Han pasado seis años desde el golpe de Estado del 2009, que derrocó al gobierno de Manuel Zelaya. El resultado fue aterrador: Más de 300 mártires, decenas de miles de familias llevadas bajo la línea de pobreza, miles de empleados públicos despedidos, la desindexación de los salarios, la indexación de la inflación y la devaluación constante de la moneda en relación al dólar. La factura que la oligarquía le cobró al pueblo todavía no ha sido cancelada. Muchos han muerto por la angustia de perder sus escasos bienes y la incapacidad de pagar eternas deudas. Los asesinatos y la violencia permanecen incontrolables, a pesar que el gobierno actual de Juan Orlando Hernandez (JOH) afirma haber reducido en 15 %.

Responsables por acciones y otros por omisiones

Los golpistas son los principales responsables de la situación actual, pero también tiene alta responsabilidad las dirigencias que no tuvieron la estrategia correcta para derrocar al gobierno de Micheletti y revertir la situación creada por el golpe de Estado. Uno de los acuerdos secretos que el gobierno de Porfirio Lobo y Manuel Zelaya tomaron bajo la mesa de negociaciones del Acuerdo de Cartagena, fue desmovilizar a las bases del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y llevarla a la participación electoral cada cuatro años. Con la desmovilización del FNRP, las instituciones del Estado burgués superaron la crisis, se consolidó el golpe de Estado y prosiguió la destrucción de sindicatos y gremios, revirtiendo las históricas conquistas de los Estatutos (la más importante conquista del magisterio, el Estatuto Docente, fue destruido), seguido a esto se vino la eliminación de conquistas salariales y sociales, luego los despidos masivos y la venta disfrazada de las instituciones públicas como HONDUTEL, ENEE, SANAA y la enajenación de la soberanía nacional con la creación de las ZEDE.

El ataque contra las conquistas sociales y económicas de los trabajadores ha sido permanente. El Partido Nacional, primero con el gobierno de Porfirio Lobo y ahora con el gobierno de JOH, fue controlando paulatinamente toda las instituciones del Estado, siempre con el apoyo total de los diputados del Partido Liberal (PL) y los llamados partidos bisagras como el Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) y Unificación Democrática (UD). Al controlar toda la institucionalidad burguesa, el Partido Nacional se impuso en las elecciones generales del 2013.

De tal forma que en seis años un nuevo sector político ha emergido como nueva burguesía, ligado al Partido Nacional y con JOH como su máximo referente. Este nuevo sector ha desplazado de los oscuros negocios de las contrataciones con el Estado a los viejos dinosaurios, y se ha puesto al frente en los multimillonarios negocios a costa del erario público. Todo la tragedia que vive el pueblo de Honduras, agudizada por los efectos del golpe del 28 de junio de 2009, no hubiera sido posible sin el apoyo total y consiente de los diputados del Partido Liberal, los que han apoyado al Partido Nacional en todas las leyes que se aprobaron en el gobierno de Porfirio Lobo y la mayoría de las que se han aprobado desde el 27 de enero del 2014.

Con los resultados de las elecciones de noviembre del 2013, en el que el Partido Nacional solo logró apenas 48 diputados de 128 que conforman el Congreso Nacional, ilusoriamente muchos creyeron que se conformaría un bloque de oposición que frenaría las ambiciones de JOH por mantenerse junto al PN en el poder de manera indefinida. No obstante, con maniobras y prebendas JOH se ha impuesto en el Congreso Nacional y se ha salido con las suyas, exceptuando la decisión de darle rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), logrando que le aprueben toda su agenda legislativa, incluyendo la del nuevo sistema de seguridad social.

La corrupción: detonante de las nuevas movilizaciones

En el segundo semestre del año 2014 el escándalo de corrupción más grande en el país salió a la luz pública. Posteriormente, en mayo del 2015 han salido públicamente los documentos que involucran directamente al Partido Nacional y varios de sus dirigentes en el saqueo de más de 7,000 millones de lempiras (unos 333.33 millones de dolares). Este saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ha provocado la muerte de unas 2888 personas por falta de medicamentos, tratamientos o la práctica de exámenes por la falta de los materiales necesarios, así como el constante calvario de los jubilados.

La filtración de esta importante información en los medios de comunicación, refleja la existencia de un sector burgués que apoya el proyecto bonapartista de JOH y también otro que se le opone, incluso dentro de su propio Partido Nacional. Sectores burgueses ligados al Partido Liberal, se han unidos a estos sectores ligados al Partido Nacional, estableciendo una alianza que se apoya y alimenta el bloque de oposición parlamentaria (PL, LIBRE, PAC), conformando un amplio bloque opositor que inició las movilizaciones contra la corrupción.

La denuncia del latrocinio ejecutado por la dirigencia del PN, fueron el detonante de las movilizaciones y plantones condenando el saqueo del IHSS y exigiendo justicia. Las movilizaciones comenzaron de forma muy débil, pero fueron aumentando a medida que la filtración de documentos provoca la indignación de la población, especialmente en la clase media, duramente golpeada por las políticas económicas de JOH. Manipulando el justo sentimiento de lucha contra la ancestral corrupción de los gobernantes de Honduras, la meta de este sector burgués, no es el derrocamiento del gobierno de JOH, sino obligarlo a negociar algunos cambios en el régimen político.

La encrucijada de la marcha de las antorchas

Para mostrar musculo en las movilizaciones, el sector burgués opositor levantó inicialmente la consigna de “Fuera JOH”, la que ha sido abandonada paulatinamente para levantar consignas generales como “justicia” y lucha contra la “corrupción”. Sin embargo, a pesar de las siniestras intenciones de los organizadores de las marchas de las antorchas, estas reflejan un claro y progresivo descontento de la población contra el actual gobierno y la corrupción, el negocio tradicional y común de los capitalistas en Honduras y Centroamérica

Debemos señalar algunas diferencias importantes entre las movilizaciones contra el golpe de Estado y las marchas de las antorchas. Las primeras tenían la clara consigna de tumbar al gobierno de Micheletti y de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. La dinámica de la movilización amenazaba al sistema capitalista y por eso la mayoría de los empresarios cerraron filas a favor del golpe de Estado. Había una conducción pública y reconocida, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Las masas populares lucharon increíblemente, hasta el cansancio, quienes se rindieron políticamente fueron los dirigentes del Zelayismo, al firmar los Acuerdos de Guaymuras y Cartagena.

Las marchas de las antorchas reflejan hasta el momento el descontento y la movilización de la clase media y los estudiantes universitarios, aunque gocen de la simpatía de sectores populares. Sus organizadores son los desconocidos “jóvenes indignados”, que en realidad son algunos de los organismos de la sociedad civil, fachada del sector burgués que forcejea con JOH.

Como era de esperarse, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) dio la voz de alarma sobre el peligro que encerraban las marchas de las antorchas, lo mismo hizo el gabinete económico. Y casi al unísono, todos los dirigentes burgueses opositores han comenzado a bajar el tono, abandonando la consigna de “Fuera JOH”, por consignas generales contra la corrupción, o por exigencias al Ministerio Publico para que actúe en tal o cual sentido. Existe el inminente peligro que las marchas de las antorchas sean encauzadas dentro de la actual institucionalidad burguesa.

La promesa de un Dialogo Nacional entre el gobierno de JOH y la oposición burguesa, también ha ayudado a bajar el tono y la intensidad de la marcha de las antorchas. En los principales medios de comunicación los dirigentes burgueses opositores discuten las condiciones del Dialogo Nacional, aunque este todavía no se concretiza.

