Por Mario Carranza

La guerra El Salvador Honduras en 1969 fue  producto de la contradicciones entre la burguesía salvadoreña y la hondureña; pero además también produjo un debate al interior del Partido Comunista Salvadoreño (PCS) surgiendo así dos tendencias la de Cayetano Carpio (Secretario del PCS y fundador de las FPL) quien  manifestaba que  en esta guerra la clase trabajadora no tiene nada que perder; la otra posición  consideraba que se debía dar apoyo a las fuerzas armadas.

De esta manera  a los primeros se le acusaba de ultraizquierdistas por parte de los segundos quienes consideraban que era posible alcanzar el poder por la vía electoral. La derrota de la posición proletaria expresada por Cayetano Carpio provocó la salida de este de las filas  del PCS, quien afuera  de sus filas trabajó en llevar a la práctica sus planteamientos.

Para los años 70´ el movimiento de masas en El Salvador dio un cambio cuali-cuantitativo, surgen numerosos organizaciones sociales las cuales luchan por mejores condiciones económico sociales y por  la  garantía de sus derechos y libertades; a la vez van apareciendo organizaciones político-militares quienes se van  enfrentando con los  cuerpos represivos de seguridad y las fuerzas armadas. Mientras, el PCS seguía con sus planteamientos de  llegar al poder por la vía electorera. Las FPL  implementaban la lucha armada como vía para la toma del poder. Además de las FPL surgían otras organizaciones político-militares. Los planteamientos revisionistas del PCS eran invalidados por quienes los abandonan  tácticamente y adoptan la vía armada.

Para 1980 las FPL, ERP, RN, PRTC y el PCS a pesar de no existir  unidad ideológica acuerdan  fundar el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Pocos meses después el 10 de enero de 1981 con la finalidad de la toma del poder por la vía armada es lanzada la ofensiva final, no lográndose el objetivo lo que llevó a un repliegue.  A poco tiempo de la llegada del Partido Demócrata Cristiano con el Ingeniero Duarte se inició un proceso de acercamiento y Dialogo entre el FMLN y el Gobierno producto de ello se realizaron una serie de reuniones entre las que se podrían mencionar: La Palma,  (1984), Ayagualo (1984), la Nunciatura (1987). En1989 bajo el marco de la democracia burguesa se realiza nuevas elecciones Presidenciales siendo derrotado el PDC por ARENA, llevando como Presidente a Cristiani  con ello se pasaría del Dialogo a la Negociación proceso que culminó  el 16 de enero de 1992 con  la Firma del Acuerdo de Paz entre el FMLN y el Gobierno de El Salvador.

De esta forma se puso fin y se entregó el proceso revolucionario que desde la década de los 70´y los 80´ venía realizando el pueblo salvadoreño en el cual gran cantidad de personas ofrendaron sus vidas. Para ciertas organizaciones Marxistas-Leninista de la región y del mundo, dicho Acuerdo de Paz no fue compartido. En la actualidad, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) de igual forma plantea un total  desacuerdo con dicho “Acuerdo de Paz” por haber sido este contrario a los intereses de la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares.

Paradójicamente el día de conmemoración de los 18 años de la firma del Acuerdo de Paz, mientras se celebraba la paz, en San Salvador estalló una granada la cual según informe de la misma Policía Nacional Civil es de uso privativo de la Fuerza Armada. Esta vez no fue una  bomba usada  contra el enemigo de clase o para aniquilar a los defensores  del estado burgués, sino que fue  utilizada contra el pueblo; por falta de políticas del gobierno para un combate integral a la violencia y la delincuencia.

Continuando la ejemplificación de que la lucha continua, ese mismo día  de la paz personas lisiadas del conflicto se tomaron la Catedral de San Salvador como una acción de protesta para hacerse oír, organizaciones de trabajadores denunciaban la ola de despidos producidos por el gobierno Central, y por los gobiernos municipales baja la administración de todos los partidos políticos.

