Por Frandav Lifú

El 29 de mayo del presente año se realizó en la ciudad de San Pedro Sula el segundo partido de la final del fútbol hondureño entre los equipos Motagua y Real España. Al finalizar el partido, en el que el Motagua se coronó campeón, la barra del Real España derribó la malla metálica que detiene a los aficionados y, estos invadieron el campo de fútbol generando pánico entre patadas, corridas y la huida en veloz carrera de los jugadores del Motagua.

La anarquía se trasladó a las graderías donde un grupo de policías trataban de controlar los ánimos de los alterados aficionados. Muy rápido un video se volvió viral donde se ve a un joven que de forma alevosa propina una “patada” por la espalda a la subinspectora de la policía, Denia Michell Contreras. En el video se observa a la joven salir disparada gradas abajo dando una voltereta y deteniéndose muchas gradas abajo sobreviviendo a tan despiadado acto.

El mismo día por la noche se identificó al joven y se ofreció una recompensa de L. 100,000 al que ofreciera información sobre la ubicación del mismo. El 31 de mayo, según la policía, el joven se enfrentó con armas de fuego y fue abatido a disparos en la colonia Juan Lindo.

La generación del morbo para esconder la putrefacción

La transmisión reiterativa del video en todos los medios de comunicación y en las redes sociales generó el repudio en la población en general, sin embargo, cuando aparece la noticia de la muerte de Wilson Pérez a manos de agentes policiales en forma sospechosa, la mitad de la población cambió de parecer, y, el debate ante la opinión pública ha girado entre condenar al joven o a los policías involucrados en su muerte.

Limitarse a seguir una trágica novela en las redes sociales no es más que desviar la atención de una institucionalidad  penetrada por los tentáculos de la corrupción de una narcodictadura de 12 años. La  Policía Nacional siempre ha sido muy cuestionada por el criminal comportamiento de muchos de sus agentes, esta situación empeoró más con el régimen postgolpe del 2009, siendo lo más evidente el caso del exdirector de la misma Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico.

En mayo del 2012 la exrectora refiriéndose al nombramiento del “Tigre” Bonilla como director de la Policía Nacional manifestó “Ha sido una reunión que me ha dejado la impresión de que él sabe dónde está parado, y que sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, y eso es esperanzador”. HRN (06/05/22). Es de recordar que, en octubre del 2011 varios agentes dieron persecución y asesinaron a los  jóvenes Rafael Vargas Castellanos y Carlos Pineda, el primero, hijo de la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos. La forma en que sucedieron los hechos conmocionó al país y al mundo entero.

El régimen de la narcodictadura fue mencionado varias veces por su conexión con estructuras criminales como las maras 13 y 18, de ahí que, el alto grado de impunidad existente en el país ya no extraña a nadie, y, a la vez, da valor a los miembros de las barras de equipos de fútbol para generar caos y actos criminales, jóvenes que sumergidos en las drogas y el alcohol, en la mayoría de los casos son integrantes o con conexiones a las estructuras criminales.  

El incidente “Wilson Pérez-Denia Michell-Policía Nacional” es el resultado de la consolidación de las estructuras criminales que siguen intactas en todas las institucionalidades del Estado, en muchas veces, avaladas por supuestas personalidades de alto renombre de la sociedad civil, tal y como sucedió con Julieta Castellanos cuando fue rectora de la UNAH y alabó al “Tigre” Bonilla.

Las Fuerzas Armadas y la PN siguen siendo las mismas cloaca que sirvió a JOH

El poderío militar y policial sigue intacto, son las mismas instituciones penetradas por la corrupción que traficaron con drogas al servicio del clan Hernández y que utilizaron jóvenes de “barras de fútbol” o integrantes de maras y padillas para traficar droga, la verdadera discusión debe avanzar más allá sobre dos posturas como lo ha sido el acto alevoso cometido por Wilson Pérez o bien, su muerte de forma sospechosa cometida por agentes de la policía, limitarse a esta superficialidad es no querer abrir los ojos ante una realidad que seguirá generando tragedias permanentes.

Debe iniciarse una verdadera investigación sobre la forma en que los tentáculos de la corrupción mantienen arropada a la institucionalidad militar y policial. Se debe iniciar la depuración de los operadores de justicia.

