Por Sebastián Chavarria Domínguez

Hace cuatros años, en octubre del 2018, cuando ya habían sido aplastadas militarmente las protestas populares, y la dictadura había logrado superar la crisis, nació en Octubre la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), como un frente de lucha común, de naturaleza defensiva, ante la represión de la dictadura.

En ese frente común participaban todas las agrupaciones que había nacido al calor del estallido social en abril del 2018, las fuerzas políticas tradicionales, incluso una nutrida representación de los empresarios, como el COSEP, agrupados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD).

El primer Consejo Político (CP) de la UNAB tuvo una fuerte representación de la ACJD. Fue hasta enero del 2020, en vísperas de la conformación del segundo CP, que, por ambiciones políticas y electorales contradictorias entre las fuerzas que conformaban la UNAB, la ACJD decidió separarse de la UNAB.

La pelea por el control de la UNAB

En el periodo de octubre del 2018 a enero del 2020, marcado por la represión, el encarcelamiento de centenares de activistas, y el fracaso del segundo Dialogo Nacional, hubo un forcejeo interno por el control del membrete de la UNAB.

En su interior, había dos grandes sectores. Por un lado, la ACJD dominada por los empresarios del COSEP, y que tenia un claro plan de agrupar a las fuerzas de derecha en una hipotética apertura democrática, de cara a las elecciones del 2021. Y por el otro lado, un sector mas plebeyo, que reflejaba la radicalización de la clase media y de algunos sectores populares, compuesto por tres pequeñas corrientes.

a.- La Articulación de Movimientos Sociales (AMS) que agrupaba a no más de 30 ongs, con sus respectivas clientelas sociales, y que manejaba un discurso radical contra la dictadura y de críticas hacia los empresarios. Los grupos estudiantiles agrupados en la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia (CUDJ) era su activo más valioso. La AMS tiene su origen en el Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MPRS) que había fundado Herty Lewites, pero que después se transformó en un organismo de la sociedad civil” y terminó siendo conducido por Mónica Baltodano y Julio López. Esta corriente era la supuesta “izquierda” de la UNAB, al menos así se vendía en el extranjero.

b.- El Movimiento Renovador Sandinista (MRS), ahora denominado UNAMOS, que también controlaba movimientos sociales a través de ongs, Durante algún tiempo, el MRS mantuvo un discurso ambivalente, un pie dentro de la ACJD y otro dentro de la UNAB, hasta que la cercanía de la campaña electoral del 2021, desencadenó en una ruptura con los empresarios del COSEP, que por cierto no eran homogéneos.

c. Los liberales disidentes, encabezados por Felix Maradiaga. Los disidentes o expulsados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y también del Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) se reactivaron a partir de las protestas de abril del 2018, y vieron la oportunidad de tomar el control. Se salieron de sus partidos, pero llevaron todos los vicios de la corrupción y del clientelismo político al interior de la UNAB.

Composición y descomposición interna de la UNAB

Una vez que la ACJD se salió de la UNAB en enero del 2020, las tres corrientes eligieron un nuevo CP, en el que Felix Maradiaga obtuvo un rol predominante. Las dos corrientes disidentes del sandinismo, como la AMS y el MRS, compartieron casi equitativamente la conducción, pero decidieron que los liberales disidentes aparecieran como dirigentes principales.

La representación era por grupo, independiente de la cantidad de personas que agrupara. De esta manera, la AMS, que tenia duplicidad de grupos, logró mantener el 50% de los cargos en el CP. Hasta un momento determinado, los votos de la AMS ejercían una especie de veto ante cualquier decisión que les perjudicase, como, por ejemplo, la propuesta de cambiar la forma de elección del CP, que fuese por representación territorial y no por grupos.

Pero los efectos de la derrota se hicieron sentir al interior de la UNAB. Ya para el año 2019, la mayoría de los grupos autoconvocados se habían retirado, cansados de los pleitos intestinos, y porque sentían que no había una estrategia clara.

Los grupos estudiantiles fueron desapareciendo lentamente, la CUDJ quedó prácticamente en el cascaron, sin ningún tipo de incidencia dentro de las universidades, después que la mayoría de los dirigentes de la primera oleada fueron expulsados, encarcelados o enviados al exilio.

Quizas, lo que mas afectó a las agrupaciones de la UNAB, no fue solo la represión, que fue constante, sino también la corrupción que los ongs introdujeron al manejar cuantiosos recursos. Cada ong tenia un sector o base social que seguía las políticas de los donantes. Los activistas se reunían en hoteles, con almuerzo y viáticos asegurados, para cumplir con los requisitos del proyecto que los donantes financiaban. Los donantes eran fundaciones norteamericanas o europeas, que imponían líneas políticas, que no necesariamente reflejaban los problemas que la gente vivía en las calles.

Los ocultos fines electorales

Al final, dentro de la UNAB quedó un grupo de funcionarios de los ongs, o activistas pagados, que no tenían un criterio independiente. El peso de los disidentes liberales aumentó con el tiempo, los sectores progresistas y críticos fueron anulados. El objetivo central era utilizar la marca de la UNAB con fines electorales.

Lejos de convertirse en una nueva fuerza política, apoyada y financiada por sus miembros, el membrete de la UNAB era disputado para llevarlo como brazalete en una futura alianza electoral.

Si bien era correcto aprovechar una posible apertura electoral, el problema central fue que la UNAB no tenía una política independiente, sino que serviría como escalera política para partidos de derecha, reaccionarios.

Tanto la AMS como el MRS se negaron a construir una nueva fuerza política, porque ambos, aunque tenían diferencias, trataron de replicar, cada quien a su manera, las experiencias de alianzas políticas con el Partido Liberal Independiente (PLI) de Eduardo Montealegre en 2011, y la fracasada Coalición Nacional por la Democracia (CND) para las elecciones del 2016, cuando de repente la personalidad jurídica del PLI le fue otorgada a otra fracción. En ese momento, el MRS impulsó la creación del Frente Amplio por la Democracia (FAD), con los disidentes del liberalismo.

Para la elección del tercer CP en enero del 2021, Felix Maradiaga, de la minúscula Unión Nacional Autoconvocada (UNA) fue electo líder supremo de la UNAB, y postulado en los hechos como precandidato presidencial.

