (El Tiempo 04/07/2012).

Las dificultades del gobierno para cumplir con las obligaciones salariales son terribles, se les incumple a las enfermeras, a los empleados públicos, a los médicos, a los maestros, a los estudiantes, etc, el gobierno tapa un agujero y destapa 10. La incapacidad del gobierno es tal que Guillén  diría que “Los sueldos representan una carga enorme y una presión sobre el flujo de caja debido que no se puede colocar a tiempo el reglamento de bonos…”.(El Tiempo 04/07/2012) De hecho el gobierno ha venido financiando la deuda interna a través de la venta de bonos a la banca privada, lo cual aumenta más el sacrificio del pueblo que es quién paga esa deuda al final.

El empresario Adolfo Facussé comentó “… a las actuales autoridades solo les queda dos caminos devaluación de la moneda o reducir el tamaño del Estado…es una irresponsabilidad del gobierno regalar dinero como al magisterio…aquí solo son paquetazos y paquetazos y la situación no se resuelve al extremo que la deuda externa ya se disparó…”. …”.(El Tiempo 04/07/2012) La devaluación va viento en popa y se estima que a finales del año el dólar se encuentre cerca de los 20 lempiras y la reducción del Estado sabemos que es irreal ya que va en contra del clientelismo político.

Lo burdo de las declaraciones de Adolfo Facussé –empresario que recibió 12 millones de lempiras de Micheletti para hacer Lobby en los EUA- es decir que el gobierno le regala dinero al magisterio, cuando desde ya se dice que el ridículo aumento que prometió Juan Hernández no será efectivo en el mes de Julio.

Movilización nacional y paro cívico por aumento general de salarios

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llama a todas las dirigencias gremiales, sindicales, campesinas, estudiantiles y obreras a convocar a un paro cívico nacional con movilización y tomas de carreteras para exigir un aumento general de sueldos y que el gobierno cumpla con sus obligaciones salariales.


Por Carlos Alberto Funes

El 29 de abril del 2010, Alejandro Ventura –ministro de educación en ese momento- destituyó arbitrariamente a 17 directores departamentales, bajo el argumento de que la Procuraduría General de la República había dictaminado como ilegal el concurso efectuado en el mes de abril del año 2009. El motivo de la ilegalidad fue que había sido extemporáneo el nombramiento y que la dirigencia no reconocía como legal el gobierno de Michelletti. Los ganadores de dicho concurso fueron nombrados en el mes de diciembre de ese año.

Estos 17 Directores Departamentales iniciaron una lucha ante la Corte Suprema de Justicia y luego iniciaron una huelga de hambre, pero al final no lograron su propósito de ser reincorporados.

La doble cara de Porfirio Lobo

Los nuevos Directores Departamentales fueron nombrados de forma interina o en funciones, ya que los nombrados en  2009 seguían una lucha judicial. Estos Directores Departamentales fueron despedidos con la anuencia de Porfirio Lobo para crear un engranaje leal  a la política de Porfirio y que se encargara de reprimir al magisterio administrativamente por la lucha que se avecinaba –y en efecto así sucedió-. Una vez cumplido el papel al pie de la letra por el ex Ministro Alejandro Ventura y ya con el magisterio derrotado, Porfirio Lobo despidió a Ventura a inicios de este año y nombró a Marlon Escoto como sustituto, quien se identifica como militante de Libre (FNRP). Con esta jugada de ajedrez del más alto nivel, Porfirio Lobo logra por fin completar la integración de un gobierno dizque de “reconciliación nacional” al integrar a un militante de Libre (FNRP) a su gobierno, y lo hace en un sector de alta conflictividad como lo es el magisterio.

Marlon Escoto realizó audiencias públicas en aquellos departamentos donde hay mayor denuncias de actos de corrupción y una de las primeras medidas que tomó es  despedir al Director general de Educación José Antonio Medina, maestro señalado en múltiples veces por actos de corrupción y que pasó a ostentar dicho cargo con Alejandro Ventura y con la anuencia de Porfirio Lobo dada su militancia nacionalista. Luego, Escoto suspendió a los Directores Departamentales interinos nombrados en el 2010, bajo el argumento de que están nombrados ilegalmente y que además se les comprobó actos de corrupción como la venta de plazas docentes. De esta manera inicia un conflicto que ha desembocado en un completo circo y donde la mayor ganancia se la ha llevado el gobierno de Lobo al lograr que la dirigencia magisterial en pleno apoye y le rinda el sombrero a uno de sus ministros.

