Este 1 de mayo: Por un Plan de Lucha Unitario, en defensa de los salarios, las convenciones, contratos o pactos colectivos, el empleo digno y la seguridad social!!
Este año 2017 celebraremos el 1 de mayo bajo una brutal ofensiva del imperialismo norteamericano contra los trabajadores del mundo. Esta ofensiva ha sido facilitada por el giro de las masas a la derecha en las últimas elecciones en Estados Unidos, que llevaron al millonario Donald Trump a la presidencia. Este giro a la derecha, que amenaza con repetirse en otros países de Europa, como Francia, no es más que el reflejo de la desesperación que provoca la crónica crisis del capitalismo que cotidianamente nos arrebata los salarios, vuelve más precarios los escasos empleos, alarga las jornadas de trabajo y está destruyendo las conquistas laborales que se lograron en la segunda mitad del siglo XX.
La administración Trump, con su gabinete de millonarios, ha iniciado una ofensiva por devolver al imperialismo norteamericano, la hegemonía mundial. Realiza ataques militares en Siria, ha elevado considerablemente el presupuesto militar, también mantiene una campaña constante contra los 43 millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos, incluidos por supuesto cerca de 5 millones de trabajadores centroamericanos, a los que amenaza deportar en cualquier momento.
La administración Trump trabaja para recolonizar América Latina, aprovechando el debilitamiento y desaparición de la mayoría de los llamados gobiernos “progresistas” de izquierda. La punta de lanza han sido los ataques contra México, pero también tiene planes contra los países de Centroamérica, su patio trasero. A cambio de mantener el financiamiento a la Alianza para la Prosperidad (APP) en el Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), la administración Trump presiona para que estos gobiernos detengan la olea de migración hacia Estados Unidos, y acepten las anunciadas deportaciones masivas.
1.- Los efectos de la derrota de la revolución en Centroamérica
En Centroamérica tenemos una situación muy particular. La derrota de la revolución en Nicaragua (1990), el fracaso de la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) para tomar el poder en El Salvador, y la incapacidad de la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), aceleró los procesos de negociación en 1992 y 1996, respectivamente. Honduras fue tomada por asalto para servir de bunker de la contrarrevolución.
El fracaso de la revolución en Centroamérica, durante la década de los años 80 del siglo XX, aceleró el proceso de descomposición del capitalismo semicolonial. Sin la posibilidad de imponer cambios revolucionarios, los países del triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) comenzaron a retroceder en relación a los logros obtenidos en los años 50, 60 y 70 del siglo XX, bajo la política de sustitución de importaciones, con la creación del Mercado Común Centroamericano (MCCA), especialmente porque la industria manufacturera que creo un proletariado industrial, que durante muchos años, bajo la represión de las dictaduras militares, fue la vanguardia de lucha.
- El proletariado de las Maquilas
Después de la derrota de la revolución en toda Centroamérica, y de los procesos de negociación política que le siguieron, se inició una brutal ofensiva neoliberal que durante más de 30 años ha desmantelado esa industria manufacturera, y con ello se debilitaron las centrales obreras y los sindicatos.
La base económica de los países de Centroamérica ha sido modificada, hemos retrocedido enormemente en la economía mundial. Nuestros países siguen siendo países esencialmente agroexportadores, sujetos a los vaivenes de los precios del mercado mundial. En la región, solamente Guatemala y Costa Rica conservan algún grado de industria ligera, destinada el mercado interno y regional, que emplea a un todavía numeroso proletariado con escasa organización sindical. En Costa Rica prevalece el Solidarismo como mecanismo de control sobre los trabajadores del sector privado.
La clase obrera industrial de la manufactura en Guatemala, El Salvador y Honduras, en muchos casos ha sido sustituido por el nuevo proletariado de las maquilas. En Nicaragua la conversión es casi total.
En Centroamérica, el proletariado de las maquilas agrupa a unas 400,000 personas trabajando bajo las condiciones de exclusión de las distintas, pero casi iguales leyes de Zonas Francas, sobre todo en la industria textil y confección, siendo más del 60% mujeres. En El Salvador existen cerca de 80,000 trabajadores en maquilas y en Guatemala la cantidad asciende a 60.000 trabajadores. Honduras tiene 144.000 trabajadoras(es) en maquilas, 16.900 de ellos trabajando en arneses. Nicaragua tiene 120,000 trabajadores en maquilas, 15.000 de ellos trabajando en arneses. En Costa Rica la cantidad de obreros en las maquilas de la industria textil llegó a 30,000 pero en los últimos años ha descendido a 8,000. Costa Rica logró atraer maquilas tecnológicas, que ocupan escasa mano de obra, pero a su vez con altos conocimientos educativos. El desmantelamiento de la industria manufacturera del MCCA es proporcional al número de obreros en las maquilas.