Las diferencias entre al ACJD y la UNAB era abismales. La ACJD plantea una alianza electoral liderada por CxL. La UNAB, controlada por el bloque (UNA, AMS y MRS) planteaba la creación de la Coalición Nacional (CN) con partidos como el PLC y el dudoso Partido de la Restauración Democrática (PRD).

La AMS se retiró lentamente del proyecto electoral, pero el MRS con la UNA siguió firmemente aferrado a convertir a la UNAB en un nuevo FAD, y a la CN como la expresión de la famosa unidad opositora.

Las políticas de alianzas con el PLC tuvieron un efecto desmoralizante en las reducidas bases de la UNAB. Para desviar las críticas, la cúpula de la UNAB manejó un discurso triunfalista sobre la ampliación del trabajo territorial, que en realidad era la recolección de los residuos de las corrientes liberales disidentes.

La UNAB afirmó que había logrado constituir directivas en los 153 municipios, pero en la elección del CP los candidatos de la llamada sociedad civil, que apenas obtuvieron 17 y 24 votos, quedaran electos como miembros del CP, y los candidatos que obtuvieron el doble de votos quedaron fuera. Por el sector territorial hubo apenas tres electos, cuando se suponía que los consejos municipales eran la mayoría. Todas estas mentiras tenían el objetivo a ultranza de lograr una cuota de poder dentro de la CN.

Incluso, sin haber logrado movilizar a la población por las necesarias y vitales reformas electorales, la cúpula de la UNAB se lanzó sin paracaídas a la aventura electoral, creyendo que se repetiría un triunfo electoral como el de 1990, cuando el pueblo salió a votar masivamente contra el sandinismo.

La dictadura apretó la soga

Después vino lo impensable, a pesar que algunos habían dado la voz de alerta. Lejos de iniciar una apertura democrática, la dictadura apretó la soga, e impuso un proceso electoral absolutamente controlado, encarcelando a los precandidatos presidenciales e iniciando una nueva fase represiva.

Los errores de la cúpula de la UNAB debilitaron enormemente a esta organización, y la represión de la dictadura dio el tiro de gracia. Una buena parte de los funcionarios de la UNAB se fueron al exilio, a lo interno la represión obligó a muchos a abandonar la lucha. Otra parte de la dirigencia fue encarcelada, entre ellos: Roger Hernandez, Tamara Davila, Jose Antonio Peraza y Alex Hernández. También se encuentran prisioneros Felix Maradiaga y Violeta Granera, quienes fueron sus principales dirigentes.

La dolorosa desintegración

Bajo las duras condiciones de la represión, en marzo del 2022 se realizaron las elecciones del cuarto CP. A pesar que Santiago Urbina, representante de la UNA de Maradiaga, obtuvo 80 votos, el día 11 de marzo renunció al CP. Esta renuncia significó que una de las corrientes se retiraba de la UNAB, dejando la conducción en manos del MRS (UNAMOS) y de una parte de la AMS, porque otra parte también se retiró en silencio. La renuncia de miembros del cuarto CP continuó. El 25 de septiembre renunció Roberto D’Andrea, delegado del Partido Acción Ciudadana (PAC) que dirige Moisés Hassan. El 3 de octubre renunció Walter Enrique Orozco Martínez, delegado del Movimiento Cívico 19 de Abril (MC19A). De 16 miembros del CP electos en marzo del 2022, han renunciado 3.

A inicios de octubre del 2022, denunciado decisiones burocráticas y “adultismo”, se retiraron las pocas organización juveniles y estudiantiles que quedaban en la UNAB, entre las que podemos mencionar a Acción Universitaria (AU), Movimiento UNAN en Pie (UEP), Fuerza Estudiantil Nicaragüense (FENI), Movimiento Estudiantil de Apoyo a la Democracia (MEAD) y la Asociación Juvenil Indígena de la Moskitia (AJIM).

Dentro de la UNAB solo quedan tres grupos: Voces Diversas de Sacuanjoche (AVODIS), la Coordinadora Universitaria (CUDJ) y la Plataforma Nacional Juvenil (PNJ), representada en el CP por María Laura Alvarado. Todos estos movimientos tienen características de ongs, y no son organismos de lucha y educación política de los jóvenes que los conforman. Todas estas organizaciones están en el exilio.

La justificación de Héctor Mairena

Habiéndose retirado una parte de la AMS y los liberales dentro de la UNAB, es obvio que lo que todavía queda está en manos de UNAMOS (antes MRS). Y la represión se ha centrado contra la dirigencia de UNAMOS que todavía esta en libertad o en el exilio.

Héctor Mairena, dirigente de UNAMOS y miembro del CP, ha minimizado la crisis terminal de la UNAB, embellece los errores políticos y se ha burlado de las críticas sobre “adultismo”, incluso ha dicho que detrás de la renuncia de algunos dirigentes puede haber una labor de inteligencia de la dictadura.

Para tapar los graves errores políticos de UNAMOS, Mairena dice lo siguiente: “En este año particularmente desde septiembre, la dictadura puso en marcha un plan, un operativo integral y de gran envergadura, para aniquilar a la Unidad Nacional Azul y Blanco en el territorio, y en particular al partido UNAMOS. (…)”

Indudablemente, que la brutal represión de la dictadura puede desarticular a cualquier organización, pero lo que no dice Mairena es que los errores políticos de la dirigencia debilitaron a la UNAB, y la dictadura aprovechó el momento de desbande para dar la estocada final

En relación al retiro de los grupos juveniles, Mairena dijo: “(…) adultismo hay en la sociedad nicaragüense (…). En la UNAB yo todavía veo jóvenes, y que han disentido de ese criterio de que hay adultismo. (…) (la dictadura) hace campaña diciendo que la UNAB desapareció, que la UNAB está en pedazos, y no descartaría, no en el caso de las organizaciones juveniles y eso lo que quiero subrayar, sino en casos individuales, y de otros que podamos desconocer, acción de inteligencia del régimen”.