Las maniobras del Partido Nacional

Para contrarrestar las marchas de las antorchas, el gobierno de JOH ha movilizado a la base del PN, las que llevan como consigna “caiga quien caiga”, y de la lucha contra la corrupción y su apoyo al Gobierno. JOH también creó la Comisión Multipartidaria del Congreso Nacional, la que presentó un informe que fue firmado por los representantes de todos los partidos de oposición, que por cierto reafirmó lo ya se conocía.

El informe de la Multipartidaria se utilizó para reactivar nuevamente los casos judiciales penales de la Cuarta Urna y otros. Este informe fue utilizado por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia para lanzar una ofensiva judicial contra algunos dirigentes de la oposición, de tal forma que el ex ministro de la presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya, Enrique Flores Lanza, se le ha dictado auto de prisión preventiva y se le emitió una orden de alerta internacional. Sin lugar a dudas, JOH utiliza el control del poder judicial para torcer el brazo a sus adversarios.

Pero también hay circo mediático. La Fiscalía ha acusado a la vice presidenta del Congreso Nacional y lidereza emergente del PN, Lena Gutiérrez, junto a su padre y dos hermanos, lo que confirma las contradicciones al interior del Partido Nacional. De esta forma, JOH da la impresión de luchar parejo contra la corrupción, apropiándose de una parte de las banderas de lucha de la oposición, castigando a quienes osan oponerse a sus planes.

¿Qué representaría la creación de una CICIH?

Salvador Nasralla, máximo dirigente del PAC, fue el primero que lanzó la propuesta de creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH), en un intento de copiar la experiencia de Guatemala, que permitió la renuncia de la vice presidenta Roxana Baldetti.

Recientemente la consigna a favor de la creación de la CICIH se ha vuelto la consigna central de las marchas de las antorchas. Todo el bloque de oposición burguesa está a favor de la creación de la CICIH, con algunas pequeñas diferencias de matices. El ex ministro Flores Lanza ha pedido ser juzgado por esta CICIH.

La corrupción generalizada y la imparable violencia en Honduras están haciendo perder la brújula a la mayoría de la izquierda, que ven con simpatías la creación de esta CICIH. Existe algún grado de resistencia del gobierno de JOH a crear la CICIH. Entonces, tenemos una situación sumamente contradictoria.

Por un lado, el bloque de oposición burguesa y las masas de clase media que salen a protestar, anhelan el arribo de un salvador supremo, que salve a Honduras de la corrupción y la violencia, y por eso confían en organismos internacionales, obviando que son instituciones controladas por el imperialismo norteamericano. Detrás de este bloque, tenemos al gobierno de los Estados Unidos manejando sutilmente los hilos, presionando a todos los niveles por cambios profundos dentro del aparato del Estado, antes que la situación se vuelva ingobernable. Con esta posición el gobierno de Estados Unidos entra en roces con su gran agente: el gobierno de JOH. Por su parte, este quiere demostrar que puede luchar solo contra la corrupción, sin necesidad de árbitro internacional que lo controle y vigile y por eso intensifica la persecución contra los implicados en la corrupción, contra los carteles locales, etc. Estos roces no significan que JOH se ha vuelto antiimperialista, ni nada parecido, sencillamente el gobierno de JOH y los altos mandos militares no quieren perder el monopolio del poder, temen que ocurra algo parecido a Guatemala porque de una u otra manera todos, absolutamente todos, están involucrados en mayor o menor medida en el saqueo del Estado.

La presión social ejercida por las marchas de las antorchas ha obligado al gobierno a reacomodarse: JOH anunció recientemente un Dialogo Nacional por sectores, y la conformación de un Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción, conformado por “una unidad de supervisión y apoyo al Ministerio Público integrada por fiscales hondureños e internacionales de prestigio y comprobada experiencia”. (La Prensa, 23/6/2015)

Esta es una manera gradual y progresiva de imponer un organismo como la CICIH, pero dejándole todavía una gran autonomía a las instituciones represivas del Estado, al mismo tiempo que intenta desmovilizar a la clase media enardecida.

Los trabajadores y el pueblo de Honduras no podemos confiar en árbitros internacionales, que son controlados por el imperialismo norteamericano. Los únicos que pueden luchar efectivamente y erradicar la corrupción son los trabajadores organizados, a través del control obrero en todas las instituciones del Estado y dentro de las empresas privadas.

La clase trabajadora debe ponerse al frente

Hasta el momento los grandes ausentes en estas jornadas de lucha contra la corrupción y saqueo del IHSS, han sido los sindicatos y las centrales obreras. La ofensiva permanente de JOH contra las conquistas laborales y el empleo, más la actitud abyecta de una buena parte de la dirigencia sindical, han impedido que sean los trabajadores quienes encabecen y dirijan las movilizaciones.

Los dirigentes de las centrales obreras tienen representantes en la Junta Directiva del IHSS, pero nunca levantaron sus voces para denunciar las anomalías y la corrupción. Estas actitudes omisivas acrecientan la desmovilización de los trabajadores. Es hora que la clase trabadora asuma el rol que le corresponde en la lucha democrática contra la corrupción. Hasta ahora los dirigentes de las Centrales Obreras promueven de forma cómplice, el inicio de un diálogo nacional, contribuyendo a la desmovilización de las marchas de las antorchas.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA), llamamos a los trabajadores a exigir a las dirigencias sindicales y de las centrales obreras, a jugar un rol activo en estas movilizaciones. Llamamos a conformar una Coordinadora Nacional de Sindicatos que combine la lucha contra los despidos en la ENEE, por la defensa del salario y las conquistas laborales, con la lucha democrática contra la corrupción.

La solución contra la corrupción es la aplicación del control de los trabajadores en todas las instituciones del Estado y de las empresas privadas, para controlar los ingresos y gastos y detectar los negocios oscuros.

El 28 de junio los trabajadores a marchar unidos

El PSOCA llama a los trabajadores y al pueblo de Honduras a movilizarse este 28 de junio junto al FNRP condenando el golpe de Estado y su secuela: el gobierno de JOH.

1.- Vayamos a la marcha a emplazar a los diputados de los partidos de oposición para que sean consecuentes, que sumen votos y monten el Juicio Político a JOH e inmediatamente convoquen a una Asamblea Nacional Constituyente.

2.- La agitación de la clase media está despertando a los trabajadores. En cierta medida, están quedando en el pasado los efectos de la derrota de la lucha contra el golpe de Estado. Desde los sindicatos y demás organizaciones campesinas y populares debemos convocar a un Paro Cívico Nacional de 24 horas en rechazo al saqueo del IHSS y contra la corrupción generalizada dentro del gobierno y demás instituciones del Estado. Este Paro Cívico Nacional debe tener como una reivindicación central la solidaridad con los trabajadores de la ENEE, exigiendo alto a los despidos

3.- Los trabajadores a través de sus organizaciones y centrales sindicales deben colocarse al frente de la lucha y aplicar el control obrero a nivel nacional. Ese es el camino para evitar que la lucha contra la corrupción sea traicionada en el Dialogo Nacional por sectores que ha montado el gobierno de JOH

4.-Repudiamos los intentos de crear una CICIH, así como la implementación gradual del Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y la Corrupción, porque no sirven para luchar a fondo contra la corrupción, sino que entregan la soberanía nacional y la toma de las principales decisiones del país a la voluntad e intereses del imperialismo norteamericano. El bloque de oposición anhela la CICIH para contener a JOH, pero en realidad solo los trabajadores y el pueblo podemos detener el proyecto bonapartista de JOH, no existen salvadores supremos.

Centroamérica, 25 de Junio del 2015

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

Ante las denuncias de corrupción: el presidente JOH debe ser enjuiciado por el Congreso Nacional!!

Por una comisión independiente de investigación sobre el saqueo del IHSS!!