El grueso de la clase trabajadora en Centroamérica, lo conforman el proletariado maquilero, compuestos por trabajadores muy jóvenes, en su mayoría mujeres, con escasa tradición de lucha y sometidos a la atomización sindical y a embrutecedoras jornadas de sobre explotación, con salarios miserables.
El salario promedio de los obreros de las maquilas en Guatemala asciende a $331,26 dólares, en El Salvador $295 dólares, en Honduras a $272,48 dólares y en Nicaragua a $157,26.
El boom de la industria maquilera en Centroamérica se debe a los bajos salarios, y a las brutales condiciones de trabajo, donde se niegan en los hechos los elementales derechos laborales permitidos en las legislaciones nacionales.
- El flujo migratorio y las remesas
Una de las consecuencias de la derrota de la revolución en Centroamérica fue el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Una parte de nuestra clase trabajadora vive y labora en Estados Unidos. Cerca de 4 millones de trabajadores centroamericanos viven en los Estados Unidos, representando el casi el 10% de los 43,3 millones de inmigrantes. El 85% de los centroamericanos en Estados Unidos provienen de los países del Triángulo Norte. El 15% restante provienen de Belice, Costa Rica y Panamá.
En los últimos 36 años, de 1980 a 2016, el número de trabajadores inmigrantes centroamericanos creció casi diez veces. Esto es un reflejo de la enorme crisis económica y social en Centroamérica. En los últimos años, debido a las restricciones migratorias de Estados Unidos, una parte de la migración se dirigió a España, pero esta tendencia se estancó debido a la pavorosa crisis del año 2008.
1.3 Las remesas reflejan la desintegración social
Este flujo migratorio trae aparejado un boom en el envío de remesas familiares a Centroamérica. En el año 2016, Guatemala recibió 7,159,967.6 millones de dólares (10% del PIB), El Salvador recibió US$4,576 millones de dólares (17,1% del PIB), Honduras recibió 3,950 millones de dólares (un 20% del PIB), Nicaragua recibió $1,264.1 millones de dólares (9,6% del PIB). Costa Rica y Panamá no son países que reciben grandes cantidades de remesas, todo lo contrario, son países desde donde se envían remesas a Nicaragua y otros países de Centroamérica.
La recepción de remesas es directamente proporcional al grado de desarticulación de la economía y de la sociedad.
2.- Trabajadores estatales continúan siendo vanguardia de las luchas de resistencia
Los trabajadores de la escasa industria liviana que sobrevive y de las empresas transnacionales, bajo la forma de maquilas, por su debilitada o inexistente organización sindical, no han pasado a la lucha. El rol de vanguardia lo han ocupado, temporalmente, los trabajadores estatales, especialmente de los sectores de salud y educación. Los trabajadores estatales tienen un solo empleador y por ello conservan un sentido de unidad contra su único empleador, aunque son los que resienten directamente las políticas neoliberales de reducción del Estado y de la privatización de los servicios públicos.
Dentro de los trabajadores estatales, los sectores que más luchan son salud y educación. Mientras los Estados nacionales languidecen, y crece la pobreza general, los hospitales públicos y las escuelas son instituciones vitales donde acuden la mayoría de los pobres. A eso se debe la relativa fuerza que conservan este segmento de trabajadores estatales. En el último año, en Guatemala, El Salvador y Costa Rica se han producido importantes luchas por aumentos de salarios y la defensa de los pactos o convenciones colectivas.
2.1 Guatemala: incesantes luchas de los trabajadores estatales
El actual gobierno de Jimmy Morales ha continuado la política de sus predecesores, de atacar las conquistas laborales de los trabajadores
Uno de estos ataques está relacionado con los cambios en la legislación laboral. En enero de este año, el Congreso de la República aprobó, mediante un decreto, el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que trata del trabajo a tiempo parcial. En teoría este convenio permite la contratación por horas de personas que por alguna razón no pueden laborar en jornada completa (estudiantes, amas de casa, personas de la tercera edad, etc.) pero en la práctica lo que permite es que las empresas rompan los pactos colectivos y los contratos formales, evadiendo el pago de prestaciones, seguro social, horas extras y otras ventajas.
El Ministerio de Trabajo aún debe elaborar un reglamento para la aplicación del Convenio 175, y éste podrá entrar en vigencia hasta un año después de su aprobación, es decir en 2018. Las centrales obreras y los sindicatos no han hecho las protestas masivas que deberían efectuarse para exigir la derogación del decreto.
Otro eje de ataque es la campaña para revertir las conquistas de los pactos colectivos. Todas las instituciones del Estado continúan las denuncias legales contra los pactos colectivos firmados con los diferentes sindicatos de empleados públicos. Este sector sigue siendo el más beligerante, en especial los sindicatos de las áreas de salud y educación, los servicios más sensibles para la población y los más descuidados por los gobiernos burgueses.