Mairena trata de tapar el sol con un dedo. La dirigencia llevo a la ruina a la UNAB, y todavía se niegan a hacer un balance autocritico de las políticas que impulsaron durante el estallido social del 2018 y las fracasadas políticas de alianzas electorales con los partidos de derecha. Estamos contra la represión, demandamos la liberación de todos los presos políticos, pero la dirigencia de la UNAB ya no debe seguir engañando y confundiendo a los pocos activistas que todavía quedan. Necesitamos discutir los problemas para encontrar las soluciones.

Por Sebastián Chavarria Domínguez

Desde la época de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos ha mencionado la posibilidad de sacar a Nicaragua del tratado de libre comercio conocido como CAFTA-DR, como un mecanismo de presión contra la dictadura Ortega-Murillo, para obligarlo a realizar reformas democráticas.

No obstante, hasta el momento Estados Unidos mantiene una política de sanciones individuales contra el circulo de hierro de la dictadura, pero no se ha atrevido a aplicar la drástica medida de cortar los beneficios arancelarios que tienen las exportaciones nicaragüenses con destino a Estados Unidos en el marco del CAFTA-DR.

Probablemente, ganas no le falta al gobierno de Estados Unidos, pero tanto Trump como Biden han tenido que sopesar cuidadosamente las consecuencias apocalípticas sobre la economía nicaragüense y el efecto domino sobre la región centroamericana, una zona geográfica sacudida por la crisis económica y el surgimiento de nuevas dictaduras.

Las amenazas de Juan Gonzalez

Este año ha subido el tono de las declaraciones de los funcionarios de Estados Unidos. En junio de este año, en una entrevista, nada menos que Juan González, asesor principal del presidente Biden para asuntos de seguridad hemisférica, declaró que “(…) ahora estamos analizando de forma bastante contundente la presencia de ellos en el CAFTA dado lo que están haciendo (…) hay un consenso de que Nicaragua está yendo en una dirección que preocupa a todos en el hemisferio”.

Vamos “a agotar toda oportunidad para tener un diálogo que lleve a la libertad de los presos políticos en el país y una política que restablezca el orden democrático. De otro modo, vamos a incrementar la presión, pero lo vamos a hacer de forma coordinada con los países de la región”,

Aunque Gonzalez reconoció que es “muy difícil” sacar a Nicaragua del CAFTA, reafirmó que el gobierno de Estados Unidos tiene “autoridades amplias en materia de seguridad nacional para imponer restricciones en cualquier país” (La voz de América, 11/06/2022)

En julio de este año, la administración Biden bloqueó la cuota de 440,000 quintales de azúcar de origen nicaragüense, pero esta sanción no estaba relacionada con el CAFTA-DR, sino con cuotas dentro de un acuerdo con la Organización Mundial de Comercio (OMC). Aunque es una pequeña cantidad de azúcar, que puede reubicarse fácilmente en otros mercados, fue la primera gran señal de que Estados Unidos se alista para abandonar la política de sanciones individuales, para incursionar en el escenario de sanciones contra las exportaciones nicaragüenses, de imprevisibles consecuencias.

La comparecencia de Hugo Rodríguez ante el Senado

A inicios de agosto del corriente año, Hugo Rodríguez, quien fue designado por Joe Biden para el cargo de embajador de Estados Unidos en Nicaragua, en su comparecencia para la ratificación del Senado, entre otras cosas, mencionó la posibilidad de “(…) sacar a Nicaragua del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana) es una herramienta potencialmente muy poderosa y algo que consideramos seriamente”.

¿Estados Unidos impondrá un bloqueo parcial a las exportaciones de Nicaragua?

Debido al aplastamiento militar de la rebelión del 2018, la dictadura Ortega-Murillo logró imponer un plan de ajustes que, aun bajo los posteriores efectos de la pandemia de coronavirus, le han permitido estabilizar los indicadores macroeconómicos, mantener un superávit fiscal, conservar estable la moneda y los tipos de cambio, etc.

Para el año 2021, debido a los altos precios de los productos agropecuarios de exportación, Nicaragua aumentó el volumen de sus exportaciones en 29,5%, llegando a totalizar 6,888.6 millones de dólares, según datos oficiales del Banco Central de Nicaragua. De ese total, las exportaciones de zonas francas representaron casi la mitad: US$3,378 millones de dólares. La mayor parte de estas exportaciones, especialmente textiles y arneses, tienen como destino final el mercado de Estados Unidos.

El discurso antiimperialista de la dictadura Ortega-Murillo, está en abierta contradicción con el alto grado de dependencia de la economía de Nicaragua en relación a Estados Unidos. Esta contradicción, en alguno momento, producirá una inevitable ruptura.

Una semana después de las declaraciones de Juan Gonzalez, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la Empresa Nicaragüense de Minas (ENIMINAS), la entidad estatal que regula la exportación de oro, buscando frenar el flujo de divisas

En los últimos años, las exportaciones de oro se han convertido en uno de los principales ingresos de divisas. Solo en el año 2021, las exportaciones de oro aumentaron un 30%, llegando a representar 750 millones de dólares.

Ahora bien, aunque hayan tomado la decisión de aumentar las presiones contra la dictadura Ortega-Murillo, golpeando sectores claves de la economía, este tipo de sanciones pueden desencadenar un efecto contrario a lo que ellos esperan. Centroamérica está sumida en una profunda crisis económica y social, y las sanciones contra la economía pueden desencadenar enormes convulsiones sociales, que inevitablemente se extenderán a la región. Por eso, los funcionarios norteamericanos se inclinan por la gradualidad cada vez mas intensa de las sanciones, pasando de sanciones individuales a golpear sectores de la economía.

Si entrelazamos las declaraciones de la entrevista de Juan Gonzalez, con las declaraciones de Hugo Rodríguez en el Senado de los Estados Unidos, podemos concluir que el gobierno de Joe Biden ya tomó la decisión de imponer un bloqueo parcial a las exportaciones nicaragüenses, solo están esperando el momento adecuado, para hacerlo “de forma coordinada con los países de la región”. Estados Unidos no busca el derrocamiento de Ortega-Murillo, solo forzarlos, obligarlos a iniciar las reformas democráticas para un cambio de gobierno en orden, sin grandes conmociones sociales. Pero en el forcejeo las cosas pueden cambiar abruptamente.

