Por Sebastián Ernesto González

El gabinete económico de Juan Orlando Hernández ha enfilado toda su batería en lograr un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La grave crisis económica en que han sumido al país desde el golpe de estado, mantiene desesperado al régimen, que intenta negociar una carta de intenciones, que le permitiría nuevos préstamos.

Para la firma de dicha carta de intenciones, el FMI exige la devaluación acelerada del Lempira frente al dólar y la disminución del gasto público.

“A finales del 2011, el Banco Central de Honduras reactivó el deslizamiento de la moneda, atendiendo la exigencia de organismos internacionales…” “en ese momento, el precio de referencia rondaba los 18.895 lempiras, pero a junio de este año se llegó a un precio de 20.8799 lempiras por un dólar, aunque en los bancos el dólar se cotiza arriba de los 21 lempiras.” (LT 09/06/2014).

Lo anterior significa una devaluación paulatina que llega al 10.5 %; esta devaluación eleva inmediatamente el precio de productos importados o elaborados con productos importados como es el caso de la harina de trigo. Los precios de la canasta básica también son elevados al reflejar el efecto del encarecimiento del combustible.

Con el golpe de estado, el régimen iniciado por Michelleti y continuado por Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández aumentó exponencialmente la deuda interna del país, de tal forma que están asfixiando a los trabajadores vía impuestos y manteniendo estáticos los salarios de los trabajadores y trabajadoras.

Sin duda alguna que tanto la devaluación como los impuestos, o el control del gasto público, a quien afecta directamente es a los trabajadores. Hasta ahora, los impuestos aumentados son diversos: la tasa de seguridad, el aumento del 12% al 15% del impuesto sobre ventas, se aumentó el impuesto de la telefonía celular, del uso de internet, el ajuste permanente a la energía eléctrica por el uso de combustible, ahora también se pagará peaje en las salidas de Tegucigalpa, y se gravará con impuestos a las personas que ejercen profesiones liberales como ingenieros, periodistas, maestros, médicos y abogados. Según Miriam Guzmán, de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, “mediante la Oficina de Inteligencia Fiscal hemos identificado a las cinco principales profesiones a nivel nacional.” (LT 10/06/2014); según la Titular de la DEI, los trabajadores que ejercen estas profesiones estarían siendo incorporadas al pago del impuesto sobre renta.

Mientras Juan Orlando espera por una firma de intenciones para finales del año, ya anunció la puesta en venta de 1000 millones de dólares en bonos soberanos, cifra que vendría a acrecentar la deuda externa, y que solamente serviría para las medidas populistas del régimen como el bono 10,000 y otros.

¡Auto convoquémonos!

Mientras toda la factura del golpe de estado y sus consecuencias, se le están cobrando al pueblo hondureño, mientras los empleados públicos y los trabajadores de los diferentes gremios no han tenido aumentos salariales, y éstos fueron absorbidos por la inflación y la devaluación de la moneda, el régimen despilfarra el dinero y saquea las instituciones de previsión social, tal y como lo hiciera con el Inprema y el Instituto Hondureño de Seguridad Social.

El aumento de los combustibles es constante todas las semanas y encarece la canasta básica. Los trabajadores y trabajadoras no pueden seguir esperando, llegó la hora de luchar. Las acciones hechas por los diputados de Libre en el Congreso Nacional no le han generado ni cosquilla al régimen de JOH; cualquier intento de introducir una Ley a favor de los trabajadores será boicoteado por los diputados del Partido Nacional, Partido Liberal, UD, PDCH, y de repente por los mismos del PINU, PAC o del mismo Libre. Solo la movilización en las calles rescatará los beneficios ya perdidos.

Este 28 de junio debe ser el inicio de una escalada de acciones de movilización nacional para enfrentar al régimen, y si la dirigencia actual del FNRP, de los sindicatos y de los gremios no moviliza posteriormente, entonces la clase trabajadora debe auto convocarse en una fecha para detener los “impuestos de guerra” implementados constantemente.

¡Que la crisis la paguen los ricos!