El 12 de febrero maestros del programa de Telesecundaria manifestaron para demandar su transferencia de los renglones por contrato al reglón 011, que significa estabilidad laboral, prestaciones y aumento automático de salarios. Una demanda similar movilizó el 9 de marzo a los docentes del sindicato mayoritario de educación, el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG), que exigieron el paso de 25 mil maestros por contrato al reglón 011, y un aumento del 10% en los sueldos. Como sucede todos los años, los docentes que están en el régimen por contrato empezaron a recibir sus salarios hasta finales de febrero o marzo.
Más notorias han sido las protestas de los diferentes sindicatos de salud, en especial el sindicato mayoritario, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG). A finales de enero de este año, realizaron marchas y bloqueos de carreteras protestando por el despido de cerca de mil trabajadores. En el ministerio de salud también hay una gran cantidad de trabajadores que están por contrato, sin ninguna estabilidad laboral.
El 21 de febrero, la ministra de salud, Lucrecia Hernández Mack, y la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitaron la nulidad de varios de los artículos del pacto colectivo firmado con el SNTSG, por considerarlos lesivos a los intereses del Estado. Los trabajadores realizaron marchas, manifestaciones y plantones, exigiendo el complimiento del pacto y la renuncia de la ministra. Ésta respondió presentando un amparo por la suspensión de la atención al público en algunas áreas y logró que un juez prohibiera a los salubristas suspender consultas y cerrar centros asistenciales. Aún no hay diálogo ni negociaciones. Pero ninguna sentencia puede detener la justeza de la lucha.
La actual ministra de salud está jugando un papel infame, comienza atacando los privilegios de la burocracia sindical que se benefició de las negociaciones con los gobiernos pasados en los pactos colectivos, pero el objetivo central es destruir las victorias obtenidas por las bases sindicales, equiparando los beneficios de las bases con las tretas de una parte de corrupta dirigencia, para atacar a trabajadores en un escabroso discurso anti trabajador y anti-sindical.
El incremento constante del costo de la vida ha destrozado los salarios mínimos vigentes. En el mes de marzo de 2017, la Canasta Básica Alimentaria llegó a costar Q 4,123.45, mientras que la Canasta Básica Vital ascendió a Q 7,524.54. Si comparamos estos costos con los salarios mínimos de ley, Q 2,893.21 y Q 2.667,52, entenderemos que los trabajadores pasan por una situación desesperante.
En las instituciones públicas muchos salarios ni siquiera alcanzan el salario mínimo, por tal razón son los distintos bonos salariales los que compensan el deterioro del nivel de vida. La política de ataque a los pactos colectivos en el Estado, sobre todo en salud, está destinado a eliminar muchas conquistas obtenidas con largas jornadas de luchas, aduciendo incapacidades financieras y desigualdades supuestas.
2.2 El Salvador: superar la dispersión y los obstáculos del gobierno del FMLN
La clase trabajadora salvadoreña ha tenido que soportar la ofensiva de los gobiernos del partido ARENA, y recientemente las políticas del partido FMLN. Lo anterior ha producido en el tiempo una tendencia general de debilitamiento de los sindicatos. Según reportes del Ministerio del Trabajo, en el año 2016 estaban registrados 720 sindicatos con un total de 218,881 trabajadores afiliados, pero de esta cantidad de sindicatos solo 464 están activos.
A nivel de trabajadores de la empresa privada existe poca organización sindical. Existe un total de 146 sindicatos a nivel de empleados públicos y municipales. De un total de 25,419 trabajadores municipales, solo 6,840 se encuentran sindicalizados. No obstante, los trabajadores municipales han realizado movilizaciones, paro de labores parciales, bloqueos y cierres parciales de los centros de trabajo.
A nivel del gobierno central hay 141,866 trabajadores, pero solamente 26,086 pertenecen a organizaciones sindicales. Es en los sectores de salud y educación donde existen más números de sindicatos.
Bajo el primer gobierno del FMLN existió cierta apertura para que los trabajadores públicos y municipales conformaran sindicatos en las instituciones que les era prohibido, o la obtención de la personalidad jurídica de los sindicatos estaba condicionada. En el afán de ampliar su control sobre sectores de trabajadores críticos, el FMLN promovió la creación de nuevos sindicatos dando como resultado que en una misma institución ahora existen varios sindicatos, lo cual obedece a una estrategia del FMLN para debilitar a los sindicatos mayoritarios. Desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social (MTPS), utilizando trabas burocráticas el gobierno del FMLN niega la negociación de nuevos contratos colectivos.