Por Germán Aquino

Según el  Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria Portuaria (STIPES), Gregorio Vanegas "Desde el derribo de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, Francisco Flores… puso a la Fuerza Armada como la responsable de la seguridad del Puerto de ahí, han sucedido maltratos a los trabajadores y la empresas contratistas han hecho de las suyas con la administración del puerto"( Diario Co Latino; 31/12/09) de esta manera con el pretexto de la lucha contra el terrorismo  la administración  ARENERA  inicio  la privatización del puerto lo que produjo la perdida de los empleos y el aniquilamiento del sindicato y repercutió negativamente en la economía del pueblo de Acajutla

Con las concesiones el gobierno actúa en contra de la clase trabajadora

Para continuar con el funcionamiento del puerto  el gobierno  incorporo  el sistema  de operadoras privadas  entre las que se  tienen: REMARSA, O&M, OPSAL, NEPORSA, INPORSE, REMASUR, etc.  Siendo estas empresas privadas  quienes  brindan los servicios respectivos y son las responsables de la contratación del nuevo personal al cual  sobreexplotan,  pagan míseros salarios,  no ofrecen mayores prestaciones laborales, no hay  estabilidad laboral; así el gobierno no trata directamente con el trabajador  haciéndolo con  las operadoras (empresas privadas) quienes obtienen grandes ganancias mientras el trabajador que realizado todo el trabajo gana un mísero salario.

Gobierno del FMLN y de Mauricio Funes actúa igual que ARENA

La llegada al ejecutivo por parte del FMLN y de Mauricio Funes genero la “esperanza” que la situación mejoraría y que el proceso de privatización podría revertirse pero la situación continuo igual;  razón por la cual  trabajadores  junto al  STIPES  iniciaron  desde el 24 de diciembre de 2009 un proceso de lucha mediante el cual  buscan  exigirle  al  gobierno   la contratación directa  de los empleados que actualmente laboran para las  diferentes operadoras subcontratadas   por  CEPA, que se den  nuevas  contrataciones, mejores garantías y prestaciones laborales. Los capitalistas les preocupa que sus ganancias  se vean reducidas tal parece la  acción realizada por la clase trabajadora  del puerto de Acajutla toco puntos neurálgicos  y les afecto en sus intereses económicos, ante lo cual el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Raúl Melara manifestó “ el hecho que un grupo de personas se esté tomando las instalaciones portuarias de Acajutla definitivamente que debe obligar al gobierno a tomar acciones a la brevedad posible”; quienes también se vieron afectados por la acción fueron los de ALBA petróleos.  La respuesta  del gobierno del FMLN y de Mauricio Funes fue el uso de la fuerza mediante la intervención de la UMO y otras divisiones  de la PNC demostrándose  el carácter represivo del Estado burgués y  de su administración: el gobierno quien antepone los intereses de la clase económicamente dominante en detrimento de los intereses de las grandes mayorías.

Por un plan de lucha clasista

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) condena las medidas represivas realizadas por el gobierno del FMLN y  de Mauricio Funes en contra de  la clase trabajadora y del pueblo de Acajutla por  considerar  que dicha lucha es en  defensa y garantía de los Derechos que les corresponde; así mismo llama a no creer en los cantos de sirena del  presidente de CEPA  Guillermo López Suarez (ex funcionario de ARENA)  quien  por  un lado  quiere presentarse  como amigo y defensor de los trabajadores pero por recurre al desprestigio al expresar “la autónoma no está de acuerdo en establecer "chanchullos" por oportunistas que han visto la oportunidad de hacer negocio. "El problema es por los directivos del sindicato que quieren ser contratados por CEPA”.  A pesar de las múltiples reuniones y “acuerdos” entre el Sindicato, las autoridades de CEPA y  la intervención de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos la situación  continúa igual o peor;  actualmente están siendo víctimas debido a que las operadoras concesionarias no están contratando a personas que participaron en las acciones de protesta o que tienen afinidad con el Sindicato.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), llama a las clase trabajadora del puerto y a las  bases del sindicato a confiar en la fuerza que representan y que toda negociación realizada entre el sindicato y la representación del gobierno de Mauricio Funes y del FMLN  sea comunicada a las bases quienes tienen que decidir sobre los acuerdos; a las diferentes organizaciones sociales  y  el pueblo de Acajutla a formar un frente de lucha para exigirle al gobierno, el cumplimiento del derecho al trabajo digno, la no continuidad de la operadoras y la estatización del puerto de Acajutla el cual debe pasar bajo el control de los trabajadores.

