Por Victoriano Sánchez

Desde 2007 hasta finales del 2017, durante 10 años, Daniel Ortega gobernó Nicaragua apoyándose en la oligarquía financiera que controla la mayor parte de las actividades productivas, comercio y servicios. Fue la época de la famosa política de “diálogos y consensos” que, incluso, fue incorporada como un principio dentro de la Constitución, con la reforma del año 2104.

Exoneraciones fiscales

Pero los acuerdos políticos siempre tienen un fundamento económico. La Ley de Concertación Tributaria, vigente desde 2012, creo el marco legal para el otorgamiento de beneficios económicos a la burguesía exportadora y también a la oligarquía financiera.

La tajada más grande de las ganancias proviene de las exoneraciones a los grandes capitalistas, entre 2010 y 2014 estos privilegios ascendieron a más de 1.100 millones de dólares, equivalentes al 9,3 del Producto Interno Bruto (PIB).

Estos enormes privilegios fueron encubiertos porque la económica creció un promedio de 5% anual en ese periodo. Era una verdadera luna de miel. Los empresarios tuvieron representación en los órganos colegiados en 43 instituciones del Estado. La incidencia de los empresarios era muy alta, De 326 leyes aprobadas, al menos 124 fueron promovidas por el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP)

Nuevo corporativismo

El flujo de dinero de la ayuda venezolana creo un artificial ambiente de bonanza económica. La familia presidencial manejo cerca de 5,500 millones de dólares, producto del convenio petrolero con Venezuela, hasta que los ríos de petróleo se secaron cuando Trump decreto un cerco financiero y comercial contra el gobierno de Nicolas Maduro.

Sin embargo, al establecerse un corporativismo directo entre el gobierno y los empresarios, el resultado fue el debilitamiento de los partidos de oposición. El gran capital ya no necesitaba intermediarios, las negociaciones eran directas entre Daniel Ortega y la oligarquía financiera de los banqueros.

Cuando Ortega decidió eliminar las prohibiciones contra la reelección presidencial en la Constitución, los grandes empresarios no se opusieron. La creación del Banco Corporativo (BANCORP) despertó los temores de una “competencia desleal” en la oligarquía financiera, pero la verdadera ruptura se produjo el 16 de abril del 218, cuando Ortega y Murillo decidieron una reforma unilateral al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), por medio de la cual los empresarios debían pagar mas aportaciones para resolver la crisis financiera del INSS.

La rebelión de abril del 2018 y la búsqueda de fuentes de financiamiento

El estallido social del 2018 cambio radicalmente la situación política, y afecto directamente la política de diálogos y consensos entre Daniel Ortega y el gran capital, quienes tuvieron que girar rápidamente a la oposición.

El gran capital se dividió en torno a si debían sacar a Daniel Ortega del poder. Prevaleció el temor a una nueva revolución y al caos social. Ortega aprovecho las vacilaciones para golpear y aplastar los tranques. Una vez restablecido el viejo orden, estaba el problema de financiar los gastos del Estado.

Entonces Ortega reformó la Ley de Concertación Tributaria, obligando a los capitalistas a pagar más impuestos, golpeando también el consumo de las masas populares.

Pero hay un detalle poco conocido, y es que los banqueros están comprando los bonos o títulos de deuda emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), y con ello no solo están haciendo negocios sino además financiando los gastos de la dictadura.

En el año 2020 las transacciones bursátiles crecieron un 270%. El 98,3% de los títulos han sido comprados por el sector privado, léase banqueros u oligarquía financiera, que son quienes tienen dinero líquido que no pueden mover a través de préstamos por la crisis económica, por ello están comprando masivamente los títulos de deuda de la dictadura, dándole el vital oxigeno que tanto necesita.