A finales del 2016, después de un forcejeo con los empresarios de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), el gobierno del FMLN autorizó un aumento el salario mínimo, a partir del cual los trabajadores agrícolas pasaron a ganar entre $200 o $224 al mes, los trabajadores del sector textil y confección, $295 al mes y los trabajadores del sector de comercio, servicios, e industria $300 al mes. Este aumento ha sido una burla para la clase trabajadora, porque es insignificante en relación al costo de la canasta básica.
Donde menos existe libertad para organizar un sindicato es a nivel de trabajadores de la empresa privada, ya que ante el primer intento son despedidos, con la venia del MTPS. En ciertas instituciones del gobierno central como la Policía Nacional Civil (PNC) el gobierno del FMLN prohíbe la conformación de sindicatos, y al igual que en la empresa privada son despedidos quienes lo intentan. Además, el gobierno del FMLN atenta contra las organizaciones sindicales que son críticas, al retener las cotizaciones sindicales, también retarda el reconocimiento jurídico y retraso en la legalización de nuevas juntas directivas de aquellos sindicatos que no obedecen las políticas del FMLN.
En la actualidad, en muchas instituciones del Estado, sobre todo en salud y educación, prevalece la precariedad laboral. Un importante sector de empleados públicos, trabajan bajo la modalidad de ventas de servicios profesionales. De esta manera no se les reconoce el status de trabajadores y se les niegan muchas conquistas laborales. En la mayoría de instituciones del Estado, servicios como el de alimentación, seguridad, etc, han sido privatizados o tercerizados, modalidad que permite una sobreexplotación de los trabajadores en donde el dueño de la empresa que gana la licitación se queda con la mayor parte del pago, mientras el trabajador gana un mísero salario con el agravante que este es pagado a destiempo y los trabajadores que en su mayoría son jóvenes son obligados a extensas y extenuantes jornadas de trabajo.
El gobierno del FMLN ha empezado a aplicar las medidas dictadas por los organismos financieros internacionales: eliminación del escalafón de los trabajadores y de muchos otros incentivos, violentando los contratos colectivos. Esta política fue combatida por los trabajadores de la salud que el año pasado realizaron grandiosas jornadas de lucha, que obligaron a pagar el escalafón a la mayoría, aunque otro sector fue castigado. El gobierno del FMLN impuso un techo en el escalafón, también ha eliminado los subsidios al agua, energía eléctrica, gas, golpeando económicamente a la clase trabajadora y los sectores más pobres.
La crisis fiscal ha llevado al gobierno del FMLN a buscar un respiro financiero a través de la manipulación de los fondos de las pensiones, promoviendo una reforma al sistema de pensiones, pero manteniendo la privatización del mismo.
Los sindicatos del Ministerio de Salud (MINSAL) y del Ministerio de Educación (MINED) son la vanguardia de los trabajadores del sector público. En el sector de educación existe la intergremial sindical compuesta por SIMEDUCO, SEDESA, SIANDES, ATRAMEC y Bases Magisteriales, la que está luchando contra los recortes presupuestarios en el MINED. Para este año se anuncian más recortes en educación, no fue incluido en el presupuesto de la nación del año 2017 el aumento escalonado del 7% que corresponde al personal administrativo, tampoco se han incluido fondos para la revisión salarial de los maestros, no fue previsto el aumento al salario mínimo, razón por la que han sido afectados los trabajadores del MINED que son contratados por los Consejos Directivos Escolares (CDE).
A pesar de los obstáculos señalados, existe un despertar del movimiento sindical lo que está permitiendo crear una serie de coordinadoras intersindicales de diferentes sectores de empleados públicos, a nivel de salud, educación, justicia, etc.
2.3. Honduras: recuperar las conquistas perdidas
El golpe de Estado del año 2009 ha sido un parte aguas en Honduras, no solo porque la oligarquía bipartidista se las arregló para contener las movilizaciones de masas, sino también porque marcó el inicio de la reversión de conquistas históricas de los trabajadores hondureños, logrados en las décadas anteriores.
A partir de la firma del Acuerdo de Cartagena de Indias, en mayo del 2011, convirtió el retroceso de las masas en derrota pacifica de la lucha contra el golpe de Estado. El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), la más grande conquista organizativa del movimiento de masa en las ultima décadas, entró en un proceso de declive y desintegración, afectando directamente a los gremios que participaron activamente en la lucha como fueron los colegios magisteriales.