El momento parece haber llegado. No cabe la menor duda. Por ello, la dictadura apretó la soga sobre los restos de la oposición burguesa, y dirigió su ofensiva contra la Iglesia Católica, la única institución de cobertura nacional que conserva algún grado de credibilidad en la población.

Existe una relación dialéctica entre las presiones económicas de Estados Unidos y la instalación de una posible mesa de negociación en un nuevo Dialogo Nacional. Todas las presiones, sanciones y chantajes, están destinados a instalar esa mesa de negociación.

Las advertencias del Departamento de Estado

Bajo las condiciones represivas de la dictadura, y con la aplicación de un brutal plan de ajustes, la economía de Nicaragua se ha vuelto, nuevamente, un paraíso para la inversión extranjera. No hay huelgas ni protestas sociales, los salarios están congelados. Por eso se ha producido un repunte de inversiones extranjeras en un mundo cada vez más caótico y convulso.

Bajo la estrategia de aplicar sanciones cada vez más dolorosas, a inicios de septiembre el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un informe “Sobre el clima de inversión en Nicaragua” en que alerta que los “inversores deben ser extremadamente cautelosos al invertir en Nicaragua. El régimen del presidente Ortega y el vicepresidente Murillo continúa suspendiendo los derechos civiles garantizados constitucionalmente, deteniendo a los presos políticos y haciendo caso omiso del estado de derecho, creando un clima de inversión impredecible plagado de riesgos reputacionales y regulaciones arbitrarias. (…) En respuesta al autoritarismo cada vez más profundo del régimen de Ortega-Murillo, casi todas las instituciones financieras internacionales han dejado de otorgar nuevos préstamos a Nicaragua, y el financiamiento externo caerá drásticamente más allá de 2022. (…)”

Evidentemente, este tipo de informes persiguen el objetivo de ahuyentar a los inversionistas extranjeros, para debilitar económicamente a la dictadura.

Nuevas presiones para suspender a Nicaragua del CAFTA

Los congresistas y senadores norteamericanos no se cansan de pedirle al presidente Biden que suspenda los beneficios arancelarios de Nicaragua en el marco del CAFTA. El republicano Marco Rubio, es quien lleva lo voz cantante: “Hago un llamado a la Administración Biden para que sancione a los funcionarios del régimen y suspenda los beneficios comerciales de Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y América Central (CAFTA-DR). EE. UU. tiene el poder de hacerlo en virtud de la Ley NICA de 2018 y la Ley RENACER de 2021 (…)

En realidad, Estados Unidos no puede suspender unilateralmente a Nicaragua del tratado CAFTA-DR, sin pasar previamente por largos procedimientos de denuncia del tratado del año 2005. No obstante, en la Sección 3, literal a, numeral 2, de la Ley RENACER, promulgada en noviembre del 2021, como una ley de Estados Unidos pero con efecto extraterritorial, se estableció una relación con el CAFTA: “(2) El artículo 21.2 del Acuerdo de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica y los Estados Unidos, aprobado por el Congreso en virtud de la sección 101(a)(1)de la Ley de Implementación del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (19 U.S.C. 4011(a)(1)) establece: "Nada delo dispuesto en este Acuerdo se interpretará... impedir que una Parte  aplique las medidas que considere  necesarias para el cumplimiento de  sus obligaciones con respecto al mantenimiento o el restablecimiento de la paz o la seguridad internacionales, o a la protección de sus propios intereses esenciales de seguridad.”.

De esta manera, la ley RENACER estableció un ligamen entre el tratado CAFTA-DR y  la Ley de Seguridad Nacional de 1947, otorgándole al presidente de los Estados Unidos amplias facultades discrecionales para emitir ordenes ejecutivas alegando un problema de “seguridad nacional”.

¿Hasta dónde llegará Biden? Los sabremos en el próximo periodo.

El tratado de “cosecha temprana” con China

Como si estuviese jugando ajedrez, la dictadura rompió las relaciones con Taiwán y las restableció con China en diciembre del 2021, preparándose para el posible escenario de la suspensión del CAFTA-DR. Recientemente, la Asamblea Nacional, controlada absolutamente por la dictadura, aprobó el “Acuerdo de Cosecha Temprana con la República Popular de China”, previo a la aprobación de un tratado de libre comercio con China.

En caso de suspensión del CAFTA, una economía tan grande como la de China puede absorber las exportaciones de Nicaragua, lo que no queda claro son los precios y los beneficios para los pequeños y medianos productores nicaragüenses. Mientras acomoda sus piezas de artillería, todo indica que la dictadura se prepara para le peor variante: contrarrestar una posible suspensión total o parcial del CAFTA-DR.

Presiones y contrapresiones

En el marco de un creciente debilitamiento de la influencia de Estados Unidos en América Latina, las presiones de Estados Unidos y la resistencia de la dictadura Ortega-Murillo, el intercambio de acusaciones y golpes nos anuncian el establecimiento de una complicada mesa de negociaciones, secretas o públicas, probablemente después de las elecciones municipales, en la que los presos políticos serán utilizados como monedas de cambio.

Por Sebastián Chavarria Domínguez

Un sabio refrán popular nos dice que “cuando el rio suena, piedras trae”. El intenso conflicto entre la dictadura Ortega-Murillo y la jerarquía de la Iglesia Católica, nos indica que algo se mueve por debajo del césped. Estos movimientos resultan imperceptibles para los mortales.

Se acentúa el pleito con Estados Unidos y la Iglesia Católica.

Como exguerrillero, Daniel Ortega sabe que la mejor defensa es el ataque. Cuando altos funcionarios de la administración Biden insinuaron, como mecanismo de presión, la posibilidad de suspender a Nicaragua del tratado de libre comercio conocido como CAFTA-DR, la dictadura respondió anulando el beneplácito al propuesto embajador norteamericano, Hugo Rodríguez, el pasado 28 de julio, argumentando que sus declaraciones ante el Senado de Estados Unidos, eran “injerencistas y respetuosas”.