Que la mayoría opositora dentro del Congreso Nacional convoque a una Asamblea Nacional Constituyente!!

A pesar del retroceso en la lucha de los trabajadores, producto de la derrota pacífica de la lucha democrática contra el golpe de Estado y sus secuelas, la situación actual de Honduras se caracteriza por constantes enfrentamientos entre los diferentes partidos burgueses, y por una permanente ofensiva neoliberal que ha impuesto la privatización acelerada de los principales servicios públicos.

Una sentencia escandalosa que abre el camino a la reelección presidencial

El acontecimiento político más importante de Honduras en el último periodo es el hecho que el Presidente Juan Orlando Hernández (JOH) ha logrado quebrar, a través de una sentencia, algunos de los artículos pétreos de la Constitución de 1982. Esta sentencia dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es decir, por cinco magistrados que no reflejan los sentimientos del pueblo, declaró inaplicables el numeral quinto del artículo 42, y el párrafo segundo del artículo 239, que prohibían discutir el tema de la reelección presidencial y sancionaba con la pérdida de los derechos políticos. Consecuentemente fue también declarado inaplicable el artículo 330 del Código Penal.

El principal candado de la Constitución de 1982 ha sido finalmente roto. Lo que antes era prohibido, ahora ha dejado de serlo. Bajo el sacrosanto principio de libertad de discusión, los grupos de poder en Honduras comienzan a plantear públicamente la necesidad de restablecer la reelección presidencial y también de otros funcionarios públicos.

Esto no fue un rayo en cielo sereno. Desde mucho tiempo atrás, especialmente bajo los gobiernos de Profirió Lobo y ahora de JOH la cúpula del Partido Nacional, viene tensionando fuerzas para mantenerse en el poder. El resultado de estas maquinaciones ha sido que JOH dividió a la oposición y ganó apretadamente las elecciones en Noviembre del 2013, y desde el gobierno continuó avanzando en el control de las principales instituciones del Estado, especialmente de la Corte Suprema de Justicia.

La lucha por reimplantar la autoridad del Estado burgués

Honduras, junto a Guatemala y El Salvador, forma parte del llamado “Triángulo Norte”, esa parte de Centroamérica cuyos Estados están en crisis y al borde del colapso.

Honduras es un país sumido en una pavorosa crisis económica y un desgarrador caos social, que obliga a decenas de miles de trabajadores sin empleo a emigrar hacia Estados Unidos. La actividad de los carteles del narcotráfico, y el fenómeno de descomposición social que reflejan las maras, provocan un efecto parecido al de una guerra civil de baja intensidad, con una imparable ola de violencia que suman ya varias decenas de miles de muertos en los últimos años.

En este contexto de decadencia capitalista, el Partido Nacional y JOH se han presentado como los grandes salvadores de Honduras, ante una sociedad desesperada que reclama un poder fuerte y centralizado que resuelva los problemas. Por ello, JOH ha reformado los viejos y corruptos órganos policiales, creando nuevos órganos policiales o militares como la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (FUSINA), los Tigres o la Policía Militar de Orden Público (PMOP).

De esta forma, JOH se perfila como el gran salvador del orden burgués, creando un consenso entre los grupos de poder en torno a su persona, que pretenden mantenerlo en el poder el tiempo que sean necesarios para la salvaguarda de sus intereses, tal y como lo dijera Miguel Facussé, empresario terrateniente, y uno de los principales protagonistas en el conflicto del Bajo Aguán.

Mientras JOH articula un consenso burgués a nivel de Honduras, en torno a su proyecto bonapartista, también ha recibido la bendición del imperialismo norteamericano, ya que es la ficha más idónea en el nuevo proceso de control sobre las fuerzas armadas y de seguridad de Honduras, las que han estado infiltradas por los carteles del narcotráfico.

Entonces tenemos dos grandes factores: el primero es la gran crisis económica y social de Honduras (con los índices más bajos de desarrollo humano, enorme migración, una mortandad de decenas de miles parecida a una guerra civil de baja intensidad), el segundo es la aparente lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Estos son los aspectos centrales de fondo que le han permitido a JOH abrir el camino de la reelección a través de la escandalosa sentencia.

Ahora bien, el hecho que ahora pueda discutirse libremente el tema de la reelección no significa automáticamente que JOH ha logrado imponerse. La pelea apenas está comenzando.

Y por eso es que observamos a JOH muy preocupado por el problema social. Recientemente viajó a Nicaragua para recibir consejos de Daniel Ortega en dos áreas estratégicas para lograr su reelección: la lucha contra la extrema pobreza (programas de asistencia social que producen votos) y la lucha contra el narcotráfico, en la que Nicaragua se ha anotado los mejores logros entre los países de la región.

Los programas asistencialistas del Partido Nacional.

El proyecto bonapartista de JOH no puede imponerse sin una base clientelista que lo apoye. Y en los últimos años este ha sido uno de los pilares estratégicos de JOH. EL gobierno nacionalista se jacta de haber reducido la extrema pobreza en un 3% en el año 2014.

Recientemente la primera dama, Ana García de Hernández, anunció una inversión de 2,560 millones de lempiras para programas sociales del Estado, parecidos al Bono 10 mil, de los cuáles 2,400 millones serán financiados con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y apenas 160 millones con fondos del Estado.

De igual manera, el Banco Mundial (BM) acaba de otorgar un préstamo por 25 millones de dólares (unos 552 millones de lempiras) para el programa "Vida Mejor".

A través de un mayor endeudamiento de Honduras, el BID y el BM financian programas de asistencia social que buscan crear y fortalecer una base social clientelista que sea el soporte electoral del proyecto bonapartista de JOH

El problema de la reelección

La reelección no es un problema de principios para los socialistas centroamericanos. El pueblo tiene derecho a elegir a sus representantes de manera libre y democrática, y revocarlos cuando sea necesario. Todo depende de la existencia de condiciones democráticas elementales para que el pueblo haga valer su voluntad.

En el caso de Honduras, esas condiciones democráticas no existen. Son los grupos de poder, las distintas fracciones de la burguesía, quienes imponen a los gobernantes, bajo la apariencia de elecciones periódicas. Y son ellos quienes organizan golpes de Estado, cuando le conviene a sus negocios.

En su momento, el presidente Mel Zelaya intentó consultar sobre la reelección, pero fue destituido y echado del gobierno. En la actual coyuntura, los grupos de poder se están poniendo de acuerdo en la necesidad de restablecer la reelección, porque el gobierno de JOH es el que garantiza sus intereses y se perfila como la persona idónea para restablecer la autoridad del Estado en una sociedad convulsa.

En esas condiciones, la reelección de JOH o de cualquier otro expresidente, amarrada desde las alturas por una reforma constitucional o por una nueva sentencia, sería un acto esencialmente antidemocrático, porque le niega el elemental derecho de decisión al pueblo, así como el legítimo derecho de revocar a los malos gobernantes.

La reelección que impulsa JOH y los grupos de poder, no representa una solución a los problemas que afligen a los trabajadores y al pueblo, sino más bien constituye una distracción y una forma de ahogar la justa y sentida reivindicación democrática por la instauración de una Asamblea Nacional Constituyente, que reorganice Honduras en beneficio de los más pobres.

Socavando a la oposición parlamentaria

A pesar que el Partido Nacional es minoría en el Congreso Nacional con 48 diputados, ante la mayoría opositora que constituyen los 37 diputados del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y 27 diputados del Partido Liberal (PL), y los 13 diputados del Partido Anticorrupción (PAC), (3 diputados de los partidos minoritarios), el presidente JOH se ha logrado imponer dentro del Congreso Nacional, estableciendo alianzas con sectores oportunistas, que le han permitido implementar su agenda legislativa.