El gobierno de Porfirio Lobo concentró sus ataques en derogar el Estatuto Docente, una de las más grandes conquistas del magisterio, porque permitía, entre otras cosas, la indexación de los salarios. Detrás del golpe a los colegios magisteriales vinieron más golpes a los Estatutos de otros gremios, como fue el ataque contra el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (SITRAUNAH), y con ello se liquidaron muchas conquistas históricas. Golpeando a los gremios más fuertes, derrotándolos, los gobiernos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández se garantizaron la desmovilización de otros sindicatos, iniciando la aplicación de rigurosos planes de ajuste cuyo objetivo central fue el despido de empleados públicos en instituciones como la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el Servicio Autónoma de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), la Portuaria, etc. También debemos agregar el cierre de instituciones, la pérdida del valor adquisitivo de los salarios, y el deslizamiento del lempira en relación al dólar, acumulando mini devaluaciones que destrozan los salarios.
El desempleo masivo, la ofensiva de los gobiernos nacionalistas contra los sindicatos, ha logrado desmovilizar a los trabajadores, a pesar de heroicas luchas de resistencia que han librado médicos y enfermeras en el sector salud. A pesar de la desmovilización, el año pasado trabajadores del Registro Nacional de las Personas (RNP) y del Instituto de la Propiedad (IP) encabezaron luchas salariales.
Las dirigencias de las tres centrales obreras más importantes, como son la Central de Trabajadores de Honduras (CTH), Central General de Trabajadores (CGT) y Central Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH), han preferido plegarse a los planes de los gobiernos de turno, antes de encabezar las luchas por la defensa de los salarios y las convenciones o contratos colectivos.
2.4 Nicaragua: el gobierno sandinista asfixia a los sindicatos
El movimiento sindical en Nicaragua sufre todavía las duras consecuencias de la derrota de la revolución y del surgimiento de la burguesía sandinista. La guerra civil y la crisis económica desmantelaron la mayoría de industria manufacturera, desapareciendo la mayoría de los sindicatos.
Los sindicatos controlados por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), impulsaron luchas, pero estas terminaron siendo negociadas. El periodo 1990-2007 está marcado por la constante ofensiva neoliberal y la casi desaparición de los sindicatos en el sector público agrupados en la Unión Nacional de Empleados (UNE).
El Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), que tenía como principal soporte a los empleados del sector salud y educación, se formó después de la derrota electoral del FSLN en 1990, como una nueva organización, aparentemente con cierta autonomía en relación al FSLN, que se encargó de organizar huelgas durante los 16 años de gobiernos del llamando periodo neoliberal (1990-2006).
Pero estas luchas no implicaron nuevas conquistas en convenios colectivos, sino que fueron utilizadas por la cúpula sandinista para negociar cuotas de poder con los gobiernos de turno, lo que debilitó aún más a los sindicatos del sector público.
Al retomar el FSLN el gobierno en enero de 2007, el rol progresivo del FNT encargado de organizar luchas, desapareció por completo. La plana mayor del FNT, que en su mayoría provienen del sector salud, están ocupando ahora altos cargos administrativos en el Ministerio de Salud (MINSA), aunque algunos permanecen como dirigentes del FNT. Gustavo Porras, secretario general del FNT, ocupa ahora el alto cargo de presidente de la Asamblea Nacional.
La Central Sandinista de Trabajadores (CST), por su parte, se concentró en los dispersos y debilitados sindicatos de obreros industriales y del pujante sector de la construcción, uno de los sectores más dinámicos de la economía. La CST también se concentró en la ardua labor de organizar sindicatos en las maquilas, un sector que agrupa actualmente a unos 120,000 trabajadores, en su mayoría mujeres, pero la CST no impulsa luchas salariales sino más bien las contiene.
Actualmente, la dirigencia sindical sandinista está dividida en FNT y CST. El FNT agrupa a los empleados públicos, mientras la CST agrupa a una parte de los obreros de las maquilas y de la construcción. Ambas son fieles al FSLN y su líder Daniel Ortega.
Las centrales obreras con direcciones derechistas, agrupadas en el Congreso Permanente de los Trabajadores (CPT), que agrupa a la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN- autónoma), la Central de Acción y Unidad Sindical (CAUS), la Central General de los Trabajadores (CGT), están concentrados en su mayoría en las escasas industrias del sector privado, no encabezaron luchas, sino que establecieron una relación oportunista con los gobiernos de Violeta Chamorro (1990-1997), Arnoldo Alemán (1997-2002) y Enrique Bolaños (2002-2007).
En la Comisión Nacional del Salario Mínimo (CNSM) que agrupa a las centrales obreras, al gobierno y al Consejo Superior de la Empresa Privada, tanto los sindicatos sandinistas como los agrupados en el CPT, nunca han planteado puntos de vista diferentes al gobierno, quien siempre logra imponer un tope de aumento no mayor del 10% anual, cuando solo la devaluación diaria del córdoba en relación al dólar devora el 6% del valor de los salarios.
