Por José René Tamariz

La junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) integrada por nueve personas, tres representantes del gobierno, 3 miembros de las cámaras patronales y 3 personas del sector sindical y social pretenden realizar una salvaje reforma al IVM. Veamos en que consiste esa brutal propuesta de los directivos de la Caja.

Actualmente los hombres se pueden retirar a los 61 años y 11 meses con 462 cotizaciones, es decir 38.5 años cotizados. Las mujeres se pueden pensionar a los 59 años y 11 meses con 450 cotizaciones, o sea 37.5 años. Un año menos que los hombres. El aporte obrero-patronal actual del 10,66% y el monto de la pensión es del 52% del promedio de los últimos 240 salarios cotizados e indexados al índice de la inflación. ¿Cuáles son los cambios que quieren imponer los miembros de la junta de la CCSS?

Esas draconianas reformas pretenden llevar la edad de retiro a 65 años tanto para hombres como mujeres. Incrementar los aportes obrero y patronal al 15,16%, es decir un aumento del 4,5%. El monto de la pensión pasaría del 52% al 45%, lo cual significaría una reducción del 7%. Con esas propuestas se elimina la pensión anticipada. Pero, supuestamente con las reformas se tomarán en cuenta los mejores 300 salarios cotizados por los cotizantes, en lugar de los últimos 20 años. La propuesta de la CCSS “plantea eliminar gradualmente la pensión anticipada. Así las cosas, hombres y mujeres se pensionarán a los 65 años. El transitorio define que, en 2022, 2023 y 2024 las personas se pensionan como está establecido actualmente (mujeres a los 59 años, hombres a los 61 años) y a partir del 2025 se adiciona un año hasta llegar a los 65. Eso significa que en el 2025 las mujeres se podrán retirar a los 61 años y los hombres a los 63 años. En 2026 las mujeres se retiran a los 62 años y hombres a los 64; en 2027, 63 y 65 respectivamente”. Y así sucesivamente. (Diario Extra, 22 de mayo de 2021)

La mayoría de los trabajadores del sector privado ganan 400.000 colones o menos con lo cual reciben pensiones miserables de 200.000 colones o menos. La junta directiva de la CCSS pretendía aprobar dichas reformas el día 20 de mayo en medio de la pandemia. Con miles de trabajadores despedidos, miles de trabajadores con contratos suspendidos y salarios reducidos hasta en un 75%. Sin embargo, debido a la presión ejercida en las calles por diferentes agrupaciones sindicales como la ANEP, FECTASALUD y otras organizaciones la junta directiva de la CCSS decidió posponer dicha discusión y aprobación hasta el mes de septiembre. Aunque esa posposición es un triunfo temporal de las organizaciones sindicales, no obstante, el peligro de la guillotina sobre la cabeza de miles de trabajadores se encuentra pendiente y solo es problema de tiempo. El problema se postergó, pero no se resolvió.

Aunque desde hace mucho tiempo se viene planteando la pretendida salvaje reforma al IVM, en los dos últimos años se ha acelerado su discusión y eventual aprobación, según sus altos funcionarios por el deterioro de los ingresos de la institución. Según Jaime Barrantes, gerente general de Pensiones de la CCSS “Los ingresos mensuales por cuotas particulares eran, en promedio, de ₵80.000 millones, más ₵15.000 millones de la cuota del Estado. Eso cayó en promedio en ₵75.000 millones, e incluso a ₵65.000 millones, en algunos meses muy críticos”. (La Nación, 24 de abril de 2021).  La caída drástica de los ingresos de la CCSS se debió a una política totalmente errónea del gobierno de Alvarado y los directivos de la Caja de disminuir, en medio de la pandemia, de forma generalizada e indiscriminada a los empresarios las cuotas patronales. Esa reducción se debía de hacer de forma selectiva a pequeños y microempresarios, pero no a los grandes empresarios como los de Walmart, Cervecería y otras.

Por otro lado, los gobiernos de turno han venido acumulando gigantescas deudas con la seguridad social. Por ejemplo, “El Estado debe al menos ₵420.000 mil millones al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), monto que viene arrastrando desde hace varios años”. (Diario Extra, 22 de mayo de 2021). En realidad, la deuda total del Estado con la CCSS e de alrededor de los ₵1,8 billones de colones, de los cuales ₵400.000 millones corresponde al IVM y el resto al seguro de salud, pensiones a cargo del Estado y otras deudas.

¿Cuál es la propuesta de las organizaciones sindicales y sociales? Hasta el momento no se conocen, a pesar de tener tres representantes en la CCSS. Esto constituye una falta seriedad y responsabilidad de esas organizaciones que tienen representación en la Caja. Lo peor y criticable que hacen los representantes de los sindicatos y otras organizaciones sociales, como las cooperativas, es ni siquiera consultar a sus bases para que opinen y hagan sus propuestas sobre las reformas. Estas organizaciones y sus representantes actúan de forma burocrática.