Antes que se aprobaran nuevas sanciones contra la dictadura, como las solicitaron algunos senadores norteamericanos, Ortega-Murillo pasaron al contraataque. De manera paralela, la dictadura endureció el discurso contra Estados Unidos y redobló los ataques contra los curas. En el acto de celebración del 43 aniversario de la Fuerza Área de Nicaragua, Ortega en su discurso reconoció que, por el momento, no tenía intención de negociar con Estados Unidos: “(…) mandaron un mensajero que estuvo aquí en Nicaragua, no lo hicieron por la vía oficial, un funcionario del Departamento de Estado estuvo aquí, que quería reunirse ya, y se le dijo que tendría que venir por los canales oficiales, tendría que ser una comunicación que tenía que venir a través de nuestro Embajador allá en Washington y lógicamente a través de la Embajada de los Estados Unidos aquí, como para poder recibir a un emisario y no en la forma en que vino; vino clandestino.(…)”. (El 19 digital, 02/08/2022)

Al día siguiente, se reinició el asedio contra monseñor Rolando Álvarez, administrador de las diócesis de Matagalpa y Estelí, el único obispo que en sus sermones ha sostenido una denuncia contra los abusos de la dictadura, permaneciendo encerrado en la curia arzobispal en Matagalpa.

El asedio contra monseñor Álvarez se convirtió en noticia de repercusión mundial.

Otra condena de la OEA

Desde el aplastamiento de la revuelta popular, en junio-julio del 2018, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado una serie de resoluciones sobre la crisis en Nicaragua, las cuales no han tenido ningún efecto real.

El conflicto entre la dictadura y los obispos de la Iglesia Católica, motivó que el Consejo Permanente de la OEA aprobase una nueva e inocua resolución: “ (…) 1. Condenar enérgicamente el cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus acciones en Nicaragua. 2. Reiterar su insistencia en que el Gobierno de Nicaragua libere de inmediato a todos los presos políticos, cese la persecución y la intimidación de la prensa independiente y garantice el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. 3.Renovar el ofrecimiento del Consejo Permanente de trabajar con el Gobierno de Nicaragua para que se adhiera a las Cartas rectoras de la OEA y restablezca la institucionalidad democrática y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, de acuerdo con el derecho internacional. 4. Encomendar al Secretario General que transmita esta resolución al Gobierno de Nicaragua  (.…)” (CP/RES. 1203 (2389/22)

Llama la atención el lenguaje general y conciliador que utilizaron los embajadores de la OEA.

El Vaticano rompió el silencio

Pero llamó mucho más la atención el escueto discurso del embajador del Vaticano en la OEA, Juan Antonio Cruz Serrano, llamando al dialogo: “(…) La Santa Sede no puede dejar de manifestar su preocupación al respecto, mientras asegura su deseo de colaborar siempre por quienes apuestan por el diálogo como instrumento indispensable de la democracia y garante de una civilización más humana y fraterna. La Santa Sede hace un llamado para que las partes puedan encontrar un camino de entendimiento basados en el respeto y en la confianza recíproca, buscando ante todo el bien común y la paz”. (Infobae, 12/08/2022)

La oposición burguesa y pequeñoburguesa había montado una campaña en las redes sociales, emplazando al papa Francisco para que se pronunciara sobre el asedio contra monseñor Álvarez. Ante la incapacidad política de generar un movimiento de masas a lo interno, se refugiaron bajo la sotana del papa, esperando que la condena del papa produjera un efecto mágico.

Incluso, 26 expresidentes de América Latina, suscribieron una carta publica que concluía así: “(…) esperamos una firma postura de defensa del pueblo nicaragüense, de y su libertad religiosa por S.S. Francisco, cabeza la Iglesia Católica Universal”. (17/08/2022)

Finalmente, el domingo 21 de agosto, el Papa se pronuncio sobre Nicaragua, siempre de manera general, con un lenguaje diplomático, sin mencionar el asedio de monseñor Álvarez: “(…) Sigo con cercanía con preocupación y dolor la situación que se ha creado en Nicaragua que afecta a personas e instituciones, quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un diálogo abierto y sincero se pueden encontrar la bases para una convivencia respetuosa y pacífica

Quienes esperaban una condena contundente contra la dictadura, estaban totalmente equivocados, no conocen la naturaleza de la Iglesia Católica, que es una institución que jamás busca subvertir el orden, sino mas bien que trabaja para que no haya cambios revolucionarios. Como era de esperar, el papa Francisco había guardado silencio para esperar el momento oportuno, para plantar el “diálogo sincero” con la dictadura.

Asedios y presiones provocan algunos cambios

El asedio contra el obispo Álvarez comenzó el 3 de agosto y se fue intensificando conforme pasaban los días. El 13 de agosto, un día después de la declaración del embajador del Vaticano en la OEA, en la que llamaba al “dialogo”, Álvarez emitió una declaración conciliadora a favor del “entendimiento”: “(…) Una sociedad donde no reine o impere la mirada de la venganza y del rencor, sino del amor y de la amistad. Una sociedad donde no haya palabras ofensivas que hieran o dividan, sino palabras capaces de unificar los corazones para lograr siempre un entendimiento.  Una sociedad, entonces, fraternal, amistosa, donde ellos puedan realmente crecer respirando; crecer experimentando la posibilidad y la capacidad de ser hermanos hijos de un mismo Dios y padre, y de una misma patria”.

El viernes 19 de agosto, a las 4,30 am la Policía Nacional irrumpió en la Curia Arzobispal de Matagalpa, trasladando a monseñor Álvarez a la casa de sus padres en Managua, bajo “resguardo domiciliar”, una forma elegante de describir el arresto domiciliar, según el comunicado de la Policía Nacional, aunque el resto de su equipo, sacerdotes y laicos, fueron enviados a las cárceles de El Chipote, para su procesamiento penal.

El trato a Monseñor Álvarez fue diferenciado, lo que indicaba algún grado de negociación con El Vaticano. Al día siguiente, la dictadura permitió que los presos políticos, Tamara Davila y Miguel Mora, quienes se habían declarado en huelga de hambre, pudieran reunirse por primera con sus hijos. José Adán Aguerri y Álvaro Vargas, directivos del COSEP condenados a 13 años de cárcel, fueron enviados a prisión domiciliar. Estas pequeñas concesiones indican que hay negociaciones secretas en curso.