Por Sebastián Ernesto González       

El 28 de noviembre de 2021 sucedió un resultado inédito en el proceso general de elecciones, por primera vez, una mujer fue electa presidenta de la república y la derrota infringida al Partido Nacional fue catastrófica; con un 68.58% de votantes del Padrón Electoral, la diferencia entre la ganadora Xiomara Castro y el perdedor Nasry Asfura fue de 14.19 %, unos 476,533 votos. Sin embargo, la votación en el nivel de diputaciones y de alcaldías no reflejó los mismos resultados, en el caso del Poder Legislativo el Partido Nacional mantiene una fuerza representativa de 44 diputados, con los cuales logró generar la primera crisis a Xiomara Castro antes de la toma de posesión del 27 de enero de 2022; lograron acercarse a 21 diputados de LIBRE y estuvieron a punto de elegir una Junta Directiva que no llenaba las expectativas de Xiomara Castro. Ante una herida tempranera en lo interno de la bancada de los diputados del Partido Libre aunado  a la egolatría de los 10 diputados de la derecha en el Partido “Salvador de Honduras”, en cualquier momento la alianza pegada con saliva puede resquebrajarse. Sin olvidar que los 22 diputados del Partido Liberal son comodines que de un momento a otro pueden girar a otro lado, ya lo demostraron con el maridaje que tuvieron con Juan Orlando Hernández en los 12 años de la dictadura.

Las elecciones a nivel municipal demostraron que el músculo del Partido Nacional sigue muy robusto, de 298 alcaldías ganaron 143, demostrando que el clientelismo político y el control que ejercieron los alcaldes en los municipios fue sólido, y, que, el repudio del pueblo fue contra lo que significó el “juanorlandismo”, no así contra los alcaldes, exceptuando en las dos ciudades más grandes del país; Tegucigalpa y San Pedro Sula donde también los candidatos del PN sufrieron una profunda derrota.

Anarquía permanente y matriz mediática

Si bien es cierto el triunfo de Xiomara Castro fue contundente, esto no elimina la heterogeneidad en la composición del gobierno actual, más empecinados en satisfacer las aspiraciones personales que construir un proyecto revolucionario, se tardaron mucho tiempo para ir conformando el gabinete de gobierno que satisfizo la ambición de cada sector que se unió a la alianza sin importar el caudal electoral que significó, y, en muchos casos de los nombramientos, sin capacidad o experiencia laboral.

“Muchos son los diablos y poca el agua bendita”, dice el refrán, y esto le ha generado protestas al Partido LIBRE de parte de los Colectivos de barrios y colonias, quienes azuzados por alborotadores de oficio, o bien, inducidos por personajes ligados al Partido Nacional, no han perdido tiempo ningún día para generar protestas exigiendo oportunidad de plazas de trabajo. Esta tardanza en los nombramientos de los funcionarios impidió un arranque rápido al gobierno de doña Xiomara, el cual, aun se se ve muy lento, considerando que ya van más de 100 días de la toma de posesión.

La ultraderecha golpista desde que supo que perdió las elecciones en noviembre de 2021 no se ha cruzado los brazos, en primera instancia dejaron aprobados algunos decretos que han maniatado al gobierno de Xiomara, por ejemplo; el polémico Decreto 100-2021 que daba permanencia a maestros interinos, personal de PROHECO (Programa Hondureño de Educación Comunitaria), técnicos en educación y personal de salud de primera línea, si bien es cierto este Decreto ya fue derogado, tanto los maestros interinos como los maestros PROHECO se han mantenido en protestas, tomándose algunas calles o las direcciones departamentales exigiendo se les nombre en forma permanente, al respecto, el Subsecretario de Educación, Edwin Hernández, denunció la falsificación de títulos de muchos de ellos “Las autoridades de la Secretaría de Educación revelaron ayer que detectaron una serie de inconsistencias en más de 1,500 acuerdos otorgados a maestros del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (Proheco). El viceministro de Educación, Edwin Hernández, aseguró que dentro de las investigaciones en proceso se hallaron títulos, constancias de matrículas e historiales académicos que no fueron otorgados por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM). EH (26/05/22).

La falsificación de títulos fue confirmada por el coordinador de PROHECO, Víctor Antúnez, quien manifestó; “Muchos de ellos (maestros) nos han venido cobrando como si fueran licenciados y no tienen ni título. Nosotros no podemos contratar a personas por un incentivo que no tienen, de hecho están atentando contra los bienes del Estado”, “El salario de los maestros con peritos y bachilleratos es de 9,100 lempiras, pero al obtener la licenciatura aumenta casi a diez mil lempiras”. EH (26/05/22).

Las protestas diarias también han sido hechas por transportistas, médicos, patronatos, madres y padres de familia, productores de leche, enfermeras, empleados públicos, empleados de Hondutel, empleados del INFOP, etcétera. Cualquier grupo es inducido para levantar una bandera y ubicarse en las calles para generar anarquía.

