Por Sebastián Chavarría Domínguez

En el mes de mayo se han desencadenado una serie de acontecimientos políticos que nos indican que las elecciones del 7 de noviembre del año 2021, se realizaran bajo las duras condiciones impuestas por la dictadura. Está ocurriendo el peor de los pronósticos.

Dificultades e incapacidad política

Después del aplastamiento militar de la rebelión de abril del 2018, y de los tranques que fueron una expresión de lucha defensiva, los principales bloques de oposición, tanto la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), como posteriormente la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), a pesar de sus diferencias tácticas y de matices, comenzaron a gravitar en torno a la salida electoral para el año 2021, sin poder romper el férreo marco institucional de la dictadura.

Como nunca se definió una estrategia de lucha para este periodo, en el que la dictadura había retomado el control del país, y ante la falta de discurso y propuestas claras, por tres largos y difíciles años, el tema de la unidad opositora ha dominado la agenda política, incluso a veces por encima de la urgente unidad de acción para obligar a la dictadura a modificar el sistema electoral. Nunca se hizo una campaña de masas para obligar a la dictadura a reformar el sistema electoral, más bien se confió mucho en las presiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la llamada comunidad internacional, que al final resultó complaciente con la dictadura.

Durante tres años, los diferentes bloques de oposición, peleándose el uno contra el otro, repitieron hasta el cansancio que solo la unidad opositora podría derrotar a la dictadura. Pero la unidad nunca llegó porque tanto la ACJD como la UNAB tenían intereses propios.

La salvaje reforma a la Ley Electoral

De manera sorpresiva, aprovechando su aplanadora parlamentaria (más de 60 diputados), bajo procedimientos sumarios, la dictadura logró imponer una reforma electoral que fortalece aún más el control del FSLN sobre el aparato del Consejo Supremo Electoral (CSE). Las modestas demandas de reforma electoral planteadas por la oposición, sencillamente fueron ignoradas.

El FSLN aparece con una intención de voto del 20%, la más baja de su historia. Esta extrema debilidad le obligó a atrincherarse dentro del CSE, manteniendo incólume el sistema bipartidista, la negativa a hacerle concesiones a la oposición obedece a la necesidad de controlar y manipular los resultados electorales.

Antes de la reforma electoral, la dictadura había mandado a aprobar la Ley No 1040 Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, con la que pretende cortar las fuentes de financiamiento de los ongs e inhibir políticamente a sus directivos y administradores, y también la Ley No 1055 Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Ambas leyes, de aplicación retroactiva, fueron incorporadas en la reforma a la Ley Electoral, institucionalizando las inhibiciones, es decir, cortando el derecho de muchos dirigentes de la oposición, de postularse a cargos de elección popular en las próximas elecciones. En vez de mejorar las condiciones, estas empeoraron. La horca esta lista en ensebada para colgar a muchos de los líderes opositores.

Las amenazas veladas de la OEA.

La reciente reunión del 12 mayo, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), discutió un duro informe de Luis Almagro, sobre la situación electoral en Nicaragua. Casi todos los cancilleres manifestaron sus críticas hacia la dictadura en Nicaragua, debido a la ausencia de condiciones para elecciones libre y democráticas en noviembre de este año.

El informe de Luis Almagro fue extremadamente duro: “(…) El diagnóstico sobre Nicaragua en este proceso electoral no es auspicioso. (…) La reforma electoral llevada a cabo en Nicaragua es por demás preocupante y no cumple con los estándares democráticos necesarios para garantizar que esas elecciones sean libres, limpias, justas y transparentes. (…)”

Al final de su largo informe, Almagro lanzó una velada amenaza: “(…) Nicaragua al día de hoy no cumple con los elementos esenciales de la democracia representativa, que, conforme lo señala la Carta Democrática Interamericana (…) A tenor de todo ello, es necesario una vez más recordar que lo anterior, en el marco de lo establecido en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, constituye una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”.

La exigencia de declaratoria de ilegitimidad

En estos tres años de conflicto en Nicaragua, el Consejo Permanente de la OEA no ha tomado una sola resolución o medida de presión que haga retroceder la represión de la dictadura. Por ello en esta última reunión tampoco hizo nada. Algunos sectores de la oposición, sobre todo la diáspora en el exilio, pero también sectores al interior de Nicaragua, han levantado la exigencia de que la OEA declare la ilegitimidad de la dictadura Ortega-Murillo, pero todo ha sido en vano

Sin embargo, todo indica que esa declaratoria la tienen lista para después de evaluar la dinámica y el resultado de las elecciones de noviembre, cuando se reúna la asamblea general de la OEA en Guatemala en diciembre del 2021

El desplome de la Coalición Nacional

La Coalición Nacional (CN) fue un proyecto diseñado y financiado por la embajada norteamericana para reunir en un solo bloque a los dispersos grupos de oposición, utilizando como pilares fundamentales a las organizaciones emergentes, surgidas de la rebelión de abril del 2018: ACJD y UNAB

El problema fue que, en vez de crear una nueva fuerza política, se invitó a participar a los partidos zancudos o colaboracionistas, que en ese momento se habían distanciado del régimen: el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Yatama, una organización de indígenas misquitos y creoles en la costa caribe.