El rio está sonando, se acerca el dialogo.

Cuando la dictadura aprieta, o suelta un poco las amarras, lo hace con un frio cálculo político. Aunque no hay datos o declaraciones al respecto, todo hace suponer que los contactos entre las partes se han reiniciado y que la situación parece avanzar hacia un tipo de dialogo, no muy claro todavía.

La rebelión de abril del 2018 no fue derrotada solo por la represión de la dictadura, sino también por las múltiples estupideces políticas de la oposición burguesa y pequeña burguesa. Estos errores le han permitido a la dictadura consolidar relativamente su victoria, aniquilar a los ongs y desarticular a los grupos de la oposición burguesa y pequeña burguesa, los cuales están en un callejón sin salida.

Con los ataques a la Iglesia, la oposición burguesa y pequeño burguesa, creyó que las masas se volcarían a las calles a defender a sus obispos, o la misma fe católica. Algunos soñaban con una especie de rebelión cristera, como la de México en 1926-1929. Eso no podía ocurrir, porque está viva en la conciencia de la gente, la amarga experiencia vivida con el aplastamiento de la rebelión de abril del 2018.

La última encuesta de CID-Gallup, realizada en mayo de este año, refleja que solo el 15% de la población simpatiza con el FSLN, mientras el 85% de los nicaragüenses se declaran opositores, pero lo llamativo es que de ese 85% solo un 13% simpatiza con la oposición burguesa, es decir, existe un  72% de la población que no cree en nadie. Según el informe, "las organizaciones que emergieron después de abril de 2018 no suman, entre todas, el 0.5 por ciento”. Si lo anterior es cierto, la ACJD y la UNAB prácticamente no existen.

Esta es la clave de la actual situación de estancamiento político que le permite a la dictadura maniobrar con tranquilidad.

No en vano, un reciente editorial del diario La Prensa, (22/07/2022) se pronunció a favor del dialogo: “(…) si el comandante Ortega teme al diálogo con EE. UU., porque este es el diablo y dialogar con él sería ponerse la soga al cuello, ¿por qué entonces no prueba a dialogar con los propios nicaragüenses? (…) Se dice que la tercera es la vencida. Quizás en el caso de intentarse otro diálogo, comenzando por crear un clima apropiado dejando en libertad a todos los presos políticos mediante cualquier modalidad que permita la ley, los resultados podrían ser satisfactorios tanto para el Gobierno y la oposición. Y lo que es más importante, serían buenos para la nación, para toda la gente que quiere y necesita vivir con tranquilidad”.

El estira y afloja, las presiones y las contrapresiones, de uno u otro lado, nos indican que marchamos hacia un nuevo dialogo o negociación, el cual se realizará muy probablemente después de las elecciones municipales

Por Sebastián Chavarria Domínguez

La dictadura Ortega-Murillo ha desatado una nueva ofensiva contra los obispos de la Iglesia Católica, a quienes acusa de “políticos vestidos de sotana”. Desde abril del 2018, cuando los obispos se involucraron en las negociaciones del fallido Dialogo Nacional, las contradicciones entre la dictadura y la jerarquía de la Iglesia Católica han aumentado a niveles inimaginables.

Una sórdida pelea contra los curas

A pesar que la Conferencia Episcopal de Nicaragua se replegó en julio del 2018, guardando silencio, después que los paramilitares aplastaron violentamente las protestas, no pudo evitar que, en abril del 2019, monseñor Silvio José Báez, fuera enviado al exilio.

En agosto del 2021, el sacerdote Edwin Román, criticó de la dictadura, fue removido de la parroquia San Miguel Arcángel de Masaya, y enviado también al exilio.

El 6 de marzo del 2022, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico en Managua, quien mantuvo una relación conciliadora con la dictadura, fue expulsado de Nicaragua. El vaticano recibió “con sorpresa y dolor la comunicación de que el Gobierno de Nicaragua ha decidido retirarle el beneplácito imponiéndole que dejara inmediatamente el país después de notificarle esa medida”.

En mayo de este año, el sacerdote Harvin Padilla, párroco de la Iglesia San Juan Bautista de Masaya, fue acosado por patrullas policiales, hasta que sus superiores lo removieron de esa parroquia.

Nuevas presiones

El 19 de mayo, el monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, fue perseguido y retenido por patrullas policiales en un Iglesia de Managua. Al día siguiente, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) canceló la licencia de operación del canal 51 de la Iglesia Católica.

A finales de mayo, el sacerdote Manuel Salvador García, párroco de Nandaime, Granada, fue acusado de violencia y amenazas por una supuesta amante, Martha Candelaria Rivas, quien en el transcurso del juicio se retractó de la acusación. En castigo, fue enjuiciada y condenada por falso testimonio. Ambos guardan prisión. Es la primera vez que la dictadura encarcela a un sacerdote, aunque por delitos comunes,

En julio, el sacerdote José Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de Boaco, fue acusado de violación a una menor de edad, y el juez dictó orden de arresto provisional.

Las presiones contra Monseñor Álvarez

En momentos en que los obispos de la Iglesia Católica se baten en retirada, ha adquirido especial importancia monseñor Rolando Álvarez, quien administra la diócesis de Matagalpa y Estelí.

En el año 2013, monseñor Alvarez se colocó al frente de la lucha contra las concesiones de minería a cielo abierto, en el municipio de rancho grande, obligando a cancelarlas. Desde entonces, ha crecido el trabajo pastoral de la Iglesia en los municipios de Matagalpa y Estelí.

Después del 2018, cuando los obispos guardaron silencio, los sermones de monseñor Álvarez, con parábolas y frases bíblicas, eran una denuncia de la represión provocando la ira de la dictadura. De hecho, era la única voz que protestaba, siempre con un lenguaje religioso.

El 22 de julio se realizó una enorme procesión en la ciudad de Matagalpa que, sin lugar a dudas, encendió todas las alarmas. Álvarez no solo no se había atemorizado con la persecución de mayo de este año, sino que se había atrevido a salir a las calles.