La situación de los trabajadores nicaragüenses es dramática, cuando estallan luchas en las maquilas o en la mina El Limón, el gobierno sandinista reprime y procesa penalmente a los trabajadores. Los escasos sindicatos están controlados en su mayoría por el sandinismo, aplican ciegamente las políticas neoliberales del gobierno, no hay nuevos convenios colectivos, ni nuevas conquistas, sino el desmantelamiento de las pocas que todavía persisten.
La tarea número uno de los trabajadores nicaragüenses radica en recuperar la independencia y democracia dentro de los sindicatos, y en organizar al nuevo y numeroso proletariado de las maquilas.
2.5 Costa Rica: contra la Ley de Empleo Publico y defensa de las pensiones
El movimiento de masas en Costa Rica integrado por diversos sectores sociales, tales como, el movimiento estudiantil, el movimiento campesino, el movimiento sindical y otros actores sociales. Estos sectores han disminuido sustancialmente sus movilizaciones y protestas bajo el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) que tiene como presidente a Luis Guillermo Solís.
Según el Semanario Universidad “Desde el ingreso del Partido Acción Ciudadana (PAC) al gobierno, mayo del 2014, las calles han tenido menos protesta, bloqueos y concentraciones”. (Semanario Universidad, 9/11/2016). Basados en el vigésimo segundo informe del Estado de la Nación dicho semanario señala que “Datos del Informe indican que en el 2013 hubo 480 acciones de protesta y en el 2014 la cifra aumentó a 587, año en que el 56% de las acciones colectivas fueron entre enero y mayo, es decir, los últimos meses del gobierno de Laura Chinchilla”. (Ídem).
De otro lado, mientras la administración de Chinchilla tenía unas 65 protesta mensuales en sus últimos meses de gobierno, el gobierno de Solís tuvo apenas unas 37 protestas mensuales durante el año 2015. Esa disminución de la cantidad de protestas contra el gobierno del PAC son el mejor indicador que la administración Solís ha tenido un relativo éxito en la contención, freno y desmovilización del movimiento sindical y de masas en términos generales. Lo anterior tiene una explicación de fondo.
El movimiento estudiantil universitario, que tiene como uno de sus máximos exponentes a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), uno de los sectores más combativo contra los gobiernos del PLN, es el sector social que más ha disminuido, casi de forma total, su protesta social en contra del gobierno del PAC. La razón de esa gran desmovilización del movimiento estudiantil universitario se debe a que el PAC controla de forma directa a las principales federaciones estudiantiles universitarias, incluida la FEUCR. Esas dirigencias estudiantiles pro-gubernamentales no promueven ningún tipo de manifestación en contra del gobierno, sino más bien que son un muro de contención para que no surjan y no se desarrollen protestas en las universidades públicas. Obviamente, las dirigencias estudiantiles pro-PAC ganan las elecciones estudiantiles porque una buena parte del movimiento estudiantil confía aún en el gobierno “progresista” del PAC.
En el sector campesino, durante la administración de Solís, las movilizaciones y protestas también han disminuido sensiblemente, aunque se han producido algunas marchas reivindicativas. Uno de los sectores sociales que más se ha movilizado contra el gobierno del PAC han sido los sectores populares de distintos barrios que luchan por vivienda, mejores calles, mejores servicios sociales y variadas reivindicaciones económico-social, pero estas son luchas dispersas y atomizadas.
Dentro del movimiento sindical, los trabajadores del sector público, principalmente salud, educación y otros, que cuentan con una fuerte organización sindical, son los que han protagonizado la mayoría de las movilizaciones y protestas sociales en contra del gobierno del PAC. El 39% de las movilizaciones y protestas del año 2015 fueron realizadas por el movimiento sindical de los empleados públicos. En el año 2016 e inicios del año 2017 se han dado algunas huelgas, muy pequeñas, dentro de los trabajadores del sector privado, principalmente, en haciendas bananeras, café y piña.
Sin embargo, en el año 2016, las movilizaciones y protestas del movimiento sindical del sector público disminuyeron sensiblemente. El Bloque Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), desde la huelga del 26 y 27 de abril del año 2016, no ha vuelto a convocar a huelgas, solamente algunas concentraciones puntuales poco numerosas. Igual ha sucedido con el otro bloque sindical denominado Patria Justa. El sindicato Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) participó, forzado por sus bases, en la huelga del 26 y 27 de abril. Luego convocó de forma solitaria a las huelgas de un día en los meses de junio y setiembre. La razón de fondo para este proceso de desmovilización en el sector sindical de los trabajadores del sector público es que las dirigencias burocráticas tanto de los bloques sindicales como de sindicatos es que tienen una política de conciliación y colaboración con el gobierno del PAC, dado que siguen confiando en el supuesto “progresismo” de dicho gobierno.