La estrategia también implica aprovechar cualquier incidente para denunciar a los funcionarios, tal es el caso de “la Secretaría de Derechos Humanos, Natalie Roque, fue denunciada este lunes ante la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia ,(Feproddhh), por discriminación por edad y malos tratos”. EH (17/05/22).

A la par de cada protesta existe la estrategia de la información mediática de los medios de comunicación que se beneficiaron con la narco dictadura de Juan Orlando Hernández, la forma en hacer las preguntas, la cobertura que se le da a los protestantes y la entrevista a personajes de ONG como la ASJ, o, supuestos analistas que estuvieron muy ligados al golpe de Estado, llevan como propósito el mostrar a un gobierno de LIBRE incapaz de solucionar problemas y violador de los derechos humanos.

La Ley de Amnistía, la UFERCO y la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia

Otro de los ejes estratégicos del poder oscuro del golpismo corrupto es atacar leyes que facultan el combatir la corrupción o  bien, que favorecen a los perseguidos políticos, tal es el caso de la Ley de Amnistía que han tratado de darle el calificativo de “Pacto de Impunidad”, en clara alusión a los ciudadanos Enrique Flores Lanza, Padilla Sunseri o Marcelo Chimirri, invisibilizando el verdadero propósito de la Ley de beneficiar a los perseguidos políticos que se fueron al exilio o judicializados por sus manifestaciones políticas de protesta en contra del régimen de JOH. La Ley de Amnistía ha favorecido a los estudiantes universitarios que sufrieron la represión de la exrectora Julieta Castellanos o los 305 maestros despedidos vía Decreto en marzo del 2011. El asunto es que, resaltan el incorrecto uso de la Ley por sobre el propósito que corrige la persecución política a consecuencia de la crisis del 2009.  

Ahora, tratan de meter una nueva crisis con la revisión de tal ley, están utilizando a los 10 diputados del partido PSH para reformar lo que ellos mismos aprobaron, pero el objetivo no es evitar que verdaderos corruptos salgan de la cárcel, simplemente es hacer explotar la hasta ahora alianza LIBRE-PSH.

Otro tema en discusión en la palestra pública es la facultad que se le ha dado a la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (UFERCO) para investigar casos de corrupción de forma independiente del Fiscal General. Los mismos que violentaron la ley con la reelección ilegal de JOH en el 2018 o la destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en diciembre del 2012, ahora, cuestionan como inconstitucional  la reforma hecha, aduciendo que la UFERCO será una unidad paralela a la Fiscalía General.

En aras de la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia se trabaja en reformar el procedimiento en que se selecciona a los 15 magistrados, para que esta selección se haga de tal forma que los bendecidos no sean aliados de grupos del narcotráfico o de redes de corrupción. Quizás por ahora sea imposible que los nuevos magistrados no estén involucrados en política, o que la repartición sea inevitable entre los partidos LIBRE, Nacional, PSH y Liberal, no obstante, ya anticipan que al menos debe hacerse ante la visión de todo el pueblo hondureño para que se seleccione a las personas con un perfil sin mancha alguna.

El ficticio lavado de cara del PN

Ante toda esta estrategia destinada a bajarle la popularidad a Xiomara Castro e invisibilizar el juicio que se le hace a JOH en New York, se han cambiado las caras de los voceros del PN y de la narcodictadura, han pasado al ostracismo los cínicos personajes como Fernando Anduray, Antonio Rivera, Ricardo Álvarez, Oswaldo Ramos Soto, Reynaldo Ekónomo, Welsy Vásquez, Loreley Fernández, y, han puesto ante los medios de comunicación caras nuevas pero que representan el mismo cinismo de los anteriores, tales como Marco Midence, Jorge Zelaya, Erasmo Portillo, Johana Bermúdez, María Antonieta Mejía, Nelson Márquz y otros.

La estrategia es ir a elecciones en el 2025 con un Partido LIBRE muy desgastado y con un PN aparentemente renovado con nuevos cuadros. Por supuesto, también trabajan por hacer romper la débil unidad entre el PSH y  Libertad y Refundación.

Por una Coordinadora Nacional Popular en Defensa de los intereses populares

Con el fantasma del golpe de Estado del 2009 merodeando por todos los rincones, al movimiento popular, gremial, sindical y campesino no le queda más alternativa que organizarse en una conducción nacional independiente del zelayismo, si bien es cierto se derrocó a la narcodictadura en las urnas, la ultraderecha no se cruza de brazos y avanza en su estrategia de recuperar la administración del Estado, por lo que, se vuelve sumamente necesario la convocatoria a nivel nacional para conformar una estructura de organización que emule al movimiento de lucha de inicios del siglo como lo fue la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, además, la lucha contra la estructura de la corrupción insertada en la institucionalidad del Estado sigue intacta, hay que derrumbarla.