En este proceso, el gobierno de JOH ha venido sumando votos pero todavía no ha logrado construir una sólida mayoría parlamentaria, que le permita imponer la reelección por medio de una reforma constitucional, la meta anhelada.

Los partidos de oposición han tenido posiciones sumamente contradictorias: en términos generales colaboran con el gobierno de JOH, pero reaccionan a la defensiva cuando el aparataje del gobierno de JOH les aprieta el pescuezo dentro del Congreso Nacional.

En este estira y encoge, el partido LIBRE ha perdido 6 diputados(Eduardo Coto, Tatiana Canales, Héctor Padilla, Jenny Murillo, Audelia Rodríguez y Omar Rodríguez. Unos se han refugiado en otros partidos, otros se mantienen en una bancada independiente, pero en términos generales estos votos han sido utilizados por el gobernante Partido Nacional.

Un proceso similar ha ocurrido recientemente con la bancada del PAC que en su mayoría terminó votando a favor de la nueva ley de Seguridad Social, impulsado por el gobierno de JOH, y destituyeron a los jefes de bancada que eran fieles a Salvador Nasralla.

El único momento en que la oposición parlamentaria se rebeló contra JOH fue cuando este intentó darle rango constitucional a la nueva Policía Militar. No le apoyaron en esa pretensión específica pero todos apoyaron la creación del nuevo órgano policial.

Intensas negociaciones secretas

Mientras el debate sobre la reelección ha sido despenalizado, existe un proceso de negociación secreta entre los grupos de poder en torno al tema de la reelección. Casi todos coinciden en que necesitan temporalmente a un Bonaparte, a un nuevo Carías, pero algunos tienen temor a la consolidación de un grupo que desde el poder les haga competencia en las áreas de la economía que ya están repartidas.

Después de la sentencia escandalosa, y ante el hecho evidente que los partidos políticos se niegan a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, el problema de la reelección ahora le corresponde al Congreso Nacional, el que deberá decidir si se restablece la reelección, si será consecutiva o alterna, o bien por cuántos períodos.

El gobierno de JOH trabaja aceleradamente para lograr una mayoría que permita imponer la reelección a través de una reforma constitucional con todas las formalidades del caso, pero tampoco podemos descartar que, si no logra este objetivo, imponga la reelección a través de una nueva sentencia, como ocurrió en Colombia, Costa Rica y Nicaragua.

Los grupos de poder todavía no han firmado un cheque en blanco a favor de JOH.

El nuevo escándalo de corrupción en el IHSS

El saqueo de las arcas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) ha sido una constante, tanto en las administraciones liberales como nacionalistas.

A finales del año 2013 se inició la denuncia pública de la corrupción en el IHSS, pero fue hasta en el 2014 que estalló el escándalo. Se habla de que fueron más de 318 millones de dólares los que saquearon los directivos. La última denuncia nos indica que hubo cheques a favor de la última campaña electoral del Partido Nacional, donde JOH logró imponer por escaso margen.

Recientemente el Congreso Nacional aprobó una ley que permite la “tercerización” o privatización de los servicios médicos de la seguridad social. No pueden privatizar todo de un solo golpe, por eso van por partes, dejándole algunas competencias al IHSS, pero el proceso de privatización ya se inició.

El juego de la oposición

Indudablemente, las denuncias de corrupción en el IHSS le han permitido a los partidos de oposición iniciar el contraataque para detener la ofensiva de JOH.

Bajo un fuego cruzado de acusaciones mutuas, LIBRE y el FNRP convocaron a una protesta contra el Partido Nacional en los bajos del Congreso Nacional pero inmediatamente el Partido Nacional convocó a una contra manifestación con empleados públicos. Las autoridades del Partido Nacional y JOH han denunciado que se trata de una conspiración contra JOH y contra el PN. No hay dudas que estamos ante un intercambio de golpes bajos, sobre un tema escandaloso como es el saqueo del IHSS.

Posteriormente, el PL también movilizó a sus partidarios, denunciando la corrupción en el IHSS. De esta manera, los conflictos y contradicciones entre los partidos políticos dentro del Congreso Nacional están al rojo vivo.

Los partidos de la oposición, a pesar de los tránsfugas, pueden constituir una mayoría parlamentaria, pero se niegan a tomar esta decisión. Como una cortina de humo, levantan la consigna de renuncia de JOH, copiando fuera de contexto la reciente experiencia de Guatemala, en realidad como un mecanismo de presión pero que al final no resulta efectivo si no hay de por medio una enorme movilización y protesta en las calles.

JOH debe ser enjuiciado políticamente

En Enero del 2013, al finalizar el gobierno de Porfirio Lobo, los diputados liberales y nacionalistas aprobaron una reforma constitucional por medio de la cual se imponía la institución del juicio político contra el presidente de la república.

A pesar que la oposición tiene esta poderosa arma en sus arsenales, se niega a utilizarla, porque tiene un doble juego en relación al gobierno de JOH: por un lado tratan de establecer alianzas o compromisos en función de obtener cuotas de poder, pero cuando las contradicciones son insalvables, cambian los roles y presionan, incluso con movilizaciones callejeras controladas, para debilitar al gobierno y preparar condiciones para un recambio electoral.

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) emplazamos a los partidos de oposición parlamentaria a que sean consecuentes con la lucha democrática, y que sumen votos dentro del Congreso Nacional para enjuiciar políticamente al presidente Juan Orlando Hernández por los evidentes actos de corrupción y saqueo de las arcas del IHSS.

Por una comisión independiente que investigue los actos de corrupción

Debido a que las contradicciones se han puesto al rojo vivo, y crece el malestar entre el pueblo, el Presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, de forma unilateral conformó una comisión de investigación multipartidaria, la que terminará no haciendo nada.

Por ello desde el PSOCA llamamos a la constitución de una Comisión verdaderamente independiente, conformada por los delegados de las centrales obreras, campesinas y organismos populares, que son los únicos verdaderamente interesados en luchar contra la corrupción.

Por la movilización independiente

Sin duda alguna que en los actuales momentos el malestar en el pueblo es enorme por el escandaloso saqueo del IHSS, en el cual está involucrado directamente el Partido Nacional.

También en las últimas semanas se han realizado diversas luchas sectoriales pequeñas que reflejan la gran crisis económica y social existente. Los trabajadores del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), se tomaron la primera avenida de Comayagüela el día viernes 15 de mayo, en protesta por la municipalización del servicio de agua potable.

El día miércoles 20 de Mayo los dueños de los microbuses que operan sin permiso legal y no se les toma en cuenta en la Ley de Transporte que se pretende aprobar, se tomaron el centro de Tegucigalpa.

La crisis económica produce pequeñas pero importantes luchas de diferentes sectores, dispersas, separadas unas de otras. Es el momento de conformar una Coordinadora Nacional que aglutine todos los sectores en lucha, organizaciones sociales, políticas, sindicatos y gremios y que movilice para exigir el juicio y castigo a los delincuentes de cuello blanco que saquearon el IHSS.

De igual forma, debemos luchar y movilizarnos en las calles, por un aumento general de salarios acordes al costo de la vida, por la renacionalización de los principales servicios públicos (electricidad, comunicaciones y agua potable) puestos a funcionar bajo el control de los sindicatos y los trabajadores, repudiando la municipalización del servicio de agua potable, etc.

Debemos elaborar un plan de lucha propio de los trabajadores y convencer al resto del pueblo de la necesidad de enjuiciar políticamente al presidente Juan Orlando Hernández, y que la mayoría opositora dentro del Congreso Nacional convoque a una Asamblea Nacional Constituyente.