¿Cuáles deben ser las propuestas de solución al problema del IVM de la CCSS?

En primer lugar, que el Estado y el gobierno de Alvarado pague la deuda millonaria de ₵420.000 millones de colones que tiene con la seguridad social.

En segundo lugar, que las instituciones estatales como el ICE, INS, Bancos del Estado, RECOPE y otras paguen lo que les corresponde, de acuerdo, a la ley del trabajador.

En tercer lugar, obligar a pagar las deudas millonarias que tienen muchos empresarios con la seguridad social. Esa obligación puede ir desde el cobro judicial hasta la expropiación de los negocios si se resisten a pagar sus deudas.

En cuarto lugar, cobrar una cuota diferenciada para la seguridad social a las empresas dependiendo de su tamaño y sus ingresos. Las grandes empresas deben pagar más que las medianas, pequeñas y microempresas.

En quinto lugar, imponer un nuevo impuesto a las empresas de comidas rápidas, refrescos gaseosos, bebidas alcohólicas y las que contaminan el ambiente para dárselo a las finanzas de la CCSS.

En sexto lugar, poner un impuesto a las 100 personas más ricas de Costa Rica. Existen datos al respecto y el Ministerio de Hacienda tiene esa información para realizarlo.

De último, es necesario y urgente que las organizaciones sindicales realicen una asamblea popular amplia para discutir las propuestas de los directivos de la CCSS y de las agrupaciones sindicales para la pelea que se viene en el mes de septiembre. Esas reformas son inevitables, pero debemos, desde las organizaciones sindicales, evitar que sean perjudiciales para la clase trabajadora. Por tanto, se requiere y urge que las dirigencias sindicales realicen la más amplia unidad de acción y lancen la lucha callejera para que esas reformas salvajes a las pensiones se aprueben.

Al mismo tiempo, es necesario y urgente que las organizaciones sindicales depongan sus actitudes feudales y comiencen a dialogar y ponerse de acuerdo para dar la pelea contra el gobierno de Alvarado por sus políticas hambreadoras del FMI y de despojo de los componentes salariales de los trabajadores del sector público. Hay que salir a las calles a dar la pelea contra el proyecto de empleo público que va a empobrecer a miles de empleados públicos. La única salida es la lucha frontal contra este gobierno y los directivos de la CCSS. 

¿Es cierto que la ministra de educación cedió a la presión de los sindicatos?

Zaray Esquivel, presidenta de APSE, sostiene en un vídeo que la ministra de educación, Guiselle Cruz, suspendió el curso lectivo por la presión ejercida por las dirigencias sindicales burocráticas de APSE, ANDE y SEC.

Esa aseveración es ridícula y falsa. Los burócratas del MEP y los neoliberales del gobierno de Alvarado son insensibles a las presiones de huelgas fuertes como la del combo fiscal, mucho menos de huelguitas virtuales que no les hacen ni cosquillas. El único lenguaje que entienden esos burócratas y neoliberales es la presión de las calles con bloqueo y enfrentamientos callejeros.

Por otro lado, Gilberto Cascante, presidente de ANDE, sostuvo públicamente que la interrupción del curso lectivo era un triunfo de los sindicatos.

Esa otra aseveración es ridícula y falsa. La larga suspensión del curso lectivo constituye un atropello contra los trabajadores de la educación, así como una medida autoritaria e inconsulta hacia los sindicatos y docentes. Entonces, a una medida dictatorial no se le puede llamar triunfo.

Las burocracias sindicales que se han mantenido en la inacción y desmovilización de sus bases, pretenden engañarlas desfigurando la realidad con una tal victoria que sólo existe en la imaginación de los burócratas sindicales pero no de las bases.

Más bien, el adelanto de las vacaciones de fin de año entre mayo y junio es una gran arbitrariedad contra los trabajadores de la educación, pues no era necesario ni solicitado tal adelanto ya que se podía terminar el primer semestre con la modalidad de educación a distancia para evitar más contagios y muerte por el coronavirus.

la ministra de educación, Guiselle Cruz, pega el golpe a los trabajadores de la educación con la interrupción arbitraria, burocrática y autoritaria del curso lectivo y la imposición de las vacaciones adelantadas y, después del hecho consumado, convoca a las dóciles burocracias sindicales de APSE, ANDE y SEC para que opinen, cuando ya la medida se ejecutó, y se plieguen como serviles a su medida autoritaria.

Los burócratas sindicales creen en su imaginación que esa convocatoria es un gran logro de ellos, pero eso es una ilusión. Ya todos los docentes fueron mandados a encerrarse a sus casas a unas supuestas vacaciones adelantadas que nadie pidió. ¿Qué van hacer las burocracias sindicales? Pues, aceptar el manotazo que dio la burócrata mayor del MEP.