Los sindicatos de trabajadores estatales han logrado paralizar la Ley de Empleo Público, que pretendía establecer salarios únicos, y derogar con ello los pluses salariales, pero bajo el compromiso de no movilizar a sus bases. Mientras tanto, el diario La Nación y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), mantienen una ofensiva mediática contra las convenciones colectivas, incluso utilizando sentencias de la Sala IV para derogar conquistas históricas. Otro eje de ataque es la lucha por bajar el monto de las pensiones. Para justificar el ataque, primero critican las elevadas pensiones de altos funcionarios públicos, pero para terminar atacando las pensiones de los trabajadores.
Mientras esto ocurre, el gobierno del PAC avanza lenta pero sistemáticamente, a través de medidas administrativas, en recortar los beneficios de los convenios colectivos y los pluses salariales
3.- Continua la ofensiva general contra los convenios, contratos o pactos colectivos
En todos los países de Centroamérica, sin excepción, bajo el pretexto de combatir el déficit fiscal, ahorrar gastos y recursos, todos los gobiernos, sin excepción, han desarrollado una campaña constante contra los pocos beneficios que aún conservan los trabajadores estatales, con el objetivo de recortar conquistas históricas plasmadas en los convenios o pactos colectivos. En todos los países de Centroamérica tenemos las mismas agendas económicas que pretenden expoliar a los trabajadores.
En todos los países de Centroamérica, especialmente en Guatemala y Costa Rica, los gobiernos presionan a las burocracias sindicales, denunciando privilegios, pero con el único objetivo de arrebatar las conquistas de las bases. Debemos cerrar filas en la defensa de los sindicatos y los convenios, contratos o pactos colectivos, después los mismos trabajadores nos encargaremos de revisar las cuentas, y terminar con los privilegios burocráticos.
4.- Indexación salarial: que los salarios suban conforme el costo de la vida
Uno de los efectos perversos del tratado de libre comercio conocido como CAFTA-DR ha sido la dolarización en los hechos de la economía regional. En Centroamérica todos los productos de consumo tienen precios similares, estandarizados en dólares, pero los salarios se continúan pagando con las monedas locales, lo que produce un debilitamiento del salario real.
El deslizamiento de las monedas locales (Quetzal, Lempira, Córdoba y Colón costarricense) en relación al dólar, desintegra el salario real, como ocurre en Honduras y Nicaragua, donde los gobiernos aplican las políticas monetarias del Fondo Monetario Internacional (FMI) que contemplan mini devaluaciones periódicas que se acumulan en el tiempo. Estas políticas benefician a los empresarios exportadores, pero restringen la capacidad de consumo de los trabajadores y la clase media. El deterioro de los salarios en relación a los productos, cuyo valor está tasado en dólares, también comienza a sentirse en Guatemala y Costa Rica.
En aquellos países, como El Salvador y Panamá, la circulación del dólar como moneda oficial no detiene los efectos de la inflación. La silenciosa devaluación del dólar a nivel internacional afecta y reduce los salarios reales en estos dos países. Belice también es afectado por esta dolarización de facto. Entonces, tenemos un doble efecto contra los salarios: el debilitamiento del dólar como moneda internacional, y la dolarización de los precios.
5.- Por un salario mínimo de 550 dólares en Centroamérica
El salario mínimo promedio en Centroamérica debe ser de 550 dólares mensuales, o su equivalente en moneda local, para equipararlos con el mejor salario mínimo del área, como es el caso de Panamá, donde el salario mínimo oscila entre 500 dólares a 625 dólares mensuales.
Teniendo como base este salario mínimo regional, debemos luchar este 1 de Mayo para que los salarios en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, sean indexados o dolarizados a su equivalente en moneda local, para compensar los efectos de las actuales políticas monetarias y mantener el valor real de nuestros salarios. De igual manera, debemos luchar por el aumento de salarios cada vez que suban los precios de la canasta básica y de los servicios esenciales.
6.- Que los ricos paguen el déficit fiscal
Otra consecuencia de los tratados de libre comercio es la exención y exoneración fiscal para las empresas transnacionales y las empresas locales. Como consecuencia, todos los Estados de Centroamérica están endeudados, en bancarrota, con un creciente déficit fiscal que destruye los servicios públicos básicos, como salud y educación. Mientras esto ocurre, crece la lista de multimillonarios. Las riquezas se concentran en manos de las viejas y nuevas oligarquías.
Para tener acceso a los servicios públicos básicos de calidad, el movimiento obrero de Centroamérica debe exigir que los ricos paguen más impuestos, y que el déficit fiscal no recaiga sobre los trabajadores y la clase media. Los servicios de seguridad social serán mejorados solo cuando la patronal y el Estado paguen mayores contribuciones y se reviertan las privatizaciones parciales en la seguridad social.
Debemos exigir el control de los trabajadores sobre los servicios públicos como salud, educación y seguridad social.
