El Presidente Daniel Ortega levanta el Acuerdo Marco de concesión del Canal, junto al empresario chino Wang Jing

Por Sebastián Chavarría Domínguez

El Presidente Daniel Ortega ha resucitado la vieja ilusión de construcción del Canal interoceánico por Nicaragua, creando expectativas de progreso entre los pobres y generando críticas y escepticismo por parte de la oposición burguesa

La Igleisa Católica está al frente de la lucha contra la minería de cielo abierto en Rancho Grande

Por Victoriano Sánchez

Hace 10 años la compañía MINESA abrió operaciones en el municipio de Rancho Grande, departamento de Matagalpa, realizando estudios en la búsqueda de oro. Después de concluir sus estudios y anunciar en 2011 el descubrimiento de una enorme veta de oro, MINESA vendió sus derechos a la transnacional B2GOLD, la misma que explota minas de oro en el municipio de Santo Domingo, Chontales, y que ha tenido enfrentamientos con la población y mineros artesanales.

La comunidad de El Pavón se encuentra a 10 kilómetros al oeste del poblado de Yaoska, en el departamento de Matagalpa.

Los municipios y las Concesiones mineras

La legislación sobre minería contempla la participación de las municipalidades en el proceso de otorgamiento y aprobación de concesiones. El artículo 177 de la Constitución de Nicaragua ordena que “en los contratos de explotación racional de los recursos naturales ubicados en el municipio respectivo, el Estado solicitará y tomará en cuenta la opinión de los gobiernos municipales antes de autorizarlos”.

De igual manera, el articulo artículo 21 de la Ley Especial sobre la Exploración y Explotación de Minas establece un procedimiento: “Una vez recibida la solicitud de concesión minera y habiendo cumplido con los requisitos respectivos (…) remitirá copia de la misma (…) al Consejo Municipal, en que este ubicado geográficamente el interés de la solicitud, para su aprobación u opinión respectiva”

Aunque la decisión del Concejo Municipal no parece ser vinculante, es un serio problema político. En el caso del municipio de Rancho Grande, el 23 de noviembre de 2010, el Concejo Municipal, con mayoría liberal, emitió opinión desfavorable y rechazó la solicitud de la concesión de exploración para la empresa Sociedad Exploradora Corazón (Coexsa), sobre un lote de cuatro mil 711 hectáreas ubicadas en la parte alta del río Babaska, río Manceras, río El Chancho y río Yaoska.

Otra resolución idéntica fue emitida el 11 de julio de 2012 contra la empresa Glencairn S.A. sobre el lote de cuarenta y ocho mil 604 hectáreas en los sectores de río Bijao, Kiwaska, El Tuma, Bilampí, Caño Negro y los afluentes de los ríos Yaoska y El Tuma.

El pleito por el control del Consejo Municipal

En las elecciones municipales del 2012, el FSLN logró imponer como alcalde a María Isabel González, pero las dos fracciones liberales, PLC y PLI, lograron ser mayoría dentro del Consejo Municipal. Rancho Grande es la única alcaldía de Nicaragua en donde se produce este tipo de enfrentamientos. Las fracciones liberales probablemente ya hubieran llegado a algún tipo de componenda con el gobierno sandinista, pero la presión social contra la minería de cielo abierto es muy fuerte en el campesinado. El resultado ha sido que el Consejo Municipal no ha podido sesionar, y los concejales liberales destituyeron a la alcaldesa sandinista, María Isabel González, nombrando en su lugar a Ada Rosa Zeledón del PLI.

El Consejo Supremo Electoral (CSE) debe decidir si la destitución es correcta o no, pero tomando en cuenta el control total del FSLN sobre el mismo, es poco probable que la resistencia de los concejales liberales termine con éxito.

La Iglesia contra la minería

Un factor que a nadie le interesa mencionar es el rol beligerante de la Iglesia Católica en el conflicto. Desde Octubre del 2011, fecha en que la Iglesia Católica organizó el primer Foro por la defensa del Medio Ambiente, la diócesis de Matagalpa dirigida por Monseñor Rolando Álvarez, se ha colocado prácticamente en contra de la minería en el municipio de Rancho Grande, Matagalpa. En este movimiento social también se han sumado las iglesias evangélicas y algunos ONGs

El segundo Foro fue organizado en marzo del 2012 con el claro lema de “no a la minería de cielo abierto”, que concluyó en una marcha de protesta frente a las instalaciones de la compañía Minera MINESA, filial de la transnacional B2Gold.

La Iglesia se ha colocado al frente de miles de pequeños campesinos que viven de la agricultura y la ganadería, y que rechazan la minería por considerar perjudicial para su tradicional forma de vida.