Centroamérica, 21 de Mayo del 2015.

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)

ANTE EL ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN EN LA SAT:

¡¡QUE RENUNCIE EL GOBIERNO DEL PARTIDO PATRIOTA!!

POR LA CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, LIBRE Y DEMOCRÁTICA!!

El 16 de abril del año 2015 fue desarticulada la extensa red de defraudación aduanera conocida como La Línea. La gravedad de la existencia y desmantelamiento de esta red es que estaba liderada por altos funcionarios del gobierno del Partido Patriota (PP)y de la misma Superintendencia de Administración Tributaria (SAT); su máximo dirigente era nada menos que el secretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, y miembros importantes eran el superintendente de la SAT Omar Franco y su antecesor Carlos Muñoz. Otro cómplice de relevancia era Francisco Javier Ortiz, conocido también como Teniente Jerez, quien en los años 1990s estuvo ligado a la red de contrabando aduanero liderada por el fallecido Alfredo Moreno. 22 sospechosos fueron capturados en total.

El hecho de que la desarticulación de la red fue producto de un año de investigaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, añade otro elemento polémico, pues el mandato de la primera estaba por vencer este año, y el presidente Pérez Molina había manifestado durante meses su renuencia a solicitar a la ONU una nueva prórroga, ello a pesar de que la investigación inició a pedido del propio gobierno.

El actual gobierno ha pasado por una constante crisis de recaudación fiscal prácticamente desde su primer año en 2012, caracterizada por el incumplimiento de las metas de recaudación acordadas entre la SAT y el gobierno. La red liderada por Monzón por momentos detenía sus operaciones, para no evidenciar tanto la caída en los ingresos del Estado. La recaudación en las aduanas bajó en 2013 de Q 15.8 millardos a Q 15.3 millardos, y se desaceleró en 2014; lo mismo sucedió con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre las importaciones. Las brechas fiscales en estos años ascienden a unos Q 7 mil millones, que han sido suplidos mediante la emisión de bonos del tesoro y la contratación de préstamos, incrementando la deuda pública. La crisis financiera llevó al gobierno a contemplar la creación de nuevos impuestos a la telefonía, cemento y actividades mineras para financiar el presupuesto 2015, de los cuales el primero se encuentra suspendido provisionalmente por la Corte de Constitucionalidad.

La burguesía está implicada en la defraudación

El descubrimiento y desmantelamiento de la red La Línea aparentemente da la razón a las cámaras empresariales que aglutinan a la burguesía, que desde hace años sustentan su negativa a pagar más impuestos en la fuerte propagación del contrabando y corrupción, así como en la existencia de un extenso sector informal de la economía que no tributa; reiteradamente han dicho que esta es la causa del bajo nivel de la tributación, y que en ellos deben enfocarse las políticas gubernamentales. Pero esto oculta los efectos negativos que tienen sobre el presupuesto estatal las exenciones fiscales de que gozan sectores del empresariado y la bajísima carga tributaria que existe en el país, que beneficia a la burguesía.

Al enterarse de las capturas, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Comercio Americana en Guatemala (Amcham), manifestaron su aparente complacencia. Para que exista corrupción se necesitan dos, el funcionario gubernamental y el particular que se beneficia. Las investigaciones calculan en un millar los empresarios que entraron en negocios con La Línea para evadir el pago de impuestos. La hipocresía del CACIF no puede ocultar la complicidad del empresariado en esta estafa al erario público. Las investigaciones deben llevar también a poner al descubierto a los empresarios implicados en el caso y ponerlos a disposición de los tribunales.

El escándalo ha sumido al gobierno en una grave crisis

La presencia de altos funcionarios gubernamentales en La Línea ha puesto en graves aprietos al gobierno y al Partido Patriota, en un año electoral. Al momento de realizarse las capturas Juan Carlos Monzón se encontraba en Seúl, Corea acompañando a la vicepresidenta Roxana Baldetti en un viaje privado para recibir un doctorado honoris causa. Una serie de declaraciones confusas y contradictorias, han dejado más dudas que aclaraciones en el asunto. Baldetti dio declaraciones hasta el domingo 19, siendo que todo demuestra que arribó al país el viernes 17; ella afirma que al enterarse del caso, Monzón no se encontraba con ella y lo despidió de su cargo vía telefónica, procedimiento inusual y no apropiado. Ahora Monzón se encuentra prófugo, al parecer en Honduras.

La cercanía de Monzón a Baldetti, y el aval de Pérez Molina al nombramiento de Muñoz y Franco, cada uno en su momento, como superintendentes de la SAT, no puede más que levantar profundas sospechas de la implicación de los funcionarios en la red de corrupción. El rastreo de las redes de corrupción hasta los años 70s involucra a gran cantidad de exmilitares, miembros de los organismos de inteligencia, que están vinculados a Pérez Molina. La presencia de Ortiz en La Línea indica claramente la continuidad de las redes, que nunca fueron totalmente destruidas.

Como resultado, el Partido Patriota ha empezado a desmoronarse. Su precandidato presidencial, Alejandro Sinibaldi, representante del sector empresarial en el PP, confirmó el 19 de abril los rumores sobre su renuncia. En los días siguientes diputados y alcaldes, algunos de ellos importantes financistas, anunciaron también su salida del PP. Esto ha sido un golpe mortal para el partido de gobierno, que tendrá que elegir apresuradamente nuevos candidatos; pero en medio del escándalo y el desprestigio, sus probabilidades de reunir una cantidad significativa de votos en las próximas elecciones se han reducido enormemente.

Las organizaciones de la burguesía han rechazado sus vínculos con el gobierno, al renunciar la Cámara del Agro y la Cámara de Industria de Guatemala a su participación en la Comisión Nacional Para la Prevención y Combate a la Defraudación Aduanera y el Contrabando, en la cual los representantes gubernamentales eran precisamente Carlos Monzón y Roxana Baldetti. Con este gesto la burguesía abandona al gobierno a su propia suerte.

La CICIG sale fortalecida

Quien ha salido beneficiada con el escándalo de la SAT es la propia CICIG. El gobierno de los Estados Unidos había presionada en diferentes oportunidades para que el gobierno de Guatemala solicitara una nueva prórroga de la CICIG. El presidente Pérez Molina, había manifestado que no pediría la prórroga de su mandato, afirmando que el gobierno y el MP debían arreglárselas solos; la extrema derecha hizo una vociferante campaña en contra de la CICIG también. Todo evidenciaba el temor a que la CICIG revelara asuntos oscuros en las alturas el gobierno, embarrando al mandatario. Bajo la presión de Barack Obama el presidente Pérez Molina ordenó la formación de una comisión que investigara el desenvolvimiento de la CICIG e hiciera recomendaciones sobre la necesidad o no de su permanencia en el país.

Pero la revelación de la red de defraudación aduanera dejó al desnudo la incapacidad del Estado para perseguir y combatir las estructuras de corrupción. A un solo coro, las embajadas de los países imperialistas, las ongs de derechos humanos, los organismos de la “sociedad civil”, los académicos, etc. clamaron por la necesidad de la permanencia de la CICIG. Hasta el CACIF, que había estado dudoso, se sumó en conferencia de prensa, con la presencia de los presidentes de todas las cámaras empresariales, a la petición de la permanencia de la CICIG. Pérez Molina ya no pudo negarse, y después de que la comisión investigadora diera un dictamen favorable, anunció solemnemente en presencia del cuerpo diplomático y sus ministros, que solicitaría la prórroga, para beneplácito de todos.

