¡ABAJO PÉREZ MOLINA Y SU DECADENTE GOBIERNO! ¡POR UN GOBIERNO DE LAS ORGANIZACIONES POPULARES! ¡POR UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE PLURINACIONAL Y POPULAR!
En un nuevo golpe espectacular, el viernes 21 de agosto, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP), denunciaron que, como resultado de las investigaciones del caso de defraudación aduanera en el que está implicada la estructura “La Línea”, llegaron a la conclusión de que los máximos dirigentes de la misma eran la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y el presidente Otto Pérez Molina.
En base a la investigación por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo, se solicitó una orden de captura ante el Juzgado de Mayor Riesgo B contra Baldetti. La ex vicepresidenta fue capturada en el hospital privado en el que se había internado días antes y trasladada a la cárcel militar delCuartel de Matamoros.
En cuanto al presidente, el MP interpuso una solicitud de antejuicio en su contra ante el Organismo Judicial, para poder procesarlo por los mismos delitos de que se acusa a Baldetti. En medio de insistentes rumores de la inminente renuncia del presidente, Pérez Molina declaró en cadena nacional, la noche del 23 de agosto, que no renunciará, rechazó su vinculación con La Línea, pidió disculpas por la corrupción en su gobierno, acusó al empresariado de beneficiarse con la defraudación aduanera, invocó el apoyo del área rural a su favor, llamó a los ciudadanos a votar y se puso a disposición de los procesos legales que correspondan para demostrar su inocencia.
El presidente se queda aislado
El poderoso sector de la burguesía representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), abandonó finalmente a su suerte al presidente, exigiendo en conferencia de prensa el viernes 21 por la noche su “renuncia inmediata”.
Como corolario, cuatro ministros y cinco funcionarios del gobierno, que están vinculados a la oligarquía, presentaron su renuncia. Ellos son el ministro de economía Sergio de la Torre, la ministra de educación Cynthia del Águila, el ministro de salud Luis Enrique Monterroso, el de agricultura Sebastián Marcucci, el comisionado presidencial para la Competitividad e Inversión Juan Carlos Paiz y los funcionarios del área de economía y finanzas Claudia del Águila, Sigfrido Lee, María Luisa Flores, Adela Camacho de Torrebiarte y Marco Antonio Gutiérrez. La Iglesia Católica, el 23 de agosto, en la persona del Arzobispo Metropolitano, Óscar Vián, también pidió la renuncia del presidente.
De esta manera se cierran las tenazas alrededor del gobierno de Otto Pérez Molina y el Partido Patriota, acorralamiento iniciado con las primeras denuncias y capturas del 16 de abril, impulsadas por la CICIG y el MP. Al inicio de la crisis, los partidos mayoritarios en el Congreso, Libertad Democrática Renovada (LIDER) y el gobernante Partido Patriota (PP), se opusieron a la solicitud de antejuicio contra el Pérez Molina, solicitada por el diputado de WINAQ, Amílcar Pop. Desde entonces, muchos sectores sociales le han retirado gradualmente su apoyo al presidente Pérez Molina, atrincherándose éste en un sector de las Fuerzas Armadas y en la alianza de facto entre LIDER y el PP dentro del Congreso.
¿Un golpe de Estado de baja intensidad?
Como ya hemos explicado en otras declaraciones, el imperialismo estadounidense, ante la necesidad de impulsar el Plan Alianza Para la Prosperidad (PAP), que se propone frenar la creciente migración de trabajadores centroamericanos hacia el norte, y el narcotráfico que azota la región, ha decidido impulsar cambios en los regímenes políticos del Triángulo Norte. Estos cambios apuntan a mejorar el funcionamiento de la democracia burguesa, barriendo con la corruptela que ha caracterizado por décadas a los gobiernos y los partidos políticos.
En Guatemala, ante el temor del estallido de una revolución social, un sector de la burguesía y del ejército, especialmente de los órganos de inteligencia y seguridad, están utilizando a la CICIG y al MP, para forzar al gobierno de Pérez Molina a realizar los cambios necesarios que impidan que el movimiento de masas imponga los cambios desde abajo. Pero el tiempo y la paciencia se agotaron rápidamente. En este forcejeo las contradicciones han llevado al gobierno de Pérez Molina al borde de su caída. Por el momento, Pérez Molina se resiste a abandonar el poder, pero en un contexto de mayor debilidad y aislamiento social.
El sector burgués que presiona a Pérez Molina aspira a que el actual vicepresidenteAlejandro Maldonado, asuma las riendas del poder bajo un gobierno transitorio títere de la oligarquía y del imperialismo norteamericano, con el objetivo de acelerar las reformas democráticas para contener la movilización de masas
¡A Pérez Molina hay que tumbarlo!
Si algo está claro es que el presidente Pérez Molina no va a renunciar. Las presiones del CACIF y del imperialismo no han logrado imponer a Maldonado. Las marchas no han tenido la fuerza suficiente para sacar a Pérez Molina e imponer reformas democráticas. Entonces, es necesario elevar la presión popular. Corresponde a la izquierda, los trabajadores, sindicatos y organizaciones indígenas y campesinas, convocar a un gran paro nacional para exigir la salida de Pérez Molina y su gobierno.