Ricardo Álvarez, alcalde de la Capital  diría “Ese proceder injusta e ilegalmente en vista que no los han dejado que se defiendan, es una persecución política” ET (13/06/2012). Juan Orlando Hernández señalaría lo mismo al decir “No es posible que en la lista de los que van a contratar como directores interinos vayan personas que antes conspiraban…esa es persecución política en contra de los directores actuales” ET (13/06/2012). Y el otro candidato Miguel Pastor también diría lo mismo “El magisterio nacionalista está siendo perseguido políticamente, y es curioso ver las diferentes clases de persecución política que existen en su contra” ET  (14/06/2012).

Mientras Porfirio Lobo en apoyo al ministro diría “Es lo mejor para Honduras que en educación de una vez por todas terminemos con influencias externas de gremios o políticos y que nos vayamos de acuerdo a la capacidad y al desempeño…” ET (14/06/2012).

Ante tal hecho, los Directores Departamentales suspendidos interpusieron un recurso de amparo con suspensión del acto reclamado ante la Corte Suprema de Justicia, que a la velocidad de un rayo dictaminó a favor de los Directores interinos. Porfirio Lobo con su piel de “lobo” entonces declararía “La Ley debe aplicarse por que los funcionarios estamos obligados a respetarla…es una decisión de la Corte que se tiene que respetar”. ET  (16/06/2012), de esta forma Porfirio juega con Dios y con el Diablo y a todos los deja en una riña callejera que aún no se dilucida.

La dirigencia no debe caer en la trampa de Lobo

La lucha del magisterio es por rescatar lo perdido, Marlon Escoto fue puesto como estrategia para maquillarle la cara al gobierno represivo de Lobo y favorecer la candidatura de Juan Orlando Hernández. Por eso desde el legislativo otorgan un ridículo aumento al magisterio a partir del mes de julio, mientras se esfuerzan por aplicar las reformas a la Ley del Inprema y la Ley Fundamental de Educación que van en detrimento del magisterio. Ante el anuncio de la dirigencia de movilizar a la base para defender a un funcionario de los herederos del Golpe de Estado, hacemos el llamado para movilizar e iniciar una lucha por rescatar lo perdido.


Por Justo Severo Izquierdo

 El 12 de de junio del año en curso, el Movimiento Campesino de San Manuel Cortés (MOCSAM), denunció mediante un comunicado el desalojo violento de más de mil quinientas familias dentro de las tierras tomadas en días anteriores. Esta acción fue ejecutada por los jueces y fiscales a través de los órganos represores del estado: policía preventiva, Dirección Nacional de Investigación Criminal,  escuadrón cobras y miembros del ejército.

La zona en conflicto es una extensión de tierra que abarca  4 mil 252 manzanas, ubicadas en el sector conocido como el COOWLE entre el municipio de La Lima y El Progreso, en pleno centro del  Valle de Sula, a escasos minutos de la ciudad de San Pedro Sula.

Origen del conflicto

La disputa de tierras entre el MOCSAM y las compañías azucareras llamadas, Inversiones San Manuel (INVERSAN), Compañía Azucarera de Honduras S.A. (CASAH) y el empresario José Jacobo Zacapa, obedece, según los desalojados y el dirigente campesino Rafael Alegría, coordinador de Villa Campesina Centroamericana, a las siguientes causas: “Estas tierras han sido expropiadas a favor del Instituto Nacional Agrario y han pasado al poder del Estado de Honduras. La resolución dice claramente que son terrenos que deben utilizarse para la reforma agraria y que le corresponde a los campesinos” (Diario Tiempo, 12/6/2012).

Monopolio Azucarero

Para nadie es desconocido que la explotación agrícola del fértil  Valle de Sula, en un gran porcentaje, corresponde al lucrativo negocio de la caña de azúcar, después de los no menos lucrativos cultivos de plátano y banano.

Los empresarios azucareros se han apropiado de manera ilegal de grandes extensiones de terreno, con el fin de llenar sus bolsillos sin informarle al Estado de las ganancias reales que entran a sus arcas. A esto hay que agregar las dispensas y exoneraciones que les otorga el Estado, por su contribución al ingreso de divisas  por la exportación del grano dulce. De esta manera el cultivo de caña de azúcar constituye un negocio que deja ganancias exorbitantes, obtenidas a costa de esfuerzo de los trabajadores cañeros y de la usurpación de tierras de los campesinos asentados en terrenos vecinos.

En declaraciones absurdas, los terratenientes y dueños de ingenios aducen que no es rentable el negocio de la producción de azúcar y que se dedican al rubro por compromisos con el Estado y el pueblo; esto los obliga a mantener abastecidos a todos los centros de consumo sin obtener las grandes ganancias. Si eso es cierto, ¿por qué no abandonan  el negocio y les brindan la tierra a todo aquél campesino que las quiera trabajar? ¿Cuál es el interés por pelear  la tierra?