Por Carlos M. Licona

Con gran éxito, la Coordinación Departamental de Francisco Morazán del FRC, realizó el sábado 28 de mayo el conversatorio “Guerra en Ucrania y sus consecuencias en Honduras”. La tercera jornada de formación política realizada por una nueva generación que se potencializa para ser una nueva dirección dentro del Colegio de Profesores de Educación Media De Honduras (COPEMH) es la continuidad a un ambicioso plan de trabajo de los nuevos líderes del Departamento de Francisco Morazán del Frente de Rescate del COPEMH (FRC).

En esta ocasión se invitó al especialista en la temática sobre conflictos en el Medio Oriente, Luis Reynaldo Rodríguez Torty, compañero afiliado al COPEMH y un permanente luchador de las causas del pueblo. El licenciado Luis Torty brindó una profunda y exquisita explicación sobre el conflicto histórico, étnico y bélico en esa región, destruida ahora, por el imperio capitalista occidental y oriental.

En toda guerra se esconde la verdad

Las consecuencias inmediatas en toda guerra son las bajas de la población civil y disfrazar la verdad, de ahí que no es extraño que en estos países se haya bloqueado la información proveniente de medios de comunicación rusos, por tal razón, las noticias recibidas son mediáticas y manipuladas.

Una de las consecuencias al finalizar la segunda Guerra Mundial fue la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 1949, una alianza entre los países de Europa Occidental a la cual se integró Estados Unidos de América. En contra parte, el 14 de mayo de 1955 se firmó el Pacto de Varsovia, un acuerdo entre el bloque de países del Este, liderados por la antigua URSS para contrarrestar la amenaza de la OTAN. Sentando las bases para lo que se llamó “Guerra Fría”, una guerra sin atacarse directamente los países más poderosos del mundo por el temor a usar las bombas nucleares. Esta situación dirigió las guerras a otros escenarios profundizando los conflictos geopolíticos, dando origen también a las guerras civiles en muchos países del tercer mundo, o, como en el caso del nuestro en que no hubo guerra civil pero si hubo muchos desaparecidos, torturados, exiliados y asesinados.

La Guerra Fría terminó con dos sucesos históricos para la humanidad; el primero con la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989, y, el segundo, dos años después con la desintegración de la URSS en diciembre de 1991. Esto permitió una hegemonía estadounidense en el mundo y principalmente en la OTAN por un periodo de 10 años.

Ucrania fue miembro de la antigua URSS y se consideró el granero de Rusia por su producción de trigo. En el 2014 hubo una crisis interna que culminó con un golpe de Estado al presidente prorruso Viktor Yanukovich,  desde entonces, Ucrania se ha visto en un permanente conflicto interno que se intensificó con el gane de las elecciones en el 2019 del actor Volodímer Zelenzky y el interés de este en adherir Ucrania a la OTAN.

Consecuencias en Honduras

La guerra en Ucrania y sus consecuencias han sido inmediatas en estos países del tercer mundo, siendo la principal el aumento al precio del combustible. Para el caso, en Honduras, en el momento en que se inició la invasión rusa a Ucrania el precio del galón de gasolina Súper costaba L. 108.30. y, el 30 de mayo el precio es de L. 135.56 haciendo una diferencia de L. 27.26, un aumento de un poco más de 1 $ en apenas 3 meses, situación que genera una escalada de aumentos en los precios de los productos de la canasta básica que vuelve miserable el diario vivir para más del 70% de la población. Situación que empeorará de prolongarse la guerra.

El aumento de los precios en alimentos y combustible está siendo utilizado por los grupos oscuros ligados a la narcodictadura “cachureca” para generar conflictos todos los días culpando al gobierno de Xiomara Castro del alto costo de vida. Sin duda alguna que, la actividad de formación política realizada en las instalaciones del COPEMH permite al ciudadano común comprender las dimensiones históricas  y  mundiales de la guerra, nos permite tomar conciencia como ciudadanos e incidir con acciones familiares o grupales en el amortiguamiento del ahorro de energía y combustible.

Estas actividades de formación política realizadas por la Coordinación Departamental de Francisco Morazán del FRC deben ser emuladas por el resto de los departamentos para generar conciencia política y no ser embaucados por seudolíderes de los colegios magisteriales o bien, de políticos de oficio que  saquearon al país durante 12 años.