Por Alberto Juárez

La realidad está  demostrando que una nueva forma de represión, como lo es el sicariato, está operando en el país. Quien tiene el dinero contrata servicios para producir daños a quienes se oponen a sus planes; estos van desde daños a la integridad física y moral hasta el exterminio físico de la víctima.  Esta nueva forma de represión está siendo implementado en contra de las personas y organizaciones sociales  que luchan y reclaman por  sus derechos o que denuncian las violaciones de los mismos

Se pueden mencionar el  caso de los ambientalistas Marcelo Rivera, Ramiro Rivera, Dora Alicia Sorto quienes fueron asesinados recientemente; o las amenazas realizadas al Lic. Oscar Luna, Procurador Para la Defensa de los Derechos Humanos. En el primero de los casos ya existen las denuncias y señalamientos que apuntan como posibles actores intelectuales a los responsables de la empresa minera Pacific Rim a miembros del de ARENA y PCN. Hasta la fecha son muy pocas las investigaciones realizadas  pero activistas siguen muriendo. Las organizaciones sociales tiene el derecho y el deber de manifestarse en contra de esta nueva formar de represión pero que en esencia es igual a los Escuadrones de la muerte; se tiene que exigir al gobierno de Mauricio Funes y del FMLN una profunda investigación y el castigo a los autores materiales e intelectuales.

Con el gobierno de Unidad Nacional salió perdiendo el pueblo

El mayor beneficiado del Acuerdo de Paz fue la clase económicamente dominante y la dirección de ARENA quienes pudieron aumentar sus capitales a costa del estado y gobernaron por 20 años al país periodo en los cuales la situación económica social de la clase trabajadora, el campesinado, los pueblos originarios y demás sectores populares; esto llevo a que el pueblo nombrara a e Mauricio Funes como Presidente, es decir, como administrador del Estado. Si llegar al Ejecutivo era uno de los objetivos de la participación política del FMLN y que fue un punto del Acuerdo de Paz; esto estaba cumplido para la militancia del FMLN. La hora del cambio había llegado el FMLN,  quien tenía que conformar un Gobierno de trabajadores, campesinos, de personas pertenecientes a los pueblos originarios; pero contrario a ello propuso un Gobierno de Unidad Nacional  lo que es contrario a los intereses de las grandes mayorías y tiene que ser rechazado por el pueblo.

Ni perdón ni olvido la lucha revolucionaria debe continuar

Recientemente el gobierno  de Mauricio Funes y del FMLN  pidieron perdón al pueblo salvadoreño por los crímenes y violaciones a los Derechos Humanos efectuados durante el conflicto Armado y es que la población no debe olvidar las causas que originaron el conflicto armado el cual tuvo un costo de  más de 75 mil salvadoreños muertos, niños y niñas desaparecidos,  miles de lisiados de guerra, familias desintegradas, emigración  de millares de salvadoreños hacia otros  países, etc.

Como parte de la “celebración” del Acuerdo de Paz el Presidente Funes manifestó: "En nombre del Estado pido perdón….Reconozco públicamente que el estado irrespetó por acción y omisión porque no protegió ni garantizó los derechos a los salvadoreños….El estado y organizaciones paramilitares abusaron e hicieron uso ilegítimo del poder, violaron las normas básicas de convivencia social", como si la situación fuera sencilla.

Para el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) pedir perdón es muy poco  y además no es al FMLN a quien le toca por qué no fueron ellos los responsables; ellos serán responsable de lo que pudiendo hacer hoy no lo hagan y ya de nada valdrán sus posteriores lamentaciones. Las organizaciones sociales tienen que mantener su independencia política con respecto al actual gobierno y al FMLN a la vez misma retomar la lucha que conlleve a la instauración de un gobierno de trabajadores, campesinos, de pueblos originario y popular.

Por Mario Carranza

Uno de los pretextos utilizados por el gobierno de Mauricio Funes y del FMLN para sacar las Fuerzas Armadas a la calle fue el combate a la delincuencia. Ante esa situación el Partido Socialista Centroamericano PSOCA se manifestó en contra  ello, planteó y la necesidad de la implementación de un plan integral que tome en cuenta las causas estructurales de la violencia y la delincuencia.