Esto es aprovechado de manera vil por los magnates azucareros, que se llevan  de encuentro a un gobierno despreocupado, que no tiene ningún plan de supervisión ni garantiza el cumplimiento los derechos laborales respectivos para centenares de labriegos. En las propias barbas de los funcionarios gubernamentales persiste la esclavitud de todos aquellos compatriotas que por extrema necesidad acuden a las “cañeras” para realizar las distintas faenas de limpiar, sembrar, cortar y recolectar el producto mediante la famosa “zafra” en plena canícula. Un cuadro casi infernal para el que se ha enfrentado ante tal trabajo, y las repercusiones atmosféricas que afectan a los empleados y habitantes de los alrededores con la emanación de humo y ceniza, producto de métodos de cultivo anti ecológicos.

Explotación inmisericorde

La técnica empleada en la “Zafra”, es la quema de la caña de azúcar en pleno verano entre temperaturas que oscilan entre los 39 y 40 grados centígrados. Los corteros, en jornadas que superan las 8 horas, desde tempranas horas son desplazados a los centros de corte en autobuses a punto de convertirse en chatarras y sin las más mínimas garantías de seguridad humana. Son obligados a realizar su trabajo sin ninguna remuneración económica que se ajuste a las necesidades básicas del trabajador.

Para el caso, Marvin Morales, dirigente del MOCSAM sostiene que: “para ganar 80 lempiras uno tiene que cortar 200 metros (de caña). Es difícil ganar 200 o 300 lempiras en un día. La caña sólo da divisas a los dueños de los ingenios. Pero a lo que nosotros nos interesa es alimentarnos: maíz, arroz, yuca, frijoles” (Diario Digital, Honduras Laboral, 12/6/2012).

Es dramático lo que ocurre con el campesinado  de nuestro país, las opciones de sobrevivencia son casi nulas en un Estado anémico y plagado de parásitos que succionan la sangre sin escrúpulos.

Financiamientos Enmascarados

Un dato curioso que brinda la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) a través de su titular Jacobo Regalado, es la disponibilidad  de 700 millones de lempiras con líneas de créditos de 300 millones para la SAG y 400 millones para BANADESA, con el objetivo de financiar la siembra de granos básicos en todo el país. Regalado argumenta que: “Buscamos fortalecer la construcción de una política de financiamiento agrícola más amplia, que pueda seguir respaldando el esfuerzo que mujeres y hombres hacen en el campo para hacer producir la tierra con resultados importantes” (La Tribuna, 7/6/12).

Este dato contrasta con la situación actual del campesinado Hondureño. La pregunta que nos formulamos es  ¿a dónde van a parar esos 700 millones de lempiras? La respuesta es clara y precisa, la mayor parte de la tierra productiva está en manos de los terratenientes y transnacionales. Éstos  buscan la forma de maquillar sus empresas, convirtiéndolas en semiestatales para beneficiarse de los préstamos y otras prebendas que brinda el Estado. Los esfuerzos de estos hombres y mujeres a los que se refiere Regalado, son un sector campesino explotado de manera humillante, que no reciben las garantías laborales de ley. Además,  hay que agregar a un amplio sector campesino sin fuentes de empleo que exigen un pedazo de tierra para trabajarla y generar su seguridad alimentaria.

 

Antecedentes inmediatos

La lucha por la tierra la vienen sosteniendo los campesinos durante décadas. Actualmente, el sector más golpeado son los grupos campesinos debido la ola represiva perpetrada por terratenientes, quienes contratan pistoleros profesionales para dar muerte a sus líderes. El sector gubernamental es otro ente que emite órdenes a militares y policías para reprimir por la vía del desalojo.                         

El Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), en su lucha sostenida contra el terrateniente Miguel Facussé, perdió en dos años 57 miembros. Los atentados ocurridos a los compañeros dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), es una clara política de terror que tiene el fin de desarticular todo avance organizado de las masas populares que claman por una sociedad justa, donde existan los derechos más elementales de desarrollo humano.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hace un llamado al gobierno ilegítimo de Porfirio Lobo Sosa, para que resuelva de manera inmediata el conflicto agrario, y desarrolle un programa que dote al campesinado hondureño de tierras, mediante una verdadera reforma agraria que garantice la asistencia técnica y de crédito a todas las comunidades. Además, hacemos un llamado a todas las organizaciones gremiales, sindicales, estudiantes y organismos de derechos humanos, para frenar todo acto cobarde que ponga en riesgo la vida de todos aquellos luchadores populares.

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