La diócesis de Matagalpa saco en marzo del 2013 una declaración en la que llamaba al gobierno “a no conceder ningún permiso, y expresamente, negar el permiso para obras de minería en (el municipio de) Rancho Grande y el resto de nuestra diócesis. Así como nos oponemos a la carretera costarricense paralela al río San Juan, los nicaragüenses todos debemos ser coherentes en oponernos a la minería, porque al igual que dicha carretera, destruye la vida y el medio ambiente"

Por una lucha independiente

La lucha contra la minería de cielo abierto es correcta, pero el problema es que está siendo dirigida por la Iglesia y por las fracciones liberales, lo que no augura nada bueno.

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) apoya esta lucha contra la minería de cielo abierto, pero exhorta a la población de Rancho Grande a construir una dirección independiente, para evitar las consabidas manipulaciones.

La pobreza genera conexiones ilegales

Por Aquiles Izaguirre.

Hace 15 días escribíamos sobre la maldición de Sísifo y la comparábamos con las penurias que pasa el pueblo trabajador de Nicaragua, sobre todo con las constantes alzas en los precios de la energía eléctrica. Aparentemente, los precios de la energía deberían ser más baratos como resultado de que Nicaragua está en el ALBA y recibe ciertas condiciones preferenciales en el pago de los combustibles. Pero desde que asumió la presidencia Daniel Ortega las alzas son el látigo con que laceran a los trabajadores; en esta ocasión, no les basta con aumentar los precios de la energía, sino que apuestan a criminalizar y endurecer las leyes contra los que “hurten” o “roben” energía eléctrica.

El perro más flaco

El argumento que esgrime el gobierno sandinista para calmar un poco la angustia de la población es el famoso subsidio a los consumidores menores de 150 kilovatios. Pero como dice el famoso adagio: “al perro más flaco se le pegan las pulgas” en alusión que siempre el pobre es el que termina pagando. Ahora hasta el presidente del COSEP revela el secreto que todos los nicaragüenses conocemos: “Hemos recibido un incremento tarifario de 7.78% este año, ese incremento lo estamos asumiendo los industriales, los comerciantes, los residenciales, y eso significa que, de alguna forma, esto incrementa los costos de las estructuras de las empresas, y de alguna manera esto es trasladado a los precios” (Nuevo Diario 24/5/2013).

Como ya hemos mencionado, el problema de los altos costos de la energía no es producto solamente de cómo se produce la energía; el mismo gobierno ha admitido que ha tenido enormes avances en el cambio de la matriz energética. Sin embargo, el problema es que la misma burguesía sandinista se ha vinculado a los negocios de producción energética y subsidios de la misma. Es normal que estén interesados en subsidiar la energía e imponer incrementos.

Endurecimiento de leyes penales

Pero la burguesía sandinista ya no se contenta con solo imponer los incrementos semestrales, sino que avanza estrepitosamente para asegurar sus negocios. Ya hace unos años habían promovido el marco jurídico para penalizar “el robo de la energía”. En esta ocasión avanzan nuevamente en ese sentido; según el magistrado de la Corte Suprema de Justicia Rafael Solís: “La reforma al artículo que solicita la iniciativa del Gobierno, es la incorporación de un nuevo párrafo segundo para penalizar como delito la manipulación no autorizada de redes y bienes eléctricos que forman parte de las redes de transmisión y de distribución” (…) “estado pegando y que, simplemente, se pegan, pagan la multa y se vuelven a pegar” (Ídem).

El problema es que la ambivalencia en la ley permitirá a la compañía energética ir contra cualquier poblador al que desee presionar para que pague la factura energética. Al final, siempre son los trabajadores pobres y no la burguesía, quienes terminan viéndose en la penosa situación de “hurtar” energía eléctrica cuando los miserables salarios no les alcanzan para el pan de cada día. “Para variar”, la burguesía no se opone a la reforma, el José Adán Aguirre presidente del COSEP declaró: “No hemos revisado la ley, pero sí es necesario que, efectivamente, se penalice con cárcel el robo, como cualquier robo que ocurre, que así sea. Estamos de acuerdo de que si hay robo hay que penalizar el robo, y eso sí es con cárcel, pues tiene que ser con cárcel, no hay otra forma de penalizar el robo” (Ídem).

No a la penalización de la pobreza!!

La penalización es un crimen contra el pueblo trabajador y puede servir como herramienta en contra de los trabajadores. No olvidemos que la empresa que factura la energía es juez y parte, es decir, que te pone la factura, dice si estas robando energía e imputa una sanción o multa a criterio “personal”. Por ende, hacemos un llamado a los estudiantes para que hagan asambleas informativas y que se movilicen en contra de esta iniciativa de ley. A los trabajadores para que desde los sindicatos marchemos en contra de la penalización de la pobreza. Solo los trabajadores podemos luchar en contra esta embestida del gobierno al pueblo.