La repuesta no se hizo esperar. A inicios de agosto, TELCOR canceló las licencias de Radio Hermanos, Radio Nuestra Señora de Lourdes, Radio Nuestra Señora de Fátima, Radio Alliens, Radio Monte Carmelo, Radio San José, Radio Católica de Sébaco, y Radio Santa Lucía, administradas por la Diócesis de Matagalpa. También fueron cerradas Radio Vos y varios canales locales privados y noticieros radiales.

Finalmente, la dictadura estableció un cerco policial sobre la casa cural de Matagalpa, impidiendo la libre movilidad de monseñor Álvarez y su equipo que lo acompaña, argumentando que hay una investigación policial sobre delitos que no han sido precisados.

Todas las fuerzas de derecha y reaccionarias, el CELAM y todas las Iglesias en América Latina se han pronunciado a favor de Álvarez, llamando al cese de la persecución, excepto el Vaticano que todavía guarda silencio. Todo indica que la dictadura presiona para que el Vaticano decida llevarse a monseñor Álvarez al exilio, como ocurrió con Silvio Báez y Edwin Román. No sabemos si esta opción ocurrirá.

Poniendo la mejilla para incidir posteriormente

Los obispos de la CEN finalmente rompieron el silencio y emitieron un comunicado muy conciliador en el que expresan “su fraternidad, amistad y unión episcopal” con monseñor Álvarez, ya que la Iglesia por su naturaleza “proclama el evangelio de la paz, y está abierta a la colaboración con todas las autoridades nacionales e internacionales para cuidar este bien universal tan grande”.

La oposición burguesa ha emplazado al papa Francisco para que condene a la dictadura, como si un conjuro mágico puede cambiar la actual correlación de fuerzas.

Debido a que algún tipo de negociación es inevitable, a pesar del endurecimiento de la dictadura en su discurso agresivo contra Estados Unidos y los curas,  la CEN y el Vaticano, a pesar de los azotes, quieren conservar un manso rol de mediación para incidir en las futuras negociaciones.

Por Sebastián Chavarria Domínguez

El domingo 12 de junio, el diario La Prensa publicó una entrevista al socialcristiano José Davila, el ultimo coordinador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD). Vale la pena analizar sus puntos de vista porque contienen algunos elementos de critica a la propia oposición, que no han sido desmentidos oficialmente por la ACJD.

La división de la ACJD y la fragmentación de la oposición

La ACJD se encuentra actualmente reducida casi a cero, dividida en dos corrientes: una que se reivindica como “Alianza Cívica Territorial” y otra que, representada por el propio Jose Davila, se reivindica como la verdadera ACJD. No se conocen de manera pública los puntos que originaron la división, pero, al parecer, se trata de importantes diferencias tácticas sobre cómo enfrentar la represión de la dictadura. Una buena parte de los directivos de la ACJD se encuentran en prisión, como Juan Sebastián Chamorro, Jose Adán Aguerri, Mike Healy y Álvaro Vargas, estos tres últimos altos dirigentes del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP)

La crisis de la ACJD se ha agravado por la represión de la dictadura, que ha encarcelado a sus principales dirigentes, obligando al resto a callarse o irse al exilio. Davila reconoce la división de la ACJD, al afirmar que “existe, pero dividida... Las dirigencias departamentales y municipales existen, están en Nicaragua, y hay un grupo, del cual no puedo decir mucho, una cúpula, ahí hubo una división, parte de la cultura política de la oposición”.

La división de la ACJD, así como la división de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), no es producto de la “cultura política de la oposición”, sino del cambio en las condiciones que generaron diferentes puntos de vista dentro de la ACJD. El triunfo temporal de la dictadura, y la falta de un balance, generaron la dispersión de los grupos opositores que no encuentran el camino para retomar la lucha.

Las ilusiones electoreras sin reforma electoral

No obstante, el mérito de la entrevista de José Davila es que, al menos, ha tocado temas que otros no se atreven a hacerlo, dándole un contenido aparentemente autocritico. Davila se lamenta que “en el 2018, en el 2019, en el 2020, cuando vinieron las elecciones, pudo hacer una apertura democrática, elecciones aceptables...” pero la dictadura se negó a impulsar una reforma o apertura democrática. Lo que no dice Davila, es que tanto la ACJD como la UNAB, manejaron una estrategia electoralista, aislada de la lucha real de las masas. El colmo fue que no solo no lucharon realmente por una reforma electoral que cambiara las condiciones de realización de las elecciones, sino que se quedaron desarmados ante la posibilidad real de que no hubiera tal reforma. Y esta última variante fue la que realmente se produjo, cambiando abruptamente todo el panorama político.

¿”No hay retorno”?

Sorpresivamente, el optimismo se apodera de Davila, porque considera que, a pesar de la represión, la dictadura esta en un callejón sin salida: “(…) estamos en el punto de no retorno. Ya no puede hacer nada por Nicaragua, aunque lo quiera. Si da libertad a los presos es contra él, si da elecciones libres es contra él, si permite la llegada de los organismos internacionales, es contra él, si anuncia su renuncia, es contra él. No hay retorno. Perdió oportunidades. Las mismas dictaduras de América Latina negociaban, buscaban salidas, pero esa es la tragedia de Nicaragua, el pensamiento político, entre comillas, de la pareja presidencial”.

En este punto de la entrevista, Davila comete un grave error de análisis. Según el, la dictadura está en un callejón sin salida, pero la dictadura no se desplomará sino hay una movilización en su contra. Nada se mantiene estático, siempre hay una salida, aunque no nos guste. El triunfo temporal de la dictadura está preparando el camino para los cambios graduales al ritmo que la dictadura quiera realizar. Para preservar el poder, la dictadura, más temprano que tarde, se verá compelida a impulsar algunos cambios en el régimen, y esa parte es la que Davila no quiere ver, cierra los ojos ante la realidad.

Las responsabilidades de la oposición

Pero la parte más importante de la entrevista, es cuando Davila se refiere a la responsabilidad de la oposición. Se arrodilla, abre los brazos y exclama: “(…) No ha sido posible construir la alternativa frente al régimen de Ortega y Murillo. No se ha construido un proyecto político alterno, un liderazgo aceptado por la población, una estrategia para llegar al gobierno, el apoyo internacional... No hay alternativa”.