La intelectualidad de clase media, las ongs y demás incautos olvidan que la CICIG es un organismo creado e impulsado por el imperialismo norteamericano y la Unión Europea para garantizar el buen funcionamiento de las instituciones del Estado burgués en Guatemala; para eliminar la corrupción y garantizar la estabilidad jurídica que permita que las inversiones nacionales y foráneas puedan rendir ganancias en un entorno de orden y eficiencia.

El jefe de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, no lo pudo expresar mejor: “La Cicig se compromete con el Estado y con la sociedad a realizar todos los esfuerzos en el apoyo a las aspiraciones guatemaltecas por la consolidación de sus instituciones; ofrecer análisis coyunturales a través de informes temáticos; formular propuestas de reformas normativas que permitan consolidar instituciones; continuar con la persecución penal que desarrollamos hombro a hombro con el Ministerio Público … La justicia reivindicará a la sociedad en su misión de la construcción.” (Siglo XXI 24/04/15).

Sin embargo, la corruptela sigue campeando ante las propias narices de la CICIG. Después de dos audiencias, la jueza a cargo del caso, Marta Sierra, benefició con arresto domiciliario y pago de multa a seis de los 22 implicados, entre ellos Francisco Javier Ortiz (el Teniente Jerez) y Salvador González. Después de hacer el perjuicio, la jueza tranquilamente busca separarse del caso solicitando el traslado del expediente a una judicatura de alto impacto. No cabe duda de que la corrupción también campea a nivel del organismo judicial.

La oposición burguesa quiere pescar en aguas revueltas. El actual escándalo político pretende ser canalizado por la vía electoral por otras fuerzas políticas igualmente derechistas, como es el partido Libertad Democrática Renovada (LIDER) o Sandra Torres de la UNE, o por los seguidores del expresidente Portillo. Si bien es cierto la CICIG ha propinado un golpe espectacular a un sistema excesivamente corrupto, llamamos a los trabajadores y al pueblo de Guatemala a confiar únicamente en sus propias organizaciones

Movilizaciones y protestas

El sábado 25 de abril del año en curso en horas de la tarde se realizó una concentración en la Plaza Central de la capital guatemalteca, convocada por diferentes organizaciones, para pedir la renuncia del presidente Pérez Molina y la vicepresidente Baldetti. La convocatoria, lanzada anónimamente, anunciaba que no habría discursos ni partidos políticos, rechazando acciones como quema de llantas y otras acciones “…que puede interpretarse como desorden público…” La agenda sería reunirse a las 15:00, cantar el himno nacional a las 15:45 y a las 16:00 retirarse.

El primer contingente de personas era gente de clase media acomodada, en la línea de los camisas blancas que protestaron en el mismo lugar contra el gobierno de Álvaro Colom durante la crisis por la muerte del abogado Rosenberg, muy obedientes de los lineamientos, expresando el descontento de los sectores medios contra el gobierno corrupto. Pero este grupo se vio pronto rebasado por una enorme avalancha de estudiantes universitarios, miembros de los grupos de izquierda y algunos representantes de organizaciones campesinas. Este nuevo grupo diversificó las demandas, denunciando a la oligarquía, al corrupto sistema político, a las instituciones estatales en su conjunto y a todos los funcionarios del gobierno. La aglomeración de gente llegó a varios miles que hicieron retumbar la plaza, empezando a diluirse cerca de las 16:30. En varias ciudades del interior hubo protestas similares.

Crear una alternativa obrera y popular

Para el martes 28 de abril fue convocada una Asamblea Social y Popular, de parte de organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres, jóvenes, sindicales, derechos humanos, religiosos, académicos y sociales, que emitió una declaración exigiendo la renuncia del presidente y la vicepresidenta, que se posponga la convocatoria a elecciones generales y que en su lugar se elija un “Consejo de Estado integrado por representantes de pueblos, sectores populares y sociales”. Llama también a convocar y constituir una Asamblea Nacional Constituyente, y a “convocar y constituir Asambleas Ciudadanas Permanentes que contribuyan a la reconstitución de los Pueblos, asuman el control de las municipalidades y aglutinen a las diversas fuerzas, sectores y Pueblos que están en los territorios.”

Desde el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) llamamos a impulsar la postura de la creación de una Asamblea Social y Popular en el intento de establecer una alternativa de gobierno independiente, que refleje a los sectores oprimidos y explotados y que de llegar a cristalizar establecería los elementos de poder obrero y popular.

Que se castigue a todos los culpables

La investigación de la CICIG ha conducido hasta ahora a la captura de algunos miembros de la banda La Línea.Pero sabemos que también se encuentran implicados numerosos empresarios que se prestaron al juego de la corrupción; ellos deben ser también capturados y llevados a juicio. Todos los implicados deben devolver el dinero robado al fisco y sus bienes deben ser confiscados. Debemos exigir en las calles que renuncie ya el presidente Pérez Molina y la vicepresidente Baldetti, junto a todos sus ministros. El gobierno debe ser asumido de manera provisional por las organizaciones agrupadas en Asamblea Social y Popular, las que representan al pueblo de Guatemala.

Los asuntos del fisco y la SAT deben ser puestos bajo la supervisión y control de las organizaciones campesinas, sindicales y populares. El podrido andamiaje de las instituciones estatales debe ser reformado de pies a cabeza por una Asamblea Nacional Constituyente que transforme el país en beneficio de los desposeídos; esto después de una reforma a la Ley Electoral que permita la elección de delegados verdaderamente representativos del pueblo a dicha Asamblea.

¡¡QUE RENUNCIE EL GOBIERNO DEL PARTIDO PATRIOTA!!

¡¡CONTROL DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, CAMPESINAS E INDÍGENAS SOBRE LA SAT Y EL GASTO GUBERNAMENTAL!!

¡¡CONVOCATORIA INMEDIATA A UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE!!

Centroamérica, 29 de abril del 2015

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

PARTIDO SOCIALISTA CENTROAMERICANO

Este 1 de Mayo los trabajadores de Centroamérica vamos a conmemorar el 129 aniversario de la masacre de Chicago, soportando los efectos de la permanente ofensiva neoliberal que continúa arrancando las conquistas laborales y sociales a la clase trabajadora.

Esta ofensiva neoliberal ha debilitado a los sindicatos y centrales obreras y campesinas en toda Centroamérica, con efecto más devastadores en algunos países. En la actualidad, en los países del llamado “Triángulo Norte” (Guatemala, El Salvador y Honduras) es donde más se aprecia la decadencia del capitalismo, donde prevalece más la miseria que genera violencia y es caldo de cultivo de las mafias del crimen organizado, situación de degradación social que afecta a los trabajadores y sus organizaciones sindicales, así como al conjunto de las masas populares, creando desconcierto y ausencia de una perspectiva clara sobre cuál es el camino correcto para salir de la crisis del sistema capitalista semicolonial imperante.

La crónica crisis fiscal es un aspecto esencial de esta crisis del sistema capitalista en Centroamérica. Los tratados de libre comercio (CAFTA-DR con Estados Unidos y el Acuerdo de Asociación (AA) con la Unión Europea) y el intercambio desigual, además de la corrupción gubernamental, así como el hecho que las burguesías se resisten a pegar impuestos conforme sus ganancias, han generado un crónico déficit fiscal en todos los países de Centroamérica, que debilita al Estado y que afecta los servicios públicos y con ello el nivel de vida de los trabajadores.

En el último año, hemos observado importantes luchas de resistencia de los trabajadores del sector público en Guatemala, pero también un descenso global de la luchas de los trabajadores en el conjunto de Centroamérica, con la notable excepción de Panamá.