Por Diego Lynch

Tras las declaraciones brindadas semanas atrás por Edwin Castro, diputado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en las que aseguró que se aplazarían las reformas a la Ley de Seguridad Social y que no se discutirían este año, Bayardo Arce Castaño, ex diputado del Frente y actual asesor económico del Gobierno, dio sus propias declaraciones, contradiciendo las de Castro, asegurando que el próximo mes de Junio iniciarán las negociaciones sobre las reformas, las que serán implementadas a partir de próximo año 2014.

Arce habla de unas reformas sin aumentar la edad de jubilación ni doblar el número de semanas cotizadas a como lo planteaba el borrador anterior, el cual elevaba la edad de jubilación de 60 a 65 años y el número de semanas cotizadas de 750 a 1500: “(Hemos) descartado nuevas leyes o reformas a las leyes, hemos descartado que sea necesario aumentar la edad de jubilación (…) hemos hallado una fórmula que haría innecesario aumentar las semanas. Nada voy a decir en público mientras no se lo plantee a los empresarios y sindicatos” (declaraciones de Bayardo Arce; El Nuevo Diario, 15 de Mayo del 2013).

Gobierno claudica al FMI

El Asesor Económico del Gobierno aseguró que la fórmula que pretenden plantear en dichas reformas surgió como una respuesta a las solicitudes hechas por el FMI, las que según ellos vendrán a dar sostenibilidad y seguridad al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS); estas declaraciones son similares a las brindadas por José Adán Aguerrí, Presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), quien aseguró que en junio iniciarán las negociaciones con el gobierno, y que esto ya fue informado al FMI: “Hemos prácticamente descartado hablar de nuevas leyes o de reformar la Ley, pero hay que darle respuestas a problemas financieros, de contar con recursos para que todos los jóvenes tengan pensión más adelante, y el Gobierno ya tiene una propuesta, la que dará respuesta a las debilidades financieras que enfrenta actualmente el INSS” (El Nuevo Diario, 15/05/13).

Reformas en misterio

Si bien es cierto se habla de que no se elevará ni la edad ni las semanas cotizadas, el gobierno mantiene en zozobra a la población y es un misterio la propuesta que llevarán a estas negociaciones.

Es de temer el hecho de que el gobierno haga una propuesta respondiendo a las necesidades del FMI, el cual defiende los derechos económicos de los empresarios y la burguesía capitalista, dejando desprotegidos los derechos laborales y de la población que no pertenece al mismo sector económico.

¿Elevarán el porcentaje de cotización?

Durante los gobiernos liberales se elevó el porcentaje de cotización, y se presume que esta sea la propuesta que pretende llevar a cabo el gobierno. En la propuesta, lista para negociar con empresarios y sindicatos a partir de junio, no se descartaría incrementar los porcentajes de las cuotas patronales y de los trabajadores, según lo expuesto al Cosep por Bayardo Arce, asesor presidencial (La Prensa, 16/05/13).

Esta postura como siempre a quien más afecta es al trabajador. Los salarios continúan muy por debajo de la canasta básica; las discusiones por el aumento al salario mínimo se vuelven una burla y solo otorgan miserias a los trabajadores ¿y ahora el gobierno pretende quitarle más dinero para cotizar al INSS? Siempre el perdedor es el trabajador, el gobierno termina pactando con los empresarios burgueses porque ellos mismos (los funcionarios del Gobierno) son dueños de grandes negocios y empresas.

Defendamos la seguridad social con calidad

El Partido Socialista Centroamericano (PSOCA) se solidariza y hace un llamado a toda la población, trabajadora o no, del istmo centroamericano a que levantemos la voz y luchemos porque acabe la explotación laboral y no existan más atropellos a nuestros derechos laborales. No permitamos que se eleve el porcentaje de cotización de los trabajadores; exigimos al gobierno de Daniel Ortega que no claudique a las políticas burguesas del FMI y que deje de proteger a la empresa privada. Que aclaren a los trabajadores sobre el contenido de las reformas, que las negociaciones sean a puertas abiertas y no bajo la mesa.

Abajo los sindicatos oficialistas que pretenden negociar el hambre del pueblo; que la crisis del INSS la paguen los banqueros y burgueses. Que se eleve la cuota al patronal y que el gobierno pague la deuda al INSS; solo así terminara la crisis del seguro social y el trabajador no se verá afectado.