A pesar de ello los actuales administradores del Estado tomaron el acuerdo de sacar las Fuerzas Armadas e incorporarla a las labores de seguridad. Los resultados negativos de tan desatinada decisión no se han dejado esperar: ya murieron las primeras personas en manos de los soldados. Ante los cuestionamientos,  Munguía Payes, Ministro de la Defensa, dijo que el soldado actuó en defensa propia, dejando ver, o su alto grado de ignorancia, o podría ser que crea que el pueblo salvadoreño es ignorante.

Actuar en “defensa propia”, consiste en que ambos protagonistas de un hecho estén o se encuentren en iguales condiciones; pero comparar a un hombre  con un arma cortante, en el caso especifico un corvo, con un elemento militar equipado  con un arma larga de fuego  y de grueso calibre, caracterizada para la guerra, es la peor estupidez pronunciada por el ministro Munguía Payes. Está claro que dicha medida  represiva para lo que menos sirvió fue para disminuir la  violencia y la delincuencia, ahora hay más muertos a diario que antes de haberla puesto en marcha el operativo.

Para el 2010 las Fuerzas Armadas están proponiendo que se decrete un Régimen de Excepción, situación que no se veía desde ya hace muchos. De aprobarse dicha medida, muchas libertades y garantías podrían verse suspendidas; todo apunta que el sistema capitalista está preparando las condiciones para volver a gobernar con la Bota milita. Esto no debe ser permitido; el pueblo salvadoreño no debe  dar ninguna confianza a las Fuerzas Armadas y además tiene que manifestarse en contra del Régimen de Excepción.

No puede hablarse de Paz si los asesinos y torturadores no han sido castigados

Con la aprobación de la Ley de Amnistía todos los delitos y violaciones a los Derechos Humanos realizados por parte del estado y del gobierno salvadoreño quedaron impunes siendo el pretexto de ello la reconciliación y reunificación nacional. En estos 18 años de la firma del Acuerdo de Paz las organizaciones no gubernamentales, como el IEJES,  a través de su  presidente  Félix Ulloa expresan: “los familiares de las víctimas de las masacres mantienen una larga espera, y, es el momento que se les repare en todos los aspectos. La oportunidad de anular la ley en este nuevo escenario político de país es grande,…”(Diario Co Latino; 16/I/10)

Por otra parte Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) considera que: “La celebración, la fiesta y el brindis que viene con el aniversario de la firma, debe sustentar elementos muy fundamentales como la verdad, la reparación y la justicia que son necesarias para crear una verdadera reconciliación,…. el primer gobierno de izquierda en el país “salde esa cuenta pendiente con esas familias que tienen esperanza de conocer la verdad, sobre qué pasó con sus seres queridos y  sancionar a los responsables”. (Diario Co Latino; 16/I/10).

El Partido Socialista Centroamericano PSOCA considera que la derogatoria de la Ley de Amnistía es un deber y una deuda que el gobierno de Mauricio Funes y del FMLN tiene pendiente con el pueblo y los familiares de todas las víctimas. Pareciera que el gobierno de Mauricio Funes y del FMLN no quiere castigar a los responsables de los delitos y violaciones  a los Derechos Humanos cometidas en el tiempo del conflicto armado; solo ha recurrido a hacer  homenajes póstumos, como en caso Jesuitas, a pedir perdón; a conformar una “comisión para la reparación civil  integrada por Hacienda, Relaciones Exteriores y se invitará a la Procuraduría de Derechos Humanos…”.

Desde el PSOCA consideramos que son los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales quienes en todo caso deben de conformar una comisión para investigar y castigar a todos los responsables de los delitos y violaciones cometidas contra el pueblo salvadoreño; además se tiene que evitar que el estado y su actual gobierno se queden en la mera reparación moral  o reparación económica como que si la vida tuviese precio o fuere cualquier mercancía por lo cual los ricos y los asesinos del pueblo pagan un precio; se  tiene que exigirse castigo para todos los responsables intelectuales y materiales del sufrimiento del pueblo y en caso de reparación económica no es el estado quien tiene que desembolsar los fondos económicos porque ser así seria al mismo pueblo a quien se le estaría recargando dichos costos;  se les tiene que expropiar las propiedades  de los responsables de los delitos y violaciones de los Derechos Humanos.