Importantes Luchas en Guatemala

En Guatemala el sector que más se ha movilizado ha sido el de los trabajadores de salud pública. Desde enero los puntos de lucha fueron: el pago de salarios atrasados, reinstalación de trabajadores despedidos injustificadamente, renovación de contratos a trabajadores temporales, traslado de trabajadores por contrato a plazas permanentes, y otros temas contemplados en el pacto colectivo, además del abastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales. En febrero se instaló una mesa de diálogo entre el sindicato más grande, perteneciente al Frente Nacional de Lucha (FNL), que firmó el pacto colectivo en 2013; en abril no hubo ya movilizaciones, sino discusiones con las autoridades sobre los temas arriba mencionados. Los médicos de algunos hospitales efectuaron protestas, pero prevalece la división en relación al resto de los trabajadores de la salud.

En febrero un sector del poderoso movimiento campesino de Guatemala (CODECA, UVOC y CENOC) realizó bloqueos de carreteras, las demandas fueron: el cese de la persecución a dirigentes sindicales, el rechazo al salario diferenciado en cuatro municipios, la nacionalización de la energía eléctrica y la aprobación de la ley de Desarrollo Rural Integral. El gobierno de Otto Pérez Molina ofreció iniciar un diálogo, pero como siempre fue una maniobra de distracción.

El Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) realizó una marcha en enero en respaldo al presupuesto gubernamental de 2015, y en protesta contra ciertos controles que el Ministerio de Educación piensa implementar para vigilar el cumplimiento de los 180 días de clase. El magisterio independiente realizó algunas acciones para exigir el pago de dos meses de atraso a los maestros por contrato, y estabilidad laboral para los mismos, pero con muy poco poder de convocatoria.

En Guatemala hay un recrudecimiento de la persecución contra dirigentes de comunidades que se oponen a empresas mineras e hidroeléctricas. El gobierno y los empresarios del CACIF han querido establecer salarios por debajo del mínimo de ley en cuatro municipios con el fin de atraer inversión privada, lo que declarado inconstitucional por la Corte de Constitucionalidad CC). La ofensiva contra los salarios se mantiene, nuevamente está en discusión la Ley de Inversión y Empleo, que reemplazará a la ley que regula las maquilas. El Congreso todavía no ha aprobado dicha medida, pero desde ya alertamos en las centrales obreras y campesinas, de la necesidad de establecer una amplia unidad de acción contra estas leyes anti obreras.

El alto costo de la vida afecta a todos los trabajadores. A inicios de abril el costo de la Canasta Básica Alimentaria ascendía a Q 2,945.10 y el de la Canasta Básica Vital a Q 5,374.27. El salario mínimo aprobado para este año, que en muchísimos casos es el máximo que pagan las empresas, asciende a Q 2,664.40 para actividades agrícolas y no agrícolas y a Q 2,450.95 para las actividades exportadoras y de maquila.

El caso de la red de defraudación aduanera dirigida por el secretario privado de la vicepresidente Roxana Baldetti ha abierto una crisis política, que ha aislado y desprestigiado al gobernante Partido Patriota en un año electoral.

Estancamiento de luchas en El Salvador

Desde las huelgas del sector salud en El Salvador, en septiembre del 2013, se ha producido un estancamiento de las luchas obreras, las que se han reducido a unas cuantas escaramuzas por aumento de salarios en el sector de empleados públicos, en los trabajadores del sector salud y del Ministerio de Educación, así como en las municipalidades, principalmente en la Alcaldía de San Salvador y Soyapango quienes han exigido mejores condiciones laborales y frenar los despidos.

Bajo el primero y segundo gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) se ha promovido la organización sindical de los trabajadores del sector público, otorgando personalidades jurídicas a nuevos sindicatos, pero no para organizar luchas sino para mantener un control sobre los trabajadores. Los sindicatos a nivel de la empresa privada se mantienen paralizados, aunque se han producidos algunas luchas esporádicas sobre todo a nivel de la industria textil.

La migración constante de los trabajadores salvadoreños hacia Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades, y el control burocrático del FMLN sobre los sindicatos, explican este descenso de las luchas obreras.

Bajo este estancamiento de luchas obreras, el gobierno del FMLN se prepara para librar una guerra contra las maras, con el pretexto de parar los crímenes, pero no está atacando las causas sociales que generan el crecimiento de las pandillas, que son la expresión de la descomposición social que genera la crisis capitalista, enviando a la miseria y a la marginalidad social a decenas de miles de jóvenes, que se organizan en pandillas o maras porque no tiene otra alternativa en un sistema que los excluye.

Gran Retroceso en Honduras

Después de las luchas de las enfermeras, médicos y demás personal hospitalario, contra el desplome de la salud pública, a finales del 2013 y comienzo del 2014, se ha producido un estancamiento de las luchas.

Desde la derrota de las luchas contra el golpe de Estado, producto de la claudicación del Melismo ahora agrupado en el partido LIBRE, el Partido Nacional (Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández) en el poder ha aprovechado la situación para imponer un riguroso plan de ajuste, que está exprimiendo a los trabajadores y las masas populares.

Los trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y de HONDUTEL han luchado solos contra la privatización que avanza a pasos agigantados. En este retroceso ha influido no la terrible situación objetiva, de crisis capitalista y violencia incontenible, sino el rol desmovilizador de la conducción del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) que se ha borrado, así como el papel nefasto de las dirigencias de las centrales obreras como la Central General de Trabajadores (CGT), la Central de Trabajadores de Honduras (CTH) y la CUTH (Central Unitaria de Trabajadores de Honduras) las cuales han colaborado con los gobiernos de turno, avalando los aumentos miserables al salario mínimo. Y lo que es peor aún, ahora avalan miserables aumentos por dos o 3 años consecutivos, sin emitir ninguna opinión de protesta, mientras se eleva a diario el costo de la vida.

En el último periodo, los otrora poderosos colegios magisteriales, el SITRAUNAH, el SITRAENEE, el SITRASANAA, SITRAINFAH, han sido golpeados por la ofensiva neoliberal. Una importante excepción de este proceso ha sido las heroicas luchas de los estudiantes de la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), contra las reformas académicas, y la reciente lucha de los estudiantes de secundaria contra la jornada extendida.

El resultado de la desmovilización ha sido la imposición de los planes de ajuste del gobierno y últimamente la imposición de la reelección presidencial a través de una sentencia de la Sala Constitucional. Con ello pretenden liquidar la lucha por la Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, una reivindicación crucial del movimiento obrero.

Se mantiene la desmovilización en Nicaragua

El control que el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ejerce sobre los debilitados sindicatos y centrales obreras, ha impedido la lucha independiente de los trabajadores. En los últimos cuatro años no se ha celebrado el 1 de Mayo, sino que el último día de abril el gobierno sandinista organiza una concentración con los sindicatos de trabajadores del sector público, lo que evidencia el debilitamiento de la organización sindical de la clase obrera industrial, a pesar que en las maquilas existen más de 110,000 trabajadores, en su mayoría mujeres.

El FSLN ha impuesto el método de consenso y la negociación con las cámaras empresariales del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), arrastrando con ello a las dirigencias sindicales, las cuales permanecen atadas políticamente al sandinismo.

El resultado fatal es la ausencia de luchas, mientras aumenta terriblemente el costo de la vida. Nicaragua es un clásico ejemplo de cómo la macroeconomía saludable, desde el punto de vista capitalista, no se traduce en un bienestar de la clase trabajadora, y más bien en todo lo contrario.

Impase de luchas en Costa Rica

Debido a que Costa Rica es uno de los países con más alto nivel de vida en Centroamérica, su clase trabajadora ha luchado incansablemente, defendiendo sus conquistas. Desde las luchas del Combo del ICE, hace quince años, a las luchas contra el RITEVE, y las gloriosas jornadas de lucha contra la ratificación del CAFTA-DR, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en la última década, es la clase trabajadora, junto a la panameña, que más ha luchado por la defensa sus conquistas.