La Izquierda, la ASP, los sindicatos y organizaciones obreras, campesinas indígenas y populares, debemos constituir una alternativa de gobierno de los trabajadores, ante el desmoronamiento del gobierno de Pérez Molina.
Si logramos imponer esta salida revolucionaria, cambiaría dramáticamente la situación en Guatemala. Si eso no ocurre en los próximos días, tendremos que afrontar en clara desventaja el desafío electoral montado por el actual régimen político, porque hasta el momento es poco probable la posposición de las elecciones.
El panorama de las elecciones antidemocráticas
A dos semanas de las elecciones generales, el panorama se torna muy complejo. Por la tenaz oposición de los podridos partidos mayoritarios en el Congreso, la tímida propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEEP) impulsada por la Universidad de San Carlos (USAC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), quedó varada. En el área urbana, las capas medias y sectores populares, en una justa actitud de rechazo a los partidos y políticos tradicionales corruptos, exigen la posposición o la suspensión de las elecciones, pues el sistema electoral ha sido diseñando para perpetuar el control de los partidos que dominan actualmente el Congreso.
Debido al antidemocrático sistema electoral vigente, lo ideal sería que las elecciones se suspendan o se pospongan, y que antes de su realización se aprueben cambios profundamente democráticos a la Ley Electoral, que permitan eliminar la corrupción en el sistema de partidos políticos y faciliten las condiciones para la postulación de candidatos independientes, que reflejen a los trabajadores y comunidades campesinas e indígenas, en la perspectiva de instaurar una Asamblea Nacional Constituyente que transforme el país en beneficio de los oprimidos y explotados.
Pero una cosa es la situación ideal que todavía no existe y que todos deseamos, y otra es la candente realidad política, tal como se nos presenta. Estamos a escasos días de las elecciones, y las fuerzas de la reacción se resisten a modificar al calendario electoral. La izquierda y el movimiento indígena y popular estamos ante una gran disyuntiva. La lucha en el plano electoral nos ha sido impuesta por los partidos de la reacción.
Nuestro objetivo estratégico debe ser tumbar al gobierno de Pérez Molina e imponer desde abajo la Asamblea Nacional Constituyente, para ello tenemos que combinar los métodos de lucha. Debemos priorizar la movilización para convocar e imponer el gran paro nacional, con la consigna central de: ¡¡Abajo el corrupto gobierno de Pérez Mollina!! Pero al mismo tiempo, no podemos dejarle el campo libre a las fuerzas reaccionarias del actual régimen, que están organizando una salida de recambio con la realización de las elecciones el 6 de Septiembre. El escaso tiempo que falta para las elecciones ya no permite la presentación de candidaturas conjuntas de la izquierda. A pesar de que este sectarismo debilita la constitución de una alternativa de gobierno, reiteramos nuestro llamado a no desperdiciar el sufragio, para convertirlo en un instrumento más de protesta, votando críticamente por las candidaturas de dirigentes y representantes campesinos, indígenas y populares presentadas por los partidos URNG-WINAQ y CPO-CONVERGENCIA. Entre más votos saquen los partidos de izquierda menos probabilidades que la reacción imponga el recambio de gobierno. Una masiva elección de diputados y alcaldes pertenecientes a estas fuerzas permitiría la formación de un poderoso bloque de izquierda que debe continuar la lucha después de las elecciones, contra el actual sistema capitalista, e impulse a nivel del Congreso y municipalidades la inmediata tarea de imponer la Asamblea Nacional Constituyente.
Que las organizaciones populares conduzcan la lucha en las calles
El frente electoral es solo uno de los tantos frentes de lucha. Más importante es la lucha en las calles. En este tema hemos sido insistentes en la imperiosa necesidad de que las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares, las organizaciones de mujeres y jóvenes, y demás sectores sociales oprimidos, se pongan a la cabeza de las movilizaciones contra la corrupción e impongan su sello de clase, complementando las demandas democráticas con las sentidas reivindicaciones sociales de los oprimidos y explotados de Guatemala.
La experiencia histórica nos indica que las revoluciones democráticas siempre inician como conflictos entre fracciones de la burguesía, y las revoluciones socialistas y populares inician como revoluciones democráticas, que son aprovechadas por los oprimidos y explotados para colar sus demandas e imponer el poder de sus organizaciones y partidos. Por ellos hemos insistido en que la Asamblea Social y Popular (ASP), en alianza con otras organizaciones consecuentes como CNOC y CODECA, se coloquen audazmente como la vanguardia de las protestas.
La lucha por cambiar Guatemala apenas comienza
Apoyamos incondicionalmente las protestas anunciadas para la próxima semana a partir del martes por la ASP, el magisterio en resistencia y la USAC. Debemos demandar la renuncia o salida del presidente Otto Pérez Molina; la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos con propuestas más profundas y democratizantes que las del TSE; el establecimiento de un gobierno de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y populares sin la participación de representantes de grupos o partidos de la burguesía; y la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional y popular que transforme Guatemala en beneficio de los desposeídos.
Centroamérica, 24 de Agosto del 2015
Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)