La desarticulación de la Coalición Nacional fue inevitable. En octubre del 2020 se retiró la ACJD por las discusiones relacionadas con el Estatuto, después al mes siguiente el PLC fue “suspendido” como miembro activo de la Coalición Nacional cuando la corriente de Maria Haydee Osuna tomó el control del aparato partidario, y finalmente, en mayo de este año, también Yatama fue suspendido, a raíz del escandaloso voto de Brooklyn Rivera a favor de la elección del magistrado sandinista Lumberto Campbell.

Brooklyn Rivera justificó el voto a favor de Campbell, de la siguiente manera: “La Coalición quedó muy mal, porque hubiera tenido una posible alianza política entre PRD y Yatama dentro del Consejo Supremo Electoral. Quedaron sin Beatriz y sin retrato, como dicen (…) Nosotros tenemos nuestra casilla (8) y la opción de participar solos, pero qué van hacer los promotores de la expulsión, sobre todo de la Unidad Nacional (UNAB), están sin casilla y no los quieren ver ni pintados en CxL, dónde van a ir, mala dirección, mal cálculo (…) Nosotros (Yatama) vamos a participar solos, tenemos experiencia hemos participado en las últimas elecciones regionales de 2016 y yo salí electo diputado por Yatama”.(La Prensa 13/05/2021)

Al final, dentro de la Coalición Nacional, solo quedaron la UNAB, unos pequeños grupos y el Partido Restauración Democrática (PRD), dirigido por el pastor Saturnino Cerrato. El PRD era la única casilla electoral de la Coalición Nacional que había quedado reducida a su mínima expresión.

Malestar por las maniobras del PRD.

El PRD fingió luchar por la unidad, pero en el fondo le interesaba quedarse con los grupos de la Coalición Nacional, especialmente con la UNAB, para convertirse en una fuerza electoral. Las pláticas con el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) fracasaron, a pesar de la mediación de Denis Martínez. El día 12 de mayo se inscribió la Alianza Ciudadana por la Libertad (ACxL), conformada por el Partido Movimiento de Unidad Costeña (PAMUC) y el (CxL) bajo la casilla de este último.

Medardo Mairena, el popular dirigente del Movimiento Campesino (MC), se retiró de la Coalición Nacional en señal de protesta por las maniobras del PRD. Mairena declaró muy molesto que “(….) el PRD  nos falló y es esa la inconformidad que hay…si no hay esa lealtad entre nosotros mismos es obvio de que no nos podemos sentir representados en un partido político…se está valorando qué es lo que va a pasar con el PRD, que fue el que nos mintió, no se está valorando que el Movimiento Campesino se salga de la Coalición, sino más bien la permanencia del PRD dentro de la Coalición” (La Prensa 13/05/2021)

Aniquilan al PRD

El PRD ofreció su casilla a la precandidata Cristina Chamorro, quien en ese momento comenzaba a ser procesada por supuesto delito de lavado de dinero. El Domingo 16 de mayo el PRD realizó una convención nacional para constituir una “alianza de hecho” con la UNAB y otros grupos de la Coalición Nacional. Estos dos hechos motivaron que el CSE controlado absolutamente por la dictadura, cancelara la personalidad jurídica al PRD, quitando de un solo golpe la casilla electoral en que se había refugiado la Coalición Nacional. La señal era clara: la dictadura no estaba dispuesta a permitir la participación electoral de la UNAB, que se había quedado prácticamente sola dentro de la Coalición Nacional.

Bajo las reglas de la dictadura

Había dos bloques de oposición, ahora solo hay prácticamente uno, que es la ACxL. Los restos de la Coalición Nacional presionan para que ACxL les abra las puertas, para poder inscribir sus candidatos. Esta posible unidad en los hechos es poco probable por los niveles de ataque que existen entre ambos grupos.

Todo indica que las elecciones del noviembre del 2021 se realizarán bajos las duras condiciones impuestas por la dictadura, que en los hechos ha inhibido a todos los candidatos de la UNAB. La dictadura ha diseñado una estrategia para que la población no salga a votar. El abstencionismo le permitiría a la dictadura ganar las elecciones sin necesidad de robarse las elecciones.