Por Sebastián Chavarría Domínguez

El tema de la seguridad es motivo de orgullo para el gobierno sandinista. Las encuestas y los analistas internacionales afirman categóricamente que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica. Este solo hecho ha permitido que las maquilas y empresas transnacionales escojan a Nicaragua como un lugar donde instalarse debido a la mano de obra barata y a las condiciones de seguridad, en una región caracterizada por la inseguridad y la violencia.

Las actuales condiciones de seguridad tienen su origen en el control férreo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el Ejército Nacional y en la Policía Nacional (PN), instituciones que surgieron de la revolución de 1979.

La Ley de Seguridad Democrática

A finales del 2010, el presidente Daniel Ortega impulsó la aprobación de la Ley No. 750, Ley de Seguridad Democrática, cuyo eje central fue la designación de la Dirección de Información para la Defensa (DID), organismo adscrito al EN, como secretaría ejecutiva del sistema de defensa nacional. En pocas palabras, desde la Ley No. 750, y desde mucho tiempo atrás, el EN es el eje de la defensa nacional en la lucha contra posibles enemigos externos, incluidos el narcotráfico y el crimen organizado.

Esta Ley No. 750 estaba a tono con el lenguaje del Tratado Marco de Seguridad Democrática firmado por los Estados centroamericanos en 1995.

Los objetivos de la Seguridad Nacional, conforme la Ley No. 750, eran la preservación de la democracia, la soberanía, la independencia y la integridad territorial, el mantenimiento del orden constitucional, la defensa del Estado ante los ataques armados extranjeros, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Cuando se aprobó la Ley No. 750 no hubo tanta oposición como ocurrió con la Ley de Seguridad Democrática recientemente aprobada.

Los cambios en la Ley de Seguridad Soberana (LSS)

El artículo 4, literal b, introduce nuevos conceptos o propósitos que no estaban en la Ley No. 750. Veamos. “Garantizar la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, igual, directo, libre y secreto, sustentado en el constante fortalecimiento del poder civil, el pluralismo político, la libertad económica y la superación de la pobreza y la pobreza extrema”.

Y el literal f agrega lo siguiente: “Garantizar las condiciones de seguridad, paz y estabilidad que permitan el desarrollo integral de las personas, familia, comunidad, trabajadores, productores y empresarios en estrecho vínculo con el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional”.

El articulo 7 introdujo el concepto de riesgos, aclarando cuales son: 1.Catástrofes o desastres naturales. 2. Efectos del calentamiento global y del cambio climático. 3. Cualquier otro factor que genere peligro a la seguridad de las personas, de la vida, la familia y la comunidad, así como de los intereses supremos de la nación nicaragüense.

El artículo 8 amplió las definiciones de amenazas: Cualquier acto ilegal que atente contra la existencia del Estado nicaragüense y sus instituciones; las pretensiones de cualquier Estado de expansión sobre los recursos y espacios territoriales y materiales con que cuenta el país; las actividades de la narcoactividad y de la delincuencia conexos. El ingreso y expansión de criminales de pandillas o maras; el terrorismo; actos tendientes a consumar genocidio, espionaje, sabotaje, rebelión, traición a la patria, en contra del Estado y la nación nicaragüense, de conformidad a lo establecido en la legislación penal de la República de Nicaragua; actos de injerencia extranjera en los asuntos nacionales que puedan violentar los principios fundamentales establecidos en la Constitución; actos ilícitos en contra de la seguridad de la aviación y de la navegación marítima; ataques externos a la seguridad cibernética que alteren o afecten los sistemas de comunicación nacional; actos contra la infraestructura; cualquier otro acto o actividad que atenta contra el desarrollo integral de las personas, la familia y la comunidad.

Endureciendo el aparato represivo

Como se puede apreciar, la nueva LSS amplió al máximo las definiciones, fusionando conceptos que en la legislación estaban divididos en asuntos de orden externo e interno. Tradicionalmente los asuntos de la defensa se consideran amenazas que provienen del exterior. Y las conmociones sociales se consideraban amenazas del interior. Con la nueva ley, las amenazas externas e internas están fusionadas y el EN se transforma en la institución rectora del sistema de la defensa soberana, llegando en los hechos a dirigir las acciones de la Policía Nacional.

El mensaje del presidente Ortega es muy claro: se avecinan momentos difíciles, producto de la crisis económica y el declive de la ayuda petrolera de Venezuela, por lo tanto ha ajustado la legislación de manera tal que pueda contar con instrumentos de represión en casos de que se presenten algunos de los casos contenidos en los artículos 4,7 y 8 de la nueva LSS.

El articulo 8 tiene un claro contenido relacionado con el conflicto con Colombia, originado por la sentencia que le otorgó 90,000 kilómetros cuadrados de mar a Nicaragua, y que Colombia se resiste a aplicar y reconocer. Esa misma definición se puede aplicar al conflicto limítrofe con Costa Rica relacionado al Río San Juan y al mar territorial en disputa.