No obstante, en el último año solo hemos presenciado dos luchas de importancia nacional: la huelga general del magisterio por el pago completo de salarios y la huelga de en los muelles de Limón, dirigida por el SINTRAJAP. Estas luchas coincidieron con la inauguración del gobierno de Luis Guillermo Solís, que causó grandes expectativas al romper el sistema bipartidista.

El gobierno de Solís busco rápidamente cómo atraer a las dirigencias sindicales a su favor, con el objetivo de frenar las luchas. En cierta medida lo ha logrado. A pesar que reprimió la huelga del SINTRAJAP, ha mantenido las negociaciones con las dirigencias sindicales, logrando paralizar las luchas. En este contexto, el magisterio sigue siendo el sector que más ha luchado, con APSE a la cabeza.

Llamamos a los bloques sindicales agrupados en BUSSCO y PATRIA JUSTA, a desarrollar acciones conjuntas contra la política de austeridad que impulsa el gobierno de Solís.

Expectativas en Panamá

En Panamá la vanguardia de las luchas han sido los empleados públicos, especialmente del sector salud y del magisterio. El nuevo gobierno de Juan Carlos Varela ha impulsado una política de negociación con las dirigencias sindicales, paralizando ese vigoroso proceso de luchas que se venían produciendo en el último periodo.

Una vez más, proponemos este Plan de Lucha:

En todos los países que conforman la nación Centroamericana, los trabajadores enfrentamos los mismos problemas. Por ello, el Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) no se cansará de llamar a los trabajadores y a las centrales obreras, para impulsar un Plan de Lucha Unitario que, a nuestro juicio, debe contener las siguientes reivindicaciones mínimas:

1.- ¡¡Es urgente luchar por aumentos generales de salarios, acordes a la carestía de la vida!! Las constantes alzas de los precios de la canasta básica y los servicios públicos, obligan a millones de trabajadores a luchar por la defensa del pan de cada día para alimentar a nuestras familias

2.- ¡¡Abajo los paquetazos de reformas fiscales contra los trabajadores y la clase media!! En toda Centroamérica, los diferentes gobiernos están implementando los mismos planes de reformas fiscales cuyo principal objetivo es financiar el déficit fiscal de los Estados en bancarrota, a costa del nivel de vida de los trabajadores y las clases medias. La repuesta de la clase trabajadora debe ser tajante: ¡¡que los ricos paguen más impuestos!!

3.- ¡¡Por la defensa de la seguridad social: opongámonos a la elevación de la edad de jubilación!! El FMI ha girado instrucciones a los gobiernos del mundo, incluido los de Centroamérica, de elevar automáticamente la edad de jubilación, debido, supuestamente, a que han subido las expectativas de vida.

¡¡Nada más falso!! Es posible que en los países imperialistas el todavía relativamente alto nivel de vida permita vivir más, pero en Centroamérica es absolutamente falso que la gente viva más. Nuestros hermanos mueren prematuramente por mala atención médica y por pensiones insuficientes que no ajustan para vivir. Se deben revalorizar las pensiones conforme el costo de la vida, y la seguridad social debe cubrir a todos los trabajadores

4.- ¡¡Por la defensa y renacionalización de los servicios públicos (energía, comunicaciones, salud y educación)!! Después de la derrota de la revolución en Centroamérica, el huracán neoliberal terminó de desarticular nuestros países, convirtiendo la región en una zona de libre comercio de las transnacionales imperialistas.

En algunos casos estos servicios fueron privatizados total o parcialmente. En otros casos, como en Honduras, ya están planificando la privatización de la ENEE y HONDUTEL. Los servicios públicos deben estar en manos del Estado, bajo el control de los trabajadores.

¡¡Por la defensa de la educación pública con calidad!! Necesitamos recuperar la educación pública gratuita y de calidad, en todos los niveles, para nuestros hijos. De igual manera, necesitamos recuperar los servicios de salud para los trabajadores y los pobres.

Los sindicatos magisteriales y de la salud en toda Centroamérica deben marchar unidos en la defensa y reconquista de estos beneficios sociales, cuando la crisis aprieta a la clase trabajadora.

5.- ¡¡Por una reforma agraria que acabe con el latifundio y brinde financiamiento barato a los campesinos e indígenas!! En Guatemala decenas de miles de campesinos e indígenas reclaman tierras y el derecho a comer. En Honduras, continúan la lucha de miles de campesinos por una nueva reforma agraria.

Exigimos cese la masacre contra los dirigentes campesinos en Guatemala y Honduras, castigo y cárcel para los culpables.

6.- Por la defensa de las tradiciones, idiomas y cultura de los pueblos originarios, sometidos al hambre y miseria por las políticas discriminatorias en todos los Estados de Centroamérica. ¡¡Luchemos por la autonomía de las comunidades indígenas en toda Centroamérica!!

7.- ¡¡No a las empresas mineras e hidroeléctricas que dañan el medio ambiente!! Desde Guatemala hasta Panamá la lucha por la defensa de los recursos naturales y el medio ambiente es la misma. En su afán de lucrar a toda costa, las trasnacionales y los capitalistas de la región han emprendido la explotación de metales, minerales, petróleo y producción de energía eléctrica que deteriora el medio ambiente y afecta los territorios de las comunidades campesinas e indígenas. Defendemos el derecho de los pueblos a ser consultados y el respeto de sus territorios.

8.- ¡¡Por la independencia y democratización de las organizaciones y centrales obreras y campesinas!!En esta época de decadencia del capitalismo y del imperialismo, los Estados fallidos de la burguesía en Centroamérica han logrado subordinar a la mayoría de las centrales obreras y campesinas a los dictados del FMI, liquidando la independencia y autonomía de los sindicatos.

Necesitamos una democratización de los sindicatos, para que las bases decidan cómo y cuándo luchar contra la crisis del sistema capitalista, que nos asfixia a diario.

9.- ¡¡Por la unidad de acción de las centrales obreras y campesinas, sindicatos y demás organismo populares de Centroamérica!! La crisis del sistema capitalista nos obliga a superar cualquier diferencia política, ideológica o religiosa, para poder librar con éxito la lucha por la defensa y reconquista de los beneficios laborales obtenidos en el periodo anterior. Solo la lucha firme, organizada y unitaria de la clase trabajadora, podrá hacer que los trabajadores defendamos y mejoremos nuestros niveles de vida.

10.- ¡¡Por un primero de Mayo antiimperialista!! Llamamos a toda la clase trabajadora, a las centrales obreras, campesinas y populares de Centroamérica, a luchar por una nueva independencia política de los países de Centroamérica, esta vez para librarnos de la explotación del imperialismo norteamericano, y de cualquier otra potencia imperialista.

La clase trabajadora centroamericana debe convertirse en la vanguardia de la lucha democrática y por una nueva independencia política.

11.- ¡¡Por la reunificación socialista de la Patria Centroamericana!! El sistema capitalista e imperialista es el principal enemigo de los trabajadores y de la humanidad. En Centroamérica la lucha democrática y antimperialista por la liberación nacional conduce inevitablemente a la lucha por el socialismo.

En la actual coyuntura, la lucha por las reivindicaciones democráticas exige la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en cada uno de nuestros países, y también pone a la orden del día la necesidad de convocar a una gran Asamblea Constituyente Centroamericana que nos permita reunificar la patria centroamericana, reconstruir el Estado Federal, pero ahora bajo un gobierno de los trabajadores y en rumbo al socialismo.

Centroamérica, 26 de abril del 2015

Secretariado Ejecutivo Centroamericano (SECA)

Partido Socialista Centroamericano (PSOCA)