Por Carlos M. Licona

La narcodictadura en sus 12 años destruyó el engranaje legal que beneficiaba a los trabajadores. El magisterio es el gremio con quien más se ensañaron por orden de una estructura golpista-criminal que asaltó el poder y que cobró muy caro una factura a los docentes por la crisis política del 2009.

Entre las medidas impuestas de forma ilegal a los maestros fueron; a) en marzo del 2011 cuando el magisterio luchaba por la defensa del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA) fueron despedidos vía Decreto 305 maestros, b) en diciembre del 2011 aprobaron la reforma al INPREMA que violentó el derecho de jubilación de los maestros a los 50 años, c) en febrero del 2012 aprobaron la Ley Fundamental de Educación que laceró derechos laborales y económicos de los docentes.

Otras medidas muy lesivas al gremio fueron el congelamiento de salarios, la suspensión de concursos para optar a una plaza docente y congelamiento de colaterales. Contradictoriamente, en la medida en que hostigaron al magisterio impusieron políticas educativas que redujeron ostensiblemente el nivel de calidad de la Educación Pública, lo anterior significa que nunca les interesó la calidad de la educación, solo les interesó complacer a organismos internacionales y aplastar al gremio más beligerante de inicios del siglo.

Fracaso de concursos 2017 y 2019

Con la aprobación de la Ley Fundamental de Educación en febrero del 2012 se suspendieron los concursos a partir de ese año, en el 2014 los colegios magisteriales organizaron y realizaron el concurso sin la participación de la Secretaría de Educación, en el 2017 el concurso organizado por la secretaría con la participación de ONG y grupos de la sociedad civil muy ligados al gobierno “nacionalista” fue un fracaso completo, las pruebas pésimamente redactadas y preguntas ajenas al ramo educativo obtuvieron como resultado la reprobación casi completa de los que participaron. En el 2019 se realizó el concurso con similares resultados al 2017, sin embargo, en esta ocasión fueron más flexibles los organizadores para que hubiera un porcentaje de aprobación mayor y no generar una imagen de incapaces ante la opinión pública.

Esta situación sobre la falta de los concursos durante la dictadura aunado a la negativa visceral de abrir nuevas plazas docentes, resultó en una acumulación de maestros interinos nombrados por amistades pero sin un respaldo legal para ser nombrados permanentemente, las violaciones a los derechos al traslado y a los exonerados se volvió una pesadilla.

¿Qué es el Decreto 100-2021?

El caos y las ilegalidades cometidas por los gobiernos “cachurecos” se extendieron a diciembre del 2021, cuando ya les quedaba los últimos días en el gobierno. El narcodictador Juan Orlando Hernández, emitió el decreto 100-2021, publicado en La Gaceta el 6 de diciembre de 2021, el cual ordena a la Secretaría de Educación el nombramiento permanente al personal del Programa hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) que, hasta 2021, haya laborado para dicho programa y ostente el grado de licenciatura. También ordena otorgar permanencia a docentes tutores del Sistema de Aprendizaje Tutorial (SAT) y docentes interinos que hayan laborado en el cargo por dos años consecutivos y tengan una licenciatura, dando una pausa de espera a quienes no tienen el título para que sean nombrados. Pero además, otorga  “…los nombramientos permanentes del personal que se desempeña en cargos técnicos del nivel central superior y nivel departamental de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, nombrados actualmente, ya sea por contrato, o en estructuras vacantes o como docentes asignados descargados, para que puedan desempeñarse en cargos de ASISTENTES TÉCNICO…”. Artículo 3, Decreto 100-2021.

Es muy notable que este decreto tenía como objetivo primordial otorgar una plaza permanente a la gran mayoría de activistas “cachurecos” que fueron incorporados al engranaje público. De ahí que era una prioridad su derogación para que siguiera en vigencia el Estatuto del Docente y se inicie nuevamente el procedimiento correcto para obtener una permanencia. El ilegal decreto también estaba dirigido al personal de salud que trabajó en primera línea en la pandemia del COVID-19.

Los maestros PROHECO deben tener sus derechos laborales, sin embargo, el Decreto 100-2021 no es la forma legal de obtener una permanencia, este decreto fue una maniobra de la narcodictadura para favorecer a sus activistas. Todo el personal que ya se encuentra laborando deben cumplir con los requisitos que la ley contempla, en el caso de los maestros interinos deben ser sometidos al concurso para optar a su permanencia en una institución pública, siguiendo el orden de traslados, exonerados y concursos.