La mención a las incursión de maras y pandillas es otro aspecto que no estaba contemplado en la Ley No. 750, y que ahora permite al EN y la PN actuar con mayor legalidad en la persecución y aniquilación de aquéllas.

También se aplican las nuevas definiciones contra los grupos armados que existen en la montaña, conformado en su mayoría por ex contras descontentos.

El COSEP se rasgó las vestiduras

Debido a la alharaca de los partidos de la oposición burguesa, los que denunciaron un retorno al sistema policial de los años 80, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) manifestó dudas sobre el contenido de la nueva ley.

Freddy Blandón, representante de los empresarios del COSEP, compareció ante la Comisión de la Asamblea Nacional para expresar sus críticas al proyecto de ley.

“(La iniciativa de Ley) tiene que tener una coherencia y tiene que tener un equilibro entre lo que son los objetivos de la defensa y la seguridad, principios que están en la parte orgánica de nuestra Constitución, con relación a los principios de la defensa, con lo que son los deberes y los derechos individuales de los ciudadanos nicaragüenses. Nosotros creemos que si guardamos correctamente ese equilibrio, esta ley no debe tener mayor problema (…) Creemos que el concepto de conflicto no está definido, pero en particular nos interesa que cualquier definición que esté planteada aquí no deje el mínimo margen a la discrecionalidad. ¿Por qué? Porque si ya la definición comienza a insinuar discrecionalidad, la aplicación se distorsiona totalmente.” (La Prensa, 11/11/2015).

Los empresarios, como siempre, no están preocupados por una posible restricción a las libertades democráticas, sino por la seguridad de sus negocios. Por ello plantearon una reforma que incluyera que las autoridades no pueden violentar los derechos y garantías contenidos en la Constitución, a lo que el jefe de la bancada sandinista, contestó en tono de burla, una verdad de Perogrullo.

En el fondo, los empresarios están totalmente de acuerdo con un fortalecimiento de los mecanismos de seguridad, porque al igual que el gobierno sandinista, sabe que vienen duros momentos.

Por ello, José Adán Aguerrí, muy orgullo de los aportes del COSEP, dijo que “Queda claro que es prohibido transgredir los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de Nicaragua y aquellos reconocidos en instrumentos internacionales de los que el país forma parte (…) En este caso Cosep hizo un aporte desde la visión del sector privado hacia la sociedad civil que vela por el clima de negocios y afortunadamente persisten, creo que dentro de un escenario de un mundo real se logró avanzar lo más posible, lo ideal no es eso, pero aquí volvemos otra vez a la diferencia entre el mundo real e ideal.” (La Prensa, 3/12/2015).

Las críticas del IIEP

La burguesía nunca ha defendido las libertades democráticas, sino que se ha aliado al gobierno de turno, para sacar mayor provecho económico. Así fue durante el somocismo, y así es ahora bajo este nuevo gobierno sandinista.

La defensa de la democracia burguesa la han hecho algunas ONGs, destacándose entre ellas el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), convirtiéndose en la organización que más claramente expresó las críticas al proyecto de ley: “da funciones a los militares para ‘anticiparse’ a posibles actos de ‘amenazas o riesgos’ contra ‘objetivos’ fundamentales del Estado, como narcotráfico, crimen organizado, traición a la patria, desestabilización, y otros conceptos, mezclando funciones de la seguridad pública con la defensa nacional y anteponen mano militar a asuntos del orden civil, como las protestas políticas y reclamos de oposición.” (La Prensa, 28/11/2015).

La defensa de las libertades democráticas

Existe una fuerte tendencia a la creación de regímenes bonapartistas, sobre todo en periodo de crisis. Desde su retorno al poder, en el año 2007, el sandinismo viene trabajando aceleradamente en la creación de un régimen bonapartista alrededor de la persona de Daniel Ortega, quien asienta su poder en el control del Ejército y la Policía Nacional.

Con la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Soberana esta tendencia se fortalece. El sandinismo se prepara para los años duros que están por venir. A partir del surgimiento de conflictos laborales y sociales, como la huelga de la mina El Limón, las luchas campesinas y de ambientalistas contra la construcción del Gran Canal Interoceánico, el gobierno sandinista ha utilizado cada vez más abiertamente mecanismos de represión contra las luchas obreras y populares.

Este aspecto no le interesa a la burguesía del COSEP. Las ONGs hacen una defensa en abstracto de la democracia burguesa. Corresponderá a los trabajadores encabezar la lucha por la defensa de las libertades democráticas cuando se produzcan los ataques. Ya se han producido y la tendencia es que se agudicen, por ello los trabajadores y la izquierda debemos ser la vanguardia de la defensa de las libertades democráticas, especialmente cuando se produzcan luchas obreras y populares.