Por Frandav Lifú

El 29 de mayo del presente año se realizó en la ciudad de San Pedro Sula el segundo partido de la final del fútbol hondureño entre los equipos Motagua y Real España. Al finalizar el partido, en el que el Motagua se coronó campeón, la barra del Real España derribó la malla metálica que detiene a los aficionados y, estos invadieron el campo de fútbol generando pánico entre patadas, corridas y la huida en veloz carrera de los jugadores del Motagua.

La anarquía se trasladó a las graderías donde un grupo de policías trataban de controlar los ánimos de los alterados aficionados. Muy rápido un video se volvió viral donde se ve a un joven que de forma alevosa propina una “patada” por la espalda a la subinspectora de la policía, Denia Michell Contreras. En el video se observa a la joven salir disparada gradas abajo dando una voltereta y deteniéndose muchas gradas abajo sobreviviendo a tan despiadado acto.

El mismo día por la noche se identificó al joven y se ofreció una recompensa de L. 100,000 al que ofreciera información sobre la ubicación del mismo. El 31 de mayo, según la policía, el joven se enfrentó con armas de fuego y fue abatido a disparos en la colonia Juan Lindo.

La generación del morbo para esconder la putrefacción

La transmisión reiterativa del video en todos los medios de comunicación y en las redes sociales generó el repudio en la población en general, sin embargo, cuando aparece la noticia de la muerte de Wilson Pérez a manos de agentes policiales en forma sospechosa, la mitad de la población cambió de parecer, y, el debate ante la opinión pública ha girado entre condenar al joven o a los policías involucrados en su muerte.

Limitarse a seguir una trágica novela en las redes sociales no es más que desviar la atención de una institucionalidad  penetrada por los tentáculos de la corrupción de una narcodictadura de 12 años. La  Policía Nacional siempre ha sido muy cuestionada por el criminal comportamiento de muchos de sus agentes, esta situación empeoró más con el régimen postgolpe del 2009, siendo lo más evidente el caso del exdirector de la misma Juan Carlos “El Tigre” Bonilla, extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico.

En mayo del 2012 la exrectora refiriéndose al nombramiento del “Tigre” Bonilla como director de la Policía Nacional manifestó “Ha sido una reunión que me ha dejado la impresión de que él sabe dónde está parado, y que sabe lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, y eso es esperanzador”. HRN (06/05/22). Es de recordar que, en octubre del 2011 varios agentes dieron persecución y asesinaron a los  jóvenes Rafael Vargas Castellanos y Carlos Pineda, el primero, hijo de la exrectora de la UNAH, Julieta Castellanos. La forma en que sucedieron los hechos conmocionó al país y al mundo entero.

El régimen de la narcodictadura fue mencionado varias veces por su conexión con estructuras criminales como las maras 13 y 18, de ahí que, el alto grado de impunidad existente en el país ya no extraña a nadie, y, a la vez, da valor a los miembros de las barras de equipos de fútbol para generar caos y actos criminales, jóvenes que sumergidos en las drogas y el alcohol, en la mayoría de los casos son integrantes o con conexiones a las estructuras criminales.  

El incidente “Wilson Pérez-Denia Michell-Policía Nacional” es el resultado de la consolidación de las estructuras criminales que siguen intactas en todas las institucionalidades del Estado, en muchas veces, avaladas por supuestas personalidades de alto renombre de la sociedad civil, tal y como sucedió con Julieta Castellanos cuando fue rectora de la UNAH y alabó al “Tigre” Bonilla.

Las Fuerzas Armadas y la PN siguen siendo las mismas cloaca que sirvió a JOH

El poderío militar y policial sigue intacto, son las mismas instituciones penetradas por la corrupción que traficaron con drogas al servicio del clan Hernández y que utilizaron jóvenes de “barras de fútbol” o integrantes de maras y padillas para traficar droga, la verdadera discusión debe avanzar más allá sobre dos posturas como lo ha sido el acto alevoso cometido por Wilson Pérez o bien, su muerte de forma sospechosa cometida por agentes de la policía, limitarse a esta superficialidad es no querer abrir los ojos ante una realidad que seguirá generando tragedias permanentes.

Debe iniciarse una verdadera investigación sobre la forma en que los tentáculos de la corrupción mantienen arropada a la institucionalidad militar y policial. Se debe iniciar la depuración de los operadores de justicia.

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