7.- Plan de Lucha Unitario a nivel de cada país y de toda Centroamérica
Es urgente y necesario promover la unidad de acción en la lucha entre todos las centrales obreras y sindicatos del sector público y privado en toda Centroamérica. En la mayoría de los casos, las dirigencias de estas centrales están acobardadas por la ofensiva de los gobiernos y por los efectos de la crisis capitalista, introduciendo un pensamiento y acción derrotista. Muchas de estas dirigencias sindicales prefieren mantener intacto su feudo, y no unirse en la lucha con otras organizaciones sindicales, a las que consideran parte de la competencia.
Los trabajadores centroamericanos tenemos el desafío de luchar contra los efectos de la crisis capitalista, enarbolas las banderas del antiimperialismo y del centroamericanismo, y al mismo tiempo barrer de las centrales obreras y sindicatos, a aquellos dirigentes corruptos y oportunistas que se niegan a organizar la lucha conjunta.
Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) hacemos las siguientes propuestas de lucha:
1.- Luchemos por un aumento general de salarios. Si los precios están dolarizados los salarios deben dolarizarse, para evitar que las políticas monetarias afecten a los trabajadores. El salario mínimo en toda la región debe ser por lo menos 550 dólares. En los convenios, contratos y pactos colectivos debemos incluir la indexación salarial: En toda Centroamérica debemos luchar por el aumento de salarios conforme suba el costo de la vida.
2.- Por la creación de empleos dignos. Llamamos a exigirle a los diferentes gobiernos que implementen un Plan Nacional de Obras Públicas, que construya calles, hospitales, escuelas, carreteras, puentes, viviendas dignas, con el objetivo de crear empleos dignos. Los fondos deben salir de las grandes empresas, a través de impuestos progresivos a las ganancias.
3.- Defensa y ampliación de los pactos, contratos o convenios colectivos de los trabajadores del sector público y del sector privado. Debemos luchar contra las trabas burocráticas que imponen las autoridades del trabajo, para negociar nuevos convenios, contratos o pactos colectivos en el sector público y privado. Esto se puede lograr solo a través de la lucha y la movilización de los trabajadores.
4.- Defensa de la seguridad social, pero no a como está en este momento, en ruinas, por la política de privatización total o parcial que se ha aplicado en la región, la que ha autorizado el funcionamiento de empresas previsionales privadas. Debemos volver al esquema se seguridad social clásica, donde el Estado y la patronal aporten las mayores contribuciones para las pensiones de los trabajadores. ¡No al aumento de la edad de jubilación, si al aumento del monto de las pensiones!
Debemos luchar por la derogación de la privatización de la seguridad social en países como El Salvador, y en otros donde se ha privatizado parcialmente la seguridad social.
5.- Por la creación de Coordinadoras intersindicales, por la alianza obrera, campesina y popular en cada país y en toda la región centroamericana. Para lograrlo debemos luchar también por la independencia política y la democracia obrera dentro de los sindicatos y centrales obreras y campesinas. Debemos recuperar los sindicatos que se encuentran en manos de burocracias, que se han transformado en aliados de los gobiernos que aplican planes neoliberales. Ninguna confianza en partidos burgueses tradicionales ni en los partidos de la burguesía emergente.
6.- Que la crisis fiscal la paguen los empresarios, quienes más ganan deben pagar más impuestos, y no la clase media y la clase trabajadora, como ocurre en la actualidad. Esta es la única manera de garantizar los servicios básicos de salud y educación y la seguridad social.
7.- Por la implementación del control de los trabajadores en las empresas privadas e instituciones estatales. Está de moda la lucha contra la corrupción, pero los únicos que pueden luchar realmente contra la corrupción son los trabajadores y los sindicatos, porque solo ellos conocen como funcionan las empresas, donde se esconde el dinero y quienes se enriquecen con los recursos del Estado.
8.- Por el derecho de libre sindicalización de los trabajadores de las maquilas. Todas las Zonas Francas imponen en los hechos un régimen de excepción, donde no permiten la organización sindical ni el más mínimo atisbo de luchas y reclamos obreros. Exijamos a los gobiernos el respeto a los derechos laborales de los trabajadores de las maquilas.
9.- Retomemos la movilización antiimperialista y lucha por la independencia nacional de Centroamérica, para terminar con la dominación y explotación del imperialismo norteamericano. Esta lucha por la nueva independencia nacional nos plantea la inmediata tarea de reconstruir el Estado Federal, en el camino del socialismo, y esto lo lograremos solo bajo un gobierno de los trabajadores en toda Centroamérica.
Viva el 1 de Mayo!!
¡Viva la Unidad de Acción de las Centrales Obreras y Campesinas!!
¡Reunificación Socialista de Centroamérica o muerte!!
Centroamérica, 24 de Abril del 2017
Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)
Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)