¡Dios mío! Es el reconocimiento de la incapacidad de la ACJD y de la UNAB para crear una nueva alternativa política. Obviamente, a pesar de la heroica lucha de las masas que salieron a las calles, la dictadura pudo imponerse porque no se logró crear ese polo de atracción.

¿Y por qué no se pudo? Bueno, Davila insiste en la “cultura política” dictatorial, una justificación muy simple: “No solo es culpa de la oposición, nosotros somos una oposición subdesarrollada frente a una dictadura salvaje. No tenemos escuela democrática, solo hemos tenido escuelas dictatoriales y la cultura dictatorial no es buena al diálogo, se prefiere la confrontación, se es maniqueísta, yo soy el bueno y los demás son malos, narcisistas, divisionistas. Esa es una cultura política que arrastramos en la oposición también”.

En pocas palabras, Davila afirma que la cultura política impuesta por las dictaduras, han sido asimiladas por la oposición, lo que es parcialmente cierto, pero no es lo determinante. El aspecto central es que, en el periodo 2018-2021, la ACJD y la UNAB se centraron en una pelea interna por imponer cada quien su hegemonía, y se olvidaron de levantar una política que sintetizara las aspiraciones de las masas. Tanto la ACJD como la UNAB se concentraron en conspiraciones palaciegas, sobre cual casilla usar, quienes serían los candidatos, alejándose de la dura realidad que vivía la población.

Y para justificar los graves errores cometidos, Davila recurre a la teoría de la conspiración: “(…) Y yo agrego, con mucha conciencia, el trabajo del Frente Sandinista en las filas de la oposición. Ellos se han infiltrado, ellos cofunden, compran y reclutan gente”. Es indudable que las principales cabezas de la dictadura, que vienen de la lucha guerrillera, saben explotar al máximo las debilidades de la oposición burguesa, y a través de las infiltraciones recopilan información y crean divisiones internas. Pero la política no se realiza en un laboratorio aséptico, sino en la realidad, y esa era nuestra realidad, estábamos luchando contra un partido que tiene un largo historial y, por lo tanto, se debían tomar las formas organizativas que la realidad demandaba, pero no se hizo.

Sin una estrategia clara

Davila no deja de golpearse el pecho: “No hay estrategia. Nos equivocamos. Nosotros estábamos como Costa Rica, andábamos alegres haciendo elecciones primarias, valorando puntuaciones.... Yo me acuerdo. Nunca tuvimos la capacidad de siquiera imaginar el tipo de ofensiva represiva que se iba a venir por parte del régimen. Las capturas dieron una sorpresa. Y creíamos que a CxL (Ciudadanos por la Libertad) lo iban a dejar. ¡También lo hicieron! Luego las oenegés y no se detienen”.

Este es el aspecto medular de la entrevista. La ACJD, tampoco la UNAB, contemplaron siquiera la posibilidad de un endurecimiento de la dictadura. Todos creyeron que se repetiría la coyuntura de 1990, en la que el sandinismo, presionado por la guerra y la crisis económica, se vio forzado a realizar una apertura democrática, que permitió que las masas se volcaran en su contra. Aunque era correcto intentar aprovechar cualquier resquicio u oportunidad, cerraron los ojos ante la realidad, cuando la aprobación de leyes represivas a finales del 2020 y comienzos del 2021, así como la contra reforma electoral en mayo del 2021, nos indicaban que la peor variante es la que predominaría.

La inevitable negociación

La entrevista está calada de un terrible pesimismo que en algunas partes diluye con algunas dosis de optimismo. Al final, concluye que “(…) A mí se me aleja la posibilidad de ver una democracia reinante, pero sigo creyendo que a esta dictadura tenemos que llevarla al punto en que permita al pueblo de Nicaragua hacer elecciones libres. No hay otra forma”. (…) está en las manos de Ortega que él pueda visualizar una solución a esta tragedia. Si hay una posibilidad de una solución está en manos del Estado nicaragüense.

El pesimismo de Davila conduce inevitablemente a la negociación. Lo que no dice Davila, es que Ortega utiliza la represión brutal para preparar su propia salida, es decir, una negociación bajo las condiciones de la dictadura. Poco a poco el discurso de los lideres de la ACJD, y de la propia UNAB, van cambiando de tono y acercándose cada vez mas a la mesa de negociaciones.

Por ello, Davila sostiene que “lo ideal es una negociación, pero una negociación entendida en el sentido democrático, con un diálogo democrático y un objetivo común, que es la convivencia pacífica. Bajo la filosofía de dame que te doy. Pero a este gobierno se le ve claramente que le interesa negociar solo con los Estados Unidos”

No hay interlocutor.

Al final de la entrevista, de rodillas, Davila implora un cambio de actitud de la dictadura, para iniciar la negociación y la liberación de los presos políticos, verdaderos rehenes.

El periodista le pregunta, ¿entonces con quienes debe negociar la dictadura? Davila reconoce “(…) que hay dificultades de encontrar un interlocutor ahorita, sólido, con estrategia, aceptado por todos en Nicaragua y la comunidad internacional. No lo hay. (….) No estamos cayendo al precipicio, ¡ya estamos en el precipicio! y hay que buscar cómo salir, y quienes tienen la obligación son ellos porque la oposición ha sido clara: queremos libertad para los presos políticos, libertades públicas y elecciones libres”.

Davila no comprende que la dictadura aplica una estrategia de “tierra arrasada”, ha destruido el sistema de partidos, cancelando la personaría jurídica a unos, mientras recluta y domestica a otros, transformándolos en colaboracionistas, ha encarcelado a los principales dirigentes de la oposición burguesa, forzando el exilio de otros, ha destruido al movimiento estudiantil y popular autoconvocado, ha cancelado la personalidad jurídica de 600 ongs, tiene preso a los principales lideres del COSEP y ejerce presiones sobre los grupos del gran capital, etc.

El objetivo central de la dictadura es negociar con estados Unidos y con los despojos de la oposición burguesa, en una posición de fuerzas que le permita mantener el poder, aunque se vea forzado a realizar algunas concesiones formales, como la liberación de los rehenes políticos, y algunas reformas electorales que permitan la continuidad del poder.

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